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RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERA DELEGADA.
No teniendo constancia en este Cabildo del domicilio del titular del vehículo que se relaciona y siendo preciso notificarle la oportuna resolución como consecuencia de la denuncia contra él a efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga, y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En ejercicio de las competencias atribuidas por el Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas a esta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de julio, y artículo 34.1.o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde a la Presidencia la resolución de los expedientes relativos a transportes terrestres, habiendo delegado dicha atribución por Decreto 562/2004, de 20 de febrero, en la Consejera Delegada de Transportes y Comunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y vista la Propuesta de Resolución de la Jefa de Sección en funciones de Transportes y Comunicaciones, de fecha 11 de noviembre de 2004, es por lo que se acuerda:
1.- Notificar al titular del vehículo que se cita en la resolución que ha recaído en el expediente sancionador que le ha sido instruido por este Cabildo Insular por infracción a la legislación de transporte por carretera.
El interesado dispone de un plazo de 15 días a partir de la publicación de la presente resolución para manifestar por escrito lo que a sus derechos convenga, aportando o proponiendo las pruebas de que, en su caso, intente valerse.
2.- Remitir al Ayuntamiento de la población citada la presente resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
TITULAR: Pablo Antonio Refoyo Cuenca; EXPTE.: GC/200723/O/03; POBLACIÓN: Puerto del Rosario; MATRÍCULA: GC-5852-BF; INFRACCIÓN: artículos 90 y 140.g) Ley 16/1987, de 30.7, artē. 197.g) Real Decreto 1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90); CUANTÍA: 1.502,53 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte público interior utilizando títulos habilitantes expedidos a nombre de otras personas.
Puerto del Rosario, a 11 de noviembre de 2004.- El Secretario General, Miguel Ángel Rodríguez Martínez.- Vē.Bē.: el Presidente, p.d., la Consejera Delegada de Transportes y Comunicaciones, Pilar Rodríguez Ávila.
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