BOC - 2004/213. Jueves 4 de Noviembre de 2004 - 3613

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

3613 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 22 de octubre de 2004, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña. María Isabel González Martín interesada en el expediente nº 82/04-U.

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No habiéndose podido notificar a Dña. María Isabel González Martín en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 82/04-U de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Dña. María Isabel González Martín la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 2535, de fecha 11 de agosto de 2004, recaída en el expediente referencia 82/04-U, y que dice textualmente:

"Por la que se acuerda demolición

Examinado el expediente instruido por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la reposición de la realidad física alterada frente a Dña. María Isabel González Martín por la ejecución de diversas obras en el lugar denominado "calle La Guancha, 19, Finca España, Edificio Las Nieves" en el término municipal de La Laguna y consistentes en la ampliación de la vivienda correspondiente al piso 1º D en aproximadamente 6 m2 que da a la fachada trasera del edificio y sobre un local situado en planta baja sin contar con las autorizaciones pertinentes (licencia municipal de obras), tal y como establecen los artículos 166 y 170 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, hechos que son constitutivos de infracción grave conforme al artº. 202.3 de la referida ley.

Vistos, informe técnico y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 5 de septiembre de 2003 recayó sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife en el Procedimiento Ordinario nº 333/2002 iniciado a instancias de D. Manuel Arvelo Gutiérrez en la que se "ordena a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural a la incoación de los correspondientes expedientes de la legalidad y restablecimiento del orden jurídico perturbado previstos en los artículos 176 y siguientes de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias sin expresa imposición de costas".

Segundo.- Con fecha 12 de febrero de 2004 la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, por resolución nº 385, notificada a través del Boletín Oficial de la Provincia, al haber sido infructuosa previamente su notificación por la vía postal y por los Agentes de Medio Ambiente de esta Agencia por dos veces consecutivas, acordó iniciar el oportuno expediente dirigido a la reposición de la realidad física alterada contra Dña. María Isabel González Martín.

Tercero.- Dentro del plazo de audiencia concedido a la interesada para que aportara alegaciones, documentos o informaciones que tuviere por conveniente, las mismas no se han realizado.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 y 229 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, en relación con el artículo 19.3 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

II.- Las actuaciones en suelo urbano requieren de la preceptiva licencia municipal de obras, de conformidad con los artículos 166 y 170 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, antes mencionado.

III.- De conformidad con el artículo 177 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, el restablecimiento del orden jurídico perturbado por un acto o un uso objeto de la suspensión o cualquier otro realizado sin la concurrencia de los presupuestos legales legitimantes de conformidad con este Texto Refundido, aun cuando no esté ya en curso de ejecución, tendrá lugar mediante la legalización del acto o uso suspendido o, en su caso la reposición a su estado originario de la realidad alterada, incluso mediante los sistemas de ejecución forzosa previstos en la legislación de procedimiento administrativo, con el fin de restaurar el orden infringido, y con cargo al infractor.

IV.- Según el artículo 188.1.a) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, toda acción u omisión tipificada como infracción dará lugar a la adopción por las Administraciones Públicas competentes de las medidas para el restablecimiento del orden jurídico perturbado.

V.- Que de conformidad con la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo (SSTTSS de fechas 10 de julio de 1997, 6 de marzo de 1995, 31 de enero de 1995, 4 de diciembre de 1992) la orden de demolición tiene carácter real es decir, se dirige propiamente contra unas obras o edificaciones que patentizan el ilícito urbanístico, territorial o medioambiental, persiguiendo su eliminación al objeto de restablecer la legalidad infringida e independientemente de quienes sean sus propietarios o titulares actuales o posteriores y el título jurídico inter vivos o mortis causa de su adquisición, produciendo por tanto efectos incluso frente a terceros ajenos a la vulneración del ordenamiento jurídico ya que existe un interés público prevalente en la efectiva aplicación y mantenimiento de la ordenación urbanística territorial y medioambiental establecida por las leyes y normas del planeamiento.

VI.- Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

VII.- De conformidad con el artículo 20.2 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, al no tratarse de un procedimiento sancionador, sino de restauración, las resoluciones de la Agencia agotarán la vía administrativa y, frente a las mismas, podrá interponerse recurso de reposición en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Acordar la demolición de las obras de ampliación de la vivienda correspondiente al piso 1º D en aproximadamente 6 m2 que da a la fachada trasera del edificio y sobre un local situado en planta baja, objeto de este expediente 82/04 de reposición de la realidad física alterada para la restauración del orden jurídico perturbado, promovidas por Dña. María Isabel González Martín responsable de conformidad con el artículo 189 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y a tal efecto requerir a la interesada para que en el plazo de un mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición, como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole que de no cumplimentar el mencionado requerimiento, se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Segundo.- Notificar la presente Resolución a la interesada y al Ayuntamiento de La Laguna.

Se hace constar que el presente acto pone fin a la vía administrativa y por lo tanto, contra el mismo cabe interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente acto, o directamente cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de octubre de 2004.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.



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