Gobierno de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

Boletín Oficial de Canarias

Estás en:

BOC Nº 028. Miércoles 11 de Febrero de 2004 - 389

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Educación, Cultura y Deportes

389 - Dirección General de Personal.- Anuncio de 26 de enero de 2004, relativo a notificación a D. Isidro Mendoza Díaz, en ignorado domicilio, de Resolución finalizadora del procedimiento administrativo seguido en este Centro Directivo, en relación con la solicitud de extensión de los efectos de la sentencia nº 149/02 sobre homologación retributiva.

Descargar en formato pdf

No habiéndose podido practicar la notificación de la Resolución del Director General de Personal de 27 de noviembre de 2003 relativa a la solicitud de extensión de la sentencia nº 149/02, interpuesta por D. Isidro Mendoza Díaz por no haberse podido entregar la misma en el último domicilio conocido de éste, se procede, de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), a la notificación de la citada Resolución a través de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, Resolución cuyo tenor literal es el siguiente:

Resolución de 27 de noviembre de 2003 de la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias por la que se desestima la solicitud de extensión de los efectos de la sentencia nº 149/02, que versa sobre diferencias retributivas en materia de homologación.

Vista la reclamación presentada por el interesado Isidro Mendoza Díaz, por la que solicita: "la extensión de los efectos de la sentencia nº 149/02 y que se le reconozca en consecuencia el derecho a la percepción de las retribuciones adecuadas correspondientes en concepto de homologación", esta Dirección General de Personal, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 305/1991, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, del Gobierno de Canarias, y en base a las siguientes consideraciones jurídicas:

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

El artº. 110 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dispone:

En materia tributaria y de personal al servicio de la Administración Pública, los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas podrán extenderse a otras, en ejecución de la sentencia, cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo.

b) Que el juez o Tribunal Sentenciador fuera también competente, por razón del territorio, para conocer de sus pretensiones de reconocimiento de dicha situación individualizada.

c) Que soliciten la extensión de los efectos de la sentencia en el plazo de un año desde la última notificación de ésta a quienes fueron parte en el proceso. Si se hubiera interpuesto recurso en interés de ley o de revisión, este plazo se contará desde la última notificación de la resolución que ponga fin a éste.

La solicitud deberá dirigirse a la Administración demandada. Transcurridos tres meses sin que se notifique resolución alguna o cuando la Administración denegare la solicitud de modo expreso, podrá acudirse sin más trámites al juez o tribunal de la ejecución en el plazo de dos meses, contados desde el transcurso del plazo antes indicado o desde el día siguiente a la notificación de la Resolución denegatoria.

PRESCRIPCIÓN

Estamos haciendo referencia a diferencias retributivas en materia de homologación que se remontan a los años 1992, 1993 y 1994.

Los 9, 10 y 11 años transcurridos, respectivamente, desde que se generó el posible derecho a la percepción de tales cantidades sobrepasan el plazo de prescripción de 5 años recogido en el artº. 46 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria aprobado por el Real Decreto Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre (con sus posteriores modificaciones).

Así, pues, el derecho que el reclamante D. Isidro Mendoza Díaz pudiera ostentar en relación con la percepción de las cantidades indicadas, ha prescrito desde 1997, 1998 y 1999.

Las diferencias retributivas que corresponde pagar a la Administración deben comprender el período que va desde los cinco años anteriores a la presentación de su reclamación, de conformidad con el artº. 46 de la Ley General Presupuestaria, procede declarar prescrito el período de reclamación que exceda de esos cinco años.

El artº. 110.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa establece que "en materia tributaria y de personal al servicio de la Administración Pública, los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas podrán extenderse a otras en ejecución de la sentencia, cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo".

En el presente caso no se puede apreciar identidad sustancial, dado que a tenor de lo dispuesto en el artº. 46.1.b) de la Ley General Presupuestaria las cantidades correspondientes a los años 1992, 1993 y 1994 han prescrito por el transcurso de más de 5 años.

EXTEMPORANEIDAD, POR EL TRANSCURSO

DEL PLAZO DE UN AÑO PREVISTO

PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA

El artº. 110.1.c) exige como requisito para que proceda la extensión:

c) Que soliciten la extensión de los efectos de la sentencia en el plazo de un año desde la última notificación de ésta a quienes fueron parte en el proceso. Si se hubiera interpuesto recurso en interés de ley o de revisión, este plazo se contará desde la última notificación de la resolución que ponga fin a éste.

La última notificación de la sentencia 149/02 (sentencia de contraste) a quienes fueron parte en el proceso, se practicó con fecha 19 de marzo de 2002 al Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma, según se nos ha confirmado desde la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

De conformidad con el artº. 110.c) la solicitud de extensión habrá de plantearse, dentro del plazo de un año, contado a partir de la última notificación de la sentencia de contraste, o de resolución de los recursos, "a quienes fueron parte en el proceso" [artº. 110.1.c)] pero sin descontar los inhábiles por ser un plazo de caducidad (artº. 46).

Los plazos fijados por meses o por años, en aplicación del artº. 5 CC se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

Lógicamente y como advierte el artº. 305 LEC "los días inhábiles no quedan excluidos del cómputo", aunque, si el último día del plazo es inhábil, queda prorrogado al primer día hábil siguiente.

El título VI "DISPOSICIONES COMUNES A LOS TÍTULOS IV Y V" de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su artº. 128 establece que: "los plazos son improrrogables y una vez transcurridos se tendrá por caducado el derecho y por perdido el trámite que hubiera dejado de utilizarse ...".

A la vista de lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V E:

Primero.- Declarar la improcedencia de la reclamación y en consecuencia su desestimación.

Segundo.- Notificar la presente resolución desestimatoria al interesado D. Isidro Mendoza Díaz, de conformidad con el artº. 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

A tenor del artº. 110.2 de la Ley 29/1998 podrá acudirse sin mas trámites al Tribunal de la ejecución en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución denegatoria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de enero de 2004.- El Director General de Personal, Juan Manuel Santana Pérez.

© Gobierno de Canarias