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BOC Nº 092. Miércoles 26 de Julio de 2000 - 1011

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente

1011 - ORDEN de 25 de mayo de 2000, por la que se resuelven los recursos presentados por D. Juan y D. Mariano Alonso Castellano, Dña. Marta Brosa Quintana y el Ayuntamiento de Santa Brígida contra el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de 29 de febrero de 1990, que aprobó definitivamente las Normas Subsidiarias de Santa Brígida (Gran Canaria).

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I. ANTECEDENTES 1. Contra el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de 29 de febrero de 1990, por el que se aprobaron las Normas Subsidiarias de Santa Brígida, se interpusieron por D. Juan y D. Mariano Alonso Castellano y Dña. Marta Brosa Quintana, así como por el propio Ayuntamiento, recursos de reposición en contra de la determinación de dicho acuerdo, de localizar determinados equipamientos en la zona del Monte Lentiscal del término municipal de Santa Brígida.

2. En concreto, los recurrentes en sus recursos entienden que al tratarse de suelo urbano, no resulta estrictamente necesario cumplir con los estándares del Reglamento de Planeamiento, siendo suficiente el nivel de equipamientos propuestos por las Normas, sin que sea necesario ni legítimo que por parte del órgano autonómico se incremente dichas dotaciones.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De orden procedimental conviene resaltar en este caso la procedencia de la acumulación de los recursos presentados, al guardar íntima conexión entre sí, tal como establece el artº. 73 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (S.T.S. Sala 3ª, Sección 5ª) de 26 de diciembre de 1989 (Ar. 9649) entre otras.

2. Así mismo, que a pesar del largo plazo transcurrido, el artº. 42 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece la obligación genérica de la Administración de resolver de forma expresa, en todos los procedimientos, estableciéndose por S.T.S., entre otras 30 de marzo de 1984, que el transcurso del plazo establecido para resolver por la Administración y la posible aplicación del silencio, no es óbice para cumplir con la obligación de resolución expresa, así una abundantísima doctrina (S. 26 de abril de 1986, Ar. 4375) (19 de mayo de 1982 y 3 de julio de 1982, Ar. 4711).

3. Que la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, con fecha 6 de marzo de 1992, acordó delegar la resolución de los recursos de reposición interpuestos contra las Normas Subsidiarias de Santa Brígida, ante el Excmo. Consejero de Política Territorial.

4. En relación con el fondo, resulta de aplicación el artº. 70.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976, que regula el contenido de las Normas Subsidiarias de Planeamiento. Al tener este instrumento de planeamiento un objeto y una función análoga a la de los Planes Generales, le son de aplicación, de acuerdo con el Reglamento de Planeamiento artº. 33.1.f), los estándares legales respecto del esquema de infraestructura, equipamientos y servicios referidos a los sistemas generales, de comunicación, espacios libres y áreas verdes, así como equipamiento comunitario.

Tratándose pues en este caso de suelo urbano, el artº. 12.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 especifica que las dotaciones de espacios libres y zonas verdes destinadas a parques y jardines públicos y zonas deportivas de recreo y expansión, así como los emplazamientos para templos, centros docentes públicos o privados, asistenciales y sanitarios y demás servicios de interés público y social, se establecen por el planeamiento general en función de las características socioeconómicas de la población. Y no habiéndose desarrollado la Disposición Final Tercera, punto 2, de la Ley de desarrollo reglamentario de dichos estándares en suelo urbano, son las propias Normas Subsidiarias de Planeamiento las que deben justificar su necesidad y emplazamiento, S.T.S. de 28 de marzo de 1990 (R. 2265) y S.T.S. de 29 de noviembre de 1989 (R. 8371).

5.- Fijada la norma de aplicación, debe significarse, que del informe técnico obrante en el expediente se deduce:

1º) Considerar que al tratarse de suelo urbano, y no ser estrictamente necesario cumplir con los estándares establecidos en el vigente Reglamento de Planeamiento, resulta suficiente el equipamiento social previsto, con la incorporación de la parcela actualmente ocupada por el Centro de Salud y la Oficina de Correos, además de mantener la parcela ocupada por la Iglesia. Esto significaría una superficie de unos 1.200 m2 destinados a equipamiento social y administrativo.

2º) Computar el resto de la parcela libre de edificación colindante con la Iglesia como espacio libre, al tiempo que se reserva una pequeña zona de espacio libre frente el Centro de Salud y Oficina de Correos situado al sur de la Iglesia, a unos cinco metros por debajo del nivel de aquélla, así como la previsión del espacio para desarrollar la comunicación entre ambos niveles. El espacio libre resultante dispondrá de una superficie de unos 2.300 m2.

3º) Aumentar la superficie del fondo de saco propuesto en las Normas Subsidiarias como remate de la vía de acceso al resto de las parcelas edificables resultantes, a fin de establecer unas plazas de aparcamiento público para los usuarios de los equipamientos implantados. Este aumento se cuantifica en unos 240 m2 destinados a viales.

4º) Que del trámite de audiencia efectuado a la Administración Local está de acuerdo con el nuevo reajuste del equipamiento, así como con el sistema de obtención.

Vistos el recurso interpuesto, el Decreto 107/1995, el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 y el Reglamento de Planeamiento y demás normas de pertinente aplicación.

En su virtud,

D I S P O N G O:

Primero.- Estimar los recursos presentados por D. Juan y D. Mariano Alonso Castellano, Dña. Marta Brosa Quintana y D. Carmelo Vega Santana, este último en representación del Ayuntamiento de Santa Brígida, y consecuentemente modificar la ordenación en la zona del Monte Lentiscal de las Normas Subsidiarias de Santa Brígida.

Segundo.- Establecer como ordenación definitiva de la zona de suelo urbano objeto del presente recurso la establecida en el anexo que acompaña esta Orden y que obedece a las siguientes características:

1.- SECTOR A.

Ordenanza: CJ1.

Sup.: 4.260 m2.

Equip. de cesión:

Parque urbano: 1.100 m2.

Equipamiento social y administrativo: 600 m2.

Viales y aparcamientos: 240 m2.

Total equipamientos: 1.940 m2.

2.- SECTOR B.

Ordenanza: CJ3.

Sup.: 2.600 m2.

Cesión del 10%: 260 m2.

Tercero.- Con carácter previo a la obtención de licencia de edificación, segregación o en su caso Estudio de Detalle, deberá acreditarse ante el Ayuntamiento el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas de cesión de aprovechamiento medio de viales y equipamiento.

Notifíquese la presente Orden departamental a los interesados, advirtiendo que contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, contado desde el siguiente día al de notificación del presente acto administrativo.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en el artículo 234 de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de 2000.

EL CONSEJERO DE POLÍTICA

TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE,

Tomás Van de Walle de Sotomayor.

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