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BOC Nº 127. Viernes 22 de Septiembre de 2000 - 3470

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

3470 - Secretaría General Técnica.- Anuncio de 1 de agosto de 2000, relativo a notificación de la Orden de 27 de junio de 2000, por la que se desestima la solicitud de suspensión formulada en el recurso de alzada interpuesto por D. Honorio Fernández López y otros, contra la Resolución de 14 de abril de 2000, que autoriza la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de plazas básicas de diversas categorías de personal estatutario, vacantes en los niveles de Atención Primaria y de Atención Especializada de los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud, a efectuar en el ámbito territorial y orgánico de dichos órganos, y aprueba las bases generales comunes por las que se han de regir las citadas convocatorias.

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No teniendo constancia en el expediente relativo al recurso de alzada interpuesto por D. Honorio Fernández López, D. José Andrés García Oramas, D. Jesús Yanes Contreras, D. José Taboada García, D. Armando Betancort Vera y D. Julián de Vicente González, del domicilio de los mismos y siendo preciso notificarles la Orden de 27 de junio de 2000, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se desestima la solicitud de suspensión formulada en el recurso de alzada interpuesto por D. Honorio Fernández López y otros, contra la Resolución de 14 de abril de 2000, por la que se autoriza la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de plazas básicas de diversas categorías de personal estatutario, vacantes en los niveles de Atención Primaria y de Atención Especializada de los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud, a efectuar en el ámbito territorial y orgánico de dichos órganos y se aprueban las bases generales comunes por las que se han de regir las citadas convocatorias, es por lo que de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a la publicación de la Orden de 27 de junio de 2000 de esta Consejería de Sanidad y Consumo, del tenor literal siguiente:

"Vista la solicitud de suspensión formulada en el recurso de alzada interpuesto por D. Honorio Fernández López y otros, contra la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud por la que se autoriza la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de plazas básicas de diversas categorías de personal estatutario, vacantes en los niveles de Atención Primaria y Atención Especializada de los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud, a efectuar en el ámbito territorial y orgánico de dichos órganos y se aprueban las bases generales comunes por las que se han de regir las citadas convocatorias.

Y en atención a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En el Boletín Oficial de Canarias nº 51, de 26 de abril de 2000, se publica la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, de 14 de abril de 2000, por la que se autoriza la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de plazas básicas de diversas categorías de personal estatutario, vacantes en los niveles de Atención Primaria y de Atención Especializada de los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud, a efectuar en el ámbito territorial y orgánico de dichos órganos, y se aprueban las bases generales comunes por las que se han de regir las citadas convocatorias.

Segundo.- En el Boletín Oficial de Canarias nº 55, de 4 de mayo de 2000, se publica la Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, de 26 de abril de 2000, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas básicas vacantes de diversas categorías de personal estatutario adscritas al citado órgano, a celebrar en el ámbito de la citada Gerencia, de acuerdo con la autorización conferida por Resolución de 14 de abril de 2000, de la Dirección General de Recursos Humanos.

Tercero.- En el Boletín Oficial de Canarias nº 62, de 19 de mayo de 2000, se publica Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife, de fecha 11 de mayo de 2000, por la que se rectifica error material producido en la Resolución de 26 de abril de 2000, que convoca pruebas selectivas para la provisión de plazas básicas vacantes de diversas categorías de personal estatutario adscritas a dicho órgano, a celebrarse en el ámbito de la citada Gerencia.

Cuarto.- D. Honorio Fernández López y otros, mediante escrito presentado ante la Dirección General de Recursos Humanos el día 26 de mayo de 2000, con el nº 4495, interponen recurso de alzada contra la citada Resolución de 14 de abril de 2000 y contra la Resolución de 26 de abril de 2000, de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, que tuvo entrada en la Consejería de Sanidad y Consumo el 29 de junio de 2000, por el que pretenden, entre otras cuestiones, la solicitud de la suspensión de los citados actos administrativos.

Por tanto, en el mismo escrito se interpone recurso contra dos actos administrativos diferentes, cuyas resoluciones competen a dos órganos administrativos distintos.

Quinto.- Que por la Dirección del Servicio Canario de la Salud se remitió informe jurídico del Jefe de Servicio de Régimen Jurídico de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud en relación con el recurso de alzada citado.

A los citados hechos son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El artículo 30.1 del Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 32, de 15.3.95), dispone que los actos dictados por los órganos centrales del Servicio Canario de la Salud son susceptibles de recurso ordinario ante el Consejero competente en materia de sanidad, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.

El artº. 30.2 del citado Decreto 32/1995, dispone que los actos dictados por los órganos territoriales del Servicio Canario de la Salud son susceptibles de recurso ordinario ante el Director del Servicio, cuyos actos pondrán fin a la vía administrativa.

Por consiguiente, compete al Consejero de Sanidad y Consumo resolver el recurso contra la referida Resolución de 14 de abril de 2000 y al Director del Servicio Canario de la Salud, resolver el recurso contra la mentada Resolución de 26 de abril de 2000.

Al amparo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (en adelante LRJPAC), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (en adelante LRJPAC), la referencia a recurso ordinario debe entenderse hecha al recurso de alzada, regulado en el artº. 114 de la mentada Ley.

Segundo.- En esta Orden se procede a conocer acerca de la suspensión de la Resolución de 14 de abril, solicitada por los recurrentes citados en base al artº. 111 de la LRJPAC.

Tercero.- Con carácter previo conviene recordar la jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a la suspensión de la ejecutividad del acto administrativo, que establece que "la regla según la cual el acto administrativo es válido y eficaz, tiene su razón de ser en la necesidad de que la Administración debe procurar la satisfacción del interés general. Dicha regla, recogida en los artículos 56, 57 y 94 de la LRJPAC, es una presunción "iuris tantum" (STS 21.7.97)".

Por otro lado, la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 1992, ha hecho suya la doctrina de apariencia del buen derecho (fonus boni iuris), que "está llamada a convertirse en pieza esencial de la economía del proceso". Añadiendo que "la suspensión de un acto administrativo debe posibilitarse para poner freno al abuso de la ejecutoriedad por parte de la Administración, pero no debe emplearse como estrategia para retardar indiscriminadamente la aplicación de las resoluciones administrativas".

La antedicha regla general respecto a la validez y eficacia del acto administrativo, viene definida en el apartado 2 del artículo 111 de la Ley 30/1992, que indica que: "El órgano a quien compete resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto impugnado, podrá suspender, la ejecución del acto impugnado, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación; b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 62.1 de esta Ley".

Respecto a la circunstancia señalada en el apartado a) del citado artículo, señala el Tribunal Supremo que debe "quedar acreditada la concurrencia de causas que motiven suficientemente la suspensión de la resolución recurrida" (STS de 5.3.98), que "la suspensión de la ejecutividad de un acto administrativo es una medida de carácter excepcional frente a la presunción de validez y eficacia inmediata de aquél, y que, por tanto, la suspensión debe, o necesariamente tiene que obedecer a graves y serios motivos: daños y perjuicios que han de aparecer como realidad objetiva de imposible o difícil reparación, graves y serios motivos que han de ser demostrados por el recurrente". Es pues al interesado a quien corresponde la carga de probar indiciariamente los daños y perjuicios.

En el caso que nos ocupa, D. Honorio Fernández y otros, si bien hacen referencia en su escrito a que la ejecución de la resolución impugnada pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación, en base al artº. 111.2, letra a), ni tan siquiera han alegado ni acreditado la concurrencia de ninguna causa que motive suficientemente la suspensión de la resolución recurrida.

En este sentido, es reiterada ya la doctrina jurisprudencial que establece que es necesario acreditar, en cada caso, y al menos de forma indiciaria, la existencia y entidad de los perjuicios que se producirán. Así el Auto del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 1996, señala textualmente: "Soportando la carga de la alegación y prueba quien solicita la suspensión, también ha de sufrir las consecuencias desfavorables que se deriven de su falta de asunción."

En cuanto a la circunstancia señalada en el apartado b) del artículo 111.2, los recurrentes D. Honorio Fernández López y otros, alegan asimismo la nulidad de pleno derecho de la resolución recurrida, como motivo para solicitar la suspensión.

Jesús González Pérez y Francisco González Navarro se pronuncian en el sentido de que parece evidente que la Administración no viene obligada a suspender la eficacia del acto cuando el recurso se fundare en alguna causa de nulidad. No basta alegar como motivo del recurso administrativo la supuesta nulidad de pleno derecho del acto, ya que en ese supuesto quedaría en manos del recurrente la posibilidad de enervar la ejecutoriedad del acto impugnado, sino que el órgano competente deberá verificar en trámite previo incidental la seriedad del motivo y, por tanto, hasta qué punto está fundada la pretensión deducida. Es necesario que el vicio determinante de nulidad surja patente y notoriamente sin necesidad de que deba realizarse nada más que la comprobación del hecho para constatar su existencia.

A mayor abundamiento, el Auto del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 1998, indica que: "... es también jurisprudencia reiterada de esta Sala que en una pieza separada de suspensión, en la que únicamente se puede discutir la adopción de una medida cautelar, no cabe hacer razonamientos sobre temas de fondo y el de nulidad de pleno derecho sin duda lo es. Sólo en aquellos casos en que tal nulidad apareciese como algo ostensible y evidente podría resultar justificada una suspensión basada en la misma, y una vez acreditada la producción de daños y perjuicios lo que no ocurre en el caso liticioso (sentencias de 15.7.88 y 27.6.91, entre otras)". Estas circunstancias no concurren en los recursos interpuestos por los citados recurrentes.

Cuarto.- Es preciso señalar que el Tribunal Supremo también ha indicado que "la imposible o difícil reparabilidad de los daños o perjuicios es el requisito previo necesario para el éxito de la pretensión de suspensión, constituyendo tal requisito un concepto jurídico indeterminado, que ha de ser integrado en cada concreto caso, en relación con la naturaleza del acto y las circunstancias concurrentes" (STS de 27.6.98). Pues bien, en el caso concreto que nos ocupa, basta una lectura de las bases de la convocatoria en cuestión y de la Ley 30/1999, de 5 de octubre, de selección y provisión de plazas de personal estatutario de los Servicios de Salud (B.O.E. de 6 de octubre de 1999), Ley 2/1999, de 4 de febrero, de medidas urgentes económicas, de orden social y relativas al personal y a la organización administrativa de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el ejercicio 1999 (B.O.C. nº 17, de 8.2.99), el Decreto 123/1999, de 17 de junio, sobre selección de personal estatutario y la provisión de plazas básicas y puestos de trabajo en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. de 14 de julio de 1999), Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social (B.O.E. de 9 de enero de 1999) -que se mantiene en vigor con rango reglamentario de acuerdo con la Disposición Derogatoria Única de la citada Ley 30/1999, de 5 de octubre-, que regulan estos procedimientos, para concluir que, antes de que venza el plazo de tres meses para la resolución del fondo de los recursos, no es posible que en ejecución de los actos recurridos se produzca daño alguno, ya que los plazos previstos en ambos procedimientos, el volumen de solicitudes presentadas y el número de tribunales a constituir, a la fase máxima que se puede llegar en dicha fecha es a la publicación de las listas provisionales de admitidos y excluidos y a la publicación de los miembros de los tribunales, listas definitivas y señalamiento de la fecha de examen de la fase de oposición, en cuyos estadios no se habrá generado ni vulnerado derecho subjetivo alguno. Tampoco es posible que los presuntos daños o perjuicios sean de imposible o difícil reparación, pues señala el Auto del Tribunal Supremo de 19 de enero de 1999 que los perjuicios en procesos de provisión de plazas, como los impugnados, "serían reparables mediante la oportuna adjudicación de plaza al perjudicado o, en última instancia, mediante la procedente indemnización y, en todo caso, deben ceder ante los graves perjuicios al interés general". Dicha consideración la realiza el Tribunal Supremo en concordancia con lo señalado en su sentencia de 27 de junio de 1998, en la que manifiesta que "la apreciación de la dificultad reparatoria de los daños y perjuicios debe ser armonizada en cada caso concreto con la medida en que el interés público exija la ejecución del acto".

Quinto.- Que al hilo de lo señalado al final del fundamento anterior, debe examinarse cuál es el interés general que es preciso garantizar en este supuesto concreto. El mismo viene determinado en el Auto del Tribunal Supremo de 19 de enero de 1999, que establece que en un proceso de provisión de plazas el interés general "viene representado por la necesidad de proveer a la cobertura de las indicadas plazas conforme a la normativa y a las reglas dictadas para la resolución del concurso".

En relación con el Auto citado son de destacar los siguientes aspectos:

a) Si bien es verdad que el mismo se refiere a un concurso de traslados, no es menos cierto que tanto el concurso de traslados como las pruebas selectivas (concurso-oposición) son procesos indistintos de provisión de plazas, como se deduce de la legislación referida anteriormente.

b) El Auto se dicta en un recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, derogada en lo que se refiere a la garantía contencioso-administrativa (artículos 6 a 10) por la Disposición Derogatoria Segunda de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (B.O.E. nº 167, de 14.7.98), en el cual la regla general es la suspensión del acto, correspondiendo a la Administración la carga de la prueba para la acreditación del interés general a proteger, al contrario de lo que sucede en el presente caso, como ha quedado expuesto en el fundamento cuarto. A pesar de ello el Tribunal Supremo desestima la suspensión.

Además, como ha quedado expuesto en el fundamento anterior, la existencia de daños o perjuicios y su difícil o imposible reparabilidad han de ser demostrados por el recurrente, que en el presente caso nada indica acerca de cuáles sean los repetidos daños y consecuentemente tampoco alega circunstancia alguna respecto a la imposibilidad o dificultad de su reparabilidad, dado que se limita a invocar el artº. 111 de la Ley 30/1999.

Sexto.- Que abundando en la entidad del interés general que se vería afectado por la suspensión de los procesos impugnados, concurren en los mismos similares circunstancias que en el proceso de provisión de plazas del Insalud a que se refiere el Auto señalado en el fundamento anterior.

Es necesario resolver el problema que afecta a todo el personal estatutario del Servicio Canario de la Salud consistente en el alto índice de empleo interino existente en el sector como consecuencia del período de adecuación a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias de las funciones y efectivos transferidos en materia de asistencia sanitaria de la Seguridad Social, así como el de puesta en funcionamiento y organización del Servicio Canario de la Salud, que vino a unirse a una etapa de paralización de convocatorias por el anterior organismo gestor. Efectivamente, la falta de convocatoria en los últimos años ha generado una importante bolsa de personal interino.

Además, la reducción del alto índice de empleo interino existente en el ámbito del personal estatutario adscrito a los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud, así como la estabilización del personal que ostenta dicha condición, constituye un mandato del Parlamento de Canarias plasmado en la Resolución de 3 de junio de 1997 (B.O.P.C. nº 106/2, de 17.6.97), adoptada como consecuencia de la proposición no de Ley nº 168 de 1997. Dicha resolución establece lo siguiente:

"El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a iniciar un proceso tendente a dar estabilidad al colectivo de los trabajadores que desempeñan interinamente las plazas vacantes de estatutarios del Servicio Canario de la Salud."

Así, en la exposición de motivos del Decreto 29/1999, de 25 de febrero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de Personal Estatutario del Servicio Canario de la Salud para 1999, se señala que "procede abordar la oferta de empleo público del personal estatutario adscrito a dicho organismo, con el fin de consolidar el alto índice de empleo interino existente en el sector".

Dicho objetivo se contempla, también, entre los compromisos asumidos por el Presidente del Gobierno de Canarias en su discurso de investidura.

Séptimo.- Que interesa señalar también, como lesión al interés general derivaría de la suspensión de los procesos impugnados, que los mismos se enmarcan en un acuerdo existente en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, entre el Insalud y la mayoría de los Servicios de Salud, al amparo de lo previsto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/1999, de 5 de octubre, de selección y provisión de plazas de personal estatutario de los Servicios de Salud (B.O.E. nº 239, de 6.10.99), en la Disposición Adicional Undécima del Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 de enero, para acometer las convocatorias coordinadas de pruebas selectivas y de concursos de traslados, tal y como resalta la exposición de motivos del Decreto 29/1999, de 25 de febrero. Dicho acuerdo, y también las citadas Disposiciones Adicionales, tienen como finalidad evitar en lo posible desplazamientos masivos de personal entre Instituciones Sanitarias que influyen en su organización y funcionamiento, y pueden repercutir en la prestación de la asistencia sanitaria, dado el gran volumen de personal que se mueve en el sistema, como también señala la exposición de motivos del Decreto antedicho. Pues bien, la suspensión de los procesos impugnados haría fracasar la coordinación indicada provocando que el Servicio Canario de la Salud quedara en posición desfavorecida respecto a los restantes servicios del sistema, con mayor índice de empleo interino y teniendo que enfrentarse en solitario a los procesos de provisión, lo que repercutiría en la organización y funcionamiento de sus Instituciones Sanitarias.

Octavo.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas, en un Auto de 20 de octubre de 1999, en un caso similar relativo a Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos por el que se aprobaban las bases generales por las que se regían las pruebas selectivas para la cobertura de plazas básicas vacantes de Facultativos Especialistas de Áreas en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud, vino a establecer que:

"Para resolver sobre la pretensión suspensoria del acto impugnado, no solamente hay que atender a la aptitud de la sentencia que en su día se dicte para reparar los daños y perjuicios que la ejecución del acto pueda causar al recurrente (artículo 130.1 de la LJCA), sino que hay que sopesar también el interés público que esté en juego (artículo 130.2 de la LJCA). Y en el presente caso tenemos, por una parte, que los perjuicios que la ejecutividad del acto impugnado pueden irrogarse al actor no es posible calificarlos como irreparables, y, por otro lado, existe un interés público evidente y prevalente concretado en la celebración de las pruebas selectivas de que se trata, habida consideración del gravamen que la suspensión supondría para los intereses públicos y generales, representados por la conveniencia de la regular marcha en el tiempo de las pruebas para cubrir las plazas vacantes."

En el mismo sentido el Auto de 7 de noviembre de 1994, de la citada Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, entre otras cuestiones, expresa que "el interés general que toda convocatoria pública de pruebas selectivas y concurrencia competitiva supone, se presenta ante la Sala con entidad más que suficiente para inclinar su decisión hacia una denegación de la petición suspensiva ...".

Lo expuesto, obviamente, no impediría, si finalmente resultara estimada la pretensión anulatoria del actor, que la eventual insuficiencia, para obtener las plazas pretendidas, de la puntuación alcanzada, si tuviera por causa la aplicación del baremo litigioso, podría ser fácilmente corregida reconociendo el derecho del actor a ocuparla, aunque se hubiere adjudicado a otro.

Es de especial interés destacar el reciente Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tenerife de fecha 1 de junio de 2000, dictado en pieza separada de suspensión 472/2000 en el recurso contencioso-administrativo, por la vía de la protección de derechos fundamentales, interpuesto contra la Resolución de 14 de abril de 2000, por la que se autoriza la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de plazas básicas vacantes de Medicina de Familia en los Equipos de Atención Primaria de las Zonas Básicas de Salud del Servicio Canario de la Salud, y contra las citadas Resoluciones de 26 de abril de 2000, de las Gerencias de Atención Primaria de Gran Canaria y Tenerife, de las Gerencias de Servicios Sanitarios de La Gomera, El Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, por las que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas básicas vacantes de Médicos de Familia en los Equipos de Atención Primaria de las Zonas Básicas de Salud del Área de Salud respectiva, a celebrar en el ámbito de dichos órganos, que desestima la medida cautelar de suspensión de la ejecución de ambas resoluciones.

Asimismo señalar otra sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 22 de mayo de 2000, que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Orden de 30 de septiembre de 1999, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se acumulan y desestiman las solicitudes de suspensión formuladas contra la Resolución de 12 de julio de 1999, de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, por la que se convoca concurso de traslados voluntarios para la provisión de plazas básicas de Ayudantes Técnicos Sanitarios/Diplomados en Enfermería, que expone:

"La primera de las resoluciones aborda, con sentido desestimatorio, la petición de suspensión, aplicando con total corrección la doctrina jurisprudencial existente al respecto, que con carácter restrictivo da tratamiento a los supuestos de actos plúrimos concursales, habida cuenta la marcada intensidad de los intereses públicos cuya gestión corresponde a la Administración, y que quedarían afectados de haberse otorgado la suspensión cautelar del acto, por lo que su corrección es indiscutida."

Por último, citar las siguientes resoluciones judiciales, por las que en similares supuestos el Tribunal ha procedido desestimar la suspensión solicitada de la ejecución de las resoluciones impugnadas:

Auto de fecha 1 de octubre de 1999, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Dos de Las Palmas de Gran Canaria; Auto de 15 de octubre de 1999, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en Las Palmas de Gran Canaria (recurso nº 1086/99); Auto de 20 de octubre de 1999, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en Las Palmas de Gran Canaria (recurso nº 1092/99); Auto de fecha 20 de octubre de 1999, de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en Las Palmas de Gran Canaria (recurso nº 1093/1999); Auto de fecha 25 de octubre de 1999, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en Las Palmas de Gran Canaria (recurso nº 1100/1999); Auto de fecha 2 de noviembre de 1999, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en Las Palmas de Gran Canaria (recurso nº 1091/99); Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en Las Palmas de Gran Canaria, de 14 de febrero de 2000 (recurso nº 22/2000); Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Uno de Las Palmas de Gran Canaria, de 26 de abril de 2000 (Recurso 11/2000); la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Uno de Las Palmas de Gran Canaria, de 11 de mayo de 2000 (recurso nº 158/2000, procedimiento especial de protección de Derechos Fundamentales); y Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Uno de Las Palmas de Gran Canaria, de 18 de mayo de 2000 (recurso nº 154/2000).

En su virtud, y en uso de las facultades que tengo conferidas,

D I S P O N G O:

Único.- Desestimar la suspensión solicitada por D. Honorio Fernández López y otros contra la Resolución de fecha 14 de abril de 2000, de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, por la que se autoriza la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de plazas básicas vacantes de diversas categorías de personal estatutario, vacantes en los niveles de Atención Primaria y de Atención Especializada de los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud, a efectuar en el ámbito territorial y orgánico de dichos órganos, y se aprueban las bases generales comunes por las que se han de regir las citadas convocatorias.

Notifíquese el presente acto a los interesados haciéndoles saber que contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la fecha de su notificación.- Santa Cruz de Tenerife, a 27 de junio de 2000.- El Consejero de Sanidad y Consumo, José Rafael Díaz Martínez, firmado y rubricado."

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de agosto de 2000.- El Secretario General Técnico, Carlos Mariano Martín Nieto.

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