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BOC Nº 099. Lunes 22 de Julio de 2002 - 1082

I. DISPOSICIONES GENERALES - Parlamento de Canarias

1082 - RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2002, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

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La Comisión de Presupuestos y Hacienda, de esta Cámara, en sesión celebrada el día 18 de junio de 2002, aprobó el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

En conformidad con lo establecido en el apartado 4 de la Resolución de la Mesa del Parlamento, sobre tramitación parlamentaria del Proyecto de Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Audiencia de Cuentas de Canarias, se ordena la publicación, para general conocimiento, en el Boletín Oficial de Canarias.

Reglamento de Organización

y Funcionamiento de la Audiencia

de Cuentas de Canarias

La Audiencia de Cuentas de Canarias, órgano estatutario al que corresponde la fiscalización externa de la gestión económico-financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma y demás entes públicos de Canarias, tal y como establece el artículo 61.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias, tras la reforma efectuada por Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, se halla dotada de autonomía funcional y organizativa, cuya principal manifestación se refleja en la necesaria elaboración de un Reglamento de desarrollo de la Ley territorial 4/1989, de 2 de mayo, que la regula.

Las particularidades de este órgano de control externo autonómico, su especial naturaleza, la peculiaridad de sus funciones, fiscalizadora y de asesoramiento en materia de contabilidad pública y de gestión económico-financiera del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como la posibilidad de realizar funciones jurisdiccionales por delegación del Tribunal de Cuentas, evidencian y justifican la necesidad de un Reglamento regulador de la organización y funcionamiento de la Audiencia de Cuentas de Canarias, al que específicamente se refiere la misma ley que la regula en su preámbulo y en la Disposición Adicional Primera.

Con la elaboración de un reglamento específico de organización y funcionamiento, la Audiencia de Cuentas de Canarias se suma a la dinámica normativa tradicional en la totalidad de los órganos de control externo autonómicos, que a través de la oportuna regulación de desarrollo han completado el contenido normativo establecido en sus respectivas leyes reguladoras.

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

DEFINICIÓN, ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Y COMPETENCIAS

Artículo 1.- 1. La Audiencia de Cuentas de Canarias es el órgano estatutario al que corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin perjuicio de las competencias que correspondan al Tribunal de Cuentas de acuerdo con la Constitución.

2. La Audiencia de Cuentas depende directamente del Parlamento de Canarias y ejerce sus funciones con autonomía.

3. Ejercerá sus funciones por delegación del Parlamento en el examen y comprobación de la cuenta general de la Comunidad Autónoma.

Artículo 2.- A efectos de lo previsto en el presente Reglamento, el sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias se halla integrado por:

a) La Administración Pública de la Comunidad Autónoma, sus organismos autónomos y empresas públicas y cuantas entidades estén participadas por los anteriormente enunciados, en cualquiera de las formas previstas en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) Las entidades locales que forman parte del territorio de la Comunidad Autónoma, así como los organismos autónomos y empresas públicas de ellas dependientes.

c) Las universidades públicas existentes en el territorio de la Comunidad Autónoma, en lo que se refiere a las dotaciones recibidas a cargo de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias y además en los términos previstos en sus leyes de Presupuestos.

d) Cualquier otra entidad u organismo que administre o utilice caudales o efectos públicos, procedentes de los entes anteriormente mencionados.

Artículo 3.- Son fondos públicos, a efectos de este Reglamento, todos los caudales y efectos gestionados por las entidades u organismos que integran el sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como las subvenciones, créditos, avales y todas las ayudas, cualquiera que sea su naturaleza, concedidas por las entidades u organismos que integran aquél a cualquier persona física o jurídica.

Artículo 4.- Corresponde a la Audiencia de Cuentas de Canarias el ejercicio de las siguientes competencias:

a) La regulación de todo lo concerniente a su gobierno, organización y personal a su servicio en los términos previstos en este Reglamento, sin perjuicio de las normas generales que puedan serles de aplicación.

b) La elaboración del anteproyecto de su propio presupuesto, que constituirá un programa del presupuesto del Parlamento de Canarias.

CAPÍTULO II

FUNCIONES

Artículo 5.- 1. Se entiende por actividad fiscalizadora el conjunto de actuaciones de carácter técnico que desarrolla la Audiencia de Cuentas de Canarias, con competencia propia, de acuerdo con un programa de actuaciones y que tiene por objeto comprobar el sometimiento de la actividad o gestión económica, financiera y contable del sector público y fondos públicos a los principios de legalidad, eficacia y economía, culminando con la emisión de los informes previstos en el artículo 18 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

2. En las tareas de fiscalización corresponde a la Audiencia de Cuentas de Canarias las siguientes funciones, que ejercerá con total independencia:

a) Fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, velando por la legalidad, eficiencia y economía de cuantos actos den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como de los ingresos y pagos que de ellos se deriven y, en general, de la recaudación, inversión y aplicación de los fondos públicos. Corresponde, en todo caso, a la Audiencia de Cuentas de Canarias la fiscalización de las subvenciones, créditos, avales y todas las ayudas, cualquiera que sea su naturaleza, concedidas por los órganos del sector público canario a las personas físicas o jurídicas.

b) Fiscalizar los créditos extraordinarios, suplementos, incorporaciones, ampliaciones, transferencias y demás modificaciones de los créditos presupuestarios iniciales.

c) Fiscalizar los contratos suscritos por la Administración de la Comunidad Autónoma y demás entes del sector público señalados en el artículo 2 del presente Reglamento.

d) Fiscalizar la situación y variaciones patrimoniales de los entes integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma.

e) Fiscalizar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en los diversos programas presupuestarios.

f) Fiscalizar los ingresos y gastos derivados de las elecciones al Parlamento de Canarias, en los términos que establezcan las leyes y demás normas que resulten de aplicación, sin perjuicio de las que, con carácter general, correspondan al Tribunal de Cuentas.

Artículo 6.- 1. La Audiencia de Cuentas, en el ejercicio de las funciones de fiscalización, podrá actuar de oficio o a iniciativa del Parlamento de Canarias.

2. La Audiencia podrá llevar a cabo las funciones fiscalizadoras concretas, tanto referidas al sector público autonómico como al estatal, que el Tribunal de Cuentas le solicite, al amparo de lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

3. Asimismo, la Audiencia de Cuentas de Canarias podrá practicar cuantas actuaciones fiscalizadoras le fueran delegadas por los órganos de control externo de la Unión Europea, de conformidad con la legislación que resultara aplicable.

4. Los acuerdos que deba adoptar la Audiencia con el fin de relacionarse con el Tribunal de Cuentas, o en su caso, con el órgano de control externo de la Unión Europea serán competencia del Pleno.

Artículo 7.- 1. Si en el ejercicio de su función fiscalizadora, la Audiencia de Cuentas advirtiera la existencia de indicios de responsabilidad contable, trasladará sin dilación el asunto al Tribunal de Cuentas, a los efectos de su posible enjuiciamiento; sin perjuicio de la instrucción de los procedimientos jurisdiccionales para el enjuiciamiento de la responsabilidad contable, que pudiera efectuar la Audiencia de Cuentas por delegación, de conformidad con lo establecido en el artículo 26.3 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y que se regulan en el Capítulo V del título segundo de este Reglamento.

2. Si en la actuación de sus competencias la Audiencia de Cuentas tuviera conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de delito, los denunciará inmediatamente al Ministerio Fiscal y al Tribunal que resultara competente.

Artículo 8.- Las funciones de asesoramiento y consulta de la Audiencia de Cuentas de Canarias se concretan en las siguientes:

1. Asesorará al Parlamento en la materia propia de sus competencias, y llevará a cabo, si así lo solicita aquél, el análisis de las auditorías realizadas por la Intervención General.

2. En caso de apreciar una manifiesta infracción de ley con grave perjuicio para el interés público, dará inmediato conocimiento al Parlamento y al Gobierno de Canarias por medio de un informe extraordinario.

3. Emitirá dictámenes y consultas que, en materia de contabilidad pública y de gestión económico-financiera le soliciten los entes públicos mencionados en el artículo 2 del presente Reglamento.

TÍTULO SEGUNDO

PROCEDIMIENTO DE LAS ACTUACIONES

CAPÍTULO I

INICIACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Artículo 9.- 1. La iniciativa fiscalizadora corresponde a la Audiencia de Cuentas y al Parlamento de Canarias.

2. La iniciativa por parte del Parlamento requerirá que se inste el acuerdo de la Cámara por un mínimo equivalente a la sexta parte de los diputados o por dos grupos parlamentarios.

3. Asimismo, estará facultada para solicitar informes, memorias y dictámenes la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias, siempre que el acuerdo de petición se apruebe por mayoría simple de sus miembros, que a su vez representen al menos la tercera parte de los miembros de la respectiva Comisión.

4. No obstante, podrán interesar la actuación fiscalizadora de la Audiencia de Cuentas o la emisión de informes:

a) El Gobierno de la Comunidad Autónoma.

b) Las entidades locales, previo acuerdo de sus plenos respectivos.

c) Las universidades, por acuerdo de sus órganos competentes.

Artículo 10.- Efectuada una denuncia ante la Audiencia de Cuentas de Canarias por la existencia de irregularidades en la gestión económico-financiera y contable de cualquiera de las entidades que integran el sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, citadas en el artículo 2 de este Reglamento, el Presidente la elevará al Pleno a fin de decidir sobre su aceptación. En caso de adopción del acuerdo de aceptación, se remitirá al auditor competente por razón de la materia la denuncia conjuntamente con la documentación en que se fundamente, para que, realizadas las oportunas verificaciones, emita informe sobre la procedencia o no de iniciar la actuación fiscalizadora. Dicho informe será remitido al Presidente para su elevación al Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias, quien adoptará acuerdo decisorio sobre el inicio o no de la correspondiente actuación fiscalizadora, que será incluida en el programa anual de actuaciones en la forma prevista en este Reglamento.

Artículo 11.- 1. La Audiencia de Cuentas deberá realizar sus actuaciones según programa anual aprobado por el Pleno de la misma, de acuerdo con su presupuesto, y de cuya ejecución pueda formarse juicio suficiente sobre la calidad y regularidad de la gestión económico-financiera del sector público canario. Esta actividad no podrá verse mermada por el derecho de petición que corresponda al Gobierno de Canarias y a las entidades locales.

2. El programa anual de actuaciones deberá precisar las entidades del sector público, así como la actividad o actividades y ejercicios económicos, que serán objeto de fiscalización.

3. La adopción de una iniciativa fiscalizadora propia o del Parlamento de Canarias, una vez aprobado el programa anual de actuaciones, requerirá la modificación de éste, mediante acuerdo del Pleno de la Audiencia de Cuentas de inclusión de dicha actuación en el mismo.

4. Una vez aprobado el programa anual de actuaciones, la Audiencia de Cuentas lo elevará al Parlamento de Canarias, así como sus modificaciones posteriores.

Artículo 12.- 1. Cuando se vaya a comenzar una actividad fiscalizadora, la Audiencia de Cuentas de Canarias, por medio de escrito de su Presidente, notificará su inicio a los responsables de la entidad o entidades objeto de la misma, con una antelación mínima de diez días hábiles. También será objeto de notificación la inclusión de una actividad fiscalizadora en el programa anual de actuaciones a los responsables que corresponda.

2. Podrán quedar excluidas de esta notificación las actuaciones que tengan periodicidad anual.

Artículo 13.- Una vez aprobado el programa de actuaciones, cada auditor dirigirá las fiscalizaciones que correspondan a su ámbito o que le hayan sido asignadas por el Pleno.

Artículo 14.- El Pleno de la Audiencia elaborará y aprobará unas directrices técnicas generales a las que deberán ajustarse las actuaciones fiscalizadoras, sin perjuicio de que con carácter específico, en su caso, el auditor correspondiente elabore y someta a la aprobación del Pleno una propuesta de directrices aplicables a una actuación concreta, antes de iniciarse la ejecución de la misma.

CAPÍTULO II

ORDENACIÓN

Artículo 15.- El ejercicio de la función fiscalizadora se realizará mediante los siguientes procedimientos:

a) El examen periódico y comprobación de las cuentas que están obligadas a rendir las entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) El examen y comprobación específica de toda o una parte de la gestión económica, financiera y contable de cualquiera de las entidades integrantes del sector público.

Artículo 16.- 1. El examen periódico de las cuentas comprenderá:

a) El de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias, por delegación del Parlamento.

b) El de las cuentas de las entidades locales.

c) El de las cuentas de las universidades públicas existentes en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, en los términos previstos en las leyes de Presupuestos.

d) El de las cuentas de los restantes organismos y entidades a que se refiere el artículo 2 de este Reglamento.

e) El de las cuentas justificativas de los ingresos y gastos electorales de las elecciones al Parlamento de Canarias derivados de dichos comicios, en los términos que señala la legislación electoral autonómica y demás normas que resulten de aplicación, sin perjuicio de las competencias que con carácter general correspondan al Tribunal de Cuentas.

2. El examen específico de la gestión económico-financiera y contable de una entidad integrante del sector público consiste en comprobar el efectivo sometimiento de su actividad a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía, mediante el examen de la contabilidad, estados y cuentas, libros y cualquier expediente, informe, documento o antecedente, relacionado con la actividad de la entidad sujeta a fiscalización.

Artículo 17.- 1. Las cuentas habrán de presentarse a la Audiencia de Cuentas de Canarias, en los siguientes plazos:

a) La general de la Comunidad Autónoma de Canarias, antes del 30 de junio inmediato posterior al ejercicio económico a que se refiera. El mismo plazo de rendición se aplicará a las cuentas de los organismos autónomos, empresas públicas y demás entes que conforman el sector público autonómico señaladas en el artículo 2 de este Reglamento, así como a las de las universidades públicas existentes en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) Las cuentas de las corporaciones locales, en el plazo establecido en la legislación de régimen local.

2. Serán cuentadantes los titulares de las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas, y en todo caso:

a) Las autoridades, funcionarios y demás personal de las entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, que tengan a su cargo la gestión de los ingresos y la realización de los gastos, así como las demás operaciones de administración.

b) Los presidentes, directores o representantes legales de los organismos autónomos y entidades públicas a los que se refiere el artículo 2 de este Reglamento.

c) Los presidentes de los consejos de administración de las empresas públicas a que se refiere el artículo 2 de este Reglamento.

d) Los liquidadores de las empresas públicas incluidas en el artículo 2 de este Reglamento.

e) Los representantes legales de las restantes entidades a las que se refiere el artículo 2 de este texto reglamentario, que reciben o administran fondos públicos.

f) Los particulares que excepcionalmente administren, recauden o custodien fondos o valores procedentes de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin perjuicio de que sean intervenidas las operaciones.

g) Las personas naturales o jurídicas, perceptoras de subvenciones u otras ayudas del sector público canario. En tal caso, la rendición de cuentas se instrumentará a través del cumplimiento de la obligación de justificar ante el órgano concedente de la subvención o ayuda, sin perjuicio de la rendición material ante la Audiencia de Cuentas de Canarias cuando ésta lo requiera.

Artículo 18.- En el ejercicio de la función fiscalizadora la Audiencia de Cuentas aplicará los principios y normas de auditoría del sector público.

Artículo 19.- 1. Las potestades previstas en el artículo 13 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, podrán ser ejercitadas por los auditores cuando la actuación a realizar esté incluida en el programa de actuaciones aprobado por el Pleno o en sus modificaciones.

2. Corresponde a los auditores la fijación del plazo, no inferior a cinco días hábiles, para el ejercicio de las potestades a que se refiere el artículo 13 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

CAPÍTULO III

INSTRUCCIÓN

Artículo 20.- 1. La Secretaría General llevará un registro permanentemente actualizado de las entidades sujetas al control de la Audiencia de Cuentas.

2. Los auditores comunicarán puntualmente a la Secretaría General las sucesivas modificaciones que se produzcan en su ámbito de actuación, para su registro.

3. En las distintas unidades de fiscalización dependientes de los auditores, se llevará un registro particular relativo al ámbito de su actuación, en el que se harán constar las cuentas de las entidades que integran ese ámbito y deban rendirse periódicamente a la Audiencia de Cuentas de Canarias, así como la fecha en la que se reciban. Corresponderá al secretario general la supervisión de tales registros.

Artículo 21.- La documentación preceptiva que deba ser remitida a la Audiencia de Cuentas de Canarias, en los términos previstos en el artículo 17.1 de este Reglamento, la cual quedará a disposición de los auditores según su ámbito de actuación, podrá ser remitida en soporte magnético o utilizando los medios informáticos que se estimen procedentes por aquélla.

Artículo 22.- 1. Toda actuación fiscalizadora llevada a cabo por la Audiencia de Cuentas, una vez tramitados los procedimientos de fiscalización a que se refiere el presente título, concluirá con un proyecto de informe redactado por el área correspondiente, que suscrito por el auditor responsable, será remitido a la Presidencia, que a su vez lo elevará al Pleno para su toma en consideración, careciendo este trámite de valor sustantivo al tener por único objeto conocer la actividad fiscalizadora desarrollada en el área del auditor responsable.

2. Tras la toma en consideración por el Pleno, se notificará, en el plazo de diez días hábiles, por la Secretaría General a los auditores competentes en función de la materia. Recibida la comunicación, se remitirá por éstos a la Secretaría General, en el mismo plazo de diez días hábiles, el texto del proyecto de informe con las correcciones, en su caso, que procedan.

Artículo 23.- 1. Cumplimentado lo dispuesto en el artículo anterior, el proyecto de informe se remitirá por el Presidente a los responsables legales del sector o entidades fiscalizadas, para que formulen alegaciones y presenten los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, en un plazo no superior a treinta días hábiles, prorrogables con justa causa por un período igual, previa consulta al auditor firmante del proyecto de informe.

2. La misma audiencia se conferirá a quienes hubieren ostentado la representación del sector fiscalizado, o, en su caso, la titularidad del órgano legalmente representante de la entidad del sector público de que se trate durante el período al que se hubiera extendido la fiscalización realizada.

3. Si a la vista de las alegaciones y justificaciones presentadas de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores de este artículo, se acordaran otras comprobaciones o diligencias, a su conclusión se abrirá nuevo trámite de audiencia, en los términos y plazos establecidos en el apartado 1 de este artículo.

4. Concluido aquél, el auditor redactará el oportuno informe que, junto con las alegaciones presentadas, se trasladará al secretario general de la Audiencia de Cuentas para su remisión al Servicio Jurídico, a fin de que emita el correspondiente informe, en un plazo no superior a treinta días hábiles.

5. El auditor correspondiente, recibido el informe jurídico, en su caso, trasladará a la Presidencia la propuesta de informe de fiscalización para su elevación y aprobación por el Pleno si procediera.

CAPÍTULO IV

CONCLUSIÓN

Artículo 24.- Adoptado el acuerdo de aprobación por el Pleno, se remitirá por la Secretaría General al auditor competente por razón de la materia, al Servicio Jurídico y a la Presidencia. El auditor, en el plazo de diez días hábiles a contar desde la recepción del acuerdo plenario, remitirá el texto definitivo del informe incorporando, en su caso, las enmiendas y correcciones introducidas por el Pleno, a la Secretaría General para su posterior trámite, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

Artículo 25.- En dichos informes se hará constar:

a) La observancia de la legalidad reguladora de la actividad económica financiera del sector público y de los principios contables aplicables.

b) El grado de cumplimiento de los objetivos previstos, en su caso, y si la gestión económica-financiera bajo un punto de vista estrictamente técnico, se ha ajustado a los principios de economía y eficacia.

c) La existencia, en su caso, de infracciones, abusos o prácticas irregulares.

d) Las medidas de carácter técnico que se proponen, en su caso, para la mejora de la gestión económica y financiera de las entidades fiscalizadas.

Asimismo, en dichos informes se incorporarán:

1. Las alegaciones del organismo o entidad fiscalizada.

2. Las aclaraciones o modificaciones introducidas por el Pleno de la Audiencia, a la vista de las alegaciones aceptadas, así como las puntualizaciones que pudieran haber sido realizadas por el Pleno sobre las alegaciones no aceptadas, siempre que se refieran de forma clara y directa a las conclusiones y opiniones emitidas por la Audiencia en su informe.

3. Los votos particulares de los auditores, en su caso.

Artículo 26.- El resultado de la actuación fiscalizadora de la Audiencia de Cuentas, obtenido según el procedimiento previsto en el artículo 15 de este Reglamento, se materializará por medio de informes anuales o específicos.

Artículo 27.- La Audiencia de Cuentas de Canarias emitirá preceptivamente los siguientes informes anuales:

a) Informe de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) Informe General del Sector Público Local.

c) Informe de las cuentas de las universidades públicas canarias.

Artículo 28.- Cuando, por acuerdo plenario del Tribunal de Cuentas, se solicite de la Audiencia de Cuentas la práctica de concretas funciones fiscalizadoras referidas al sector público de su competencia, el informe correspondiente se remitirá directamente a dicho Tribunal, si se llevan a cabo las actuaciones, o bien, si no es posible, se expondrán las causas que impiden el cumplimiento del encargo, para que aquél pueda adoptar las medidas que juzgue oportunas.

CAPÍTULO V

OTRAS FUNCIONES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS

Sección 1ª

Del procedimiento de enjuiciamiento

Artículo 29.- Cuando en el ejercicio de su función fiscalizadora o por denuncia la Audiencia de Cuentas advirtiera la existencia de hechos que pudieran implicar responsabilidad contable, los pondrá en conocimiento del Tribunal de Cuentas con remisión de la denuncia o testimonio de lo actuado.

Artículo 30.- El Tribunal de Cuentas, de conformidad con lo previsto en el artículo 26.3 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, podrá delegar en la Audiencia de Cuentas de Canarias, la instrucción de los procedimientos jurisdiccionales para el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.

Artículo 31.- 1. Efectuada la delegación a que se refiere el artículo anterior, se observarán las normas que sobre jurisdicción contable y sus procedimientos rijan en cada momento para el Tribunal de Cuentas.

2. Sin perjuicio de la observancia de las normas indicadas en el apartado anterior, producida la delegación, por el Pleno a propuesta del Presidente, se procederá a la designación del auditor que haya de encargarse del procedimiento, así como al nombramiento de instructor, que recaerá en un técnico auditor.

3. El cargo de instructor es de obligada aceptación por el funcionario designado, sin perjuicio de la aplicación del régimen de abstención y recusación previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. El Pleno determinará el equipo de auditoría que deba prestar su colaboración en función del área afectada por la presunta responsabilidad contable detectada.

5. El equipo instructor estará auxiliado por la Secretaría General de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

Artículo 32.- 1. En caso de denuncia, será necesaria la ratificación del denunciante, salvo que se actúe en representación con poder especial otorgado al efecto.

2. Tras la ratificación, en su caso, se requerirá a la dependencia administrativa o entidad donde se hubieran producido los hechos origen de la denuncia cuantos datos y antecedentes sean precisos para concretar los hechos, su trascendencia económica y la persona presuntamente responsable.

Artículo 33.- En la instrucción se llevarán a cabo, en general, cuantas actuaciones sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos y, en particular, las siguientes:

a) Redactar los pliegos de cargos, dándole traslado a los presuntos responsables para que formulen alegaciones y propongan las pruebas que consideren oportunas en el plazo de treinta días hábiles.

b) Tomar declaración a los presuntos responsables, preferentemente en la sede de la Audiencia de Cuentas, previa citación al efecto.

c) Liquidar provisionalmente el alcance.

d) Practicar los embargos preventivos que fueren precisos para asegurar las responsabilidades a que hubiere lugar.

e) Practicar la liquidación definitiva.

Artículo 34.- Una vez llevadas a cabo las demás diligencias complementarias que se consideren oportunas, se elaborará una propuesta de resolución redactada por el instructor y suscrita por el auditor encargado del procedimiento, que se elevará al Pleno, para que, una vez aprobada por éste, se remita con todo lo actuado al Tribunal de Cuentas.

Artículo 35.- Si en cualquier momento de la instrucción del procedimiento se apreciaran indicios racionales de responsabilidad penal, se pondrá en conocimiento del Pleno para que por éste se acuerde que se dé cuenta al Ministerio Fiscal del Tribunal de Cuentas.

Sección 2ª

Funciones de asesoramiento y consulta

Artículo 36.- El desarrollo de las funciones previstas en el artículo 8 del presente Reglamento por la Audiencia de Cuentas de Canarias, se tramitará de la siguiente forma:

1º) Solicitado por el Parlamento de Canarias asesoramiento a la Audiencia de Cuentas, en el ámbito de sus competencias, el Pleno, a propuesta del Presidente, asignará la función al auditor o auditores, a quien o quienes corresponda por razón de la materia, que verificarán la documentación y antecedentes que obren en la Audiencia de Cuentas, y redactarán el oportuno dictamen, que será trasladado por conducto de la Secretaría General, al Servicio Jurídico para informe, que una vez recibido por el auditor, se remitirá a la Presidencia, para su aprobación por el Pleno y posterior elevación al Parlamento.

2º) Solicitado por los entes públicos mencionados en el artículo 8 la emisión de dictamen o consulta en materia de contabilidad pública y de gestión económico-financiera, y una vez emitido en los términos indicados en el apartado precedente, se procederá a su remisión al órgano solicitante.

3º) La petición de dictámenes se cursará acompañada de sus antecedentes.

TÍTULO TERCERO

ORGANIZACIÓN

CAPÍTULO I

ÓRGANOS

Artículo 37.- La Audiencia de Cuentas de Canarias está integrada por los siguientes órganos:

a) El Pleno.

b) El Presidente.

c) Los Auditores.

d) La Secretaría General.

CAPÍTULO II

PLENO

Artículo 38.- 1. El Pleno, como órgano colegiado de la Audiencia de Cuentas, lo compondrán los cinco auditores.

2. El Pleno no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente, o quien le sustituya. En todo caso, será necesaria en primera convocatoria la presencia de cuatro de sus miembros para que quede válidamente constituido. En segunda convocatoria el Pleno estará válidamente constituido siempre que, además del Presidente, estén presentes al menos dos auditores.

3. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los asistentes, y dirimirá los empates, si los hubiere, el voto del Presidente.

4. El Pleno se reunirá con la periodicidad que se considere necesaria, y siempre que así lo estime el Presidente o lo propongan dos de sus miembros.

5. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

6. El funcionamiento del Pleno, en todo lo no previsto por la Ley de la Audiencia de Cuentas y el presente Reglamento, se regirá por los preceptos contenidos en la normativa reguladora de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 39.- 1. Las sesiones plenarias pueden ser:

a) Ordinarias.

b) Extraordinarias.

c) Urgentes.

1.1. Son ordinarias, aquellas cuya periodicidad esté preestablecida por acuerdo plenario.

1.2. Son extraordinarias, aquellas que convoque el Presidente por iniciativa propia o a solicitud de dos miembros como mínimo. Entre la solicitud y la convocatoria no debe mediar un plazo superior a tres días y debe celebrarse dentro de los tres días siguientes, incluyéndose en el orden del día los asuntos propuestos.

1.3. Son sesiones extraordinarias urgentes, las convocadas por el Presidente cuando la urgencia del asunto, o asuntos, a tratar no permita convocar la sesión extraordinaria con la antelación mínima prevista en el apartado anterior. En este caso, debe incluirse, como primer punto en el orden del día, el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia. Si ésta no resulta apreciada por el Pleno, se levantará acto seguido la sesión.

2. La convocatoria de las sesiones del Pleno corresponde al Presidente y deberá ser acordada y notificada con una antelación mínima de setenta y dos horas y en ella se especificará que, de no alcanzarse en primera convocatoria la presencia de cuatro de sus miembros, el Pleno se celebrará en segunda convocatoria en el mismo lugar, en hora y fecha concreta, y nunca antes de una hora después de la prevista para la primera. A la convocatoria se acompañará el orden del día. No obstante, quedará válidamente constituido el Pleno, aunque no se hubiesen cumplido los requisitos de la convocatoria, cuando se hallen reunidos todos sus miembros y así lo acuerden por unanimidad.

3. El orden del día de las sesiones ordinarias se fijará por el Presidente teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones que por escrito le hagan los demás miembros del Pleno, siempre que fuera formulada antes de la fecha de la convocatoria de la sesión.

4. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

5. La documentación de los asuntos incluidos en el orden del día será distribuida por la Secretaría General a los miembros del Pleno, junto con la convocatoria.

Será el secretario general el que efectúe la citación para la reunión del Pleno.

6. Las deliberaciones del Pleno tendrán carácter reservado, debiendo guardar secreto de las mismas los asistentes y cuantos pudieran conocerlas por razón de sus funciones en la Audiencia de Cuentas.

7. La asistencia a las reuniones, convocadas reglamentariamente, es obligada para los miembros, salvo que, por causa debidamente justificada, alguno no pudiera concurrir y se hubiese excusado oportunamente.

Artículo 40.- 1. En los informes, dictámenes y cualesquiera otros documentos relacionados con la actuación de la Audiencia de Cuentas que deban ser aprobados por el Pleno, podrán formularse votos particulares, que se incorporarán a los mismos.

2. La intención de formular un voto particular y las líneas generales de su contenido se tendrá que expresar cuando se adopte el acuerdo y se hará constar en el acta de la sesión. El voto particular se formalizará en el término de cinco días hábiles a partir de la adopción del acuerdo y se presentará por escrito en la Secretaría General.

Artículo 41.- 1. El secretario general redactará el acta de cada reunión que celebre el Pleno, dejando constancia de los asistentes, el lugar, fecha y hora de la reunión, las cuestiones debatidas y los acuerdos adoptados, y el resultado de la votación.

2. Cuando alguno de los asistentes desee que se hagan constar en acta determinadas manifestaciones, criterios o explicaciones de su voto que hayan mantenido en la sesión, y así lo hiciera constar expresamente, se las redactará sucintamente al secretario en la misma sesión, o, en su defecto, entregará a aquél el texto de su intervención, en el plazo de cinco días hábiles.

El secretario general velará por la coincidencia del contenido del escrito con las manifestaciones o criterios expuestos.

3. Las actas serán suscritas por el secretario general, con el visto bueno del Presidente y aprobadas por el Pleno en la misma reunión o inmediata posterior. Podrá, no obstante, emitir el secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta, haciendo constar expresamente tal circunstancia.

Artículo 42.- Corresponden al Pleno de la Audiencia de Cuentas, además de las previstas en el artículo 31 de la Ley, las siguientes atribuciones:

a) Acordar la realización de una actuación fiscalizadora no incluida inicialmente en el programa anual.

b) Aprobar la memoria de actuaciones que ha de remitirse al Parlamento, de conformidad con lo establecido en la Ley y Reglamento de la Cámara.

c) Aprobar su Reglamento de Régimen Interior.

d) Aprobar su relación de puestos de trabajo dentro de los límites que para el capítulo de personal establece su presupuesto anual, así como proponer modificaciones de la misma relación conjuntamente con las modificaciones presupuestarias que conlleven, para su aprobación, si procede, por la Mesa del Parlamento.

e) Aprobar el anteproyecto de su presupuesto para su remisión a la Mesa del Parlamento.

f) Aprobar las directrices técnicas de carácter general y las específicas aplicables a cada actuación fiscalizadora, en su caso.

g) Aprobar las normas internas de fiscalización.

h) Aprobar las bases procedimentales de acceso a la condición de funcionarios y provisión de puestos de trabajo de la Audiencia, así como la convocatoria pública para esa provisión, conforme a lo establecido en el artículo 77 de este Reglamento.

i) Resolver los conflictos de atribuciones y cuestiones de competencia entre sus diversos órganos.

j) Imponer por mayoría absoluta, previo el expediente disciplinario correspondiente, y en su caso, la sanción de separación de servicio de su personal.

k) Acordar las medidas previstas en el artículo 14 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

l) Adoptar los acuerdos a que se refiere el artículo 6.4 de este Reglamento.

m) Elegir de entre sus miembros al Presidente y proponer su nombramiento al Presidente del Gobierno.

n) Nombrar al secretario general.

ñ) Cualquier otra función que le encomiende la Ley y el Reglamento.

CAPÍTULO III

PRESIDENTE

Artículo 43.- 1. El Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias será elegido de entre sus miembros, por mayoría absoluta, en votación secreta que efectuarán los auditores. Cuando el Presidente pierda la condición de auditor, por causa distinta a la expiración del período de duración de su mandato, le sustituirá el auditor de mayor antigüedad, y en el caso de igualdad entre varios, el de mayor edad. El día hábil siguiente a la fecha de toma de posesión del nuevo auditor que sustituya al que ejercía de Presidente se celebrará un Pleno extraordinario, que tendrá como único punto del orden del día la elección del Presidente. En tal supuesto, el que resulte elegido será nombrado por el tiempo que falte para cumplir el período de tres años para los que fue designado el que produjo la vacante.

2. En los casos en que el cese del Presidente se produjera por expiración del período de duración de su mandato, continuará en funciones hasta que se produzca el nombramiento del nuevo Presidente, siempre que continúe ostentando la condición de auditor, o resulte reelegido como tal. Al día hábil siguiente al cese del Presidente o a la toma de posesión de los nuevos miembros de la Audiencia de Cuentas, se celebrará un Pleno extraordinario, que tendrá como único punto del orden del día la elección de Presidente.

3. Si el cese del Presidente se produjera por la expiración del período de duración de su mandato y no fuese reelegido como auditor, le sustituirá el auditor de mayor antigüedad, y en el caso de igualdad entre varios, el de mayor edad. Al día hábil siguiente a la fecha de la toma de posesión de los nuevos miembros de la Audiencia de Cuentas se celebrará un Pleno extraordinario para la elección de Presidente.

4. En los casos de ausencia o enfermedad, le sustituirá el auditor de mayor antigüedad, y siendo ésta igual el de mayor edad.

5. El Presidente de la Audiencia de Cuentas ostentará su representación y tendrá el tratamiento de Excelencia.

6. El Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias gozará de independencia e inamovilidad y se hallará sujeto a las mismas causas de abstención y recusación que los restantes miembros de la misma, debiéndose dar cuenta de la causa al Pleno.

7. Una vez elegido, se propondrá su nombramiento al Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias mediante escrito en el que sólo figurará el resultado de la votación secreta. Su mandato será de tres años, pudiendo ser reelegido.

Artículo 44.- Constituyen funciones del Presidente de la Audiencia de Cuentas, además de las previstas en el artículo 32 de la Ley, las siguientes:

a) Autorizar la contratación de personal.

b) Autorizar la contratación de obras, bienes, servicios, suministros y otras prestaciones necesarias para el funcionamiento de la Audiencia.

c) Canalizar las relaciones externas de la Audiencia de Cuentas.

d) Visar las actas de las sesiones del Pleno y certificaciones de sus acuerdos que expida el secretario general.

e) Comunicar al Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias y al del Parlamento, con tres meses de antelación, la finalización del período para el que fue nombrado como Presidente.

f) Comunicar al Presidente del Parlamento, con tres meses de antelación, la finalización del período para el que fueron nombrados los auditores, cuya renovación proceda.

g) Informar públicamente de las actividades reservadas de la Audiencia de Cuentas, cuando así lo acuerde el Pleno expresamente.

h) Resolver los procedimientos de acceso a la condición de funcionario de la Audiencia de Cuentas, así como la resolución de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo.

i) Nombrar a los funcionarios.

j) Resolver los expedientes de compatibilidad del personal.

k) Asignar el desempeño provisional de puestos de trabajo.

l) Solicitar la adscripción temporal en comisión de servicios de funcionarios pertenecientes a otras administraciones públicas.

m) Declarar las situaciones administrativas de los funcionarios.

n) Aprobar las modificaciones presupuestarias que resulten precisas y dentro de los límites establecidos por la Mesa del Parlamento.

ñ) Decidir sobre cualquier otro asunto no atribuido expresamente a otros órganos de la Audiencia de Cuentas en los términos previstos en la normativa legal reguladora de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

o) Cualquier otra función que le atribuya la Ley o este Reglamento.

Artículo 45.- El Presidente de la Audiencia de Cuentas podrá delegar en el secretario general, en los términos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el ejercicio de las competencias que no impliquen una relación con el Pleno, en los siguientes supuestos:

a) Las relativas al personal.

b) Las funciones que le correspondan como órgano de contratación.

CAPÍTULO IV

AUDITORES

Artículo 46.- 1. La Audiencia de Cuentas de Canarias está integrada por cinco auditores, elegidos por el Parlamento de Canarias por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre personas de reconocido prestigio en relación al ámbito funcional del órgano fiscalizador, renovándose por períodos de tres y dos años las tres y dos quintas partes sucesivamente.

2. El mandato de los miembros de la Audiencia de Cuentas tendrá una duración de cinco años, a contar desde el momento de efectividad de su elección. Cuando ésta se haya producido como consecuencia de la cobertura de vacantes, el miembro así elegido limitará su duración a la prevista para su predecesor.

3. La elección será efectiva desde la fecha en que el electo haya tomado posesión de su cargo, una vez publicado el acuerdo del Pleno del Parlamento en el Boletín Oficial de Canarias.

Artículo 47.- No podrán ser designados auditores quienes en los dos años inmediatamente anteriores hayan tenido a su cargo la gestión, inspección o intervención de los ingresos y gastos del sector público de Canarias, ni quienes hayan sido perceptores de subvenciones o beneficiarios de avales o exenciones concedidas por cualquiera de los entes indicados en el artículo 2 de este Reglamento.

Artículo 48.- 1. Los auditores gozarán de independencia e inamovilidad.

2. Los miembros de la Audiencia deberán abstenerse o podrán ser recusados cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:

a) Tener interés personal en el asunto o la empresa, o mantener cuestión litigiosa pendiente o relación de servicio con algún interesado.

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los cuentadantes.

c) Haber tenido a su cargo la administración, gestión, inspección o intervención de los gastos objeto de fiscalización.

d) Cualquier otra circunstancia que, a juicio del auditor afectado o del Pleno, en virtud de acuerdo adoptado por la mayoría absoluta, pueda mermar su objetividad o independencia de criterio.

Artículo 49.- El auditor que se encuentre comprendido en alguna de las causas de abstención, previstas en el artículo anterior, lo pondrá en conocimiento del Presidente, quien lo elevará al Pleno de la Audiencia de Cuentas, que acordará, si encuentra justificada la causa, la designación de otro auditor para hacerse cargo del procedimiento objeto de la abstención.

Artículo 50.- Cuando se suscite la recusación de un auditor por alguna de las causas previstas en el artículo 48 de este Reglamento, bien por otro auditor o por persona interesada en el procedimiento, se pondrá en conocimiento del Presidente, quien, oído el auditor recusado, acordará la designación o no de otro auditor para la dirección del asunto objeto de la recusación. En cualquier caso, la resolución de los incidentes de recusación se efectuará de forma individualizada.

Artículo 51.- En el ejercicio de sus funciones, los auditores tendrán la consideración de autoridad pública a los efectos de la responsabilidad administrativa y penal de quienes cometieren agravios contra ellos, de hecho o de palabra, en acto de servicio o con motivo del mismo.

Artículo 52.- 1. El ejercicio del cargo de auditor estará sometido al régimen de incompatibilidades previsto para los altos cargos en la legislación de la Comunidad Autónoma y será incompatible con el desempeño de funciones directivas, ejecutivas o asesoras en partidos políticos, centrales sindicales, organizaciones empresariales y colegios profesionales.

2. La posible existencia de causas de incompatibilidad sobrevenida e incumplimiento grave de las obligaciones derivadas del cargo será comunicada por el Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en virtud de acuerdo adoptado por la mayoría de sus miembros, al Parlamento de Canarias, a efectos en su caso, de incoación, tramitación, resolución y declaración de cese por mayoría de las dos terceras partes de sus miembros. Dicho acuerdo será publicado en el Boletín Oficial de Canarias.

3. Los auditores deberán efectuar declaración de bienes, derechos patrimoniales y actividades que desempeñen y sean susceptibles de proporcionarles ingresos económicos. La declaración deberá ser presentada en sobre cerrado dentro de los dos meses siguientes a la adquisición de la condición de auditor, conforme señala el artículo 46.3 de este Reglamento, ante la Secretaría General de la Audiencia de Cuentas o efectuarse ante notario, en cuyo caso deberá presentarse testimonio notarial de su realización. Tal documentación será custodiada por el secretario general, que guardará la oportuna reserva de la misma. Las declaraciones podrán ser examinadas por el Pleno, por acuerdo de aquél, en los casos en que resulte imprescindible para su trabajo.

4. El nombramiento de un funcionario como auditor implicará el pase del mismo a la situación administrativa de servicios especiales, en los términos establecidos en la legislación reguladora de la Función Pública.

5. Los auditores tendrán derecho a las remuneraciones e indemnizaciones correspondientes a los altos cargos, que para tal fin se consignen en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

6. Los auditores tendrán el tratamiento protocolario de ilustrísimos señores.

Artículo 53.- 1. Los auditores cesarán por las causas y en los términos previstos en el artículo 28 de la Ley reguladora de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

2. La renuncia a la condición de miembro de la Audiencia de Cuentas de Canarias deberá de ser presentada por el auditor a la Audiencia de Cuentas y al Parlamento de Canarias, a fin de que se proceda por éste a la adopción de acuerdo al respecto, que será publicado en el Boletín Oficial de Canarias.

3. Una vez declarada la incapacidad de un miembro de la Audiencia por sentencia firme, conocida aquélla por el Parlamento de Canarias, adoptará acuerdo de cese al respecto, que será publicado en el Boletín Oficial de Canarias.

Artículo 54.- 1. Vacante el cargo de auditor, será cubierto por el Parlamento, en la forma prevista en el artículo 21 de la Ley que regula la Audiencia.

2. La vacante del cargo de auditor será cubierta, excepto cuando el cese venga motivado por la terminación del mandato, por el tiempo que falte para cumplir el período de cinco años para el que fue nombrado el que produjo la vacante.

3. El auditor o auditores cesantes continuarán ejerciendo sus funciones, mientras no tomen posesión el nuevo o nuevos designados por el Parlamento.

Artículo 55.- A los efectos previstos en el artículo 28 de la Ley de la Audiencia de Cuentas de Canarias, se considera incumplimiento grave de las obligaciones derivadas del cargo como causa de cese de los auditores:

a) La inasistencia al Pleno dos veces consecutivas o tres alternativas en seis convocatorias consecutivas, sin causa justificada.

b) No guardar secreto sobre los proyectos de informes examinados en el Pleno, sobre el sentido del voto de los restantes miembros así como la marcha de las fiscalizaciones en relación a aquéllos, en tanto en cuanto no se verifique el trámite de audiencia.

c) Silenciar la posibilidad de estar incurso en alguna de las causas de recusación o abstención, previstas en el artículo 48 del Reglamento.

d) Vulnerar las incompatibilidades establecidas en la Ley y este Reglamento.

Artículo 56.- Los miembros de la Audiencia de Cuentas no podrán hacer declaraciones o manifestaciones públicas, orales o escritas, sobre materias o cuestiones concretas, conceptuadas como reservadas por el Pleno, que estén relacionadas con la función de la Institución, salvo que fueran autorizados expresamente por el mismo Pleno. A tal efecto, tendrán la consideración de reservada la información contenida en los proyectos de informes de fiscalización, en tanto en cuanto no se verifique el trámite de audiencia, y el contenido de los dictámenes que la Audiencia de Cuentas emita en ejercicio de las funciones previstas en el artículo 8 de este Reglamento, en tanto en cuanto no sea remitida a sus destinatarios.

Artículo 57.- Corresponden a los auditores de la Audiencia de Cuentas, además de las previstas en el artículo 33 de la Ley que la regula, las siguientes atribuciones:

a) Someter a la consideración del Pleno, previa remisión a la Presidencia, las actuaciones a llevar a cabo en relación con su ámbito de actuación, para su inclusión en el programa anual.

b) Elevar al Presidente, en su caso, las propuestas de directrices técnicas específicas de las actuaciones que tengan asignadas, a fin de que sean sometidas a la consideración del Pleno.

c) Aprobar la planificación de las actuaciones que tengan asignadas.

d) Dirigir las actuaciones de control externo que les hayan sido asignadas.

e) Someter a la toma en consideración del Pleno, previa elevación al Presidente, los proyectos de informes correspondientes a su ámbito de actuación, para su remisión a los responsables de la entidad fiscalizada en trámite de audiencia para alegaciones.

f) Elevar al Presidente los proyectos de informes como resultado de las fiscalizaciones realizadas para que, en su caso, sean aprobadas por el Pleno, una vez cumplimentado el trámite de audiencia.

g) El ejercicio de las potestades previstas en el artículo 13 de la Ley de la Audiencia de Cuentas de Canarias, así como la fijación del plazo para hacerlas efectivas, que no podrá ser inferior a cinco días hábiles.

h) Proponer los gastos que sean necesarios para el funcionamiento de los servicios que de ellos dependan.

i) Proponer la instrucción de expedientes disciplinarios al personal a su servicio.

j) Las demás funciones que les fueren encomendadas por el Pleno de la Audiencia de Cuentas o por el Presidente, y puedan corresponderles con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento.

CAPÍTULO V

SECRETARÍA GENERAL

Artículo 58.- El secretario general, que deberá estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, será designado por el Pleno, a propuesta del Presidente de la Audiencia de Cuentas.

Artículo 59.- 1. El secretario general estará sometido al mismo régimen de incompatibilidades que afecta a los auditores de la Audiencia de Cuentas y deberá realizar la oportuna declaración de bienes, derechos y actividades prevista para aquéllos.

2. La instrucción del expediente de incompatibilidad será acordada por el Pleno, actuando como instructor y secretario los miembros de la Audiencia de Cuentas que aquél designe.

Artículo 60.- Al secretario general le corresponden las funciones de secretario del Pleno, jefe superior del personal y del régimen interior de los servicios y dependencias de la Audiencia de Cuentas, sin perjuicio de la superior autoridad del Pleno, del Presidente y de las atribuciones de los auditores.

Artículo 61.- Como secretario del Pleno le corresponden las siguientes atribuciones:

a) Prestar el asesoramiento jurídico.

b) Preparar y cursar el orden del día de las sesiones, siguiendo las instrucciones del Presidente.

c) Asistir, con voz y sin voto, a las sesiones.

d) Redactar las actas y ejecutar los acuerdos.

e) Expedir certificaciones de actas y acuerdos, con el visto bueno del Presidente.

f) Redactar y someter anualmente a la aprobación del Pleno la memoria de actuaciones de la Audiencia de Cuentas a que se refiere el artículo 20 de la Ley.

g) Cualquier otra función que le pueda ser asignada por el Pleno.

Artículo 62.- Como jefe directo del personal le corresponden las siguientes atribuciones:

a) Instruir y custodiar los expedientes de personal.

b) Proponer la distribución del personal entre las distintas dependencias y servicios.

c) Proponer la contratación de personal.

d) Vigilar la asistencia del personal de la Audiencia de Cuentas y el desenvolvimiento de su trabajo.

e) Autorizar los traslados de funcionarios en el ejercicio de sus funciones.

f) Coordinar el asesoramiento jurídico a prestar a los órganos de la Audiencia de Cuentas por los letrados.

g) Velar por la disciplina de los funcionarios e instruir los expedientes disciplinarios que se sigan al personal de la Audiencia de Cuentas y elevar al Presidente la oportuna propuesta.

h) Elaborar las propuestas de relación de puestos de trabajo y sus modificaciones, las bases de las convocatorias de las pruebas selectivas del personal y las de los concursos para la provisión de puestos de trabajo para su trámite reglamentario.

i) Ejecutar los programas de formación del personal de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

j) Cualesquiera otras que en materia de personal le atribuya el Reglamento de Régimen Interno.

Artículo 63.- Son atribuciones del secretario general en cuanto al régimen interior de los servicios:

a) Custodiar los registros de entrada y salida de documentos y la distribución de éstos entre las distintas dependencias y servicios.

b) La supervisión de los registros previstos en el artículo 20.3 de este Reglamento en cada unidad de fiscalización.

c) Elaborar el anteproyecto de presupuesto.

d) Elaborar la liquidación del presupuesto.

e) La conservación y archivo de documentos.

f) Vigilar el mantenimiento adecuado de los servicios e instalaciones.

g) Elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes de la Audiencia de Cuentas.

h) Supervisión de compras y adquisiciones.

i) Supervisión del mantenimiento de la biblioteca de la Audiencia.

j) Redactar y someter anualmente a la aprobación del Pleno la memoria de actuaciones de la Audiencia de Cuentas a que se refiere el artículo 20 de la Ley.

k) Cualquier otra que pueda atribuirle el Pleno o el Presidente.

Artículo 64.- 1. El secretario general será cesado por el Pleno a propuesta del Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

2. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad del secretario general le sustituirá en funciones el letrado que designe el Presidente de la Audiencia de Cuentas dando cuenta de ello al Pleno.

Artículo 65.- Una vez adoptado por el Pleno un acuerdo que contenga materia calificada como reservada, así como los posibles votos particulares emitidos en relación al mismo, no podrán ser objeto de reproducción alguna en tanto no se haya verificado el trámite de audiencia o se haya remitido a sus destinatarios, en los términos previstos en el artículo 56 de este Reglamento.

Artículo 66.- El secretario general expedirá certificaciones de los acuerdos del Pleno a petición de sus miembros. Cuando se solicite dicha certificación por persona o entidad interesada, se efectuará siempre que ello no vulnere lo previsto en el artículo 56 de este Reglamento y cuya apreciación corresponderá al Presidente.

Artículo 67.- Respecto a la documentación que obre en el archivo general de la Audiencia de Cuentas, diferente de la establecida en los dos preceptos anteriores, por el secretario general podrán expedirse certificaciones y librarse copias, a petición de parte interesada, con el visto bueno del Presidente.

TÍTULO CUARTO

PERSONAL AL SERVICIO DE LA AUDIENCIA

DE CUENTAS

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 68.- El personal al servicio de la Audiencia de Cuentas estará constituido por todas las personas vinculadas a la misma por una relación de servicios profesionales y retribuidos con cargo a las consignaciones que para tal fin figuren en su presupuesto.

Artículo 69.- El personal de la Audiencia de Cuentas estará sujeto al régimen jurídico general de la Función Pública y a las incompatibilidades de la misma, sin perjuicio de las normas especiales que les sean de aplicación.

Artículo 70.- El personal al servicio de la Audiencia de Cuentas se clasifica en las siguientes categorías:

a) Funcionarios de carrera.

b) Funcionarios interinos.

c) Personal eventual.

d) Personal laboral.

Artículo 71.- Son funcionarios de carrera los que, en virtud de nombramiento legal, desempeñen servicios de carácter permanente que figuran en la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo, y reciban retribuciones fijas con cargo a las consignaciones que figuren en su presupuesto.

Artículo 72.- Es personal interino el que, con carácter provisional y en virtud de nombramiento legal por razones de urgente necesidad, ocupe puestos de trabajo vacantes de la Audiencia de Cuentas, dotados presupuestariamente y reservados a funcionarios de carrera, en tanto no se provean con éstos.

Artículo 73.- Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento, y en régimen no permanente, ocupa un puesto de trabajo expresamente calificado de confianza o asesoramiento especial del Presidente. Su cese será automático, en todo caso, cuando se produzca el del Presidente. En ningún caso podrá ocupar puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera.

Artículo 74.- El Presidente, a propuesta de alguno de los auditores o del secretario general, podrá autorizar la contratación laboral para la realización de trabajos en los términos establecidos por la normativa reguladora de la Función Pública. La relación laboral existente entre dicho personal y la Audiencia de Cuentas de Canarias se regirá por lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y disposiciones complementarias y de desarrollo que resulten aplicables.

Artículo 75.- 1. El régimen disciplinario de los funcionarios de la Audiencia de Cuentas será el establecido, con carácter general, en la legislación general de la Función Pública.

2. La competencia para incoar expedientes disciplinarios y designación de instructor y secretario corresponde al secretario general, bien de oficio o a instancias del auditor debidamente justificada.

3. Será competencia del Presidente la imposición de las sanciones que, como consecuencia del expediente instruido, pudieran ser procedentes, excepto la de separación del servicio, que corresponderá al Pleno.

Artículo 76.- La incorporación de funcionarios a la Audiencia de Cuentas se realizará mediante nombramiento, previa selección por oposición, concurso libre o concurso-oposición; y por nombramiento libre, la del personal eventual.

Artículo 77.- 1. La provisión de puestos de trabajo de la Audiencia de Cuentas por funcionarios de carrera pertenecientes a otras administraciones públicas tendrá lugar en los casos y con los requisitos establecidos en las relaciones de puestos de trabajo.

2. Tratándose de funcionarios pertenecientes a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se estará al régimen de equivalencias recíproco, establecido entre la Audiencia de Cuentas y aquélla, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.

3. La adscripción temporal a la Audiencia de Cuentas de Canarias, en comisión de servicios, de funcionarios pertenecientes a otras administraciones públicas se tramitará en los términos previstos en el régimen jurídico general de la Función Pública, debiendo de quedar acreditados, en todo caso, la necesidad e interés de la adscripción y la existencia de dotación presupuestaria suficiente para el pago de las obligaciones que de dicha adscripción se deriven.

TÍTULO QUINTO

RÉGIMEN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIO

Artículo 78.- 1. El régimen del patrimonio y contratación de la Audiencia de Cuentas, ejercido a través de sus propios órganos, será el que rija para la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. La fiscalización interna de los actos de contenido económico de la Audiencia de Cuentas se ejercerá por la Intervención del Parlamento de Canarias.

3. La impugnación de los actos relativos al régimen económico y patrimonial se regirá por las disposiciones contenidas en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común y de la jurisdicción contencioso-administrativa.

4. Los actos y disposiciones de los órganos de la Audiencia dictados en el ejercicio de sus funciones gubernativas o en materia de personal podrán ser objeto de recurso, en los términos previstos en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común, ante el Pleno. Las resoluciones de éste en la misma materia serán impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa y la jurisdicción social, en su caso.

Artículo 79.- 1. La Audiencia de Cuentas elaborará el anteproyecto de su propio presupuesto, que constituirá un programa del presupuesto del Parlamento de Canarias.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, el secretario general redactará el anteproyecto de presupuesto de la Audiencia de Cuentas y lo remitirá al Pleno, para su aprobación. Dicho anteproyecto irá acompañado de una memoria explicativa y de un avance de la liquidación del presupuesto del ejercicio corriente.

Artículo 80.- El anteproyecto de presupuesto y la documentación anexa, una vez aprobada por el Pleno, se remitirá al Parlamento, en el plazo que aquél señale, para su aprobación definitiva e inclusión como un programa del presupuesto del Parlamento.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

En la Sede del Parlamento, a 1 de julio de 2002.- El Presidente, en funciones, Antonio Sanjuán Hernández, Vicepresidente Primero.

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