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BOC Nº 038. Miércoles 25 de Febrero de 2004 - 530

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

530 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 12 de febrero de 2004, sobre notificación a D. Carlos Daniel Díaz Cáceres de la Resolución recaída en el expediente nº 333/95.U.

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No habiéndose podido notificar a D. Carlos Daniel Díaz Cáceres en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 1451/00.U de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Carlos Daniel Díaz Cáceres la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural 1626, de fecha 20 de noviembre de 2003, recaída en el expediente referencia 333/95.U, y que dice textualmente:

"Examinado el expediente instruido por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la reposición de la realidad física alterada frente a D. Carlos Daniel Díaz Cáceres por la ejecución de diversas obras consistentes en la construcción de una vivienda unifamiliar aislada de 81 m2 con revestido exterior de piedra vista y cubierta de teja, sin contar con las autorizaciones pertinentes (autorización de la Dirección General de Urbanismo conforme a la Ley 5/1987, de 7 de abril, hoy Calificación Territorial y licencia municipal de obras), tal y como establecen los artículos 166 y 170 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, en el lugar denominado "Tacande de Abajo-El Paso" en suelo clasificado como Parque Natural de Cumbre Vieja (P-4), en el término municipal de El Paso.

Vistos, informe técnico y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 10 de enero de 1995, se dictó Resolución del Sr. Director General de Urbanismo denegando la autorización para la legalización de las citadas obras, no constando en el correspondiente expediente la interposición de recurso alguno deviniendo por lo tanto firme dicha resolución.

Segundo.- Con fecha 8 de agosto de 1995, se requirió por la Dirección General de Urbanismo al Ayuntamiento de El Paso para que a la vista de la denegación de la autorización de la vivienda por los fundamentos que en su día se hicieron constar en la referida resolución se procediese por dicha Corporación a decretar el carácter de ilegalizable de la obra así como la demolición efectiva de la misma, tal y como dispone el artículo 249 del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y el artículo 24.2 de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial, con la advertencia de que en caso contrario se subrogarla esa Dirección General en la adopción del citado acuerdo de conformidad con la ley, solicitando asimismo un informe sobre las medidas acordadas por la referida Corporación en el plazo de diez días siguientes a su adopción.

El antes citado requerimiento no se atendió por el Ayuntamiento de El Paso.

Tercero.- Con fecha 9 de enero de 2003, se dictó la Resolución nº 79 por el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural por la que se inicia el procedimiento administrativo de reposición de la realidad física alterada para la restauración del orden jurídico perturbado.

Cuarto.- Dentro del plazo de audiencia concedido al interesado para que aportara alegaciones, documentos o informaciones que tuviere por conveniente, el mismo no ha realizado ninguna al respecto.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 y 229 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, en relación con el artículo 19.3 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

II.- Las actuaciones en suelo rústico requieren calificación territorial con carácter previo al otorgamiento de la igualmente preceptiva licencia municipal de obras, de conformidad con los artículos 27, 66, 166, 168 y 170 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo antes mencionado.

III.- De conformidad con el artículo 177 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, el restablecimiento del orden jurídico perturbado por un acto o un uso objeto de la suspensión o cualquier otro realizado sin la concurrencia de los presupuestos legales legitimantes de conformidad con este Texto Refundido, aun cuando no esté ya en curso de ejecución, tendrá lugar mediante la legalización del acto o uso suspendido o, en su caso la reposición a su estado originario de la realidad alterada, incluso mediante los sistemas de ejecución forzosa previstos en la legislación de procedimiento administrativo, con el fin de restaurar el orden infringido, y con cargo al infractor.

IV.- El artículo 164.2 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, dispone que la potestad de protección de la ordenación es de ejercicio inexcusable, de forma que en ningún caso la Administración puede dejar de adoptar las medidas de restablecimiento del orden jurídico infringido, las cuales deberán ordenarse aún cuando no procede exigir la responsabilidad por infracción al Decreto Legislativo 1/2000, tal y como refiere el artículo 179.3 del mismo, estableciéndose en el artículo 188.1.a) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, que toda acción u omisión tipificada como infracción dará lugar a la adopción por las Administraciones Públicas competentes de las medidas para el restablecimiento del orden jurídico perturbado.

V.- De conformidad con el artículo 179 de dicho Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se procederá a la demolición de las obras objeto de este expediente 570/02 a reponer los terrenos al estado inmediatamente anterior a la infracción, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido el efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.

VI.- De conformidad con el artículo 180.2.b).1º en relación con la Disposición Transitoria 5ª, pto. 2º del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, la limitación temporal de cuatro años no regirá para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad y restablecimiento del orden jurídico perturbado respecto de los de construcción, edificación o uso del suelo o subsuelo cuando hayan sido ejecutados o realizados entre otros en suelo rústico de protección natural. Así dispone la antes mencionada Disposición Transitoria 5ª.2 "Los parques naturales y reservas naturales se clasifican a los efectos previstos en el Texto Refundido y hasta la entrada en vigor del correspondiente instrumento de planeamiento como Suelo Rústico de Protección Natural".

VII.- Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

VIII.- De conformidad con el artículo 20.2 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, al no tratarse de un procedimiento sancionador, sino de restauración, las resoluciones de la Agencia agotarán la vía administrativa y, frente a las mismas, podrá interponerse recurso de reposición en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Acordar la demolición de las obras de construcción de una vivienda unifamiliar aislada de una planta de 81 m2 con revestido exterior de piedra vista y cubierta de teja, promovidas por D. Carlos Daniel Díaz Cáceres responsable de conformidad con el artículo 189 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y a tal efecto requerir al interesado para que en el plazo de un mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición, como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole que de no cumplimentar el mencionado requerimiento, se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al interesado y al Ayuntamiento de El Paso.

Se hace constar que el presente acto pone fin a la vía administrativa y por lo tanto, contra el mismo cabe interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente acto, o directamente cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse".

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de febrero de 2004.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.

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