Gobierno de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

Boletín Oficial de Canarias

Estás en:

BOC Nº 051. Viernes 11 de Marzo de 2005 - 731

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

731 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 3 de marzo de 2005, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña. María Jesús García Santana interesada en el expediente nº 306/03-U.

Descargar en formato pdf

No habiéndose podido notificar a Dña. María Jesús García Santana en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 306/03-U de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Dña. María Jesús García Santana la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 104, de fecha 17 de enero de 2005, recaída en el expediente referencia 306/03-U, y que dice textualmente:

"POR LA QUE SE ACUERDA INCOAR EXPEDIENTE SANCIONADOR

Visto los datos obrantes en esta Agencia, informe de los Servicios Técnicos y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En el lugar denominado "Las Playas", en el término municipal de Valverde, en suelo clasificado como Rústico de Protección Paisajística, se han venido ejecutando obras consistentes en la construcción de una edificación destinada a vivienda con una superficie total construida aproximada de 110 m2 así como otra edificación junto a ésta destinada a garaje y pequeños cuartos de unos 63 m2, un muro de contención de aproximadamente 90 ml x 1,5 m de altura media x 0,70 ancho y un depósito de agua o aljibe de aproximadamente 12 m2 x 2 m de profundidad, promovidas por Dña. María Jesús García Santana, sin contar con las autorizaciones pertinentes (preceptiva calificación territorial previa a la licencia municipal de obras), tal y como establecen los artículos 27, 166 y 170 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, actuación que es presuntamente constitutiva de una infracción grave a la referida ley.

Segundo.- Con fecha 10 de agosto de 1999, por Resolución nº 80 de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, notificada el siguiente día 7 de septiembre de 1999, se ordenó la suspensión de las obras y se requirió al Ayuntamiento de Valverde para que en ejercicio de sus competencias adoptara las medidas de disciplina urbanística que fueran procedentes, esto es, incoar el correspondiente procedimiento sancionador, requerimiento éste que no ha sido cumplimentado.

Tercero.- Con fecha 10 de diciembre de 1999 se dictó la Resolución nº 516, por la que se incoaba el correspondiente procedimiento sancionador habiéndose caducado el mismo con posterioridad el siguiente día 12 de febrero de 2003 mediante Resolución nº 292, notificada el pasado día 19 de febrero de 2003.

Cuarto.- El pasado día 23 de septiembre de 2003, se efectuó visita de inspección por los Servicios Técnicos de esta Agencia en donde se constata que las obras se encontraban terminadas y en uso, valorándose la totalidad de las mismas en la cantidad de ciento trece mil cuarenta y dos euros con noventa y seis céntimos (113.042,96 euros).

Quinto.- Con fecha 27 de enero de 2004 se volvió a informar por el Servicio Técnico que las obras se encuentran totalmente terminadas en igual fase de ejecución respecto a la cual se emitió el anterior informe. Por tanto al no haberse producido variación alguna se remite en su totalidad a lo manifestado en el mismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c).3) y 229 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y la Ley de Espacios Naturales de Canarias, en relación con el artículo 19.3 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

II.- Los hechos anteriormente relacionados son presuntamente constitutivos de una infracción tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b), del citado Decreto Legislativo 1/2000, y sancionada en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente.

III.- De conformidad con el artículo 179 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se procederá a la reposición de las cosas a su estado anterior a la presunta infracción en los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido el efecto, y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.

En su virtud,

R E S U E L V O:

a) Incoar expediente sancionador a Dña. María Jesús García Santana en calidad de promotora de las obras objeto del presente procedimiento como presunto responsable de una infracción urbanística al Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y la Ley de Espacios Naturales de Canarias.

b) Nombrar Instructora y Secretaria del mencionado expediente sancionador, respectivamente, a Dña. Concepción Zamorín Fernández y a Dña. Ana Isabel González Hernández, quienes podrán ser recusadas en los casos y formas previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Significarle que dispone de un plazo de quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente Resolución, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretenda valerse hacerla(s) efectiva(s), según lo que establece el artículo 16.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

d) Advertir a la interesada, asimismo, que si reconociera su responsabilidad o no presentase alegaciones, dentro del plazo de 15 días de que dispone, sobre el contenido del presente acto administrativo por el que se inicia la incoación del referido expediente sancionador, aquel podrá entenderse como Propuesta de Resolución de dicho expediente, a cuyo efecto dispondrá de un plazo de audiencia de quince días para alegar cuanto considere conveniente en su defensa, así como presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes ante el Instructor del procedimiento, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8, 13.2 y 19 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

e) Advertir a la interesada que si al tiempo de formularse la Propuesta de Resolución, no se hubiera procedido a instar la legalización de las mencionadas obras o a ajustar las obras a los títulos habilitantes, se propondrá, y en la resolución definitiva se acordará la imposición de hasta doce multas coercitivas por plazo de un mes e importe, en cada ocasión, del 5% del coste de las obras en su caso y, como mínimo seiscientos un euros con un céntimo (601,01 euros).

f) Advertir a la interesada que en los supuestos contemplados en el fundamento de derecho III, se procederá a demoler las obras objeto del presente expediente. No obstante, de conformidad con el artículo 182 si procede a la demolición por sí mismo en los términos que disponga la Administración tendrá derecho a la reducción en un setenta y cinco por ciento (75%), de la multa que deba imponerse o que se haya impuesto o, en su caso, a la devolución del importe correspondiente de la que ya hubiere satisfecho.

A los efectos de los apartados anteriores, el expediente sancionador que ahora se inicia se encuentra a disposición del interesado en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano, de Santa Cruz de Tenerife, en orden a garantizar el principio de acceso permanente al mismo, consagrado en los artículos 35 de la citada Ley 30/1992, y en el 3 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Notifíquese la presente Resolución a los nombrados Instructor y Secretaria, a los legalmente considerados interesados en el presente expediente sancionador, así como al Ayuntamiento de Valverde."

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de marzo de 2005.- El Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (por Resolución nº 681, de 1.3.05), la Jefa de Servicio de Vigilancia Territorial y Ambiental y Actuaciones Previas, Marta Martín Ballester.

© Gobierno de Canarias