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En sesión celebrada el día 24 de julio de 1997, el Gobierno acordó aprobar el Decreto 194/1997, de 24 de julio, por el que se crea la Comisión Asesora para la Mejora de la Calidad Terapéutica, de la Consejería de Sanidad y Consumo (B.O.C. nº 107, de 18.8.97).
El Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, recurso contencioso-administrativo nº 2268/1997 contra el citado Decreto 194/1997.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, mediante Sentencia de 27 de abril de 2001, declaró la nulidad del Decreto 194/1997, de 24 de julio, por el que se crea la Comisión Asesora para la Mejora de la Calidad Terapéutica, por su disconformidad con el ordenamiento jurídico, al haberse omitido el preceptivo trámite de audiencia previsto en los artículos 105 de la Constitución y 130 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
Una vez notificada la Sentencia, procede la ejecución del fallo de la misma, así como su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En su virtud, de acuerdo con las atribuciones conferidas,
R E S U E L V O:
Publicar el fallo de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 27 de abril de 2001, cuyo tenor literal es el siguiente:
"Estimar el recurso contencioso-administrativo nº 2268/1977 interpuesto por el Procurador Sr. Valido Farray, en nombre del Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas, contra el Decreto 194/1997, declaramos la nulidad de dicho Decreto por su disconformidad con el ordenamiento jurídico, y no hacemos expresa imposición de costas en este recurso.
Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, de conformidad con el artículo 248.4 de la LOPJ.
Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos."
Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de junio de 2001.- La Secretaria General, Laura María Martín Pérez.
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