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BOC Nº 141. Jueves 22 de Julio de 2004 - 2353

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías

2353 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 6 de julio de 2004, que notifica la Resolución del Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Marcelino Rodríguez Martín, en representación de la entidad Distribuidora Eléctrica del Puerto de la Cruz, S.A.U., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 26 de mayo de 2003, recaída en el expediente de referencia VBT 02/226, relativa a corte de suministro eléctrico.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por la Viceconsejería de Industria y Nuevas Tecnologías sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

1º) Notificar a D. Vicente Vidal Pérez Martín, la Resolución de 20 de abril de 2004 (libro 01, nº reg. 57/04, folio 77), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto por D. Marcelino Rodríguez Martín, en representación de la entidad Distribuidora Eléctrica del Puerto de la Cruz, S.A.U., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 26 de mayo de 2003, recaída en el expediente de referencia VBT 02/226, relativa a corte de suministro eléctrico.

2º) Remitir al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de julio de 2004.- El Secretario General Técnico, Ángel Alexis Montesdeoca García.

A N E X O

Resolución del Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Marcelino Rodríguez Martín, en representación de la entidad Distribuidora Eléctrica del Puerto de la Cruz, S.A.U., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 26 de mayo de 2003, recaída en el expediente de referencia VBT 02/226, relativa a corte de suministro eléctrico.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Marcelino Rodríguez Martín, en representación de la entidad Distribuidora del Puerto de la Cruz, S.A.U., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 26 de mayo de 2003 recaída en el expediente VBT 02/226, relativa a corte de suministro eléctrico, y teniendo en cuenta los

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 9 de julio de 2002, se recibe, a través de la O.M.I.C. del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, reclamación efectuada por D. Vicente Vidal Pérez Martín contra Depecsa-Unelco por un corte de suministro eléctrico a su vivienda, por un supuesto impago de dos facturas las cuales se encontraban abonadas antes del corte. Adjunta documento del ingreso de ambas facturas.

Segundo.- Una vez instruido el expediente administrativo, el Ingeniero Industrial D. Juan Cano Cabrera adscrito al Servicio de Instalaciones Energéticas con fecha 20 de mayo de 2003 propone que la empresa Distribuidora Eléctrica del Puerto de la Cruz, S.A.U. cumpla lo establecido en el artículo 105.6 del Real Decreto 1.955/2000, en relación con el 103.21) del citado Real Decreto, por efectuar un corte de suministro eléctrico indebidamente por impago de facturas que fueron abonadas en tiempo y forma.

Tercero.- Con fecha 26 de mayo de 2003, el Jefe de Servicio de Instalaciones Energéticas, por delegación de firma del Director General de Industria y Energía, dicta resolución por medio de la cual acepta la citada propuesta del Técnico.

Cuarto.- Con fecha 25 de junio de 2003, la empresa Distribuidora Eléctrica del Puerto de la Cruz, S.A.U. presentó recurso de alzada, por medio del cual viene a decir lo siguiente:

1. Antecedentes. Como consta en el expediente, con fecha 16 de noviembre de 2001, se requirió al abonado a satisfacer el importe adeudado, mediante notificación en la que se incluía el régimen de suspensión aplicable. Con fecha 4 de marzo de 2002, un tercero (el reclamante) ajeno a la relación contractual de suministro, efectúa transferencia a favor de la compañía eléctrica, por importe de ocho euros con cuatro céntimos (8,04 euros), en cuenta abierta en la Caja General de Ahorros de Canarias, sin que esta entidad bancaria comunicase a qué suministro correspondía el ingreso efectuado. De tal forma resultó imposible identificar el pago satisfecho y su imputación a la deuda de referencia.

2. Legitimación del reclamante. La parte recurrente arguye que el reclamente carece de la cualidad de interesado que le permita promover el expediente de referencia, pues no acredita su condición de titular de derechos o intereses legítimos que puedan resultar afectados por la interrupción del suministro de referencia.

El artº. 79 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, determina que el contrato de suministro es personal, y su titular deberá ser el efectivo usuario de la energía, que no podrá utilizarse en el lugar distinto para el que fue contratada, ni cederla, ni venderla a terceros.

Ello es acorde con la cláusula general 24 del anexo al derogado Reglamento de Verificaciones Eléctricas, según redacción establecida por el Real Decreto 1.725/1984.

El artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es claro al determinar quiénes se consideran interesados en el procedimiento administrativo y, entre ellos, figuran quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos. Pues bien claro está que el reclamante no ostenta, en relación con el suministro de referencia, interés alguno; ninguna relación mantiene con esta compañía ni esgrime ni mucho menos acredita la representación de la abonada.

3. Vulneración de las reglas sustanciales del procedimiento. Los procedimientos se podrán iniciar de oficio o a solicitud de persona interesada (artº. 68 de la Ley 30/1992). En nuestro caso, no se ha iniciado a solicitud de persona interesada, pues el reclamante no ostenta esa condición; pero tampoco se ha notificado a esta compañía el acuerdo del órgano competente que resuelva la iniciación del expediente, según determina el artº. 69 de la Ley 30/1992.

De igual forma teniendo por inciertos esa Administración los hechos manifestados por esta compañía, no consta que se haya acordado la apertura del período de prueba (artº. 80.2 de la Ley 30/1992; ni la puesta de manifiesto de las practicadas, a fin de que el único interesado en el procedimiento pudiera formular, en trámite de audiencia, las alegaciones oportunas (artº. 84 de la Ley 30/1992).

Estos criterios de rigor procedimental, que materializan las garantías del interesado, deben reforzarse cuando se atiende a la naturaleza de las indemnizaciones de que trata el artº. 105.6 del Real Decreto 1.955/2000. Teniendo en cuenta que los abonos contemplados por este precepto se establecen sin consideración al daño realmente sufrido, debe sostenerse su naturaleza mixta, aflictiva y reparadora; esto es, deben tratarse como sanciones civiles o indemnizaciones sancionadoras. Es por esto que resulta necesario acogerse a los principios rectores del procedimiento que rige el procedimiento sancionador, contenidos en los artículos 134 y siguientes y los contenidos en el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora (Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto).

En definitiva, la resolución impugnada ha sido dictada prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

4. Ilegalidad de la disposición reglamentaria esgrimida. El establecimiento de las indemnizaciones contenidas en el artº. 105.6 del Real Decreto 1.955/2000, carece de cobertura legal y omite toda referencia a los necesarios criterios objetivos y subjetivos que deben informar el establecimiento de responsabilidades, a tenor del artº. 1902 del Código Civil.

No se trata de una previsión reglamentaria praeter legem; es que contradice de forma abierta las determinaciones del Código Civil, en materia de responsabilidades. Como es sabido, son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior (artículos 51 y 62 de la Ley 30/1992).

Los artículos 9.3 y 103 de la Constitución Española declaran los principios de jerarquía normativa y del sometimiento de las Administraciones Públicas a la Ley. La aplicación de tales principios jurídicos básicos implica la invalidez de cualquier actuación de las Administraciones Públicas que no encuentre cobertura en normas con rango de ley. La disposición reglamentaria de que tratamos es, por tanto nula, viciada de nulidad radical, ipso iure, de pleno derecho, por lo que su inaplicación procede, como imperativo procedimental.

5. Invalidez. Previene el artº. 62 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la nulidad de pleno derecho para los actos de las Administraciones Públicas que lesionen el contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional para los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Por su parte, el artº. 63 de la misma ley, previene la nulidad relativa para los actos de la Administración Pública que incurra en cualquier infracción del ordenamiento, incluida la desviación de poder.

6. Por todo ello, la entidad recurrente solicita que se declare la nulidad o subsidiariamente, la anulación de la resolución recurrida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En relación con los requisitos de admisibilidad del presente recurso no hay que formular ningún pronunciamiento en contrario por cuanto el recurso de alzada se ha interpuesto dentro del plazo de un mes previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJ-PAC), la parte recurrente tiene plena legitimación activa para promover el presente recurso y el órgano competente para su resolución es el Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías, de acuerdo con el vigente Reglamento Orgánico, y el artículo 20 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.

Segundo.- El presente recurso de alzada no puede prosperar, y ello en base a los siguientes razonamientos:

1. En cuanto al primer alegato de la empresa recurrente de que le fue imposible identificar el pago satisfecho por una persona ajena a la relación contractual de suministro a través de la Caja General de Ahorros de Canarias, y su imputación a la deuda de referencia, hay que señalar que el reclamante es realmente el efectivo usuario de la energía, el cual abonó a través de la cuenta corriente abierta por la entidad recurrente al efecto la deuda contraída con la empresa suministradora, todo ello con el fin de evitar la interrupción del suministro a su vivienda, por impago del servicio. Por tanto, los efectos negativos de la deficiente información facilitada por la Caja General de Ahorros de Canarias a la empresa suministradora en relación con el referido pago no deben recaer en el reclamante, y en cualquier caso, le corresponde a la empresa distribuidora exigir las responsabilidades a que hubiere lugar ante la entidad financiera por su actuación poco diligente en el presente caso.

Por otra parte, cabe rechazar la afirmación de la recurrente de que fue imposible identificar el pago satisfecho, por cuanto la empresa suministradora pudo recabar en todo momento de la entidad financiera una información complementaria acerca del número de la póliza de abono incluido en el documento de ingreso que dispone la Caja General de Ahorros de Canarias, y por tanto, esa imposibilidad se debió más a un comportamiento pasivo de la empresa suministradora por no realizar las averiguaciones oportunas para determinar a qué deuda correspondía el pago de ocho euros con cuatro céntimos realizado por D. Vicente Vidal Pérez Martín.

2. En cuanto al alegato de que el reclamante no está legitimado para formular ninguna reclamación al no reunir la condición de interesado, hay que oponer que si bien el reclamante no es la persona que formalizó el contrato de suministro con la empresa distribuidora, no es menos cierto que el reclamante es el efectivo usuario de la energía, como se demuestra del simple examen de los documentos obrantes en el expediente, y por consiguiente, es la persona destinataria del servicio de suministro eléctrico, y como contraprestación, es la que realiza regularmente el pago del suministro. Y, por tanto, no es acertada la afirmación de la recurrente de que el reclamante no ostenta ningún interés legítimo que pudiera resultar afectado por la interrupción del suministro, al contrario, el corte de suministro le afecta directamente por los perjuicios que le puede ocasionar una suspensión del suministro a su vivienda.

3. También el alegato de la entidad recurrente de que se han vulnerado las reglas sustanciales del procedimiento debe ser rechazado en esta vía de recurso, por cuanto la empresa recurrente ha podido presentar las alegaciones y las pruebas que ha estimado oportunas en su defensa. Y, en este sentido, hay que señalar que mediante escrito de 26 de julio de 2002 el Servicio de Instalaciones Energéticas solicita informe a la empresa distribuidora sobre lo alegado en la reclamación, y en este trámite, la empresa recurrente pudo presentar las alegaciones y los medios de prueba que consideraba convenientes en el ejercicio del derecho de defensa. En consecuencia, no cabe hablar aquí de situación de indefensión material que justifique la anulación de la resolución recurrida, ni tampoco que se haya prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

Por otra parte, la apertura de un período de prueba es una decisión que debe adoptar el Instructor del expediente si entiende que los hechos alegados durante el procedimiento no son ciertos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 80 de la LRJ-PAC. No obstante, en el presente caso, y a la vista de los documentos aportados por el reclamante y por la compañía eléctrica, el Instructor consideró que no era necesaria la apertura del término probatorio, por cuanto existía ya en el expediente el material probatorio suficiente y relevante para resolver la reclamación.

La omisión del trámite de audiencia al interesado no tiene ninguna trascendencia, por cuanto la empresa recurrente ha tenido la oportunidad durante la instrucción del expediente de presentar las alegaciones que estimara procedentes en relación con la reclamación, por mor del escrito del Jefe de Servicio de Instalaciones Energéticas de 26 de julio de 2002. Por tanto, dicho defecto de forma al no colocar a la recurrente en una situación de indefensión no trae consigo la anulabilidad del acto resolutorio objeto de la presente impugnación. En este sentido, el artículo 63.1 de la LRJ-PAC preceptúa de forma literal que "son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder". Añadiendo el párrafo segundo del mismo artículo lo siguiente: "No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados".

A este respecto, el Tribunal Constitucional en su sentencia de 18 de enero de 1993 (RTC 1993\10) declara lo siguiente: "Ahora bien constatada tal omisión, es necesario también examinar la incidencia material que la misma tiene sobre el derecho de defensa de las partes, pues este Tribunal viene señalando reiteradamente que no toda irregularidad procesal ostenta relevancia en esta sede constitucional, de forma que sólo aquellos defectos procesales o formales que produzcan el efecto de indefensión material señalado, revestirán trascendencia constitucional susceptible de ser protegida en vía de amparo".

Por su parte, y en cuanto a los vicios procedimentales, el Tribunal Supremo en su sentencia de 18 de marzo de 2002 (RJ 2002\1900) manifiesta lo siguiente: "En suma, los vicios de forma adquieren relevancia cuando su existencia ha supuesto una disminución efectiva y real de garantías. La indefensión es así un concepto material, que no surge de la sola omisión de cualquier trámite. De la omisión procedimental ha de derivarse para el interesado una indefensión real y efectiva, es decir, una limitación de los medios de alegación, prueba y, en suma, de defensa de los propios derechos e intereses".

Finalmente, esta Viceconsejería no comparte la tesis de la recurrente de la naturaleza sancionadora de la indemnización prevista en el artículo 105.6 del Real Decreto 1.955/2000, por cuanto no se trata de una verdadera sanción administrativa como consecuencia del ejercicio del ius punitivo de la Administración, sino que se trata de una compensación económica a favor del usuario por la mala calidad del servicio prestado por la empresa distribuidora a los usuarios, y en su consecuencia, no resultan de aplicación al presente caso las normas que rigen el procedimiento sancionador. Todo ello, sin perjuicio de las indemnizaciones que puede reclamar el usuario por la vía civil por el incumplimiento de la calidad del servicio, en virtud del artículo 105.7 del meritado Real Decreto 1.955/2000.

4. En cuanto a la ilegalidad del artículo 105.6 del Real Decreto 1.955/2000, esta Viceconsejería no considera ilegal dicho precepto reglamentario el cual responde a la necesidad de que las empresas distribuidoras den un servicio de calidad a los usuarios del suministro, y por tanto, ante un incumplimiento de calidad el legislador ha considerado justificado establecer unas medidas compensatorias de naturaleza económica a favor de los consumidores afectados, por el servicio dejado de prestar o prestado irregularmente, esto es, 30,05 euros o el 10% de la primera facturación completa, sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar en la vía civil.

En cualquier caso, la vigencia del referido precepto reglamentario nos obliga a su total acatamiento y aplicación, todo ello derivado del cumplimiento del principio de legalidad consagrado en nuestra Carta Magna, el cual vincula a los ciudadanos y a los poderes públicos (artº. 9.1 de la Constitución Española: "Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico").

5. El alegato de que el acto recurrido es nulo de pleno derecho, según previene el artículo 62 de la Ley 30/1992, no puede ser estimado, por cuanto la resolución recurrida no está afectada por ningún vicio de nulidad o anulabilidad, sino muy al contrario la misma fue dictada al amparo de lo regulado en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre.

VISTOS

El Real Decreto 2.578/1982, de 24 de julio, de transferencia a la Junta de Canarias de competencias, funciones y servicios en materia de industria, energía y minas; el Real Decreto 2.091/1984, de 26 de septiembre, sobre adaptación de los servicios transferidos en fase preautonómica a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de industria, energía y minas; el Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias; el Decreto 241/2003, de 11 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías; el Decreto 178/2003, de 23 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica de las Consejerías de Presidencia y Justicia y de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías; el Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y demás normativa de aplicación general.

Por todo ello, el Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Marcelino Rodríguez Martín, en representación de la entidad Distribuidora del Puerto de la Cruz, S.A.U., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 26 de mayo de 2003, recaída en el expediente de referencia VBT 02/226, relativa a corte de suministro eléctrico, manteniendo la misma en todos sus términos.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de su notificación, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías, Antonio Núñez Ordóñez.

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