Gobierno de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

Boletín Oficial de Canarias

Estás en:

BOC Nº 036. Viernes 21 de Febrero de 2003 - 306

I. DISPOSICIONES GENERALES - Consejería de Economía, Hacienda y Comercio

306 - DECRETO 16/2003, de 10 de febrero, por el que se regula la presentación de declaraciones por medio de representante con el fin de proceder al despacho de importación y exportación relativo a los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Descargar en formato pdf

A la Comunidad Autónoma de Canarias le corresponden las competencias de gestión tanto del Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.), como del Arbitrio sobre Importaciones y Entrega de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM), regulados por Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.

Estos tributos, entre otras materias, recaen sobre las operaciones de importación de bienes en el Archipiélago Canario. Tradicionalmente, los Agentes y Comisionistas de Aduanas, como profesionales que se dedican a la mediación en el comercio exterior, han sido los únicos representantes autorizados para intervenir en los despachos de importación y exportación ante la Administración Tributaria Canaria. Como consecuencia de ello, y en su carácter de colaboradores de la citada Administración, tienen regulada su actuación con la misma a través del Decreto 34/1998, de 2 de abril, por el que se regula la autorización a los Agentes y Comisionistas de Aduanas para intervenir en los despachos de importación y exportación relativos a los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

No obstante el carácter exclusivo que, de hecho, ha tenido hasta ahora la intervención de los Agentes y Comisionistas de Aduanas como representantes en los despachos de importación y exportación relativos a los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, tanto la Ley 20/1991, de 7 de junio, como el Decreto 139/1991, de 28 de junio, por el que se aprueban las normas de gestión, liquidación, recaudación e inspección de las importaciones de bienes sujetas al Arbitrio sobre la Producción e Importación en Canarias, y de revisión de los actos dictados en aplicación del mismo, que es también aplicable al AIEM y al I.G.I.C. en materia de importaciones, contemplan la posibilidad de que otros operadores económicos distintos de los citados Agentes y Comisionistas de Aduanas puedan actuar como representantes en los citados despachos de importación y exportación. Esta posibilidad está contemplada, en el ámbito de la Unión Europea, en el artículo 5 del Código Aduanero Comunitario, aprobado por Reglamento 2.913/1992/CEE, de 12 de octubre, del Consejo, y en el ámbito del Estado, por el Real Decreto 1.889/1999, de 13 de diciembre, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones de aduana, además de la normativa de desarrollo del citado Real Decreto. Por tanto es aconsejable que, de una manera real y efectiva, se amplíe el ámbito de las personas que puedan presentar declaraciones para efectuar los despachos de importación y exportación relativos a los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Con ello, y teniendo en cuenta los especiales canales de suministros de mercancías en Canarias, básicamente por vía de comercio externo, y el carácter ultraperiférico de nuestra Comunidad Autónoma, se intenta abaratar las operaciones comerciales de importación y exportación.

Sin perjuicio de lo anterior, en atención a la especial preparación técnica que cualifica a los Agentes y Comisionistas de Aduanas, resulta aconsejable hacer reserva expresa a favor de estos representantes en la modalidad de representación directa. Dicha reserva también está contemplada en la normativa comunitaria y nacional que regula la materia.

Asimismo, por razones de oportunidad y relación con la materia, el presente Decreto introduce varias modificaciones en el Decreto 34/1998, de 2 de abril, como consecuencia de la necesidad de incorporar a la normativa que regula la relación de los Agentes y Comisionistas de Aduanas con la Administración Tributaria Canaria, por un lado, acabar de una manera definitiva con la situación de interinidad, por su carácter anacrónico, y por el perjuicio que pueda tener para la calidad del servicio prestado, y por el otro, adecuar los supuestos de suspensión y revocación de la autorización a los previstos en la Disposición Adicional Decimosexta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Por otro lado, atendiendo al previsible alto volumen de declaraciones a presentar por todos los representantes, se establece, independientemente del tipo de representación de que se trate, la necesidad de que los citados representantes presenten las declaraciones vía telemática.

En su virtud, visto el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, a propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y Comercio y previa deliberación del Gobierno en su reunión del día 10 de febrero de 2003,

D I S P O N G O:

CAPÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.- Modalidades de representación.

1. Toda persona, física o jurídica, así como las entidades a las que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, podrá actuar ante la Administración Tributaria Canaria por medio de representante debidamente autorizado para efectuar declaraciones, con el fin de proceder al despacho de importación o exportación relativo a los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

2. La representación podrá ser:

a) Directa: cuando el representante actúe en nombre y por cuenta ajena. En este caso, dicha representación sólo podrá ser ejercida por Agentes y Comisionistas de Aduanas debidamente autorizados.

b) Indirecta: cuando el representante actúe en nombre propio pero por cuenta ajena. Esta modalidad de representación podrá ser ejercida por cualquier persona que reúna los requisitos reglamentariamente establecidos y cuente con la debida autorización.

CAPÍTULO I

DE LAS DECLARACIONES EFECTUADAS BAJO LA MODALIDAD DE REPRESENTACIÓN DIRECTA

Artículo 2.- Personas autorizadas.

1. Toda persona, física o jurídica, así como las entidades a las que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que actúe por medio de representante ante la Administración Tributaria Canaria para efectuar declaraciones, con el fin de proceder al despacho de importación o exportación relativo a los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, deberá valerse de un Agente y Comisionista de Aduanas autorizado, cuando la modalidad de representación elegida fuese la directa.

2. Los procedimientos y requisitos de autorización, revocación y suspensión de la misma serán los previstos en el Decreto 34/1998, de 2 de abril, por el que se regula la autorización a los Agentes y Comisionistas de Aduanas para intervenir ante la Administración Tributaria Canaria como representantes en los despachos de importación y exportación relativos a los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Artículo 3.- Poder de representación.

1. Será medio de prueba suficiente, y en todo caso necesario, del poder de representación otorgado al Agente y Comisionista de Aduanas, la autorización realizada de forma escrita a su favor por el comitente, conforme a modelo aprobado al efecto mediante Orden del Consejero competente en materia de hacienda.

2. El poder de representación podrá ser de carácter global, esto es, para más de una actuación ante la Administración Tributaria Canaria, o, por el contrario, hallarse limitado para la formulación de una sola declaración. Cuando se trate de un poder global, una copia del mismo, debidamente compulsada, se deberá depositar en la Administración Tributaria Insular ante la que haya de surtir efecto, con carácter previo a la presentación de las declaraciones a las que se refiere el citado poder, sin que sea necesario su aportación en cada declaración, siendo suficiente una referencia al mismo.

Por contra, el poder de representación otorgado para una sola declaración, se deberá acompañar y quedará incorporado a la declaración para la que deba surtir efecto, en prueba de su acreditación.

3. El poder otorgado marcará el alcance de la representación, especificando la clase de esta última, así como las operaciones, actuaciones y formalidades a las que se extienda y el plazo de duración.

4. La falta de poder de representación por parte del Agente y Comisionista de Aduanas determinará el considerar que éste actúa en nombre y por cuenta propia.

5. Los Agentes y Comisionistas de Aduanas que dispusieran de un poder de representación podrán, a su vez, otorgar poderes para todo despacho ante la Administración Tributaria Canaria, o parciales para determinadas operaciones, siempre que recaigan en las personas y en los términos a los que se refiere el artículo 8 del Decreto 34/1998, de 2 de abril.

CAPÍTULO II

DE LAS DECLARACIONES EFECTUADAS BAJO LA MODALIDAD DE REPRESENTACIÓN INDIRECTA

Artículo 4.- Personas autorizadas.

1. Toda persona, física o jurídica, así como las entidades a las que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, podrá actuar por medio de representante ante la Administración Tributaria Canaria para efectuar declaraciones, con el fin de proceder al despacho de importación o exportación relativo a los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, de modo que el representante designado pueda hacerlo en nombre propio y por cuenta ajena.

2. Se encuentran capacitados para actuar como representantes ante la Administración Tributaria Canaria, en las declaraciones de importación y exportación, bajo la modalidad de representación indirecta:

a) Las personas físicas que actúen en el ejercicio de una actividad profesional cuya regulación estatutaria les faculte expresamente para formular declaraciones ante la Administración Tributaria, con capacidad para efectuarlas en nombre propio y por cuenta ajena.

b) Las personas jurídicas cuyos socios, asociados, miembros o partícipes actúen en el ejercicio de una actividad profesional cuya regulación estatutaria les faculte expresamente para formular declaraciones ante la Administración Tributaria, con capacidad para efectuarlas en nombre propio y por cuenta ajena.

c) Las personas físicas o jurídicas que, por previsión legal o reglamentaria, se hallen autorizadas por la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio de funciones de intermediación en operaciones de tráfico exterior de mercancías, con facultad para hacerlo en nombre propio y por cuenta ajena.

d) En todo caso, los Agentes y Comisionistas de Aduanas debidamente autorizados, así como las empresas en las que, al menos, uno de los socios tuviera la condición de Agente colegiado de Aduanas con mayoría del capital de la sociedad y cuyo objeto societario consistiese en el ejercicio habitual de funciones de intermediación en operaciones de tráfico exterior de mercancías.

3. Tratándose de personas jurídicas, el socio, asociado, miembro o partícipe mayoritario deberá reunir los requisitos previstos para alguna de las personas físicas descritas en el número anterior.

4. Cuando el representante revista forma societaria, actuará ante la Administración Tributaria Canaria a través de la persona física a la que corresponda la administración de la sociedad o, en su caso, de la persona que dispusiese de poder, otorgado ante fedatario público e inscrito en el Registro Mercantil, expresamente para este fin por el órgano societario competente. En todo caso, el poder indicado ha de recaer necesariamente en persona que se halle al servicio exclusivo de la empresa por medio de relación laboral por tiempo indefinido.

Artículo 5.- Autorización.

1. La Dirección General competente en materia de tributos, previo expediente instruido al efecto, sólo podrá conceder la autorización para el ejercicio de la función de intermediación ante la Administración Tributaria Canaria para efectuar declaraciones con el fin de proceder al despacho de importación o exportación relativo a los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, de modo que el representante designado pueda hacerlo en nombre propio y por cuenta de tercero, tratándose de personas físicas, a aquellas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la persona de que se trate se halle en posesión de la preceptiva titulación o habilitación administrativa necesaria para la práctica de la función de intermediación descrita en el artículo anterior, expedida por el órgano competente y del modo reglamentariamente establecido.

No obstante, no será preciso el cumplimiento del requisito previsto en el párrafo anterior en el caso en que dicha persona figure incorporada a un Colegio Oficial que regule, en el ámbito territorial de demarcación del mismo, el ejercicio de una actividad entre cuyas funciones se encuentre la de intermediación ante la Administración Tributaria, sin estar inhabilitado ni suspendido.

b) Tener su domicilio fiscal o establecimiento permanente abierto en la isla donde tenga el mayor volumen de negocios de aquellas para las que se solicite autorización.

c) Figurar dado de alta en el Censo del Impuesto General Indirecto Canario en la actividad que faculte el ejercicio de las actuaciones de intermediación.

d) Figurar dado de alta como tercero en el Sistema Informático Contable de la Comunidad Autónoma de Canarias.

e) Ejercer personalmente la función de representación o a través de personal de su dependencia que se halle a su exclusivo servicio mediante relación laboral por tiempo indefinido, salvo que el mandante desautorice, expresamente, la subrepresentación.

f) Acreditar el conocimiento de las singularidades económico-fiscales de Canarias de la forma que, reglamentariamente, determine la Consejería competente en materia de hacienda.

g) Haber aportado las garantías en la forma, cuantía y cobertura que se determine mediante Orden del Consejero competente en materia de hacienda.

h) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Pública Canaria y Estatal.

2. Tratándose de personas jurídicas, además del cumplimiento de lo previsto en las letras b), c), d), e), g) y h) del número anterior, será de aplicación a las personas físicas a través de las que operen, a las que se refiere el número 4 del artículo 4 de este Decreto, lo dispuesto en las letras a) y f) del número 1 de este artículo.

3. Los representantes autorizados para actuar ante la Administración Tributaria Canaria en la modalidad de representación indirecta, deberán disponer de poder de representación otorgado por el mandante bajo la citada modalidad, de manera que pueda ser acreditado fehacientemente ante dicha Administración. Resultará de aplicación, salvadas las correspondientes singularidades, las previsiones contenidas en el artículo 3 del presente Decreto, sobre el poder de representación.

Artículo 6.- Solicitud de autorización.

Los interesados habrán de presentar ante la Dirección General competente en materia de tributos una solicitud de autorización a la que deberán de acompañar:

a) Copia o fotocopia debidamente compulsada de la titulación, autorización administrativa o, en su caso, certificación de la colegiación, que le capacite para el ejercicio de la intermediación ante la Administración Tributaria Canaria.

b) Titulación, expedida al efecto por la Consejería competente en materia de hacienda, que acredite el conocimiento de las singularidades económico-fiscales de Canarias.

c) Copia del modelo de alta, o modificación de la situación tributaria, en el Censo del Impuesto General Indirecto Canario.

d) Tratándose de Sociedades mercantiles, una copia de la escritura de constitución y de los Estatutos Sociales.

e) Certificación de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Pública Canaria y Estatal.

Artículo 7.- Resolución de autorización.

1. La resolución de la solicitud de autorización habrá de dictarse por parte del titular de la Dirección General competente en materia de tributos en el plazo de seis meses a partir de la fecha de presentación de la citada solicitud. La misma se entenderá estimada si, una vez vencido el plazo, no se ha notificado resolución, sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver.

2. La autorización concedida será personal e intransferible, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9 de este Decreto.

3. En la resolución de autorización se determinará el órgano u órganos insulares de la Administración Tributaria Canaria ante los cuales pueden actuar los interesados.

4. Contra la resolución de la solicitud de autorización, podrán interponer los interesados recurso de alzada, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común.

Artículo 8.- Extinción, revocación y suspensión temporal de la autorización.

1. Las autorizaciones concedidas conforme a lo dispuesto en el artículo anterior se extinguen por:

a) Revocación.

b) Fallecimiento de la persona física.

c) Renuncia de la persona autorizada o de quien ejerza su representación, tratándose de personas jurídicas.

d) Extinción de la persona jurídica.

Asimismo, las autorizaciones concedidas podrán quedar suspendidas temporalmente.

2. La revocación o la suspensión deberán acordarse por la Dirección General competente en materia de tributos mediante resolución motivada y previo procedimiento instruido al efecto en el que se dé audiencia al interesado.

3. Sin perjuicio de las responsabilidades que en cada caso quepa exigir, la Administración Tributaria Canaria podrá suspender temporalmente o revocar definitivamente la autorización conferida a los representantes de los interesados en los despachos de importación y exportación relativos a los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, si los indicados intermediarios incumplieren sus obligaciones de colaboración con la Hacienda Pública Canaria o las normas tributarias en general.

4.1º. En particular, de conformidad con la Disposición Adicional Decimosexta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, podrá hacerse uso de las facultades a que se refiere el número anterior, cuando se den alguna de las siguientes circunstancias:

a) Presentación reiterada de la documentación que debe aportarse para el despacho de las mercancías en la Administración Tributaria fuera de los plazos establecidos, de forma incompleta o con graves deficiencias, o bien con manipulación de los datos contenidos en dicha documentación.

b) Incumplimiento reiterado de la obligación de efectuar los pagos por cuenta de sus comitentes dentro de los plazos reglamentariamente establecidos.

c) Ser declarado responsable solidario por ser causante o colaborar en la realización de infracciones tributarias.

d) Incumplimiento de las obligaciones que los profesionales autorizados tengan de proporcionar o declarar cualquier tipo de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria a que obliga la Ley General Tributaria y demás disposiciones aplicables al efecto.

e) Otorgar poderes para actuar ante la Administración Tributaria a favor de personas que no cumplan los requisitos establecidos reglamentariamente por el Gobierno de Canarias.

f) Baja como colegiado, en su caso, en el Colegio profesional respectivo y, en general, pérdida de los requisitos de capacitación para el despacho de mercancías.

g) Colaboración o consentimiento en el levante de mercancías sin la preceptiva autorización.

h) Resistencia, negativa u obstrucción a la actuación de los órganos de gestión, inspección o recaudación de la Administración Tributaria.

i) Inutilidad de la autorización, manifestada por el nulo o escaso volumen de presentación de declaraciones de importación o exportación de mercancías a despacho.

j) Trasgresión de la buena fe en el ejercicio de la colaboración.

2º. Asimismo, la Administración Tributaria Canaria podrá suspender temporalmente o revocar definitivamente la autorización conferida a los representantes de los interesados en los despachos de importación y exportación relativos a los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, si los indicados intermediarios hubieran dejado de cumplir las condiciones exigidas en el artículo 5 de este Decreto.

5. Podrá suspenderse la autorización con carácter cautelar y con respeto al principio de presunción de inocencia, en el supuesto de que el intermediario se hallare imputado en un proceso penal por un delito íntimamente relacionado con el ejercicio de su actividad, de acuerdo con la citada Disposición Adicional Decimosexta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Artículo 9.- Apoderados de los representantes autorizados.

1. Los representantes autorizados podrán otorgar poderes para todo despacho ante la Administración Tributaria Canaria, o parciales para determinadas operaciones, siempre que recaigan sobre dependientes reales del mismo que figuren en la nómina de personal de sus respectivas oficinas y desarrollen en ellas su trabajo.

2. Para que dichos apoderados puedan actuar válidamente ante la Administración Tributaria Canaria, deberán ser previamente autorizados por los órganos insulares de la misma, competentes en el territorio donde vayan a realizar sus funciones. A dichos efectos, los solicitantes de autorización deberán aportar copia legitimada del poder otorgado, así como los documentos previstos en las letras a) y b) del artículo 6 del presente Decreto.

3. El órgano insular correspondiente habrá de resolver expresamente la solicitud de autorización en el plazo de tres meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Sin perjuicio de la obligación de la Administración Tributaria de resolver la solicitud, la misma se entenderá estimada si, transcurrido el plazo de tres meses, no se ha notificado el acto al interesado.

4. Contra la resolución de la solicitud de autorización, podrán interponer los interesados recurso de alzada de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común.

5. Los apoderados de los representantes únicamente podrán intervenir en representación de uno solo de ellos.

6. El número de apoderados de cada representante no podrá ser superior a tres por cada órgano insular ante los que estén autorizados para actuar. Excepcionalmente, si el volumen anual de declaraciones así lo aconsejara, dicho número máximo podrá ampliarse hasta seis.

7. Los representantes autorizados deberán comunicar inmediatamente al órgano insular competente cualquier incidencia, modificación o revocación que se produzca en relación con sus apoderados.

Artículo 10.- Dependientes.

1. Los empleados o dependientes de los representantes autorizados podrán realizar actos de trámite ante la Administración Tributaria Canaria, previa autorización de los órganos insulares de la misma competentes en el territorio donde vayan a realizar sus funciones.

2. En relación con los empleados, resultará de aplicación lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 7 del artículo anterior.

Artículo 11.- Tarjeta identificativa.

Quienes actúen ante la Administración Tributaria Canaria como representantes en los despachos de importación y exportación relativos a los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en la modalidad de representación indirecta, ya sea como titulares de la autorización, o como apoderados o dependientes, vendrán obligados a exhibir, cuando sean requeridos para ello por el funcionario competente, una tarjeta identificativa, expedida y visada en la forma que determine la Dirección General competente en materia de tributos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Situaciones de interinidad.

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Dirección General competente en materia de tributos no autorizará nuevas situaciones de interinidad que se soliciten por los Agentes y Comisionistas de Aduanas.

Segunda.- Presentación de declaraciones por medios telemáticos.

1. Quienes actúen en calidad de representantes de cualquier persona física o jurídica ante la Administración Tributaria Canaria en los despachos de importación y exportación relativos a los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, tanto en la modalidad de representación directa como indirecta, estarán obligados a presentar sus declaraciones vía telemática, a través del sistema de Intercambio Electrónico de Datos, EDI, en los términos previstos en la Orden de 25 de abril de 1996, sobre presentación de las declaraciones de importación y exportación por medios informáticos u otros sistemas de presentación telemática que se aprueben en el futuro.

2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, los representantes autorizados no estarán obligados a presentar las declaraciones vía telemática si en algún año, con excepción del de autorización, no superan el número de 100 declaraciones presentadas, y mientras subsista la citada circunstancia.

Tercera.- Modificación del Decreto 34/1998, de 2 de abril, por el que se regula la autorización a los Agentes y Comisionistas de Aduanas para intervenir ante la Administración Tributaria Canaria como representantes en los despachos de importación y exportación relativos a los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

1. Se añaden dos nuevas letras, g) y h) al número 2 de artículo 1 del Decreto 34/1998, de 2 de abril, con el siguiente tenor:

"g) Haber aportado las garantías en la forma, cuantía y cobertura que determine, reglamentariamente, la Consejería competente en materia de hacienda.

h) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Pública Canaria y Estatal."

2. Se añade una nueva letra c) al artículo 2 del Decreto 34/1998, de 2 de abril, en los siguientes términos:

"c) Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Pública Canaria y Estatal."

3. Se modifican los números 2 y 5 del artículo 3 del Decreto 34/1998, de 2 de abril, con el siguiente tenor:

"2. Sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver la solicitud, la misma se entenderá estimada si, una vez vencido el plazo, no se ha notificado resolución."

"5. Contra la resolución de la solicitud de autorización, podrán interponer los interesados recurso de alzada, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común."

4. Se modifica el artículo 4 del Decreto 34/1998, de 2 de abril, quedando como sigue:

"Artículo 4.- Extinción o suspensión temporal de la autorización.

Las autorizaciones concedidas conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores se extinguen por renuncia de los Agentes y Comisionistas de Aduanas autorizados, por revocación, o por fallecimiento.

Asimismo, las autorizaciones concedidas podrán quedar suspendidas temporalmente, en los términos previstos en el artículo 6 de este Decreto."

5. Se deja sin contenido el artículo 5 del Decreto 34/1998, de 2 de abril.

6. Se modifica el artículo 6 del Decreto 34/1998, de 2 de abril, que quedará como sigue:

"1. Sin perjuicio de las responsabilidades que en cada caso quepa exigir, la Administración Tributaria Canaria podrá suspender temporalmente o revocar definitivamente la autorización conferida a los Agentes y Comisionistas de Aduanas, si los mismos incumplieren sus obligaciones de colaboración con la Hacienda Pública Canaria o las normas tributarias en general.

2. La revocación o la suspensión deberán acordarse por la Dirección General competente en materia de tributos mediante resolución motivada y previo procedimiento instruido al efecto en el que se dé audiencia al interesado.

3.1º. En particular, de acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional Decimosexta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, podrá hacerse uso de las facultades a que se refiere el apartado anterior, cuando se den alguna de las siguientes circunstancias:

a) Presentación reiterada de la documentación que debe aportarse para el despacho de las mercancías en la Administración Tributaria fuera de los plazos establecidos, de forma incompleta o con graves deficiencias, o bien con manipulación de los datos contenidos en dicha documentación.

b) Incumplimiento reiterado de la obligación de efectuar los pagos por cuenta de sus comitentes dentro de los plazos reglamentariamente establecidos.

c) Ser declarado responsable solidario por ser causante o colaborar en la realización de infracciones tributarias.

d) Incumplimiento de las obligaciones que los profesionales autorizados tengan de proporcionar o declarar cualquier tipo de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria a que obliga la Ley General Tributaria y demás disposiciones aplicables al efecto.

e) Otorgar poderes para actuar ante la Administración Tributaria a favor de personas que no cumplan los requisitos establecidos reglamentariamente por el Gobierno de Canarias.

f) Baja como colegiado, en su caso, en el Colegio profesional respectivo y, en general, pérdida de los requisitos de capacitación para el despacho de mercancías.

g) Colaboración o consentimiento en el levante de mercancías sin la preceptiva autorización.

h) Resistencia, negativa u obstrucción a la actuación de los órganos de gestión, inspección o recaudación de la Administración Tributaria.

i) Inutilidad de la autorización, manifestada por el nulo o escaso volumen de presentación de declaraciones de importación o exportación de mercancías a despacho.

j) Trasgresión de la buena fe en el ejercicio de la colaboración.

2º. Asimismo, la Administración Tributaria Canaria podrá suspender temporalmente o revocar definitivamente la autorización conferida a los Agentes y Comisionistas de Aduanas, si hubieran dejado de cumplir las condiciones exigidas en el artículo 1 de este Decreto.

4. La suspensión temporal se acordará en el supuesto de que el Agente afectado hubiere sido suspendido por el Colegio Oficial correspondiente de acuerdo con sus normas reguladoras, así como en el caso de que los Agentes y Comisionistas de Aduanas autorizados no hubieran comunicado inmediatamente al órgano insular correspondiente cualquier incidencia, modificación o revocación que se hubiere producido en relación con sus apoderados o dependientes. En este segundo caso, la suspensión no podrá exceder de un año.

5. Podrá suspenderse la autorización con carácter cautelar y con respeto al principio de presunción de inocencia, en el supuesto de que el intermediario se hallare imputado en un proceso penal por un delito íntimamente relacionado con el ejercicio de su actividad, de acuerdo con la citada Disposición Adicional Decimosexta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.

6. A efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, los Colegios Oficiales de Agentes y Comisionistas de Aduanas informarán a la Dirección General competente en materia de tributos sobre aquellos profesionales que hayan perdido la condición de colegiado, hayan sido inhabilitados de acuerdo con sus normas reguladoras, o hayan sido suspendidos, así como de cualquier cambio producido en las situaciones anteriores."

7. Se modifican los números 3 y 4 del artículo 8 del Decreto 34/1998, de 2 de abril, en los siguientes términos:

"3. El órgano insular correspondiente habrá de resolver expresamente la solicitud de autorización en el plazo de tres meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Sin perjuicio de la obligación de la Administración Tributaria de resolver la solicitud, la misma se entenderá estimada si, transcurrido el plazo de tres meses, no se ha notificado el acto al interesado."

"4. Contra la resolución de la solicitud de autorización, podrán interponer los interesados recurso de alzada, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común."

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Agentes de Aduanas y otros operadores autorizados.

1. Los Agentes de Aduanas y otros operadores autorizados que, en el momento de la publicación del presente Decreto, vinieran actuando de forma habitual ante la Administración Tributaria Canaria como representantes en los despachos de importación y exportación relativos a los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, se entenderán automáticamente autorizados en cualquiera de las modalidades de representación, sin perjuicio del cumplimiento del requisito previsto en la letra g) del apartado 1 del artículo 5 de este Decreto para el ejercicio de la representación indirecta.

No obstante lo anterior, en el plazo de dos meses a partir de la publicación del modelo aprobado a los efectos de acreditar la representación, deberán presentar ante la Administración Tributaria Canaria los poderes de representación que hubiesen sido otorgados por sus clientes con carácter global antes de la entrada en vigor del presente Decreto.

2. En el mismo plazo de dos meses previsto en el número anterior, los Agentes de Aduana y otros operadores autorizados que no estuviesen dados de alta en el sistema de transmisión electrónica de DUAs, deberán haber finalizado la fase de pruebas en paralelo, con el fin de despachar a través de los citados medios telemáticos, a la que se refiere la Orden de 25 de abril de 1996, sobre presentación de las declaraciones de importación y exportación por medios informáticos.

Segunda.- Resolución de las situaciones de interinidad vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Las situaciones de interinidad vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto quedarán sin efecto a 31 de marzo del año 2003, salvo cuando el Agente hubiese dejado a su fallecimiento cónyuge o hijos que estuvieran en condiciones de obtener el reconocimiento como Agentes y Comisionistas de Aduanas y desearan continuar con la actividad, en cuyo caso la situación de interinidad se extingue tras la resolución de la primera convocatoria, desde la entrada en vigor del presente Decreto, para la obtención del citado título.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- 1. Se autoriza al Consejero competente en materia de hacienda para adoptar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y ejecución del presente Decreto.

2. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de febrero de 2003.

EL PRESIDENTE

DEL GOBIERNO,

Román Rodríguez Rodríguez.

EL CONSEJERO DE ECONOMÍA,

HACIENDA Y COMERCIO,

Adán Martín Menis.

© Gobierno de Canarias