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BOC Nº 071. Viernes 9 de Junio de 2000 - 728

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Empleo y Asuntos Sociales

728 - ORDEN de 19 de mayo de 2000, por la que se aprueban las acciones financiables del Departamento mediante subvenciones específicas.

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Para la efectividad del principio de publicidad a que se refiere el artículo 52.7 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se estima conveniente, con carácter previo a la concesión de subvenciones específicas por parte de esta Consejería, aprobar las acciones financiables aplicables a las subvenciones de dicha clase.

Estimando de especial interés público la realización de acciones en determinadas áreas del Departamento dentro de la competencia legalmente establecida,

D I S P O N G O:

Artículo primero.- Durante el ejercicio 2000, la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales podrá conceder, dentro de las posibilidades presupuestarias, subvenciones específicas para financiar total o parcialmente la realización de acciones de reconocido interés público, orientadas a:

A) Actividades en el orden social y laboral de Instituciones, Entidades y Asociaciones legalmente constituidas.

B) Acciones formativas: cursos, jornadas, congresos, seminarios y encuentros, celebrados por Instituciones o Entidades sin fines de lucro, en los órdenes social, laboral o formativo.

Artículo segundo.- Las subvenciones a conceder para financiar el coste total o parcial de las acciones contempladas en el artículo primero, así como las obligaciones, medios de justificación de las mismas e infracciones y sanciones se regirán por lo dispuesto en los artículos 52 y 52 bis de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 170, de 31 de diciembre), así como por las normas que sean de general aplicación.

Artículo tercero.- Podrán presentar las acciones a que se refiere la presente Orden:

1. Las personas físicas.

2. Las Administraciones Públicas Locales y las Agrupaciones y Federaciones de Municipios.

3. Las Asociaciones legalmente constituidas, que tengan recogido en sus estatutos como objeto de su actividad, el desarrollo de programas de carácter social, humanitario o de atención a grupos desfavorecidos de la sociedad, sin que persigan fines de lucro, así como Sociedades Cooperativas, Federaciones y Fundaciones.

4. Las Universidades y Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo.

5. Las Organizaciones Sindicales legalmente constituidas, Organizaciones empresariales y demás entidades con representatividad y capacidad para actuar en este ámbito.

Artículo cuarto.- Los interesados en la realización de acciones en las áreas señaladas en el artículo primero de la presente Orden, presentarán la siguiente documentación:

- Memoria descriptiva de las acciones a realizar, con su plan temporal de ejecución.

- Estudio económico que permita determinar el coste de las acciones, con detalle de los tipos de gastos agrupados homogéneamente.

- Plan de financiación, que incluya el importe de los ingresos que prevea percibir el solicitante por la realización de la acción, su aportación financiera, las ayudas, subvenciones o atribuciones patrimoniales gratuitas de Administraciones Públicas o particulares o Entidades Privadas, y el importe de la subvención a solicitar.

Artículo quinto.- Las solicitudes, junto con la documentación indicada en el artículo cuarto, se dirigirán al Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, y se presentarán en la propia Consejería, bien en su sede de Santa Cruz de Tenerife (calle Leoncio Rodríguez, 7, Edificio El Cabo, 5ª planta, código postal 38071), o en Las Palmas de Gran Canaria (calle Profesor Agustín Millares Carló, 18, Edificio de Usos Múltiples II, 3ª planta, código postal 35071), o en cualquiera de las dependencias o forma previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada con la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como en el artículo 3.1 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

La presentación de las solicitudes para la realización de las acciones que se contemplan en la presente Orden, no supondrá, en ningún caso, el reconocimiento del derecho al interesado a que se le conceda una subvención específica.

Artículo sexto.- El plazo de presentación de solicitudes para la realización de las acciones señaladas en la presente Orden finalizará el 30 de junio de 2000.

Artículo séptimo.- Recibida en debida forma la solicitud y la documentación requerida y tras practicar, si ello fuera necesario, la preceptiva subsanación o mejora de las mismas contemplada en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se les dará traslado a la Comisión de Valoración, a la que se hace mención en el siguiente artículo.

Artículo octavo.- Se constituirá una Comisión de Valoración presidida por el Viceconsejero competente en materia de asuntos sociales e integrada al menos por cuatro vocales designados por éste, de entre el personal del Departamento.

Actuará como Secretario, con voz y sin voto, un funcionario designado por el Presidente.

Artículo noveno.- Son atribuciones de la Comisión de Valoración las siguientes:

a) Evaluar y baremar las solicitudes, en el plazo de un mes contado a partir de la remisión de la documentación, conforme a los criterios de valoración que se establecen en el artículo décimo de la presente Orden.

b) Formular propuesta motivada al titular del Departamento, en la que se haga constar la puntuación obtenida por cada una de las solicitudes presentadas.

Artículo décimo.- Los criterios de valoración de las acciones contempladas en el artículo primero de la presente Orden serán los que se determinan a continuación:

- Incidencia de la acción a desarrollar en una o varias áreas del Departamento, máximo 10 puntos.

- Contribución a la promoción o desarrollo de materias innovadoras de interés social no recogidas específicamente en los objetivos de planificación del Departamento, máximo 10 puntos.

- Coincidencia de las acciones o actividades con las medidas contempladas en los planes generales o sectoriales de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, máximo 10 puntos.

- Oportunidad de la acción a desarrollar, máximo 10 puntos.

- Experiencia del solicitante en acciones similares anteriormente desarrolladas, máximo 10 puntos.

- Continuidad temporal de la acción, máximo 10 puntos.

- Porcentaje de inversión que realiza el solicitante con destino a la ejecución del programa a desarrollar, máximo 10 puntos.

- Ser entidad con sede en Canarias, 3 puntos.

- Ser entidad colaboradora en la política social o de empleo de la Consejería, 5 puntos.

Artículo undécimo.- Corresponde al Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, mediante resolución motivada, y dentro de las disponibilidades presupuestarias, acordar las acciones financiables que podrán, en su caso, ser objeto de la oportuna subvención específica.

El plazo de resolución de la solicitud será de tres meses, a partir de su presentación. En el caso de no dictarse y notificarse la resolución en dicho plazo, se entenderá desestimada.

Artículo duodécimo.- Acordadas por el Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, las acciones financiables, los interesados podrán presentar solicitud ante el titular del Departamento, para la concesión de la pertinente subvención específica, en la que se hará constar que reúne los requisitos que se establecen en el artículo 20.1 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, aportando la documentación que determina el artículo 20.2 del mismo, con excepción del plan de financiación o previsión de gastos e ingresos de la actividad a desarrollar o conducta a adoptar, documento presentado cuando se optó a esta concesión.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, a elección, el recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en su sede de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación en dicho Boletín de la presente Orden, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que sea procedente.

De optarse por la interposición del recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta la notificación de la resolución expresa del recurso de reposición o hasta que se produzca la desestimación presunta del mismo.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de mayo de 2000.

EL CONSEJERO DE EMPLEO

Y ASUNTOS SOCIALES,

Marcial Morales Martín.

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