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R E S U E L V O:
Notificar a las personas que a continuación se relacionan, los respectivos Pliegos de Cargos formulados en los expedientes administrativos de desahucio que les han sido incoados:
PLIEGO DE CARGOS
- A D. José Luis Suárez Vera, expediente DD-30/05, incoado con fecha 11 de febrero de 2005, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial de promoción pública, sita en el Grupo 50 Viviendas Lomo Herradura vivienda 28, término municipal de Telde.
- A D. Francisco Artiles Batista, expediente DD-31/05, incoado con fecha 11 de febrero de 2005, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial de promoción pública, sita en el Grupo 1760 Vivienda Jinámar II, calle Lomo Las Brujas, 13, bl. 10, piso 11, letra D, término municipal de Telde.
- A Dña. Dolores Suárez Santana, expediente DD-40/05, incoado con fecha 11 de febrero de 2005, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial de promoción pública, sita en el Grupo 50 Viviendas 1Ē Fase Arinaga, calle Alcorac, portal 19, pta. 34, término municipal de Telde.
- A Dña. Cruz Pérez Alonso, expediente DD-44/05, incoado con fecha 11 de febrero de 2005, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial de promoción pública, sita en el Grupo 208 Viviendas Urbanización La Paz Arinaga, bl. 12, nē 9, término municipal de Agüimes.
- A Dña. Dolores Toledo García, expediente DD-45/05, incoado con fecha 11 de febrero de 2005, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial de promoción pública, sita en el Grupo 208 Viviendas Urbanización La Paz, Arinaga, bl. 13, nē 15, término municipal de Agüimes.
- A Dña. Ángela Cruz Domínguez Santana, expediente DD-47/05, incoado con fecha 11 de febrero de 2005, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial de promoción pública, sita en el Grupo 14 Viviendas Residencial Las Dalñias III, calle Diego Abad de Santillan, 11, término municipal de Santa Lucía.
- A D. Pedro Saavedra Caraballo, expediente DD-48/05, incoado con fecha 11 de febrero de 2005, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial de promoción pública, sita en el Grupo 160 Viviendas, Urbanización La Paz, Arinaga, bl. 12, nē 9, término municipal de Agüimes.
- A D. Felipe Alfonso Rodríguez, expediente DD-51/05, incoado con fecha 11 de febrero de 2005, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial de promoción pública, sita en el Grupo 945 San Cristóbal II, calle Córdoba, portal 27, piso 1, letra A, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.
- A Dña. María Carmen Suárez Alemán, expediente DD-52/05, incoado con fecha 11 de febrero de 2005, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial de promoción pública, sita en el Grupo 100 Viviendas El Goros, calle Paseo de la Iliada, bl. 7, pta. 99, término municipal de Telde.
- A Dña. Isabel Noda Martín, expediente DD-55/05, incoado con fecha 11 de febrero de 2005, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial de promoción pública, sita en el Grupo 183 Viviendas Los Pitufos, calle Régulo, 24, término municipal de Arrecife.
- A D. Agustín Azurmendi Morales, expediente DD-63/05, incoado con fecha 11 de febrero de 2005, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial de promoción pública, sita en el Grupo 91 Viviendas Virgen de Fátima, calle Candelaria Castillo, 18, piso 2ē, letra B, término municipal de Puerto del Rosario.
Contra el presente Pliego de Cargos podrán los interesados formular alegaciones en el plazo de quince días contados a partir de la publicación de la presente.
Una vez realizadas tales actuaciones y previa audiencia a los interesados por quince días el instructor elevará la correspondiente propuesta de resolución, conforme a lo establecido en el artē. 69.3 de la Ley de Viviendas de Canarias.
Asimismo y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los interesados que el plazo máximo establecido para que se proceda a la notificación de la resolución expresa es de tres meses, contados a partir del día siguiente al de la incoación, transcurrido el cual se producirá la caducidad del expediente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril de 2005.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.
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