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BOC Nº 083. Viernes 30 de Abril de 2004 - 1348

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Tenerife

1348 - ANUNCIO de 20 de abril de 2004, relativo a notificación del Decreto que resuelve el recurso de alzada planteado en el expediente sancionador nº TF-43134-O-02 en materia de transportes.

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Providencia de 20 de abril de 2004, del Jefe de Servicio de Carreteras y Transportes del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-43134-O-02.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-43134-O-02.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

"La Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular, con fecha 9 de marzo de 2004, ha dictado, entre otros, el siguiente Decreto:

"Visto escrito presentado por D. Domingo Miranda Moreno, en su propio nombre y representación, por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras y Transportes de fecha 23 de septiembre de 2003 recaída en el expediente de referencia, y,

Resultando: que con fecha y hora 6 de noviembre de 2002, 11,20, por agente de la Guardia Civil de Tráfico se formuló denuncia contra el vehículo matrícula TF-3483-L, del que es titular D. Domingo Miranda Moreno por:

Circular desde Los Baldíos hasta Santa Cruz de Tenerife transportando un compresor, escaleras, tablones y herramientas para desmonte de vivienda, careciendo de autorización administrativa (tarjeta de transportes).

Resultando: que el día 3 de septiembre de 2003 se publicó la resolución de incoación del expediente sancionador nº TF-43134-O-02 en el Boletín Oficial de Canarias nº 2003/171.

Resultando: que por el expedientado no se presentó escrito de descargo alguno en defensa de sus intereses.

Resultando: que por el Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras y Transportes se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 23 de septiembre de 2003 que venía a sancionar a D. Domingo Miranda Moreno con multa que ascendía a 150 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artículos 103 y 141.b), en relación con el artº. 142.m) Ley 16/1987, de 30.7; artículos 158 y 198.b), en relación con el artº. 199.ñ) Real Decreto 1.211/1990; Decreto 6/2002 y en base al artículo 143 de la Ley 16/1987 y artículo 201 Real Decreto 1.211/1990.

Notificándose dicha Resolución en fecha 7 de octubre de 2003.

Resultando: que con fecha 14 de octubre de 2003, D. Domingo Miranda Moreno, en su propio nombre y representación interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que manifiesta su extrañeza por no haber recibido la notificación en su día, aunque, según información en las dos entregas manifestadas, el cartero pone en una "ausente" y en otra "desconocido", por lo que deduce que no se llevó a su domicilio. Siempre atiende los avisos. Que las mercancías transportadas, escaleras, un pequeño compresor, útiles de pintura, etc. (todo de uso familiar y viejo de muchos años de uso), eran para pintar su domicilio en Santa Cruz de Tenerife, siendo el conductor del vehículo su hijo; aportando, como fundamento a sus argumentaciones copias simples de la siguiente documentación: hoja de libro de familia justificante de lo alegado; de factura de la empresa Iteuve Canarias, de 9 de enero de 2003, por cambio de características del vehículo denunciado e informe de conformidad de la empresa Toyota Canarias, S.A. de 25 de noviembre de 2002 acreditando que el vehículo denunciado es técnicamente apto para ser sometido a la reforma consistente en bajar el P.M.A. a 1.995 kg.

Resultando: a la vista de las alegaciones y pruebas aportadas por el recurrente, fue requerido a los efectos de que acreditara documentalmente lo alegado; siendo cumplimentado por el mismo mediante escrito de fecha 12 de febrero de 2004 del que se infiere que dado que el vehículo desde hace unos meses no circula, al ir a buscar la documentación se encontraron con la sorpresa de no estar los originales en el vehículo, habiendo solicitado de la I.T.V. una tarjeta nueva, por lo que, al ser imposible entregarla en el plazo de diez días, solicitan una ampliación del plazo, aportando, como fundamento a sus argumentaciones copias simples de la documentación aportada en anexo al recurso de alzada y ficha de características técnicas del vehículo denunciado con la disminución del M.M.A. a 1.995 kg realizada por la empresa Iteuve Canarias el 9 de enero de 2003.

Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.

Considerando: por definición legal, y como presupuesto para exencionarlo de la obligatoriedad de autorización administrativa de transporte, el artículo 101 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, los transportes privados particulares son los destinados exclusivamente a satisfacer las necesidades de desplazamiento de carácter personal o doméstico del titular del vehículo y de sus allegados, sin que pueda dar lugar a remuneraciones dinerarias directas ni indirectas y debiendo realizarse en vehículos cuyo número de plazas o capacidad de carga no exceda de los límites que reglamentariamente se establezcan, así el artículo 156.2 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, determina que los transportes privados particulares de viajeros habrán de realizarse en vehículos de turismo y los de mercancías habrán de ser realizados en vehículos ligeros; de lo que se deduce que la naturaleza del transporte privado particular aparece desvinculada de cualquier actividad empresarial, aunque se trate de empresas familiares, autónomas, cooperativas, sociedades civiles particulares, comunidades de bienes u otras similares (artículo 156.1 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres), hechos que se verifican en el supuesto planteado en el expediente que analizamos, pues, a tenor de lo constatado por el agente en el boletín de denuncia, el transporte de un compresor, escaleras, tablones y herramientas para desmonte de vivienda se realizaba por el hijo del titular del vehículo y en dirección a la vivienda de éste; igualmente, desde el día 9 de enero de 2003 consta una reforma efectuada al vehículo en la ficha de características técnicas del mismo, por disminución de su masa máxima autorizada a 1.995 kg, por lo que estaría exento de tarjeta de transportes a tenor de lo dispuesto en el artículo 41.2.c) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artículo 3.c) del Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte público y privado complementario de viajeros y mercancías y artículo 2.1.a) de la Orden de 24 de agosto de 1999, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de transporte de mercancías por carretera.

Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en estimar el recurso de alzada interpuesto por D. Domingo Miranda Moreno, en su propio nombre y representación, dejando sin efecto la resolución dictada por el Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras y Transportes, de fecha 23 de septiembre de 2003.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 2004.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.

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