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BOC Nº 048. Miércoles 19 de Abril de 2000 - 1350

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Empleo y Asuntos Sociales

1350 - Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM).- Anuncio de 28 de febrero de 2000, del Director, relativo a notificación de la Resolución de 5 de julio de 1999, por la que se pone fin al procedimiento de reintegro iniciado a la empresa 4-A Canarias, S.L.- Expte. nº 106/93.

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Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de la Resolución de procedimiento de reintegro citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a 4-A Canarias, S.L. de la Resolución de procedimiento de reintegro de 5 de julio de 1999, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Examinado el procedimiento de reintegro iniciado de oficio a la empresa 4-A Canarias, S.L., mediante Resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 2.897, de fecha 29 de diciembre de 1998, y teniendo en cuenta que:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden del Excmo. Sr. Consejero de Trabajo y Función Pública, de fecha 31 de diciembre de 1993, registrada al nº 868, se le concedió una subvención a la empresa 4-A Canarias, S.L., por importe de once millones quinientas noventa mil (11.590.000) pesetas, con cargo a la partida presupuestaria 23.05.322B 470.00.02 L.A. 23.4002.01, de conformidad con lo establecido en el Decreto 177/1993, de 28 de mayo, por el que se regulan los Programas del Gobierno de Canarias para el fomento y mantenimiento del empleo y demás normas reguladoras de las subvenciones públicas.

Segundo.- El objeto, contenido y finalidad de la subvención concedida era el fomento de la contratación por tiempo indefinido de diecinueve trabajadores desempleados. La forma de acreditar su realización y el cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión y en las normas reguladoras quedó establecida en los siguientes términos:

- El beneficiario de la subvención estaba obligado a tener cubierto el puesto de trabajo correspondiente a la subvención como mínimo, durante los tres años siguientes a la fecha de contratación y a mantener el nivel de empleo en centros de trabajo de la empresa radicados en Canarias, durante el mismo tiempo, de manera que la plantilla de trabajadores fijos se incrementara al menos con los trabajadores contratados de conformidad con el citado Decreto.

- Si el contrato que daba origen a la subvención se extinguía antes de los tres años, contados desde la fecha en que comenzó a surtir efectos, el beneficiario de la subvención estaba obligado a cubrir el puesto de trabajo con un nuevo trabajador, contratado con sujeción a las mismas condiciones que dieron lugar al otorgamiento de la misma.

- El perceptor de la subvención estaba obligado a justificar que el importe de la subvención había sido invertido con la finalidad para la cual se concedió, mediante la aportación ante el Instituto Canario de Formación y Empleo, dentro de los quince primeros días naturales de cada mes de duración del contrato, de fotocopias, compulsadas con sus originales, de los TC1 y TC2 correspondientes a los trabajadores en virtud de cuya contratación fue concedida la subvención.

- Esta obligación se mantenía durante los tres años siguientes a la contratación, como mínimo y, en todo caso, hasta el momento en que se hubiera justificado totalmente la aplicación de la subvención.

Tercero.- Mediante Resolución de fecha 29 de diciembre de 1998, notificada al interesado el día 19 de enero de 1999, se inició, de oficio, procedimiento para el reintegro de la subvención concedida, al haber incurrido el beneficiario en la causa determinante del reintegro que en la citada Resolución se mencionaba, con la indicación de que en el plazo de diez días podía comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista, proponer pruebas y alegar cuanto tuviera por conveniente en defensa de los derechos que pudieran corresponderle. Las razones que motivaron la iniciación del proceso citado se concretan en las siguientes:

“Haber incumplido el deber de justificar el empleo dado a los fondos recibidos en la forma y plazo que se establece en la resolución de concesión y normas reguladoras.”

Cuarto.- Con fecha 23 de abril de 1999, y registro de entrada en este Organismo nº 6619, el beneficiario presentó escrito de alegaciones, manifestando su oposición al expediente de reintegro en el que literalmente dice:

“Que por medio del presente escrito y con relación al expediente 106/93, acompaño, a efectos probatorios del cumplimiento de la normativa vigente sobre subvenciones concedidas a mi mandante, los documentos probatorios numerados del 1 al 25, y manifiesto las siguientes

ALEGACIONES

Primera.- A Dña. Francisca Valladares Cartaya le sustituye María del Carmen González Reyes, y ésta, a su vez, es sustituida por María del Carmen Mesa Samarín (documentos 1 y 2).

Segunda.- Dña. Ana Isabel Cabrera Rodríguez es sustituida por Dña. Margarita Bethencourt Bethencourt, dándose de alta el 12 de octubre de 1996, dentro de los tres meses siguientes a la baja de la anterior (documentos 5 y 6).

Tercera.- Dña. Candelaria Rodríguez Pérez es sustituida por María Mercedes Cruz Sánchez, que está en la empresa todo el año 1996 y 1997 (documentos 7 y 8).

Cuarta.- Dña. Mercedes Carmen Díaz Morales es sustituida por Damiana González Díaz y ésta por Luz María González Jiménez, quien, a su vez, es sustituida por María Jesús González, que es dada de alta el 22 de enero de 1996 y de baja el 29 de julio de 1996, siendo sustituida por Montserrat Tejón González el 22 de octubre de 1996 (documentos 19, 20, 21, 22 y 23).

Quinta.- D. Antonio Marichal Mesa es sustituido por Dña. Mercedes Álvarez Ravelo (documentos 3 y 4).

Sexta.- D. Juan Carlos Gutiérrez Patricio es sustituido por D. Jesús Antonio del Valle Marcos, que, a su vez es sustituido por Ángel Luis Olea García y éste por Alberto San Martín Beltrán. A éste le sustituye D. Miguel de Gracia Tejera (documentos 24 y 25).

En su virtud,

Solicita a ese Organismo: que teniendo por presentado este escrito, junto con los documentos que se acompañan, se sirva admitirlos y se unan al expediente 106/93 y, previo los trámites oportunos, se dicte resolución por la que se tenga por aportada toda la documentación requerida y cumplidos los requisitos exigidos y mantener la subvención concedida.

Al escrito de alegaciones, acompaña contratos indefinidos y partes de alta en la Seguridad Social de María Carmen Mesa Samarín, Margarita Bethencourt Bethencourt, María Mercedes Álvarez Ravelo, María Jesús Pérez González, Montserrat Tejón González, Miguel de Gracia Tejera, parte de baja en la Seguridad Social de María Jesús Pérez González, así como TC1 y TC2 de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1996.”

Asimismo, con fecha 11 de junio de 1999, y registro de entrada en este Organismo nº 9799, el beneficiario presentó escrito de alegaciones, donde decía:

“Que respecto de la notificación expedida por este Organismo de fecha 10 de mayo de 1999, notificada a esta parte el 25 del mismo, copia de la cual acompaño como documento número uno (1), y dentro del plazo conferido para aportar la documentación requerida paso a exponer las siguientes:

ALEGACIONES

Primera.- Respecto del parte de baja en la Seguridad Social que nos solicitan de Dña. Carmen González Reyes, acompaño copia del mismo como documento número dos (2).

Segunda.- Por lo que se refiere al parte de baja en la Seguridad Social de Dña. Ana Isabel Cabrera Rodríguez, se aporta copia del mismo al presente escrito como documento número (3).

Tercera.- Como documento número cuatro (4), acompañamos la copia del parte de baja en la Seguridad Social de D. Antonio Marichal Mesa, también en la antedicha notificación.

Cuarta.- Respecto de los demás documentos solicitados, los mismos se han extraviado por causas ajenas a la voluntad de mi representada, en un cambio de domicilio que se realizó de la sede social de la misma.

Pero los citados documentos existen, y rogamos sean solicitados a las Administraciones Públicas en las que los mismos se encuentran, entiéndase Inem y Seguridad Social. Según establece el artículo 35 de la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común.

En su virtud,

Solicito a este Instituto: teniendo por presentado este escrito con sus documentos, en tiempo y forma tenga por aportados los documentos que se presentan, así como que se solicite a los organismos competentes la remisión de los que obran en su poder, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, y así tener por completada la documentación requerida.”

Al escrito de alegaciones citado se acompaña contrato indefinido y parte de baja en la Seguridad Social de María Carmen González Reyes, Ana Isabel Cabrera Rodríguez y Antonio Marichal Mesa.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El procedimiento de reintegro iniciado a 4-A Canarias, S.L., mediante Resolución del Ilmo. Sr. Director del ICFEM nº 2.897, de fecha 29 de diciembre de 1998, tuvo como fundamento el incumplimiento del beneficiario de la subvención del deber de justificar el destino dado a los fondos recibidos, toda vez que:

1. La trabajadora Francisca Valladares Cartaya, que ocupaba uno de los puestos de trabajo por las que se concede la subvención, inicia la relación con la empresa el 3 de septiembre de 1993. Causa baja el 31 de mayo de 1995, siendo sustituida por María del Carmen González Reyes el 25 de mayo de 1995. De los documentos TC aportados, se deduce que causa baja en junio de 1996. Se le sustituye por Carmen Mesa Samarín el 11 de mayo de 1996.

No obra en el expediente el parte de baja de la Seguridad Social de Francisca Valladares Cartaya, ni la tarjeta de demandante de empleo de Carmen Mesa Samarín, condición esta, indispensable según el artículo 7 uno del Decreto 177/1993, de 28 de mayo, por el que se regulaban los Programas del Gobierno de Canarias para el fomento del empleo y que señalaba que el fin del Programa era el fomento de la contratación por tiempo indefinido de trabajadores inscritos como desempleados.

Se incumple por tanto el mencionado Decreto 177/1993.

2. Antonio Marichal Mesa comienza a trabajar para el interesado el 23 de agosto de 1993. De la documentación aportada se deduce que causa baja en julio de 1996, sin que conste en el expediente el parte de baja de la Seguridad Social. Además no cumple con el requisito indicado en el artículo 10 del citado Decreto 177/1993, por el que se obligaba a los beneficiarios de la subvención a tener cubierto el puesto de trabajo durante los tres años siguientes como mínimo, a la fecha de la contratación.

Se incorpora al puesto de trabajo Mercedes Álvarez Ravelo con fecha 19 de septiembre de 1996, pero no aporta la tarjeta de demandante de empleo, condición indispensable como hemos mencionado anteriormente.

3. La trabajadora Ana Isabel Cabrera Rodríguez inicia la relación con la empresa el 25 de agosto de 1993. De los TC aportados, se deduce que causa baja en julio de 1996, vulnerando el artículo 10 del Decreto 177/1993, por el que se obligaba a los beneficiarios de la subvención a tener cubierto el puesto de trabajo durante los tres años siguientes como mínimo, a la fecha de la contratación.

Ana Isabel Cabrera Rodríguez es sustituida por Margarita Bethencourt Bethencourt, con fecha de alta el 12 de octubre de 1996.

No obra en el expediente el parte de baja de la Seguridad Social de Ana Isabel Cabrera Rodríguez, ni la tarjeta de demandante de empleo de Margarita Bethencourt Bethencourt. Se incumple por tanto el artículo 7.uno del citado Decreto 177/1993, de 28 de mayo, que señalaba que el fin del Programa era el fomento de la contratación por tiempo indefinido de trabajadores inscritos como desempleados.

4. Mercedes Carmen Díaz Morales, en la documentación aportada, consta con fecha de alta el 9 de septiembre de 1993 y causa baja el 18 de febrero de 1994.

Es sustituida por Damiana González Díaz el 16 de marzo de 1994, que finaliza su relación con la empresa el 15 de julio de 1994.

En su lugar se incorpora Luz María González Jiménez con fecha de alta el 26 de agosto de 1994, sustituida el 22 de enero de 1996 por María Jesús Pérez González. Ésta a su vez causa baja el 29 de julio de 1996 y se la reemplaza por Montserrat Tejón González el 22 de octubre de 1996.

No consta el parte de baja de la Seguridad Social de Luz María González Jiménez, tarjeta de demandante de empleo de María Jesús Pérez González y de Montserrat Tejón González.

Se incumple así el Decreto 177/1993.

5. El puesto inicialmente ocupado por María Isabel Cabrera Cruz con fecha de alta el 27 de agosto de 1993 queda vacante el 8 de agosto de 1994, sin que se tenga conocimiento en este Instituto de su sustitución. Incumpliendo por tanto el artículo 14 del Decreto 177/1993, donde se obligaba a los beneficiarios, en el caso de que el contrato que daba origen a la subvención se extinguiera antes de los tres años, contado desde la fecha en que comenzaba a surtir efectos, a cubrir el puesto de trabajo con un nuevo trabajador.

6. María Eugenia Rodríguez Pérez consta con fecha de alta el 6 de septiembre de 1993 y causa baja el 26 de enero de 1994, siendo sustituida por Teresa Jesús Bencomo Mesa, el 24 de febrero de 1994. Consta, según la documentación que obra en el expediente, como justificado, hasta el 15 de agosto de 1995, fecha en que se produce la baja de Teresa Jesús Bencomo Mesa.

Faltan por tanto 14 meses para cubrir el período de tres años exigido en el artículo 13 del mencionado Decreto 177/1993.

7. Moisés Expósito González figura con fecha de alta el 17 de agosto de 1993, causando baja el 5 de abril de 1995. No consta su sustitución, con lo que se incumple el artículo 13 del citado Decreto 177/1993, donde se obligaba a los beneficiarios de las subvenciones a mantener cubierto el puesto de trabajo durante los tres años siguientes a la contratación.

8. El puesto de trabajo ocupado inicialmente por Juan Carlos Gutiérrez Patricio es igualmente susceptible del reintegro de su subvención en cuanto se incumple el mismo artículo 13 del citado Decreto 177/1993, según se detalla a continuación.

Juan Carlos Gutiérrez Patricio es contratado por la empresa beneficiaria el 16 de agosto de 1993 y causa baja el 8 de junio de 1994. Se incorpora en su lugar Jesús Antonio del Valle Marcos el 16 de junio de 1994, hasta el 7 de julio del mismo año. Es sustituido por Ángel Luis Olea García con fecha de alta el 15 de noviembre de 1994. Se produce su baja el 19 de enero de 1995. El 1 de febrero de 1995 es contratado Alberto San Martín Beltrán. Éste a su vez es sustituido por Miguel de Gracia Tejera el 11 de enero de 1996.

De los documentos TC que obran en el expediente se deduce la justificación de la subvención hasta julio de 1996.

Se incumple la normativa en cuanto que no se aporta el parte de baja de la Seguridad Social de Alberto San Martín Beltrán, ni la tarjeta de demandante de empleo de Miguel Gracia Tejera. Además no se justifica el período de tres años siguientes a la contratación del primer trabajador, que se produce el 16 de agosto de 1993, ya que la 2ª sustitución tarda más de tres meses en realizarse, y se tendría que justificar, por tanto, hasta diciembre de 1996.

9. Blanca Guerrero Cebrián es contratada el 18 de agosto de 1993. Causa baja el 31 de mayo de 1994. El 9 de junio del mismo año se incorpora en su lugar Nieves Sancho Lozano.

De la documentación obrante en el expediente se deduce que se justifica hasta febrero de 1996, faltando, por tanto, 6 meses para cumplir con el requisito recogido en el artículo 13 del mencionado Decreto 177/1993, donde se obligaba a los beneficiarios de la subvención a justificar durante los tres años siguientes a la contratación, que el importe había sido invertido con la finalidad para la cual se concedió.

Segundo.- Por lo demás, de las alegaciones realizadas y la documentación aportada por el beneficiario durante el trámite de audiencia otorgado a consecuencia del inicio de procedimiento de reintegro, se deduce lo siguiente:

1. La trabajadora Candelaria Rodríguez Pérez es contratada por la empresa el 26 de agosto de 1993. Causa baja el 30 de noviembre de 1994. Es sustituida por Mercedes Cruz Sánchez con fecha 10 de febrero de 1995. Se justifica hasta noviembre de 1996, y se cubre, por tanto, el período de tres años que se requiere en el artículo 13 del Decreto 177/1993.

Queda, por tanto, justificada la subvención por este puesto de trabajo.

2. El trabajador Sebastián Quintero Reyes consta con fecha de alta el 26 de agosto de 1993 y causa baja el 17 de mayo de 1994. Es sustituido, el 15 de junio de 1994, por Francisco Guanche Baute. De la documentación que obra en el expediente se deduce su completa justificación. 3. Los puestos de trabajo ocupados inicialmente por Bárbara de Martín Pérez, Juan José Fuente de Frutos, Pedro Jesús Guanche Baute, Manuel Chinea Chinea, Santiago Correa Delgado, Juan González Vargas, Manuel Hernández Padrón y Ana Patricia Jhonson Piña, respectivamente, según la documentación que obra en el expediente, el fin para el cual se concedió su subvención, está totalmente justificado.

La jurisprudencia más reciente tiende a considerar que el órgano competente para acordar el reintegro de la subvención goza de un cierto margen de discrecionalidad, que le permite modular el efecto devolutivo, que el reintegro de la subvención comporta, en aquellos casos en que el cumplimiento de las obligaciones impuestas mediante el acto de concesión se aproxime de modo significativo al cumplimiento total de las mismas, en especial a las obligaciones que se refieren a la creación de puestos de trabajo fijo, acreditando, además, el subvencionado una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos. En consonancia con los criterios que utiliza dicha jurisprudencia, que si se constata durante el procedimiento de reintegro de la subvención, que el beneficiario de la misma ha incurrido en un incumplimiento que exceda del 50% de la obligaciones impuestas por la resolución de concesión, se entenderá como un incumplimiento total, debiendo procederse al reintegro del importe concedido (SS.TS de fecha 26 y 28 de febrero de 1997).

Tercero.- Además de la normativa reguladora de la convocatoria, en los trámites seguidos para la iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de reintegro han sido observadas las disposiciones contenidas en la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 131, de 14.12.84), así como en el Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 19, de 13.2.95), que resulta de aplicación al presente expediente en virtud de su Disposición Transitoria Primera, así como de la Disposición Transitoria Primera del vigente Decreto 337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), que sustituye al anterior. Se han observado, igualmente, las normas generales de procedimiento de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92).

Cuarto.- Procede declarar el reintegro parcial de la subvención concedida y desestimar las alegaciones presentadas por el beneficiario, por cuanto éstas no desvirtúan la veracidad del incumplimiento denunciado ni el fundamento de esta actuación, según ha resultado probado en los párrafos precedentes.

Quinto.- El artículo 33 del Decreto 6/1995, de 27 de enero, atribuye la competencia para el inicio y resolución de los expedientes de reintegro al órgano que concede la subvención, que fue, en este caso, el Consejero de Trabajo y Función Pública, si bien, después de la entrada en vigor del Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 93, de 21.7.95), tal competencia debe entenderse referida al Consejero de Empleo y Asuntos Sociales.

No obstante, en virtud de la Orden de 3 de marzo de 1996, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 52, de 29 de abril de 1996, la competencia para la resolución del presente expediente de reintegro corresponde, por delegación del Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, al Director del Instituto Canario de Formación y Empleo.

Como consecuencia de lo expuesto,

R E S U E L V O:

Primero.- Dar por justificada parcialmente la subvención concedida mediante Orden del Excmo. Sr. Consejero de Trabajo y Función Pública, de fecha 31 de diciembre de 1993, en los términos que han resultado probados en los antecedentes de esta Resolución, es decir, la parte correspondiente a diez de los diecinueve puestos de trabajo subvencionados.

Segundo.- Declarar procedente el reintegro parcial de la subvención concedida a la empresa 4-A Canarias, S.L. mediante Orden del Excmo. Sr. Consejero de Trabajo y Función Pública, nº 868, de fecha 31 de diciembre de 1993, al haber incurrido en la causa determinante del reintegro de la referida subvención, por no haber justificado, en los términos que han resultado probados en los antecedentes de esta Resolución.

Tercero.- La cantidad a reintegrar asciende a cinco millones cuatrocientas noventa mil (5.490.000) pesetas, por el principal, más tres millones doscientas sesenta y seis mil veinte (3.266.020) pesetas, en concepto de intereses de demora devengados desde la fecha de pago de la subvención (1 de febrero de 1994), hasta la fecha de la propuesta de la presente Resolución (28 de junio de 1999), calculados aplicando el tipo de interés a que se refiere el artículo 36 del Real Decreto-Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, y sin perjuicio de que se practique nueva liquidación de intereses por el tiempo transcurrido desde la fecha de propuesta de la presente Resolución hasta la fecha de ingreso de la cantidad a reintegrar.

Cuarto.- La obligación de reintegro establecida en esta Resolución no exime al interesado de las demás responsabilidades en que haya podido incurrir como consecuencia del incumplimiento, y que se exigirán, en su caso, por los procedimientos que legalmente correspondan.

Quinto.- El reintegro habrá de efectuarse en la cuenta corriente que se indica: Entidad: Caja General de Ahorros de Canarias. C.c.c.: 2065/0118/81/1114001822.

Notifíquese al interesado la presente Resolución, con la indicación de que, contra ésta, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales en el plazo de un mes, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera formularse. El cómputo de los plazos indicados anteriormente se iniciará a partir del día siguiente al de la notificación del presente acto.»

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de febrero de 2000.- El Director, p.d., el Jefe del Servicio de Administración General (Resolución nº 3552, de 26.11.99), José Arturo Matheu Delgado.

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