BOC - 2000/129. Miércoles 27 de Septiembre de 2000 - 3520

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

3520 - Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 28 de agosto de 2000, que notifica la Orden correspondiente al expediente sancionador nº 00/068, instruido a Timanfaya, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento Pensión Arrocha I.

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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Orden recaída en el expediente iniciado con motivo de denuncias o actas de inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Orden recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de agosto de 2000.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, p.s., la Jefa de la Unidad de Estudios (Orden nº 251, de 1.8.00), Lourdes Baute Hernández.

|FORMULARIO RESOLUCIÓN QUE SE CITA:

|FIN FORMULARIO Libro nº 1 de Órdenes del Consejero de Turismo y Transportes, folio 131, nº 228.

Orden de fecha 18 de julio de 2000, del Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 00/068, instruido a Timanfaya, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Pensión Arrocha I.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Timanfaya, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 16 de febrero de 2000, como consecuencia del acta de inspección nº 10030, de 15 de junio de 1998.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 15 de junio de 1998, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Gómez de Ulla, 7, en Arrecife de Lanzarote, el Servicio de Inspección de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, levantando al efecto el acta nº 10030, en la que esencialmente se hace constar que la situación administrativa turística del mismo es igual a la expresada en el acta nº 8361, de 8 de abril de 1997.

2º) El 16 de febrero de 2000, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 00/068, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.

3º) La empresa expedientada en escrito de fecha 19 de abril de 2000, recibido en esta Consejería el 12 de mayo del mismo año, registro de entrada nº 4912, en síntesis ha alegado lo siguiente: el 15 de junio de 1998 se inició expediente, comunicado el 7 de febrero de 2000, y se presentaron alegaciones el 24 del mismo mes y año, se dan por reproducidas. En el acuerdo 1º se habla de 17 viviendas y en el 2º de 14. Nos hace dudar de la inspección el mismo día. Uno es grave y el otro muy grave.

4º) Examinadas las razones esgrimidas por la empresa expedientada y los documentos aportados no desvirtúa. Confunde los dos expedientes existentes: 1º en acta de 15 de junio de 1998, iniciado el 5 de enero de 2000 para la Pensión Arrocha II (99/379) y el 2º con acta de 15 de junio de 1998, iniciado el 16 de febrero de 2000 para Pensión Arrocha I, son dos establecimientos distintos totalmente. No hay mala inspección. En las alegaciones del 00/068 mezcla información del 1º y todo lo confunde. Arrocha II tiene 17 habitaciones, Arrocha I, 14, no hay confusión.

El 1er expediente es grave y el 2º muy grave (no hay confusión tampoco). El 2º expediente se inicia el 16 de febrero de 2000, no hay prescripción, ni caducidad. Se aplica el Decreto 281/1995, artº. 11.p), inicia el Director General y a partir de esa fecha se computa el plazo de prescripción y caducidad (11 de septiembre de 1995).

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento, con fecha 23 de mayo de 2000, formuló Propuesta de Sanción de multa en cuantía de 5.500.000 pesetas.

5º) La empresa expedientada no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución.

6º) El siguiente hecho: estar abierto al público en general sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de Pensión, constando de 14 unidades alojativas (H-3).

Se considera probado en virtud del acta de inspección nº 10030, de 15 de junio de 1998.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, en base al contenido del acta de inspección nº 10030, de 15 de junio de 1998, sin que la titular consignada haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe la Propuesta de Resolución formulada por el Instructor del procedimiento, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta.

El hecho imputado infringe lo preceptuado en los artículos 4º y 10º del Decreto 149/1986, de 9 de octubre, de Ordenación de Establecimientos Hoteleros (B.O.C. nº 129, de 27 de octubre, y nº 138, de 17 de noviembre) (H-3.1).

Dicho hecho viene tipificado en el artº. 75.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) (H-3.3).

Calificado como: muy grave.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artº. 80.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de 5.500.000 pesetas, a Timanfaya, S.L., con C.I.F. B-35335504, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Pensión Arrocha I.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación; haciéndole saber que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa del recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, según lo estipulado en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 285, de 27.11.92, y B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

Una vez firme la presente Orden, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.

El ingreso de la sanción recaída en el presente expediente deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.- Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de julio de 2000.- El Consejero de Turismo y Transportes, Juan Carlos Becerra Robayna.



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