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BOC Nº 055. Jueves 20 de Marzo de 2003 - 1199

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica

1199 - Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 18 de febrero de 2003, relativa a notificación de resoluciones de expedientes sancionadores a la empresa Cuenda e Iglesias Servicios del Gas, S.L., en ignorado domicilio.

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Habiéndose intentado por esta Viceconsejería sin haberse podido practicar la notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores ES-SIETFE 005/02, ES-SIETFE 006/02 y ES-SIETFE 007/02 incoados a la empresa Cuenda e Iglesias Servicios del Gas, S.L., conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a la empresa Cuenda e Iglesias Servicios del Gas, S.L., la Resolución recaída en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de energía.

2.- Las Resoluciones que se notifican no ponen fin a la vía administrativa y contra las mismas cabe interponer, de acuerdo con lo previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente resolución, ante el Ilmo. Sr. Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

3.- En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.- El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio le remitirá a su propio domicilio.

5.- Remitir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la presente resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de febrero de 2003.- El Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, Wenceslao Berriel Martínez.

Resolución de la Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, recaída en el expediente sancionador ES.SIETFE-005/02 instruido a Cuenda e Iglesias Servicios del Gas, S.L.

Examinado el expediente sancionador tramitado en este Departamento, instruido a Cuenda e Iglesias Servicios del Gas, S.L., por resolución de iniciación del Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de 11 de noviembre de 2002.

Aceptando íntegramente los motivos reflejados en el acuerdo de iniciación del procedimiento, de fecha 11 de noviembre de 2002, debidamente notificado a la interesada el 17 de diciembre de 2003, que se toma como propuesta de resolución al no haber sido contestado por aquella, y contener el citado acuerdo de inicio un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad de la imputada, de conformidad con lo previsto en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El 27 de noviembre de 2001 se recibió denuncia efectuada por Dña. María Reinhardt respecto a la actividad de la empresa C. & I. Servicios del Gas, S.L., llevada a cabo en el apartamento 802-A del Edificio Sibora en la Avenida Marítima, 2, 1, 8ª de Los Silos, en referencia a la revisión de instalaciones de gas. Tras lo cual se abrió el expediente VBT-01/286 a los efectos de comprobar los hechos denunciados.

Tras el escrito de denuncia se procede a solicitar:

1.- De la compañía denunciada, mediante escrito de 4 de diciembre de 2001 con registro de salida 255596 de 7 de diciembre de 2001, del que al no recibirse respuesta se reitera mediante escrito de 31 de julio de 2002, registro de salida 247869 de 7 de agosto de 2002, la siguiente documentación emitida por esa Compañía durante todo el mes de septiembre del 2001:

- Facturas.

- Presupuestos previos de servicios.

- Certificados de revisión periódica de instalaciones individuales de gas, domésticas y comerciales.

- Los certificados de instalación de gas, instalaciones en edificios habitados (emitidos desde el 15 de junio de 2001 al 4 de diciembre de 2001).

Hasta el día de la fecha la citada compañía no ha remitido ninguno de los documentos solicitados.

2.- Así mismo se solicitó del Servicio de Seguridad industrial de Santa Cruz de Tenerife y del Servicio de Instalaciones Energéticas de Las Palmas de Gran Canaria que informaran de si la Compañía C. & I. Servicios del Gas, S.L. en el último año había remitido la documentación establecida en el apartado 9.5 del anexo B de la Orden del Ministerio de Industria de 17 de diciembre de 1985, en concreto si remitieron los certificados de instalación y revisión de gas emitidos por dicha empresa. Ambos Servicios contestan, según consta acreditado documentalmente en el expediente que no han remitido ninguno de los documentos citados.

2º) El 11 de enero de 2002 se ordenó la incoación de expediente sancionador, que lleva el nº ES-SIETFE-005/02, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento, habiéndose notificado con acuse de recibo el 17 de diciembre de 2002.

3º) La expedientada hasta la fecha no ha presentado alegaciones ni prueba alguna que desvirtúe los hechos imputados, por lo que el Acuerdo de inicio se toma como Propuesta de resolución, conforme permite el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido realizadas de conformidad con el Título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas y documentos que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar las sanciones se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad y los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidos en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 34.2 de la Ley 21/1992, de 16 de julio.

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al contenido de los documentos obrantes en el expediente, sin que al Órgano resolutorio le conste, al dictar la presente Resolución, que la expedientada haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe el Acuerdo de inicio del presente expediente sancionador.

Sexta.- Hechos imputados.

1. No presentar los documentos que se detallan a continuación requeridos por el Servicio de Instalaciones Energéticas de la Dirección General de Industria y Energía:

- Facturas (de septiembre de 2001).

- Presupuestos previos de servicios (de septiembre de 2001).

- Certificados de revisión periódica de instalaciones individuales de gas, domésticas y comerciales (de septiembre de 2001).

- Los certificados de instalación de gas, instalaciones en edificios habitados (emitidos desde el 15 de junio de 2001 al 4 de diciembre de 2001).

2. No remitir anualmente al órgano competente de la Administración Autónoma de Canarias los certificados de instalación y revisión de gas emitidos por dicha empresa.

Séptima.- Tipificación de las infracciones.

Se imputa la presunta comisión de la siguiente infracción administrativa:

1. El no facilitar la información requerida por la Administración supone infracción administrativa según lo preceptuado en el artículo 31.2.d) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, en el cual se establece que es infracción:

"La resistencia de los titulares de actividades e instalaciones industriales en permitir el acceso o facilitar la información requerida por las Administraciones Públicas, cuando hubiese obligación legal o reglamentaria de atender tal petición de acceso o información."

en relación con el artículo 39.2.B).1.h) del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, y la instrucción 9.8 del anexo B, de la Orden ministerial de 17 de diciembre de 1985, por la que se aprueban las Instrucciones sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles y la Instrucción sobre Instaladores Autorizados de Gas y Empresas Instaladoras (B.O.E. nº 8, de 9.1.86).

2. El hecho de no remitir anualmente al OTC, organismo territorial competente, en este supuesto los Servicios territoriales de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria de la Dirección General de Industria y Energía, los certificados de instalaciones de gas emitidos por C. & I. Servicios del Gas, S.L. supone una infracción administrativa según establece el artículo 39.e) del Real Decreto 1.085/1992, en relación con el artículo 19 del citado Real Decreto, que consideran infracción imputable a las empresas instaladoras de gas el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades establecidas en las disposiciones vigentes, todo ello en relación con la instrucción 9.8.c) del anexo B, de la Orden ministerial de 17 de diciembre de 1985, la cual determina como obligación de las empresas instaladoras de gas:

El informar anualmente a los OTC en los que se encuentra inscrita: /.../ De los certificados de instalación de gas emitidos según lo preceptuado en el apartado 9.5 (obligación de emitir los preceptivos certificados de instalación de gas o de revisión), señalando los Instaladores autorizados que las han realizado.

Octava.- Calificación de las infracciones.

1. En cuanto a la infracción reseñada en el punto 1 del apartado "Hechos Imputados", sobre negativa a entregar los documentos, ha de ser calificada como falta grave al estar encuadrada dentro de las establecidas como tales en el artículo 31.2 de la Ley 21/1992.

2. Respecto a la infracción reseñada en el apartado 2 "Hechos Imputados", sobre no remitir anualmente al OTC los certificados de instalaciones de gas emitidos por la empresa instaladora, ha de ser calificada como falta leve al estar encuadrada dentro de lo establecido en el artículo 40.1 del Real Decreto 1.085/1992, ya que no figura tipificada en los apartados 2 y 3 del citado artículo 40 que regula las faltas graves y muy graves.

Novena.- Sanciones que puedan corresponder.

La primera de las infracciones imputadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 34.1.b) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, por tratarse de una infracción grave, puede ser sancionada con una multa pecuniaria con cuantía de entre 3.005,07 y 90.151,81 euros.

La segunda de las infracciones puede ser sancionada con una multa de hasta 3.005,06 euros de conformidad con lo que establece el artículo 42.1.a) del Real Decreto 1.085/1992, de 11 de septiembre.

Décima.- Responsabilidad.

La responsabilidad de las infracciones imputadas en este expediente corresponden, como autor material de los hechos, y de conformidad con el artículo 41.a) del Real Decreto 1.085/1992, de 11 de septiembre, a la empresa instaladora de gas Cuenda e Iglesias Servicios del Gas, S.L.

Undécima.- Medidas provisionales.

No se establecen.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con lo dispuesto en el título II, capítulo III, sección 1ª, artículo 38.7.i), del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica.

R E S U E L V O:

Imponer a la empresa Cuenda e Iglesias Servicios del Gas, S.L.

1.- Por el primero de los hechos imputados, no presentar la documentación requerida, una sanción económica de cuarenta y cinco mil euros (45.000 euros).

2.- Por el segundo de los hechos imputados una sanción económica consistente en multa de mil quinientos euros (1.500 euros).

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

NOTA.- El pago de la sanción deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio le remitirá a su propio domicilio.- Santa Cruz de Tenerife, a 11 de febrero del 2003.- El Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, Wenceslao Berriel Martínez.

Resolución de la Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, recaída en el expediente sancionador ES.SIETFE-006/02 instruido a Cuenda e Iglesias Servicios del Gas, S.L.

Examinado el expediente sancionador tramitado en este Departamento, instruido a Cuenda e Iglesias Servicios del Gas, S.L., por resolución de iniciación del Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de 23 de diciembre de 2002.

Aceptando íntegramente los motivos reflejados en el acuerdo de iniciación del procedimiento, de fecha 23 de diciembre de 2002, debidamente notificado a la interesada el 9 de enero de 2003, que se toma como propuesta de resolución al no haber sido contestado por aquella, y contener el citado acuerdo de inicio un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad de la imputada, de conformidad con lo previsto en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Teniendo en cuenta los siguientes

II. ANTECEDENTES

1º) El 31 de octubre de 2002 se recibió escrito de la Policía Local del Ayuntamiento de La Laguna con el que se adjunta las actuaciones practicadas por dos de sus agentes (números de identificación P-137 y P-150) el 17 de octubre de 2002, en el piso 3º F del Edificio Atlántida, en el nº 23 de la Carretera General de la Cuesta-Taco, en La Laguna. En dicho lugar los agentes de la Autoridad actuantes comprobaron que había un incidente entre el dueño de la vivienda y D. Sergio Núñez Llado, el cual se identificó, tanto a los agentes actuantes como al propietario de la vivienda en el momento que se personó en la misma, como instalador de gas de la empresa Cuenda e Iglesias Servicios del Gas, S.L., incidente que versaba sobre la negativa del primero a abonar la factura de los servicios realizados por el Sr. Núñez, servicios que habían consistido en la revisión de la instalación de gas de la vivienda y reparación de los defectos encontrados. El citado operario prueba su relación laboral con la empresa Cuenda e Iglesias Servicios del Gas, S.L., exhibiendo a los agentes actuantes un carnet o certificado que le acredita como empleado de dicha empresa.

2º) Consultados los archivos, el registro de instaladores autorizados de gas y el expediente administrativo de la empresa Cuenda e Iglesia Servicios del Gas, S.L., se comprueba que el Sr. D. Sergio Núñez Llado no figura inscrito en el registro de instaladores autorizados de gas de esta Comunidad Autónoma, ni consta como uno de los instaladores pertenecientes a la citada empresa instaladora.

3º) La empresa Cuenda e Iglesias Servicios del Gas, S.L. registrada y autorizada en la Comunidad Autónoma de Baleares, según consta acreditado en el expediente administrativo que obra en la Dirección General de Industria y Energía, ha venido solicitando desde 1999 autorización temporal para ejercer su actividad en la Comunidad Autónoma de Canarias. Autorización renovable por períodos anuales, según establece la instrucción 11.3 del anexo B de la Orden ministerial de 17 de diciembre de 1985. El 22 de noviembre de 2002 caducó la autorización temporal obtenida por silencio administrativo, desde dicha fecha la citada empresa no ha solicitado una nueva renovación, por lo que desde el 23 de noviembre de 2002 dicha empresa no puede ejercer su actividad en esta Comunidad Autónoma al no contar con la preceptiva autorización.

4º) El 23 de diciembre de 2002 se ordenó la incoación de expediente sancionador, que lleva el nº ES-SIETFE-006/02, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento, habiéndose notificado con acuse de recibo el 9 de enero de 2002.

5º) La expedientada hasta la fecha no ha presentado alegaciones ni prueba alguna que desvirtúe los hechos imputados, por lo que el Acuerdo de inicio se toma como propuesta de resolución, conforme permite el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido realizadas de conformidad con el Título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas y documentos que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar las sanciones se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad y los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidos en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 34.2 de la Ley 21/1992, de 16 de julio.

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al contenido de la denuncia de la Policía Local de La Laguna y de los documentos obrantes en el expediente, sin que al Órgano resolutorio le conste, al dictar la presente Resolución, que la expedientada haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe el Acuerdo de inicio del presente expediente sancionador.

Sexta.- Hechos imputados.

El realizar la operación de revisión de una instalación de gas y reparación de los defectos encontrados en una vivienda, persona que no tiene acreditada la condición de instalador autorizado de gas, y que no figura como instalador autorizado de la empresa Cuenda e Iglesias, S.L., sino que consta como mero empleado de la misma.

Séptima.- Tipificación de la infracción.

Se imputa la presunta comisión de la siguiente infracción administrativa:

El realizar la operación de revisión de una instalación de gas y corregir los defectos encontrados en la misma persona que no tiene acreditada la condición de instalador autorizado de gas, supone la comisión de una infracción tipificada en el artículo 39.e) del Real Decreto 1.085/1992, de 11 de septiembre, en relación con el artículo 19 de dicha norma y las instrucciones 1, 2.1.1, 2.1.3, 4, 8.1, 8.3, y 9.5, todas ellas del anexo B (Instrucción sobre Instaladores autorizados de gas y Empresas Instaladoras), de la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 17 de diciembre de 1985, por la que se aprueban la Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles y la Instrucción sobre Instaladores Autorizados de gas y Empresas instaladoras.

Octava.- Calificación de la infracción.

Respecto de la infracción tipificada sobre realizar operación de revisión de la instalación de gas persona no autorizada, comporta un grave riesgo para personas y bienes que las revisiones las realicen personas no autorizadas, y por tanto, que no disponen de los conocimientos mínimos necesarios y obligatorios para realizar con todas las garantías de seguridad los trabajos correspondientes, negligencia que viene tipificada en el artículo 40.2.h) e i) del Real Decreto 1.085/1992, como infracción administrativa grave.

Novena.- Sanciones que puedan corresponder.

La infracción imputada puede ser sancionada con una multa de entre 3.005,07 y 60.101,21 euros, de conformidad con lo que establece el artículo 42.1.b) del Real Decreto 1.085/1992, de 11 de septiembre.

Además, y sin perjuicio de lo anterior, al tratarse de una infracción de carácter grave, y según lo dispuesto en el penúltimo párrafo del punto primero del artº. 42 del Real Decreto 1.085/1992, de 11 de septiembre, la sanción que le pudiera corresponder podrá dar lugar a la revocación o suspensión de la autorización administrativa vinculada con la actividad, siendo para la Comunidad Autónoma de canarias la autorización temporal para ejercer la actividad de empresa Instaladora Autorizada de G.L.P., en las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, dado que la citada empresa se encuentra registrada y autorizada en la Comunidad Autónoma de Baleares.

Asimismo, conforme dispone el punto 11.4 de la Instrucción sobre Instaladores Autorizados de Gas y Empresas Instaladoras, Orden de 17 de diciembre de 1985, el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contraídas por la empresa de gas, podrá dar lugar a la cancelación de la inscripción y de retirada del certificado de empresa instaladora de gas.

Décima.- Responsabilidad.

La responsabilidad de las infracciones imputadas en este expediente corresponden, como autor material de los hechos, y de conformidad con el artículo 41.a) del Real Decreto 1.085/1992, de 11 de septiembre, a la empresa instaladora de gas Cuenda e Iglesias Servicios del Gas, S.L.

Undécima.- Medidas provisionales.

En el Acuerdo de inicio del presente expediente se acordaron las siguientes medidas provisionales:

1. Comunicar a través de la Dirección General de Industria y Energía a las administraciones y Organismos que ejerzan algún tipo de control sobre empresas instaladoras de gas y en concreto sobre la expedientada, que dicha empresa desde el 22 de noviembre de 2002 no cuenta con autorización que le permita ejercer su actividad en el ámbito de esta Comunidad.

2. Comunicar a la Administración de la Comunidad Autónoma de Baleares, en la que se haya inscrita la empresa expedientada, los hechos recogidos en el Acuerdo de inicio del expediente de referencia a los efectos procedentes.

3. No dictar ninguna autorización temporal para el ejercicio de la actividad que le es propia en el ámbito de esta Comunidad Autónoma, en el supuesto de que la expedientada la solicite o solicite la renovación de la que expiró el 22 de noviembre de 2002, en tanto no se resuelva el presente expediente sancionador.

Dado que la presente resolución no pone fin a la vía administrativa y es susceptible de recurso de alzada ante el consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica, se mantienen como medida cautelar la vigencia de las medidas provisionales adoptadas en el acuerdo de inicio del expediente, en tanto la presente resolución no sea ejecutiva, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 21.4 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con lo dispuesto en el título II, capítulo III, sección 1ª, artículo 38.7.i), del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica.

R E S U E L V O:

Imponer a la empresa Cuenda e Iglesias Servicios del Gas, S.L.

Una sanción económica consistente en multa de cincuenta mil euros (50.000 euros) y cancelación de la inscripción en el registro de empresas instaladoras de gas de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias de la citada empresa.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

NOTA.- El pago de la sanción deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio le remitirá a su propio domicilio.- Santa Cruz de Tenerife, a 11 de febrero de 2003.- El Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, Wenceslao Berriel Martínez.

Resolución de la Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, recaída en el expediente sancionador ES.SIETFE-006/02 instruido a Cuenda e Iglesias Servicios del Gas, S.L.

Examinado el expediente sancionador tramitado en este Departamento, instruido a Cuenda e Iglesias Servicios del Gas, S.L., por resolución de iniciación del Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de 23 de diciembre de 2002.

Aceptando íntegramente los motivos reflejados en el acuerdo de iniciación del procedimiento, de fecha 23 de diciembre de 2002, debidamente notificado a la interesada el 9 de enero de 2003, que se toma como propuesta de resolución al no haber sido contestado por aquella, y contener el citado acuerdo de inicio un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad de la imputada, de conformidad con lo previsto en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Teniendo en cuenta los siguientes

III. ANTECEDENTES

1º) El 11 de diciembre de 2002 se recibió denuncia de Dña. Beatriz Orihuela Ramón respecto a la actividad de la empresa Cuenda e Iglesias Servicio del Gas, S.L. llevada a cabo en su vivienda, en referencia a la revisión de la instalación de gas.

En el escrito de denuncia, se aporta factura, presupuesto del servicio realizado y certificado de revisión periódica de la instalación de gas y se solicita inspección por parte de técnicos de esta Consejería para que se compruebe la idoneidad de los trabajos efectuados. Inspección que se realizó por el que suscribe el 12 de diciembre de 2002.

2º) En la reclamación consta que el operario que realizó la revisión de la instalación de gas de la vivienda de la reclamante fue el nº 38.086, y sin embargo dicho certificado aun cumplimentado por dicho operario, fue firmado por el instalador Manuel Arteaga Tellez, el cual no realizó materialmente la revisión.

3º) El 12 de diciembre de 2002, un técnico facultativo de la Dirección General de Industria y Energía se desplazó al domicilio de la Sra. Orihuela y procedió a realizar inspección de la instalación de gas de dicha vivienda, levantando al efecto acta de inspección en el que se hace constar:

- Que la revisión de la instalación de gas de la vivienda de la reclamante la realizó el operario nº 38.086 de la empresa Cuenda e Iglesias Servicios del Gas, S.L., el cual emitió certificado de revisión de la instalación en el que hizo constar que en la misma no existe ningún defecto mayor ni menor.

- Que "El local cocina no dispone de entrada directa de aire ni de entrada indirecta de aire", que "El local cocina no dispone de sistema de evacuación de los productos de la combustión", que "El calentador no dispone de sistema de evacuación de los productos de la combustión", y que "El calentador no dispone de entrada de aire reglamentaria en zona baja".

4º) Consultados los archivos, el registro de instaladores autorizados de gas y el expediente administrativo de la empresa Cuenda e Iglesia Servicios del Gas, S.L., se comprueba que el operario nº 38.086 no figura inscrito en el registro de instaladores autorizados de gas de esta Comunidad Autónoma, ni consta como uno de los instaladores pertenecientes a la citada empresa instaladora.

5º) La empresa Cuenda e Iglesias Servicios del Gas, S.L. registrada y autorizada en la Comunidad Autónoma de Baleares, según consta acreditado en el expediente administrativo que obra en la Dirección General de Industria y Energía, ha venido solicitando desde 1999 autorización temporal para ejercer su actividad en la Comunidad Autónoma de Canarias. Autorización renovable por períodos anuales, según establece la instrucción 11.3 del anexo B de la Orden ministerial de 17 de diciembre de 1985. El 22 de noviembre de 2002 caducó la autorización temporal obtenida por silencio administrativo, desde dicha fecha la citada empresa no ha solicitado una nueva renovación, por lo que desde el 23 de noviembre de 2002 dicha empresa no puede ejercer su actividad en esta Comunidad Autónoma al no contar con la preceptiva autorización.

Consta acreditado, según los documentos aportados por la Sra. Orihuela, factura, presupuesto y certificado de revisión, todos ellos de fecha 9 de diciembre de 2002 que la empresa Cuenda e Iglesias Servicios del Gas, S.L. ha ejercido actividad como empresa instaladora de gas en fecha posterior al 22 de noviembre de 2002, por lo que dicha actividad se ha efectuado sin contar con la preceptiva autorización administrativa que le habilite para ejercer su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.

6º) El 23 de diciembre de 2002 se ordenó la incoación de expediente sancionador, que lleva el nº ES-SIETFE-007/02, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento, habiéndose notificado con acuse de recibo el 9 de enero de 2002.

7º) La expedientada hasta la fecha no ha presentado alegaciones ni prueba alguna que desvirtúe los hechos imputados, por lo que el Acuerdo de inicio se toma como propuesta de resolución, conforme permite el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido realizadas de conformidad con el Título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas y documentos que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar las sanciones se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad y los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidos en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 34.2 de la Ley 21/1992, de 16 de julio.

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base a los documentos emitidos por la propia expedientada, y aportados por la reclamante, la Sra. Beatriz Orihuela Ramón, al Acta de inspección suscrita por técnico facultativo competente de la Dirección General de Industria y Energía, y al expediente administrativo de la empresa expedientada, sin que al Órgano resolutorio le conste, al dictar la presente Resolución, que la expedientada haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe el Acuerdo de inicio del presente expediente sancionador.

Sexta.- Hechos imputados.

1. A) El suscribir el certificado de revisión nº 0012338 persona que no efectuó de manera material dicha revisión y que incluso no se hallaba presente en la vivienda en el momento que se realizó la citada revisión.

B) El realizar la operación de revisión de una instalación de gas en una vivienda, persona que no tiene acreditada la condición de instalador autorizado de gas, y que no figura como instalador autorizado de la empresa Cuenda e Iglesias, Servicio del Gas, S.L., sino que consta como mero empleado de la misma.

2. Que la empresa Cuenda e Iglesias Servicio del Gas, S.L. extendió certificado de revisión periódica de la instalación individual de gas de la vivienda de la denunciante, Dña. Beatriz Orihuela Ramón número 00012338 de 9 de diciembre de 2002, en el que se certificaba que en dicha instalación "no existe ningún defecto mayor ni menor de los indicados al dorso", cuando se ha comprobado según se hace constar en el Acta de inspección de 12 de diciembre de 2002 suscrita por técnico competente de la Dirección General de Industria y Energía que "El local cocina no dispone de entrada directa de aire ni de entrada indirecta de aire", que "El local cocina no dispone de sistema de evacuación de los productos de la combustión", que "El calentador no dispone de sistema de evacuación de los productos de la combustión", y que "El calentador no dispone de entrada de aire reglamentaria en zona baja". Los hechos reflejados en el acta de inspección, suponen la existencia de cuatro defectos menores, por cuanto:

- El apartado 5.2.3.2 de la Instrucción Técnica Complementaria (I.T.C.) MI-IRG 05, sobre Locales destinados a contener aparatos a gas, condiciones de ventilación y configuración, determina la obligación de disponer de una entrada directa de aire o de una entrada indirecta con los requisitos establecidos en el punto 05.2.2.1, es decir, que el local contiguo tenga una entrada directa y permanente de aire a una distancia no superior a 30 cm del suelo, requisitos que no se cumplían en el local donde se ubica la cocina, ni el local donde se ubica el calentador de la reclamante y cuyo incumplimiento debería haberse hecho constar en el certificado de revisión extendido por la expedientada.

- El apartado 5.2.3.1 de la Instrucción antes citada establece los sistemas de evacuación de los productos de la combustión a través de orificios o conductos de evacuación, ninguno de los cuales existía en el local donde estaba ubicado el calentador ni en el local cocina, hechos que debería haberse reflejado en el Certificado de revisión.

- Hechos calificados como defectos menores de conformidad con el artículo 16.3 del Reglamento de Instalaciones de Gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos y comerciales aprobado por Real Decreto 1.853/1993, de 22 de octubre (B.O.E. nº 281, de 24 de noviembre), el artículo 2 y la Disposición final primera, apartado uno del citado Real Decreto y la instrucción 13.2.2 del apéndice al mencionado Reglamento.

Por lo expuesto se ha expedido un certificado cuyo contenido no se ajusta a la realidad de los hechos, ya que la instalación presenta cuatro defectos menores: falta de entrada de aire directa o indirecta en el local cocina, falta de orificio o conducto de evacuación de la combustión en el local donde está instalado el calentador y falta de entrada de aire en este último local, y en el certificado de referencia no se menciona la existencia de los mismos.

3. Que la empresa instaladora de gas, Cuenda e Iglesias Servicio del Gas, S.L. ejerció actividad como tal en diciembre de este año sin contar con la preceptiva autorización administrativa que le capacitara para dicho ejercicio.

Séptima.- Tipificación de las infracciones.

Se imputa la presunta comisión de la siguiente infracción administrativa:

1. Respecto a la realización y firma del certificado de revisión periódica nº 23.611 extendido por la expedientada.

A) El emitir un certificado de revisión de instalaciones de gas persona que no ha realizado la revisión de la instalación de gas de la vivienda de la reclamante está tipificado como infracción administrativa en el artículo 31.2.e) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (B.O.E. nº 176, de 23.7.92), ya que la certificación no se ajusta a la realidad de los hechos al no ser cierto que la persona que suscribe el certificado, accediera a la vivienda y revisara la instalación de la misma, obligación establecida en las instrucciones 2.1.3 y 9.5 de del anexo B de la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 17 de diciembre de 1985 (B.O.E. nº 8, del 9.1.86).

B) El realizar la operación de revisión de una instalación de gas persona que no tiene acreditada la condición de instalador autorizado de gas supone la comisión de una infracción tipificada en el artículo 39.e) del Real Decreto 1.085/1992, de 11 de septiembre, en relación con el artículo 19 de dicha norma y las instrucciones 1, 2.1.3, 4, 8.3, y 9.5, todas ellas del anexo B (Instrucción sobre Instaladores autorizados de gas y Empresas Instaladoras), de la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 17 de diciembre de 1985, por la que se aprueban la Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles y la Instrucción sobre Instaladores Autorizados de Gas y Empresas Instaladoras.

Además, este hecho, que las revisiones las realicen personas no autorizadas, y por tanto, que no disponen de los conocimientos mínimos necesarios y obligatorios para realizar con todas las garantías de seguridad los trabajos correspondientes, comporta un grave riesgo para personas y bienes, negligencia que viene tipificada en el artículo 40.2.h) e i) del Real Decreto 1.085/1992, como infracción administrativa. En este sentido cabe señalar que el artículo 16.3 del Reglamento de Instalaciones de gas establece que los defectos menores deben ser comunicados al usuario, por la entidad que realiza la revisión, con indicación de que en un plazo no superior a seis meses debe proceder a su corrección por medio de un instalador autorizado; con la actuación de la empresa instaladora la propietaria de la instalación nunca se habría enterado de estos defectos, no los habría podido subsanar, con lo que con el paso del tiempo y el envejecimiento de las instalaciones y aparatos, el riesgo de accidente por explosión por acumulación de gases e intoxicación por inhalación de gases procedentes de la combustión se vería enormemente incrementado.

2. El hecho de que la empresa Cuenda e Iglesias Servicio del Gas, S.L. certificara que en la instalación individual de gas de la vivienda de la denunciante, Dña. Beatriz Orihuela Ramón, no existía ningún defecto mayor ni menor, cuando del Acta de Inspección suscrita por técnico facultativo competente se comprueba que existían cuatro defectos menores, supone la comisión de una infracción tipificada en el artículo 31.2.e) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, al no ajustarse el certificado de revisión periódica nº 23.611 de la empresa expedientada a la realidad de los hechos.

3. El hecho de que la empresa Cuenda e Iglesias Servicio del Gas, S.L. ejerciera su actividad en diciembre del 2002 sin contar con la preceptiva autorización administrativa, está tipificado como infracción en el artículo 31.2.b) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, en relación con las instrucciones 6 y 11.3 del anexo B (Instrucción sobre Instaladores autorizados de gas y Empresas Instaladoras), de la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 17 de diciembre de 1985, por la que se aprueban la Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles y la Instrucción sobre Instaladores Autorizados de Gas y Empresas Instaladoras.

Octava.- Calificación de las infracciones.

En cuanto a las infracciones reseñadas en el punto 1.-A) del apartado "Hechos Imputados", sobre la firma del certificado de revisión por persona distinta a la que efectuó la operación, ha de ser calificada como grave de conformidad con el punto e) del apartado 2 del artículo 31 de la Ley 21/1992, de 16 de julio.

Respecto de la infracción tipificada en el apartado 1.-B) de los Hechos Imputados sobre realizar operación de revisión de la instalación de gas persona no autorizada, comporta un grave riesgo para personas y bienes que las revisiones las realicen personas no autorizadas, y por tanto, que no disponen de los conocimientos mínimos necesarios y obligatorios para realizar con todas las garantías de seguridad los trabajos correspondientes, negligencia que viene tipificada en el artículo 40.2.h) e i) del Real Decreto 1.085/1992, como infracción administrativa grave.

Respecto a la infracción mencionada en el apartado 2 de los hechos imputados, sobre certificar la ausencia de defectos cuando en realidad existían tres defectos menores, se encuentra entre las infracciones calificadas como graves por el artículo 31.2 de la Ley 21/1992, de 16 de julio.

Respecto a la infracción mencionada en el apartado 3 de los hechos imputados, sobre ejercer la actividad de empresa instaladora autorizada de gas sin contar con la preceptiva autorización, se encuentra entre las infracciones calificadas como graves por el artículo 31.2 de la Ley 21/1992, de 16 de julio.

Novena.- Sanciones que puedan corresponder.

En el presente supuesto y teniendo en cuenta los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidos en el artículo 34.2 de la Ley 21/1992, de Industria y lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A.- Las infracciones imputadas en los puntos 1.-A), 2 y 3 del apartado de Hechos Imputados, calificadas todas ellas como graves pueden ser sancionadas, cada una de ellas, con una multa pecuniaria de entre de 3.005,07 hasta 90.151,82 euros, de conformidad con el artículo 34.1.b) de la Ley 21/1992.

En la graduación de la infracción mencionada en el punto 2, el emitir un certificado con ausencia de defectos en la instalación, cuando la misma tenía tres defectos, hay que considerar el grave riesgo que supone que la propietaria de la instalación desconociera la existencia de defectos en la misma, al haber incumplido la empresa instaladora su obligación de reseñarlos en el correspondiente certificado, y por tanto desconocer que tenía un plazo no superior a seis meses para su corrección, con lo que con el paso del tiempo y el envejecimiento de las instalaciones y aparatos el riesgo de accidente por explosión por acumulación de gases e intoxicación por inhalación de gases procedentes de la combustión se vería enormemente incrementado.

B.- Respecto a la infracción imputada como grave en el punto 1.-B) de los "Hechos imputados", de conformidad con el artículo 42.1.b) del Real Decreto 1.085/1992, de 11 de septiembre, podrá ser sancionada con multa pecuniaria de 3.005,07 hasta 60.101,21 euros, por lo que en el presente supuesto y considerando la grave negligencia que supone y el elevado riesgo para las personas y bienes que las operaciones de revisiones de gas las efectúe personal no autorizado y por tanto técnicamente incapacitado para realizar dichos trabajos, es por lo que puede corresponder una sanción de treinta mil euros (30.000 euros).

Además, y sin perjuicio de lo anterior, al tratarse de una infracción de carácter grave, y según lo dispuesto en el penúltimo párrafo del punto primero del artº. 42 del Real Decreto 1.085/1992, de 11 de septiembre, la sanción que le pudiera corresponder podrá dar lugar a la revocación o suspensión de la autorización administrativa vinculada con la actividad, siendo para la Comunidad Autónoma de Canarias la autorización temporal para ejercer la actividad de empresa Instaladora Autorizada de G.L.P., en las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, dado que la citada empresa se encuentra registrada y autorizada en la Comunidad Autónoma de Baleares.

Asimismo, conforme dispone el punto 11.4 de la Instrucción sobre Instaladores Autorizados de Gas y Empresas Instaladoras, Orden de 17 de diciembre de 1985, el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contraídas por la empresa de gas, podrá dar lugar a la cancelación de la inscripción y de retirada del certificado de empresa instaladora de gas.

Décima.- Responsabilidad.

La responsabilidad de las infracciones imputadas en este expediente corresponden, como autor material de los hechos, y de conformidad con el artículo 41.a) del Real Decreto 1.085/1992, de 11 de septiembre, a la empresa instaladora de gas Cuenda e Iglesias Servicios del Gas, S.L.

Undécima.- Medidas provisionales.

En el Acuerdo de inicio del presente expediente se acordaron las siguientes medidas provisionales:

1. Comunicar a través de la Dirección General de Industria y Energía a las administraciones y Organismos que ejerzan algún tipo de control sobre empresas instaladoras de gas y en concreto sobre la expedientada, que dicha empresa desde el 22 de noviembre de 2002 no cuenta con autorización que le permita ejercer su actividad en el ámbito de esta Comunidad.

2. Comunicar a la Administración de la Comunidad Autónoma de Baleares, en la que se haya inscrita la empresa expedientada, los hechos recogidos en el Acuerdo de inicio del expediente de referencia a los efectos procedentes.

3. No dictar ninguna autorización temporal para el ejercicio de la actividad que le es propia en el ámbito de esta Comunidad Autónoma, en el supuesto de que la expedientada la solicite o solicite la renovación de la que expiró el 22 de noviembre de 2002, en tanto no se resuelva el presente expediente sancionador.

Dado que la presente resolución no pone fin a la vía administrativa y es susceptible de recurso de alzada ante el consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica, se mantienen como medida cautelar la vigencia de las medidas provisionales adoptadas en el acuerdo de inicio del expediente, en tanto la presente resolución no sea ejecutiva, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 21.4 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con lo dispuesto en el título II, capítulo III, sección 1ª, artículo 38.7.i), del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica.

R E S U E L V O:

Imponer a la empresa Cuenda e Iglesias Servicios del Gas, S.L.

1.- Por la infracción de emitir un certificado de revisión persona distinta de la que en realidad realizó la revisión, apartado 1.-A) "Hechos Imputados", la sanción de veinticuatro mil euros (24.000 euros).

2.- Por la infracción de realizar revisión de una instalación de gas persona no autorizada, apartado 1.-B) "Hechos Imputados", la sanción de treinta mil euros (30.000 euros).

3.- Por la infracción de emitir un certificado de revisión de instalación de gas con ausencia de defectos, cuando en realidad la instalación presentaba tres defectos, apartado 2 "Hechos Imputados", la sanción de treinta mil euros (30.000 euros).

4.- Por la infracción de ejercer la actividad de empresa instaladora de gas sin contar con la preceptiva autorización administrativa, apartado 3 "Hechos Imputados", la sanción de cuarenta mil euros (40.000 euros).

5.- Por el conjunto de las infracciones antes expuestas se ordena la cancelación de la inscripción en el registro de empresas instaladoras de gas de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias a la empresa Cuenda e Iglesias Servicios del Gas, S.L.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

NOTA.- El pago de la sanción deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio le remitirá a su propio domicilio.- Santa Cruz de Tenerife, a 11 de febrero de 2003.- El Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, Wenceslao Berriel Martínez.

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