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Vista la Propuesta de la Directora General de la Función Pública.
Teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y consideraciones jurídicas:
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 18 de mayo de 1994, D. Alejandro J. González Pérez, perteneciente al Cuerpo de Administrativos de Organismos Autónomos, presenta escrito en la Consejería de Trabajo y Función Pública, solicitando su integración en el Cuerpo Administrativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Basa su petición en que por Real Decreto 2.125/1984, de 1 de agosto, se traspasaron a la Comunidad Autónoma de Canarias las competencias, medios y recursos de la extinta Junta Administrativa de Obras Públicas de Las Palmas de Gran Canaria, Organismo al que pertenecía hasta su excedencia por pasar a prestar servicios en otra Administración.
2º) Por Orden de 25 de noviembre de 1998, del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, se deniega la integración de D. Alejandro J. González Pérez en el Cuerpo Administrativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, considerando que no ha sido transferido ni asumido por ésta, ni, por otra parte, ha accedido a la misma mediante los sistemas de concurso o libre designación, convocados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria.
3º) Contra esta Orden interpuso el interesado el recurso contencioso-administrativo nº 436/1999, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Uno, de Las Palmas de Gran Canaria, en el que recayó la sentencia de fecha cuatro de octubre de 1999, cuyo fallo es el siguiente:
“Que debo estimar y estimo la pretensión deducida por D. Alejandro J. González Pérez en el recurso interpuesto contra la Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales de 25 de noviembre de 1998 que se anula por no ser conforme a derecho, reconociendo el derecho del recurrente a ser integrado en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Comunidad Autónoma, todo ello sin hacer imposición de costas a ninguna de las partes”.
4º) Interpuesto recurso de apelación nº 117/99 por el Gobierno Autónomo de Canarias, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, con fecha 4 de febrero de 2000 recayó Sentencia, confirmando la de 4 de octubre de 1999, del Juzgado nº Uno de Las Palmas.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- De conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución y 17, apartado 2º de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a la Consejería de Presidencia le corresponde la obligación de ejecutar la resolución judicial y la de llevarla a su puro y debido efecto, practicando lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.
En su virtud, en cumplimiento de la Sentencia de fecha 4 de octubre de 1999, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Uno de Las Palmas de Gran Canaria,
R E S U E L V O:
1º) Cumplir en sus propios términos la referida Sentencia, integrando a D. Alejandro J. González Pérez en el Cuerpo Administrativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, con el Nº.Rº.P. 42644162 AC 511, con efectos desde el 17 de noviembre de 1992, fecha en que tomó posesión como funcionario de la Comunidad Autónoma de Canarias en una plaza convocada por el sistema de provisión de libre designación, según lo dispuesto en el Fundamento de Derecho Primero de la citada Sentencia.
2º) Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias para general conocimiento.
Santa Cruz de Tenerife, a 13 de abril de 2000.
EL CONSEJERO
DE PRESIDENCIA,
Julio Bonis Álvarez.
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