BOC - 2003/034. Miércoles 19 de Febrero de 2003 - 781

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

781 - Dirección General de Consumo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 17 de enero de 2003, sobre notificación de Resoluciones a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en los expedientes incoados contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.

Los interesados podrán interponer recurso de alzada contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.

1) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente número: 35/112/2002.

Responsable: Miren Nekane Alonso Bóveda.

D.N.I. o N.I.F.: 11933044T.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 28 de enero de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Óptica Iris, propiedad de Miren Nekane Alonso Bóveda, sito en la calle Secundino Alonso, 53, término municipal de Puerto del Rosario; y mediante actas levantadas al efecto números 6.689 y 6.690 comprobaron que el establecimiento carecía del cartel de horario de atención al público visible desde el exterior del establecimiento y del cartel anunciador de la disponibilidad de Hojas de Reclamaciones para con los consumidores.

También se comprobó que el apartado de Hojas de Reclamaciones reservado para la consignación de los datos de identificación de la empresa no estaba previo y debidamente cumplimentado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con los artículos 10 y 11 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 10 de junio de 2002, el interesado presentó escrito de alegaciones manifestando, en síntesis, lo siguiente:

Siendo visitado el establecimiento comercial denominado Óptica Iris el pasado día 28 de enero de 2002, por los motivos expuestos en el acta nº 6.544 por las Subinspectoras firmantes como tal en dicha acta, me comunicaron telefónicamente el motivo de la visita de las mismas, en relación al acta nº 6.544. Como se refleja en dicha acta, queda aclarado que era la empresa propietaria anterior la responsable de los hechos comunicados en dicha acta, ya que yo soy propietaria de dicho establecimiento desde noviembre de 2001. Una vez manifestada telefónicamente mi completa disposición a resolver las reclamaciones de las que yo no era responsable, ya que los hechos reclamados eran anteriores a noviembre de 2001, dichas Subinspectoras dieron por adecuada mi propuesta al respecto, y di instrucciones de firmar dicha acta de inspección a mi empleada.

No obstante, dichas Inspectoras omitieron durante nuestra conversación telefónica la apertura de una nueva acta nº 6.689 donde indicaban infracciones que no me comunicaron en nuestra conversación telefónica, en la cual se dio por satisfactoria la inspección, la cual fue firmada -siguiendo mis instrucciones- por mi empleada.

En dicha acta nº 6.689 y las actas 6.689 y 6.690 según la notificación recibida, cuya conformidad fue firmada por error por mi empleada, se recogen los "hechos" descritos en el escrito inculpatorio. Que son inexactos:

Estoy de acuerdo en que -circunstancialmente- carecía de horario de atención al público visible.

Existía y existe perfectamente visible el cartel anunciador de "disponibilidad de hojas de reclamaciones", por lo cual no entiendo su inclusión en dicha acta.

Jamás nos informó nadie que los "datos de la empresa" deben estar previa y debidamente cumplimentados en las Hojas de Reclamaciones. Tampoco hay ninguna indicación impresa al respecto en dichas hojas que nos alertase de dicha obligatoriedad.

CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y Propuesta de Resolución, por cuanto que, con independencia de lo manifestado por la interesada, lo cierto es que los hechos recogidos en las actas números 6.689 y 6.690 en su momento levantadas y firmadas son constitutivos de infracción administrativa en los términos legales descritos.

Estos hechos son claros por cuanto existe obligación de exhibir de forma visible al público los carteles de horario de atención y disponibilidad de Hojas de Reclamaciones, así como tener las mismas cumplimentadas.

La interesada es responsable en la comisión de esta infracción, en tanto y cuanto ha omitido la debida diligencia exigible en la observancia de la legalidad al respecto.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

A C U E R D O:

IMPONER A: Miren Nekane Alonso Bóveda.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 240 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de julio de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

2) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente número: 35/124/2002.

Responsable: Gul Asnani.

D.N.I. o N.I.F.: X02056791Q.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 24 de enero de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Foto Porst, propiedad de D. Gul Asnani, sito en el Centro Comercial Las Cucharas, local 4.026, Costa Teguise, término municipal de Teguise; y mediante acta levantada al efecto nº 6.664 comprobaron que, en el momento de la inspección, tenían para su venta al público "Game boy advance (Nintendo) AGB-001" y "Game boy color (Nintendo) color display CGB-001", ambos artículos que fueron adjuntados al acta de inspección como muestra carecían de etiquetado y de las preceptivas instrucciones en castellano.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con los artículos 7º y 8º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios, en concordancia con los artículos 8 y 11 del Real Decreto 880/1990, de 29 de junio (B.O.E. nº 166), por el que se aprueban las normas de seguridad de los juguetes.

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 11 de junio de 2002, el interesado presentó escrito de alegaciones manifestando, en síntesis, lo siguiente:

Que en el levantamiento del acta nº 6.664 en fecha 24 de enero de 2002, en mi establecimiento sito en el Centro Comercial Las Cucharas, local 4.026, Costa Teguise, Lanzarote, se procedió a la retirada inmediata y voluntaria, tras la advertencia de los señores Inspectores, acto éste con la mejor intención y para no perjudicar a los intereses de los consumidores.

CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y Propuesta de Resolución, por cuanto que, constatados y admitidos los hechos objeto de este expediente, los mismos son constitutivos de infracción administrativa en los términos legales expuestos y el interesado es responsable en su comisión, en tanto y cuanto ha omitido la debida diligencia exigible en la observancia de la legalidad al respecto.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

A C U E R D O:

IMPONER A: Gul Asnani.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 600 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de julio de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

3) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente número: 35/133/2002.

Responsable: Senecan, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35318401.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 6 de febrero de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Senecan, propiedad de Senecan, S.L., sito en la calle Mendoza, 7, El Cebadal, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 6.712 comprobaron que, en el momento de la inspección, el taller carecía de la placa distintivo oficial y del cartel de horario de prestación de servicio al público de forma perfectamente visible desde el exterior.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.2, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 6º, 12º y 19º.j) del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

A C U E R D O:

IMPONER A: Senecan, S.L.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 300 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de agosto de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

4) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente número: 35/139/2002.

Responsable: Loran Canarias, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35546647.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 7 de febrero de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Inmobiliaria Loran, propiedad de Loran Canarias, S.L., sito en la calle Alonso Quesada, 16 bajo, término municipal de Telde; y mediante acta levantada al efecto nº 6.759 comprobaron que, en el momento de la inspección, no se encontraba expuesto en lugar visible, el preceptivo cartel anunciador de la existencia de Hojas de Reclamaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

A C U E R D O:

IMPONER A: Loran Canarias, S.L.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 240 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de agosto de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

5) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente número: 35/145/2002.

Responsable: Construcciones Miguel Ojeda Miranda, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35302876.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 8 de febrero de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Construcciones Miguel Ojeda, propiedad de Construcciones Miguel Ojeda Miranda, S.L., sito en la Avenida Tinamar, 20, 1º izquierda, término municipal de San Mateo; y mediante acta levantada al efecto nº 6.763 comprobaron que, en el momento de la inspección, no exhibían en lugar visible el preceptivo cartel anunciador de la existencia y disponibilidad de las Hojas de Reclamaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

A C U E R D O:

IMPONER A: Construcciones Miguel Ojeda Miranda, S.L.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 240 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de agosto de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

6) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente número: 35/223/2002.

Responsable: Jorge Enrique Navarro Toledo.

D.N.I. o N.I.F.: X1998337M.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 26 de marzo de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Cibernus propiedad del interesado sito en Antonio Benítez Galindo, 28 bajo, El Carrizal, término municipal de Ingenio; y mediante acta levantada al efecto nº 7.144 comprobaron que, en el momento de la inspección, el establecimiento no tenía a disposición de los consumidores y usuarios las preceptivas Hojas de Reclamaciones ni exhibía en lugar visible el cartel anunciador de la existencia de las mismas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

A C U E R D O:

IMPONER A: Jorge Enrique Navarro Toledo.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 240 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de octubre de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

7) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente número: 35/249/2002.

Responsable: Ossorio Informática, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35452788.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 22 de abril de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Osorio Informática, propiedad de Osorio Informática, S.L., sito en la calle José Antonio, 108, término municipal de Arrecife; y mediante actas levantadas al efecto números 7.438 y 7.439 comprobaron los siguientes extremos:

- No exponían el horario de prestación del servicio al público de forma perfectamente visible desde el exterior.

- No tenían expuesta la lista de precios por tiempo de trabajo en el servicio de asistencia técnica.

- No tenían expuestas las preceptivas leyendas informativas exigidas por el Real Decreto 58/1988, de 29 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartados 5 y 6, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de protección al consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 8 del Real Decreto 58/1988, de 29 de enero (B.O.E. nº 29), sobre protección de los derechos del consumidor en el servicio de reparación de aparatos de uso doméstico.

OTRAS CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 18 de septiembre de 2002, el interesado presentó escrito de alegaciones fuera de plazo reglamentariamente establecido.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

A C U E R D O:

IMPONER A: Ossorio Informática, S.L.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 360 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de octubre de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

8) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente número: 35/250/2002.

Responsable: Kalawanti e Hijos, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35280734.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 22 de abril de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Perfumería Sham, propiedad de Kalawanti e Hijos, S.L., sito en la Avenida La Marina, 9, término municipal de Arrecife; y mediante acta levantada al efecto nº 7.492 comprobaron que no exponían en lugar visible el preceptivo cartel anunciador de la disponibilidad de Hojas de Reclamaciones para con los clientes, también se comprobó que el apartado de las Hojas de Reclamaciones reservado para los datos de identificación del establecimiento, no estaba previa y debidamente cumplimentado.

Asimismo, se comprobó que no tenían expuesto en lugar visible desde el exterior del establecimiento, el cartel con el horario de atención al público.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con los artículos 10 y 11 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

A C U E R D O:

IMPONER A: Kalawanti e Hijos, S.L.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 240 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de octubre de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

9) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente número: 35/251/2002.

Responsable: Ángeles Sánchez Santana.

D.N.I. o N.I.F.: 42808492H.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 23 de abril de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Sánchez Calzados Complementos, propiedad de Dña. Ángeles Sánchez Santana, sito en el Centro Comercial Arrecife, local 11, término municipal de Arrecife; y mediante acta levantada al efecto nº 7.440 comprobaron los siguientes extremos:

- El establecimiento carecía de cartel de horario de atención al público.

- Tenían expuestos para su venta al público, tanto en el escaparate exterior como en los expositores interiores, varios pares de zapatos de distintas marcas (Mustang, Pedro Millares ...) así como zapatillas de deporte de la marca "Mustang", estos artículos carecían de sus preceptivos marcados de precios de venta.

También se comprobó que en el escaparate tenían expuestos para su venta monederos y carteras que carecían de sus precios perfectamente visibles desde el exterior.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartados 5 y 6, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 1, 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311, de 28 de diciembre), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor, en concordancia con el artº. 11 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

A C U E R D O:

IMPONER A: Ángeles Sánchez Santana.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 480 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de octubre de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

10) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente número: 35/252/2002.

Responsable: Supermercados Marcial, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35637792.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: los días 23 y 25 de abril de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visitas de inspección en el Supermercado Marcial Argana y en el Supermercado Maxcoop, ambos propiedad de la interesada y sitos respectivamente en la calle Crispín Corujo, 11, Argana Alta, término municipal de Arrecife el primero, y en el Centro Comercial Trébol, planta b, Las Acacias, término municipal de Teguise, el segundo; y mediante actas levantadas al efecto números 7.493, 7.524, 7.525 y 7.444 comprobaron los siguientes extremos:

- El día 23 de abril mediante acta nº 7.493 comprobaron que carecían de las preceptivas Hojas de Reclamaciones a disposición del consumidor y de los carteles informativos de la existencia de Hojas de Reclamaciones y horario de atención al público.

También comprobaron que tenían expuestos para su venta al público diversos artículos que carecían de sus preceptivos marcados de precios de venta; tenían en estas condiciones descritas unas 80 garrafas de agua de distintas capacidades y marcas, latas y botellas de refrescos de Coca-Cola, Pepsi Cola, Sprite, etc., y cervezas de las marcas "Heineken y Spar".

- El día 25 de abril mediante actas números 7.524, 7.525 y 7.444 comprobaron en el Supermercado Maxcoop, los siguientes extremos:

- No tenían expuesto de forma visible desde el exterior el horario de atención al público.

- No tenían a disposición de los consumidores, en el momento de la inspección, las preceptivas Hojas de Reclamaciones.

- Tenían expuestos para su venta diversos artículos que carecían de sus preceptivos marcados de precios de venta, tales como 30 turrones de 300 y 200 gr de las marcas "Suchard, Colegiata de la Estepa y Torre de Jijona", 50 paquetes de galletas de distintas marcas (Macvities, Lou, Flora ...), 16 ositos "Super Toys" y 6 payasos careciendo además estos dos últimos artículos (ositos y payasos) de sus preceptivos etiquetados, bombones de "Ferrero Rocher, la Caja Roja Nestlé, Prestige y El Mondeño", así como, bolsas de roscos "Los Antonios", magdalenas, pastas artesanas y lacitos de hojaldre y chocolate.

- Por último tenían expuestos para su venta al público diversos productos etiquetados en idioma extranjero que carecían, por tanto, de sus preceptivos datos expresados en castellano, lengua española oficial del Estado.

Tenían en estas condiciones descritas: Sandwich Picle de la marca "Crosse Blackwell", bote de cristal de 310 gr de un producto de la marca "Nestlé", botes de cristal de 454 gr de "Robertsons" y envases de plásticos de 86 gr que contenían snacks de "Pot Noodle, Sweet & Sour y The Pot Noodle Company".

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartados 5, 6 y 10, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con los artículos 10 y 11 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148), en concordancia con los artículos 1, 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311, de 28 de diciembre), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor, en relación con los artículos 7º y 8º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios, en concordancia con los artículos 8 y 11 del Real Decreto 880/1990, de 29 de junio (B.O.E. nº 166), por el que se aprueban las normas de seguridad de los juguetes, en concordancia con los artículos 5 y 18 del Real Decreto 1.334/1999, de 31 de julio (B.O.E. nº 202), por el que se aprueba la Norma General de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

A C U E R D O:

IMPONER A: Supermercados Marcial, S.L.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 1.200 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de octubre de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

11) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente número: 35/253/2002.

Responsable: Flick Lanzarote, 2, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35679802.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 23 de abril de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visitas de inspección en la Estación Shell-Flick y en el taller de reparación Flick Lanzarote, ambas propiedad de Flick Lanzarote, S.L., sitos respectivamente en la calle Blas Cabrera Topham, 80 bajo, y en la calle Blas Cabrera Topham, 78 bajo, ambos del término municipal de Arrecife; y mediante actas levantadas al efecto números 7.498, 7.499, 7.505 y 7.506 comprobaron los siguientes extremos:

- Mediante actas números 7.498 y 7.499 comprobaron en la estación de servicio Shell-Flick que las Hojas de Reclamaciones no tenían previa y debidamente cumplimentado el recuadro reservado para los datos de identificación de la empresa.

Se comprobó también que tenían expuestos para su venta al público diversos artículos que carecían de sus preceptivos marcados de precios, tenían en estas condiciones descritas: refrescos, cervezas, aguas con y sin gas, chicles, productos de limpieza, bombillos, frutos secos, insecticidas, etc.

- Mediante actas números 7.505 y 7.506, comprobaron en el taller de reparación Flick-Lanzarote que el mismo no tenía expuesto en lugar visible desde el exterior el horario de prestación de servicios al público.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartados 5, 9 y 10, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 7 del Decreto 173/1994, de 29 de julio (B.O.E. nº 114), sobre protección de los derechos del consumidor en el servicio de suministro de gasolinas y gasóleos de automoción de instalaciones de venta al público, en concordancia con los artículos 1, 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311, de 28 de diciembre), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor, en concordancia con los artículos 12º y 19º.j) del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

A C U E R D O:

IMPONER A: Flick Lanzarote, 2, S.L.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 900 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de octubre de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

12) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente número: 35/257/2002.

Responsable: Hijos de Rafael Ramírez, C.B.

D.N.I. o N.I.F.: E35461375.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 24 de abril de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Estación Hijos de Rafael Ramírez, propiedad de Hijos de Rafael Ramírez, C.B., sito en la Carretera Arrecife-Yaiza, km 1,3, término municipal de Arrecife; y mediante actas levantadas al efecto números 7.510 y 7.511 comprobaron los siguientes extremos:

- Tenían expuestos para su venta al público diversos artículos que carecían de sus preceptivos marcados de precios de venta, tenían en estas condiciones descritas chocolatinas de distintas marcas, variedades y tamaños, bolsas de frutos secos, 60 garrafas de agua de 5 y 10 litros de capacidad de "Aguas de La Palma", 80 botellas de agua de 0,5 y 1 litro de la misma marca, 15 bolsas de comida para perros de "Purina" y 100 bolsas de hielo de "Alcruz Canarias".

- También tenían para su venta bolsas de snacks, patatas fritas "Lays, Munchitos y Santa Ana" cuyos precios de venta se expresaban únicamente en pesetas, careciendo de los preceptivos marcados consignados en euros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 1, 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311, de 28 de diciembre).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

A C U E R D O:

IMPONER A: Hijos de Rafael Ramírez, C.B.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 600 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de octubre de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

13) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente número: 35/262/2002.

Responsable: Aliten, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B38222733.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 25 de abril de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Supermercado Lanzarote Beach, propiedad de Aliten, S.L., sito en la Avenida Islas Canarias, Costa Teguise, término municipal de Teguise; y mediante acta levantada al efecto nº 7.447, comprobaron los siguientes extremos:

- No tenían a disposición de los consumidores las preceptivas Hojas de Reclamaciones, ni tenían expuesto el cartel anunciador de la existencia de las mismas.

- Tenían expuestos para su venta al público diversos productos y artículos que carecían de sus preceptivos marcados de precios de venta, tenían en estas condiciones descritas: chocolatinas de diversas marcas "Crunch, CadburyÕs, Curlyword, Snack Water, Twirl, Tokke, Mini Eggs, Caramel, Huesitos" y bombones de la marca "BassettÕs" y otros "Bombons, Fruti Bombons, Liquorice Allsorts".

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartados 5 y 10, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148), en concordancia con los artículos 1, 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311, de 28 de diciembre), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 18 de septiembre de 2002, el interesado presentó escrito de alegaciones manifestando, en síntesis, lo siguiente:

Debido a que el supermercado forma parte inseparable del complejo Lanzarote Beach Club y que no tiene entrada independiente, las Hojas de Reclamaciones se han encontrado siempre a disposición del consumidor que las puede solicitar en la recepción del complejo, que se encuentra a escasos metros de distancia del supermercado.

Es posible que en el momento de la visita de la inspección algunos productos de los que se citan en el Acta de Infracción no estuvieran marcados con el precio de venta, pero la inspección pudo comprobar que se trataba de productos aislados, que inicialmente tenían marcado el precio y a los que se les había desprendido la etiqueta indicativa del P.V.P. por problemas del adhesivo, y que por lo tanto el consumidor podía conocer el precio del producto con tan solo escoger otro de la misma clase.

Ello era debido a la deficiente calidad del adhesivo utilizado en las etiquetas, problema que ya ha sido resuelto en la actualidad al sustituir el etiquetado que se venía utilizando por otro más consistente.

CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y Propuesta de Resolución, por cuanto que los hechos objeto de este expediente se recogen de forma clara y objetiva en el acta de inspección, en su momento levantada y firmada por el compareciente.

En el momento de la inspección, tenían para su venta al público diversos productos que se enumeran y describen, que carecían de sus preceptivos precios.

También se comprobó que carecían de Hojas de Reclamaciones y cartel anunciador de las mismas, ambos extremos constituyen exigencias legales en materia de consumo en aras a proteger los legítimos derechos del consumidor a reclamar y a estar en todo momento informado sobre esta posibilidad y sobre los precios de los productos ofertados.

Estos hechos son constitutivos de infracción administrativa en los términos legales expresados, y la interesada es responsable en su comisión, en tanto y cuanto ha omitido la debida diligencia exigible en la observancia de la legalidad al respecto.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

A C U E R D O:

IMPONER A: Aliten, S.L.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 600 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de octubre de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

14) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente número: 35/264/2002.

Responsable: Sunny Girish, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35605047.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 25 de abril de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Foto Ibiza, propiedad de Sunny Girish, S.L., sito en el Centro Comercial Olita, puesto 6, Costa Teguise, término municipal de Teguise; y mediante actas levantadas al efecto números 7.450 y 7.451 comprobaron los siguientes extremos:

- El apartado de las Hojas de Reclamaciones reservado para los datos de identificación del establecimiento no estaba previa y debidamente cumplimentado.

- Tenían expuestos para su venta al público en los escaparates del establecimiento diversos artículos de distintas marcas y modelos que carecían del preceptivo marcado de precios de forma visible, tenían en estas condiciones descritas: 80 cámaras fotográficas (Nikon, Canon, Minolta, etc.), 25 videocámaras (Sony, Panasonic, Hitachi, etc.), 200 relojes de pulsera (Citizen, Seiko, etc.), 6 discman (Sony, Samsung, etc.), 14 prismáticos, 40 gafas y 15 calculadoras Casio y Sharp.

- Tenían expuestos para su venta al público 8 punteros láser "Hi-output key Chain laser" que carecían de sus preceptivos etiquetados en castellano, lengua española oficial del Estado.

- Por último se comprobó que en el interior del establecimiento, tenían expuestos para su venta al público diferentes juegos que carecían de etiquetado e instrucciones en castellano, éstos eran "Flying Pig", "Funny amphibions-pal" y "Flying with".

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartados 5, 6 y 10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1 y 2 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148), en concordancia con los artículos 1, 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311, de 28 de diciembre), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor, en concordancia con los artículos 8 y 11 del Real Decreto 880/1990, de 29 de junio (B.O.E. nº 166), por el que se aprueban las normas de seguridad de los juguetes, en relación con los artículos 7º y 8º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

A C U E R D O:

IMPONER A: Sunny Girish, S.L.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 1.800 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de octubre de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

15) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente número: 35/265/2002.

Responsable: Khemani Harpalani Rajendra.

D.N.I. o N.I.F.: 42203094A.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 25 de abril de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Video Tech, propiedad de D. Khemani Harpalani Rajendra, sito en el Centro Comercial Las Cucharas, local 4.028, Costa Teguise, término municipal de Teguise; y mediante actas levantadas al efecto números 7.453 y 7.454 comprobaron los siguientes extremos:

- No tenían expuesto en lugar visible desde el exterior el preceptivo cartel con el horario de atención al público.

- Tenían expuestos para su venta al público diversos artículos que carecían de sus preceptivos marcados de precios de venta de forma visible, tenían en estas condiciones 5 radio cassettes de las marcas Grundig y Philips, 25 prismáticos y 250 relojes de pulsera de distintas marcas de señora y caballero.

- Tenían expuestos para su venta al público 20 cargadores para juegos de Game Boy, Easy Stand (Gametrix GC931) y 30 tux lupas "Aero Frame" (Gametrix GC930) los cuales carecían de instrucciones y etiquetado en castellano.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartados 5, 6 y 10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 1, 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311, de 28 de diciembre), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor, en relación con los artículos 7º y 8º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios, en concordancia con los artículos 8 y 11 del Real Decreto 880/1990, de 29 de junio (B.O.E. nº 166), por el que se aprueban las normas de seguridad de los juguetes, en concordancia con el artº. 11 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53).

OTRAS CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 23 de septiembre de 2002, el interesado presentó escrito de alegaciones fuera de plazo reglamentariamente establecido.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

A C U E R D O:

IMPONER A: Khemani Harpalani Rajendra.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 1.500 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de octubre de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

16) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente número: 35/266/2002.

Responsable: Domingo Hernández Rodríguez.

D.N.I. o N.I.F.: 42909784H.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 25 de abril de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Carpintería Domingo Hernández, propiedad de D. Domingo Hernández Rodríguez, sito en la calle Arona, 3, Guatiza, término municipal de Teguise; y mediante acta levantada al efecto nº 7.522 comprobaron que, en el momento de la inspección, no tenían expuesto en lugar visible al público el preceptivo cartel anunciador de la existencia y disponibilidad de Hojas de Reclamaciones para con los clientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

A C U E R D O:

IMPONER A: Domingo Hernández Rodríguez.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 240 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de octubre de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

17) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente número: 35/290/2002.

Responsable: Ram Chandra Basandani.

D.N.I. o N.I.F.: 42215702F.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 16 de mayo de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Foto Pacific, propiedad de Ram Chandra Basandani, sito en el Centro Comercial Metro, local A-96, término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 7.617, comprobaron los siguientes extremos:

- El apartado de las Hojas de Reclamaciones reservado para los datos de identificación del establecimiento no estaba previa y debidamente cumplimentado.

- Tenían expuestos para su venta al público diversos artículos que carecían de sus preceptivos precios de venta, tenían en estas condiciones 100 relojes de pulsera de diferentes marcas y modelos "Citizen, Sonica", 16 videocámaras marcas "Hitachi, Samsung y Sony", 40 cámaras de fotos "Cannon, Minolta, etc.", 8 discmans "Panasonic" y 60 gafas de diversas marcas.

- En las vitrinas interiores del establecimiento tenían expuestos para su venta al público más de 200 relojes cuyos precios de venta no figuraban expuestos en lugar visible al público.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartados 5 y 10, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 1, 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311, de 28 de diciembre), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor, en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1 y 2 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

A C U E R D O:

IMPONER A: Ram Chandra Basandani.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 1.500 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

18) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente número: 35/292/2002.

Responsable: Mirwani Mirwani Moti Kishinchand.

D.N.I. o N.I.F.: 42202319X.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 16 de mayo de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Elite, propiedad de Mirwani Mirwani Moti Kishinchand, sito en el Centro Comercial Pasarela, local 18, Puerto Rico, término municipal de Mogán; y mediante acta levantada al efecto nº 7.096 comprobaron los siguientes extremos:

- No tenían expuesto en lugar visible el cartel anunciador de la existencia y disponibilidad de Hojas de Reclamaciones para con los clientes y el apartado de las hojas reservado para los datos de identificación del establecimiento, no estaba previa y debidamente cumplimentado.

- Tenían para su venta al público mecheros con formas de objetos y animales que carecían de sus preceptivos etiquetados y punteros láser cuyos etiquetados figuraban impresos en idioma no oficial.

- Tenían expuestos para su venta al público en el escaparate del establecimiento minidiscs, máquinas de afeitar, juegos de "Game Boy" y teléfonos móviles de diferentes marcas y modelos, estos artículos carecían de sus preceptivos marcados de precios de venta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartados 5, 6 y 10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148), en concordancia con los artículos 1, 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311, de 28 de diciembre), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor, en relación con los artículos 7º y 8º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

A C U E R D O:

IMPONER A: Mirwani Mirwani Moti Kishinchand.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 1.500 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

19) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente número: 35/321/2002.

Responsable: Basant Khemchand Mankani.

D.N.I. o N.I.F.: X0477976J.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 19 de junio de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Air Electronics, propiedad de D. Basant Khemchand Mankani, sito en la Centro Comercial Cita, locales 63-64, término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 7.738 comprobaron que, en el momento de la inspección tenían expuestos para su venta en el escaparate exterior diversos artículos que carecían de sus preceptivos marcados de precios de venta; tenían en estas condiciones descritas una vídeo cámara digital "JVC" (500 X) Digital Zoom (520 lins of Resolution), cámara digital "Samsung" (480 x Digital Zoom), vídeo cámara digital "Panasonic" NV-D58 (400 X Digital Zoom), una vídeo cámara "Panasonic NV DS 99" y un mini DVD.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 1, 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311, de 28 de diciembre), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 26 de noviembre de 2002, el interesado presentó escrito de alegaciones manifestando, en síntesis, lo siguiente:

A esta parte la iniciación del expediente sancionador le parece desproporcionado, ya que en el momento de la inspección, habíamos recibido los artículos que ahí se mencionan en el exponente primero, es costumbre que cuando nos llegan varios productos nuevos lo expongamos en los escaparates, mientras revisamos el listado de la mercancía para comprobar que todo es correcto, y a lo largo del día dichas mercancías ya tienen puestos sus respectivos precios.

Respecto a las unidades de cámaras de videos de la marca "JVC" (500X) Digital Zoom (520 lins of Resolution), cámara digital "Samsung" (480xDigital Zoom) video cámara digital "Panasonic" NV-D58 (400xDigital Zoom), una video cámara "Panasonic NV DS99" y un mini "DVD" que carecían de los preceptivos precios a la venta al público, que cuando me llega a mi establecimiento los artículos, que yo sepa no fuese un delito colocar las mercancías que te llegan, mientras revisas el listado de las mercancías, para poder marcar dichos precios, por lo que considero que tengo todo el día para poder ser marcados, no hay ningún establecimiento que no haga lo mismo que yo, y en el momento de la inspección, sólo faltaban los preceptivos etiquetados de precios, en los artículos que se menciona en el exponente primero.

Sin obviar lo anteriormente alegado, manifestar que muestro mi disconformidad con la cantidad que en concepto de sanción se pretende imponer a la entidad que represento, y ello por considerarla excesiva.

CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y Propuesta de Resolución, por cuanto que, los hechos objeto de este expediente se recogen de forma clara y objetiva en el acta de inspección, en su momento levantada y firmada por el compareciente.

Lo cierto es que, en el momento de la inspección tenían expuestos para su venta al público los artículos citados sin sus preceptivos marcados de precios contraviniendo la normativa al respecto que garantiza una correcta información del consumidor en todo momento y circunstancia, acerca de los precios de los artículos ofertados.

Estos hechos son constitutivos de infracción administrativa en los términos legales descritos y el interesado es responsable en su comisión, en tanto y cuanto ha omitido la debida diligencia exigible en la observancia de la legalidad al respecto.

En lo relativo a la cuantía de la sanción, entendemos que se adecua al principio de proporcionalidad y resto de criterios referidos en el acuerdo de iniciación, todo ello previa calificación de la infracción como leve y por ende dentro de un margen legal extensible a los 3000 euros y en relación a las circunstancias particulares del caso donde concurren un derecho básico del consumidor a ser informado, un importante número de artículos sin precios y antecedentes obrantes en nuestro poder por expedientes sancionadores del interesado en base a infracciones idénticas a la que nos ocupa.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

A C U E R D O:

IMPONER A: Basant Khemchand Mankani.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 1.200 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de enero de 2003.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.



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