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Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4ē, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Notificar al denunciado que se cita, los cargos especificados en el expediente que le ha sido instruido por este Cabildo Insular por infracción administrativa en materia de transportes.
La competencia para la resolución del procedimiento viene atribuida a la Presidencia en virtud del artē. 34.1.o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificado por la Ley 11/1999, de 21 de abril, en relación con el Decreto 159/1994, de 21 de julio (B.O.C. nē 92, de 28.7.94), de Transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de transportes terrestre y por cable, y artē. 36.e) y 44 en relación con la Disposición Adicional Primera de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
Se ha nombrado Instructor del expediente sancionador a Dña. Concepción Barrera González y sustituta de ésta para el caso de ausencia o enfermedad a Dña. Carmen Dolores Noda Herrera, que podrán ser recusados conforme a los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
En virtud de lo dispuesto en el artē 210 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, y en el artē. 13, apartado 2ē del Reglamento del Procedimiento Sancionador en relación con lo dispuesto en el artē. 16.1 del mismo Reglamento, el interesado dispondrá de un plazo de quince (15) días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de la presente Providencia, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes o proponer pruebas concretando los medios de que pretendan valerse, con la advertencia de que en el supuesto de no presentar alegaciones la Resolución de iniciación podrá ser considerada Propuesta de Resolución con los efectos que le atribuyen los artículos 18 y 19 del citado texto normativo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 y 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, se informa que el plazo máximo para la resolución y notificación del presente procedimiento será de seis meses a partir de la recepción de la presente resolución, salvo que dicho plazo se suspenda por concurrir alguno de los supuestos previstos en el artē. 42.5 de la citada Ley.
TITULAR: Pablo Martín Ramos; Nē EXPTE.: TF/070011/O/2000; POBLACIÓN: Valverde de El Hierro; MATRÍCULA: TF-8308-AP; INFRACCIÓN: artículos 90 y 140.a) en relación con el artē. 141.o) de la Ley 16/1987, de 30 de julio; artículos 41 y 197.a) en relación con el artē. 198.p) del Real Decreto 1.211/1990; CUANTÍA: 50.000 pesetas; HECHO INFRACTOR: realizar transporte público de mercancías careciendo de autorización de transportes (vehículo ligero).
Valverde, a 5 de enero de 2001.- El Presidente, Tomás Padrón Hernández.
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