III. OTRAS RESOLUCIONES
Consejería de Presidencia y Justicia

1685 ORDEN de 30 de septiembre de 2003, por la que se resuelve la convocatoria del concurso para la concesión de subvenciones para la financiación parcial de los préstamos concertados por el personal funcionario de carrera al servicio de la Administración de Justicia (Oficiales, Auxiliares y Agentes) con destino en la Comunidad Autónoma de Canarias, para la adquisición o autoconstrucción de 1ª vivienda-vivienda habitual.

I. ANTECEDENTES

II.- Mediante Orden del Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica de fecha 10 de julio de 2003, se procedió al nombramiento de la Comisión de Valoración que, previa convocatoria, se reunió los días 4 de agosto y 11 de septiembre de 2003, efectuando una propuesta de beneficiarios de la subvención.

III.- La Comisión de Valoración, acordó lo siguiente:

1º) Proponer como beneficiarios de la subvención a los siguientes solicitantes:

< Ver anexos - Página/s 16413 >
2º) Excluir al solicitante D. Vicente Rodríguez Suárez como beneficiario de la subvención, con motivo del incumplimiento de lo establecido en la base octava, apartado e) de la Orden de la Consejería de Presidencia de 23 de junio de 2000.

A la vista de lo que antecede y de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, procede que por la titular del Departamento se dicte la resolución de concesión de las subvenciones referenciadas.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Se ha dado cumplimiento a la Orden Departamental de 21 de mayo de 2003, por la que se convoca la concesión de subvenciones para la financiación parcial de los préstamos concertados por el personal funcionario de carrera al servicio de la Administración de Justicia (Oficiales, Auxiliares y Agentes) con destino en la Comunidad Autónoma de Canarias, para la adquisición o autoconstrucción de 1ª vivienda-vivienda habitual, en relación con la Orden de 23 de junio de 2000.

Segunda.- Los créditos destinados a financiar durante el presente ejercicio, las subvenciones a los intereses que se devenguen durante el año 2003 no pueden exceder del crédito retenido, existiendo cobertura presupuestaria en la aplicación 08.18.142B 480.11. Línea de Actuación 06404102.

Tercera.- Corresponde a la Consejera de Presidencia y Justicia, de conformidad con lo establecido en el Decreto 178/2003, de 23 de julio, y como contempla la base duodécima de la convocatoria, resolver la concesión de estas subvenciones, así como la formalización del convenio con las entidades crediticias que se adhieran al mismo.

En base a lo expuesto y en el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Otorgar, a propuesta de la Comisión de Valoración, subvenciones durante el presente ejercicio, de los intereses que se devenguen, hasta un máximo de cuatro puntos, de los préstamos concertados con las entidades crediticias adheridas al convenio que posteriormente se formalice, para la adquisición o autoconstrucción de 1ª vivienda-vivienda habitual, con cargo a la aplicación 08.18.142B 480.11. Línea de Actuación 06404102, a los siguientes beneficiarios:

< Ver anexos - Página/s 16414 >
Segundo.- Excluir a D. Vicente Rodríguez Suárez como beneficiario de la subvención, por incumplir lo establecido en la base octava, apartado e) de la Orden de la Consejería de Presidencia, de 23 de junio de 2000.

Tercero.- El abono de las subvenciones se efectuará a las entidades crediticias que se adhieran al Convenio que al efecto se formalice, al vencimiento del año en curso, previa presentación por las mismas de los cuadros de amortización, detallándose en dichos cuadros los intereses, y la amortización, calculándose la subvención sobre los intereses generados durante el año natural.

Cuarto.- Por el beneficiario deberá aportarse con carácter anual, a los efectos de justificación del abono de la subvención, certificación expedida por la entidad bancaria acreditativa de hallarse al corriente en la obligación crediticia.

Quinto.- La efectividad de la subvención estará supeditada a la aceptación expresa por parte del beneficiario que deberá otorgarla dentro del plazo de 30 días siguientes a su notificación. En caso de no otorgarla dentro del referido plazo quedará sin efecto la misma.

Sexto.- El plazo de realización de la actividad finalizará el 31 de diciembre de 2003.

Séptimo.- El beneficiario de la subvención estará sujeto a las siguientes obligaciones:

a) Llevar los registros contables a que vengan obligados de modo que permitan identificar de forma diferenciada las partidas o gastos concretos en que se han materializado las subvenciones concedidas con el mismo objeto y que por diferencia permitan obtener un estado de rendición de cuentas de las cantidades o fondos públicos percibidos en concepto de subvención.

b) Facilitar toda la información que sea requerida por los órganos concedentes, por la entidad colaboradora, en su caso, y por los órganos de control interno y externo de la actividad económico-financiera de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que, en relación con las subvenciones concedidas, se practiquen por el órgano concedente, la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas.

La Consejería de Presidencia y Justicia podrá exigir que el beneficiario realice a su cargo una auditoría, limitada a la comprobación de la aplicación de los fondos públicos recibidos.

Octavo.- Toda alteración de las circunstancias y requisitos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención y en todo caso, la obtención por el beneficiario de subvenciones concedidas por otras Administraciones o Entes públicos para el mismo destino, la obtención de ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad, así como la superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de ayudas o subvenciones en los períodos establecidos en la misma, dará lugar a la modificación de la resolución de concesión, sin que implique la variación del destino o finalidad de la subvención.

Noveno.- Los beneficiarios de la subvención no podrán emplear los fondos recibidos, por este concepto en la adquisición de bienes o servicios entregados o prestados por personas o entidades vinculadas con el perceptor, sus administradores o apoderados. Asimismo, cuando el importe de la subvención concedida sea inferior al coste global de la actividad o adopción de la conducta que fundamentó su concesión, siendo la realización completa de la misma el requisito para la obtención de aquélla, la diferencia no podrá corresponder a adquisiciones de bienes entregados por personas o entidades vinculadas.

Se consideran personas o entidades vinculadas:

a) En el caso de que una de las partes intervinientes sea un sujeto pasivo del impuesto de Sociedades, cuando así se deduzca de las normas reguladoras del mismo.

b) En el caso de que ambas partes sean personas físicas, cuando exista relación de consanguinidad hasta el segundo grado inclusive, o relación de afinidad hasta el tercer grado inclusive y entre cónyuges.

Décimo.- Será causa de reintegro el incumplimiento de lo establecido en la letra d) del nº 12 del artículo 52 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, introducida por la Ley 2/2002, y recogida en el apartado anterior.

Undécimo.- En el supuesto de renuncia de la subvención concedida, si se han anticipado fondos públicos, el beneficiario vendrá obligado a reintegrar el importe recibido, incrementado en los intereses de demora que correspondan, contraídos desde el momento del abono hasta su reintegro.

Duodécimo.- En el supuesto de que se produzca silencio administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.4 de la Ley Territorial 2/2000, de 17 de julio (B.O.C. nº 94, de 28 de julio), será siempre negativo.

Para lo no previsto en esta Orden, se estará a lo dispuesto en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Consejera de Presidencia y Justicia, en el plazo de un mes desde su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses, a contar del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 46, en relación con lo determinado en el artículo 14, regla primera, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de cualquier otro que se estimara conveniente interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de septiembre de 2003.

LA CONSEJERA DE

PRESIDENCIA Y JUSTICIA,

Mª Australia Navarro de Paz.

© GOBIERNO DE CANARIAS