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BOC Nº 052. Viernes 28 de Abril de 2000 - 514

I. DISPOSICIONES GENERALES - Consejería de Presidencia

514 - DECRETO 50/2000, de 10 de abril, por el que se modifica el Decreto 57/1998, de 28 de abril, por el que se regulan la composición y funcionamiento de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita de Canarias así como el procedimiento para el reconocimiento de la misma.

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El Decreto 57/1998, de 28 de abril, tiene por objeto regular, además de la composición y el funcionamiento de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita de Canarias y el procedimiento para el reconocimiento de la misma, las subvenciones a los colegios de abogados y procuradores de Canarias, en esta materia.

La Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita (B.O.E. nº 11, de 12 de enero), en su artículo 38, determina que el importe máximo de la subvención que podrá ser destinada por los Colegios Profesionales para atender el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previa al proceso a los ciudadanos y de la calificación provisional de las pretensiones solicitadas, no podrá superar en ningún caso el 8% del crédito total consignado en el presupuesto de cada ejercicio. En este mismo sentido se pronuncia el Real Decreto 2.103/1996, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.

Hasta la fecha han venido siendo aplicables los módulos y bases de compensación económica para los abogados por su actuación en la asistencia jurídica gratuita y turno de oficio, así como para los procuradores por este último, establecidos en el anexo II del Reglamento referenciado. La inflación producida durante estos años y la no aplicación del índice de precios al consumo desde la asunción de competencias, así como el hecho de que esta Comunidad Autónoma es la única de las que han asumido los traspasos en materia de Administración de Justicia que no ha elevado los módulos a los que se ha hecho referencia con anterioridad y teniendo en cuenta que estos módulos están sujetos al 18% de retención del impuesto de la renta de las personas físicas y asimismo el tiempo transcurrido desde que se dictó la Ley 1/1996, de 10 de enero, y su Reglamento, hacen hoy notoriamente insuficientes las compensaciones que vienen percibiendo estos profesionales del derecho por su actuación en el turno de oficio y asistencia jurídica gratuita.

Por lo que respecta a los procuradores hay que indicar que la indemnización que éstos perciben ha venido siendo determinada por una cantidad fija, a diferencia de los abogados que varía según la clase de procedimiento en el que actúan. Ello se debe a la dificultad que entraña la individualización de todas y cada una de las actuaciones del procurador, así como de los gastos que tiene que sufragar, tales como la obtención de fotocopias de los escritos y documentación que aporta a los autos, correo, fax, teléfono, servicio de mensajería o cualquier otro medio, de su propio despacho o ajeno al mismo, que utilice para dar traslado al letrado de las resoluciones que se les notifiquen y de los autos que se les entreguen. En consecuencia, el presente Decreto modifica el Decreto 57/1998, de 28 de abril, por el que se regulan la composición y funcionamiento de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita de Canarias, así como el procedimiento para el reconocimiento de la misma, en varios aspectos:

- Introduce un apartado 3 al artículo 22 del citado Decreto 57/1998, donde se recoge que se abonará a los Colegios de Abogados de Canarias y de Procuradores de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife respectivamente, en concepto de gastos de funcionamiento e infraestructura, el 8% del total de lo justificado por cada colegio profesional por su actuación en el turno de oficio y asistencia jurídica gratuita (Colegio de Abogados) y turno de oficio (Colegio de Procuradores) tomando como referencia el volumen de asuntos generados en el año anterior.

- Añade un nuevo Capítulo III al Decreto referenciado denominado “Bases económicas y módulos de compensación”, conformado por sólo un artículo, el 24, con dos apartados:

Uno donde se dispone que las retribuciones de los abogados y procuradores designados de oficio se realizará conforme a las bases económicas y módulos de compensación fijados en atención a la tipología del procedimiento.

Otro donde se establece que estos módulos se incrementarán en relación con el aumento del índice de precios al consumo correspondiente a los doce meses anteriores aprobado por el Instituto Nacional de Estadística.

- Incluye un anexo donde se recogen los nuevos módulos y bases de compensación económica de los abogados y procuradores por la actuación en el turno de oficio y asistencia jurídica gratuita aplicables en esta Comunidad Autónoma.

- Adiciona una Disposición Final Primera facultando al titular del Departamento que tenga atribuidas las competencias en materia de Administración de Justicia para desarrollar el contenido del presente Decreto, y una Disposición Final Segunda estableciendo la fecha en que surtirá efectos.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 10 de abril de 2000,

D I S P O N G O:

Artículo primero.- Modificar el Decreto 57/1998, de 28 de abril, por el que se regulan la composición y funcionamiento de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita de Canarias, así como el procedimiento para el reconocimiento de la misma, en el sentido siguiente: 1. Añadir un apartado 3 al artículo 22, con el tenor literal siguiente:

“3. Se abonará a los Colegios de Abogados de Canarias así como a los Colegios de Procuradores de ambas provincias, en concepto de gastos de funcionamiento e infraestructura, el 8% del total de lo justificado por cada colegio por su actuación en el turno de oficio y asistencia jurídica gratuita tomando como referencia el coste total por tales actuaciones en el ejercicio anterior”.

2. Adicionar el Capítulo III denominado “Bases económicas y módulos de compensación”.

3. Añadir, en el Capítulo antes citado, el artículo 24, del siguiente tenor:

“Artículo 24.- Retribuciones por Baremo.

1. La retribución de los abogados y procuradores designados de oficio se realizará conforme a bases económicas y módulos de compensación fijados en atención a la tipología del procedimiento.

2. Los módulos de compensación y bases económicas de los abogados y procuradores por su actuación en el turno de oficio y asistencia jurídica gratuita se incrementarán en relación con el aumento del índice de precios al consumo correspondiente a los doce meses anteriores aprobado por el Instituto Nacional de Estadística.”

Artículo segundo.- Aprobar los módulos de compensación y bases económicas que figuran como anexo al presente Decreto y sus fechas de aplicación.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se autoriza al titular del Departamento competente en materia de justicia para dictar, en el ámbito de su competencia, las disposiciones necesarias para la aplicación de este Decreto.

Segunda.- El presente Decreto surtirá efectos desde el 1 de abril de 2000.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de abril de 2000.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Román Rodríguez Rodríguez.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, Julio Bonis Álvarez.

Ver anexos - páginas 5086-5087

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