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R E S U E L V O:
Notificar a las personas que a continuación se relacionan, los respectivos Pliegos de Cargos formulados en los expedientes administrativos de desahucio que les han sido incoados:
PLIEGO DE CARGOS
- A D. Juan Robaina Sánchez, expediente DD-29/05, incoado con fecha 11 de febrero de 2005, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial de promoción pública, sita en el Grupo 601 Viviendas Jinámar III, bloque 17, piso 2, letra D, término municipal de Telde.
- A D. Santiago Betancor Navarro, expediente DD-35/05, incoado con fecha 11 de febrero de 2005, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial de promoción pública, sita en el Grupo 1404 Viviendas Cruz de Piedra I, calle Farm. Pedro Rivero, 3, bloque 9, piso 8, letra B, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.
- A D. Agapito Hernández Martín, expediente DD-36/05, incoado con fecha 11 de febrero de 2005, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial de promoción pública, sita en el Grupo 47 Viviendas, Los Ficus I, calle Sargento Provisional, 68, bloque 39, piso 11, letra B, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.
- A D. Carmelo Torres Romero, expediente DD-38/05, incoado con fecha 11 de febrero de 2005, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial de promoción pública, sita en el Grupo 1856 Viviendas San Cristóbal I, calle Pasaje La Palmita, bloque 30, piso 4, letra D, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.
Contra el presente Pliego de Cargos podrán los interesados formular alegaciones en el plazo de quince días contados a partir de la publicación de la presente.
Una vez realizadas tales actuaciones y previa audiencia a los interesados por quince días el instructor elevará la correspondiente propuesta de resolución, conforme a lo establecido en el artē. 69.3 de la Ley de Viviendas de Canarias.
Asimismo y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los interesados que el plazo máximo establecido para que se proceda a la notificación de la resolución expresa es de tres meses, contados a partir del día siguiente al de la incoación, transcurrido el cual se producirá la caducidad del expediente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de marzo de 2005.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.
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