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BOC Nº 191. Viernes 1 de Octubre de 2004 - 3186

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo

3186 - Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 21 de septiembre de 2004, sobre notificación de Resoluciones a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de septiembre de 2004.- El Director General de Ordenación y Promoción Turística, Raimundo Domínguez de Vera.

RESOLUCIONES QUE SE CITAN:

1º) Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, folio 51, nº 736.

Resolución de 13 de septiembre de 2004, de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, recaída en el expediente sancionador nº 04/126 instruido a D. Francisco Benegas Muñoz, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar El Marino.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Francisco Benegas Muñoz, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación y Promoción Turística, de 22 de abril de 2004, como consecuencia del acta de inspección nº 17.337, de 9 de octubre de 2003.

Vista la propuesta formulada por la Instructora del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 9 de octubre de 2003, se realizó inspección turística al establecimiento de referencia, sito en calle Iglesias, 12 bajo, en Corralejo, término municipal de La Oliva, levantándose al efecto el acta nº 17.337, en la que esencialmente se hace constar que:

El establecimiento consignado, carece y no dispone del Libro de Inspección, de Hojas de Reclamaciones y de lista de precios notificadas.

2º) El 2 de abril de 2004, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 04/126, formulándose los hechos imputados y nombrándose a la Instructora y Secretaria del procedimiento, habiéndose notificado con publicación en el Boletín Oficial de Canarias, el 15 de junio de 2004.

3º) Con fecha 3 de agosto de 2004 y habida cuenta que el titular consignado no presentó alegaciones ni aportó prueba alguna que desvirtuase los hechos imputados, la Instructora formuló Propuesta de Resolución, con unas multas en cuantías de 165,28 euros por cada una de las sanciones.

4º) El expedientado no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución.

5º) Los siguientes hechos:

Primero.- No haber notificado a la Administración turística competente, los precios que rigen en la prestación de los servicios.

Segundo.- Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones obligatorias.

Tercero.- Carecer en el establecimiento del Libro de Inspección.

Se consideran probados en virtud del acta de inspección nº 17.337.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), modificada por la Ley 7/1997, de 4 de julio, por la Ley 5/1999, de 15 de marzo, por la Ley 2/2000, de 17 de julio, por la Ley 2/2002, de 27 de marzo y por la Ley 19/2003, de 14 de abril, que aprueba las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95) y sus correspondientes modificaciones.

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, no quedando desvirtuados los hechos imputados, toda vez que el expedientado, en base al contenido del acta de inspección nº 17.337, de fecha 9 de octubre de 2003, sin que al órgano resolutorio, le conste, al dictar la presente Resolución, que el titular consignado haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe la Propuesta de Resolución formulada por la Instructora del procedimiento, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta, y en base a que los hechos probados constituyen las infracciones previstas en:

Primera.- Artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 2º (B.O.E. de 19 de julio), y en aplicación del artículo 4º de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio).

Segunda.- Artº. 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), modificada por la Ley 7/1997, de 4 de julio, por la Ley 5/1999, de 15 de marzo, por la Ley 2/2000, de 17 de julio, por la Ley 2/2002, de 27 de marzo y por la Ley 19/2003, de Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, de 14 de abril.

Tercera.- Artº. 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Y dichos hechos vienen tipificados en:

Primera.- Artº. 76.5 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

Segunda.- Artº. 76.6 del mismo cuerpo legal.

Tercera.- Artº. 76.9 del mismo cuerpo legal.

Calificados como: leves.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y el artículo 7.2.B).f) del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04),

R E S U E L V O:

Imponer las sanciones de multas de ciento sesenta y cinco euros con veintiocho céntimos (165,28 euros) por cada una de las sanciones impuestas a D. Francisco Benegas Muñoz con D.N.I. 42.846.2798 A, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar El Marino.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante la Ilma. Sra. Viceconsejera de Turismo de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).- Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de septiembre de 2004.- El Director General de Ordenación y Promoción Turística, Raimundo Domínguez de Vera.

2º) Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, folio 51, nº 735.

Resolución de 13 de septiembre de 2004, de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, recaída en el expediente sancionador nº 04/127 instruido a Eco Adisa, S.C.P., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Music-Pub Aruba.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Eco Adisa, S.C.P., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación y Promoción Turística, de 22 de abril de 2004, como consecuencia del acta de inspección nº 17.339, de 9 de octubre de 2003.

Vista la propuesta formulada por la Instructora del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 25 de septiembre de 2003, se recibió en esta Consejería, con registro de entrada nº 666.622 TTSG denuncia de fecha 13 de septiembre de 2003, cumplimentada por la Policía Local de La Oliva, contra el establecimiento consignado en la que manifiesta que:

Han recibido varias llamadas de los vecinos de las calles Pizarro y Eusebio Carballo Estévez, denunciando que desde aproximadamente un mes han abierto de nuevo al público, el establecimiento consignado, estando abierto todas las noches hasta las 8 de la mañana, con la música a todo volumen y que los jueves, viernes, sábados y domingos, no dejan dormir a los vecinos, por tener la música a tope, por el escándalo de los clientes, reyertas y tiradas de vasos a la vía pública.

2º) Para comprobar los hechos denunciados, el 9 de octubre de 2003, se realizó inspección turística al establecimiento de referencia, sito en calle Pizarro, 15, en Corralejo, término municipal de La Oliva, levantándose al efecto el acta nº 17.339, en la que esencialmente se hace constar que:

Carece y no dispone del Libro de Inspección turística, de Hojas de Reclamaciones y de lista de precios notificadas.

3º) El 22 de abril de 2004, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 04/127, formulándose los hechos imputados y nombrándose a la Instructora y Secretaria del procedimiento, habiéndose notificado con publicación en el Boletín Oficial de Canarias, el 15 de junio de 2004.

4º) Con fecha 3 de agosto de 2004 y habida cuenta que la titular consignada no presentó alegaciones ni aportó prueba alguna que desvirtuase los hechos imputados, la Instructora formuló Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 165,28 euros por cada una de las sanciones.

5º) La empresa expedientada no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución.

6º) Los siguientes hechos:

Primero.- No haber notificado a la Administración turística competente, los precios que rigen en la prestación de los servicios.

Segundo.- Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones obligatorias.

Tercero.- Carecer en el establecimiento del Libro de Inspección.

Se consideran probados en virtud de la denuncia y del acta de inspección nº 17.339.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), modificada por la Ley 7/1997, de 4 de julio, por la Ley 5/1999, de 15 de marzo, por la Ley 2/2000, de 17 de julio, por la Ley 2/2002, de 27 de marzo y por la Ley 19/2003, de 14 de abril, que aprueba las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95) y sus correspondientes modificaciones.

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, no quedando desvirtuados los hechos imputados, toda vez que la empresa expedientada, en base al contenido del acta de inspección nº 17.339, de fecha 9 de octubre de 2003, sin que al órgano resolutorio, le conste, al dictar la presente Resolución, que el titular consignado haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe la Propuesta de Resolución formulada por la Instructora del procedimiento, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta, y en base a que los hechos probados constituyen las infracciones previstas en:

Primera.- Artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 2º (B.O.E. de 19 de julio), y en aplicación del artículo 4º de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio).

Segunda.- Artº. 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), modificada por la Ley 7/1997, de 4 de julio, por la Ley 5/1999, de 15 de marzo, por la Ley 2/2000, de 17 de julio, por la Ley 2/2002, de 27 de marzo y por la Ley 19/2003, de Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, de 14 de abril.

Tercera.- Artº. 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Y dichos hechos vienen tipificados en:

Primera.- Artº. 76.5, en relación con el artº. 77.7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

Segunda.- Artº. 76.6, en relación con el artº. 77.7 del mismo cuerpo legal.

Tercera.- Artº. 76.9 del mismo cuerpo legal.

Calificados como: leves.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y el artículo 7.2.B).f) del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04),

R E S U E L V O:

Imponer las sanciones de multas de ciento sesenta y cinco euros con veintiocho céntimos (165,28 euros) por cada una de las sanciones impuestas a Eco Adisa, S.C.P., con C.I.F. G-35.753.029 titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Music-Pub Aruba.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante la Ilma. Sra. Viceconsejera de Turismo de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).- Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de septiembre de 2004.- El Director General de Ordenación y Promoción Turística, Raimundo Domínguez de Vera.

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