2000/144 - Miércoles 1 de Noviembre de 2000
IV. ANUNCIOS
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Consejería de Presidencia
3861 Dirección General de la Función Pública.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 23 de octubre de 2000, que emplaza a cuantos aparezcan como interesados en el recurso contencioso-administrativo (Procedimiento Ordinario) nš 661/00 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, interpuesto por Sindicatos de Empleados Públicos de Canarias contra la Orden de este Departamento (Orden Conjunta) de 28 de abril de 2000, por la que se actualiza y modifica el régimen jurídico de las contrataciones de personal para tareas imprevistas, urgentes y no permanentes.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el recurso nš 661/2000, interpuesto por Sindicatos de Empleados Públicos de Canarias contra la Orden de este Departamento (Orden Conjunta) de 28 de abril de 2000, por la que se actualiza y modifica el régimen jurídico de las contrataciones de personal para tareas imprevistas, urgentes y no permanentes, y puesto que el acto objeto de la impugnación podría afectar a una pluralidad de administrados por determinar, supuesto subsumible en lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, esta Dirección General, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
R E S U E L V E:
Primero.- Remitir el expediente a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife.
Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el recurso contencioso-administrativo (Procedimiento Ordinario) nš 661/2000 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, para que puedan comparecer ante la mencionada Sala en el plazo de nueve días, a partir de la publicación de la presente Resolución.
Santa Cruz de Tenerife, a 23 de octubre de 2000.- La Directora General de la Función Pública, Cristina de León Marrero.
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