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R E S U E L V O:
Notificar a Dña. Antonia Balayo Costal, la Orden Departamental de la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda de fecha 22 de octubre de 2003, cuyo tenor literal es el siguiente:
"Vista la solicitud de ayudas por daños sufridos en vivienda y/o enseres presentada por Dña. Antonia Balayo Costal, provista del D.N.I./N.I.F. 36.060.081-Z, por la que se incoa el expediente administrativo de referencia.
Visto el informe-propuesta evacuado por la Oficina de Ayuda a los Damnificados del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Vista la Propuesta de Resolución formulada por el Ilmo. Sr. Director General de Vivienda.
ANTECEDENTES
Primero.- Con fecha 17 de abril de 2002, Dña. Antonia Balayo Costal, presentó en el Registro de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife "solicitud de ayuda para unidades familiares o de convivencia económica para hacer frente a situaciones de emergencia o catástrofe", junto con diversos documentos.Segundo.- Una vez analizada la solicitud y la documentación aportada por la solicitante, se comprueba que la misma es arrendataria de la vivienda en la que reside.
Tercero.- Con fecha 3 de septiembre de 2002, los Servicios Técnicos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife emiten informe en el que se cuantifican los daños ocasionados en los enseres de la interesada, y que ascienden a la cantidad de doscientos (200) euros.
Cuarto.- El 28 de abril de 2003, la Oficina de Ayuda a los Damnificados del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife notifica debidamente a la solicitante la apertura del trámite de audiencia previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. El 5 de mayo de los corrientes la interesada presenta escrito de alegaciones en el que reitera su petición.
Quinto.- El 14 de julio de 2003, la Oficina de Ayuda a los Damnificados de la Entidad Local antes mencionada, dicta informe-propuesta en el que se entiende que la solicitud de ayudas presentada por la interesada ha de ser desestimada puesto que los daños producidos a sus enseres han sido cuantificados en una cantidad inferior al mínimo exigido en el Reglamento que regula este tipo de actuaciones.
De todo lo anterior se deducen los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- En cuanto a la competencia para resolver el procedimiento administrativo para la concesión de ayudas excepcionales destinadas a paliar los daños causados en las viviendas y enseres como consecuencia del temporal de lluvias acaecido el día 31 de marzo de 2002, es competente la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias, previa autorización del Consejero de Economía, Hacienda y Comercio, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Orden Interdepartamental de 29 de mayo de 2002 y en la Orden de delegación de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales de fecha 25 de abril de 2002. La remisión hecha a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas ha de entenderse realizada a la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, tal y como se prevé en el artículo 3 del Decreto 241/2003, de 11 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías del Gobierno de Canarias.Respecto a la competencia para la instrucción del procedimiento, ésta corresponde a los Ayuntamientos de los municipios afectados, de conformidad con lo previsto en el artículo 5, apartado 1º, de la Orden Interdepartamental de 29 de mayo de 2002.
Segundo.- En cuanto al procedimiento, se han observado las prescripciones legales establecidas en la Orden Interdepartamental de 29 de mayo de 2002, que desarrolla el Decreto territorial 39/2002, de 8 de abril, y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Respecto al fondo del asunto, el objeto del expediente administrativo incoado a instancia de la interesada tiene por finalidad la concesión de ayudas excepcionales destinadas a paliar los daños causados en las viviendas y/o enseres como consecuencia del temporal de lluvias acaecido el día 31 de marzo de 2002 en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna.
Cuarto.- El artículo 3, apartado 2º, letra c), de la Orden Interdepartamental de 29 de mayo de 2002, establece que para ser beneficiario de las ayudas por daños producidos a enseres, el importe total de los mismos ha de superar "la cuantía de 300 euros".
Quinto.- En cuanto al trámite de audiencia a la interesada, éste se ha efectuado con arreglo a lo previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Vistas las normas que se citan y las disposiciones complementarias de aplicación, este Consejero, en el uso de las atribuciones conferidas,
R E S U E L V E:
Única.- Denegar a Dña. Antonia Balayo Costal la ayuda excepcional solicitada para paliar los daños causados en sus enseres como consecuencia del temporal de lluvias acaecido el 31 de marzo de 2002, en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, puesto que los desperfectos sufridos en los mismos ascienden a una cantidad inferior al mínimo establecido en el artículo 3, apartado 2º, letra c), de la Orden Interdepartamental de 29 de mayo de 2002.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, o, potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción de la mencionada notificación, tal y como se establece en los artículos 109, 110 y 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero-, y en las disposiciones de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; todo ello, sin perjuicio de que la interesada pueda ejercitar cualquier otro que estime oportuno."
Santa Cruz de Tenerife, a 1 de marzo de 2005.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.
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