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BOC Nº 167. Miércoles 22 de Diciembre de 1999 - 4484

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Empleo y Asuntos Sociales

4484 - Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM).- Anuncio de 5 de noviembre de 1999, del Director, relativo a notificación de la Resolución de 21 de octubre de 1999, por la que se declara la caducidad en el procedimiento de reintegro de la subvención concedida a Eduardo Fernández Negrín.- Expte. nº 5.812/94.

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Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de la Resolución por la que se declara la caducidad en el procedimiento de reintegro citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a Eduardo Fernández Negrín de la Resolución por la que se declara la caducidad en el procedimiento de reintegro dictado por Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 3091, de fecha 21 de octubre de 1999, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Visto el procedimiento administrativo de reintegro, iniciado en el expediente de subvención nº 5812/1994 contra la empresa Eduardo Fernández Negrín, mediante Acuerdo del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM), de fecha 23 de junio de 1999, y teniendo en cuenta que:

ANTECEDENTES

Único.- El citado Acuerdo, de fecha 23 de junio de 1999, inició un procedimiento de reintegro de la subvención concedida a la empresa Eduardo Fernández Negrín, mediante Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM), nº 988, de fecha 22 de noviembre de 1994, sin que hasta el día de la fecha haya recaído resolución expresa poniendo fin al procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Los procedimientos para el reintegro de las subvenciones concedidas por la Comunidad Autónoma de Canarias vienen regulados en el artículo 36 del Decreto Territorial 337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Sin embargo, en este artículo no se establece el plazo que tiene la Administración para dictar resolución expresa en estos procedimientos.

Segundo.- Por lo que concierne a este aspecto procede la aplicación supletoria de la Ley estatal 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley estatal 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC), que regula el procedimiento administrativo común aplicable a todas las Administraciones Públicas y a las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica vinculadas o dependientes de aquéllas.

Tercero.- Así, el artículo 42.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común recoge que “La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación”, especificando el apartado 3 de este artículo que ... . Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para recibir la notificación, éste será de tres meses.” Cuatro.- Por otra parte, el artículo 44 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común recoge que “En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver produciendo los siguientes efectos:

... 2. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92.”

Quinto.- En cuanto a la competencia orgánica, y según se recoge en los artículos 35 y 36 del Decreto Territorial 337/1997, de 19 de diciembre, en relación con lo dispuesto en el artículo 52.12 de la Ley Territorial 7/1984, de 11 de diciembre (B.O.C. nº 131, de 14.12.84), de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en el artículo 81 del Real Decreto-Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre (B.O.E. nº 234, de 29.9.88), corresponde al Director del Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM).

En consecuencia,

R E S U E L V O:

Declarar la caducidad del procedimiento de reintegro iniciado por Acuerdo del Director de fecha 23 de junio de 1999, en el expediente de subvenciones nº 5812/94, contra la empresa Eduardo Fernández Negrín, archivando las actuaciones practicadas con los efectos previstos en el artículo 92 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

La presente declaración de caducidad se realiza sin perjuicio del derecho de esta Administración a iniciar nuevo expediente de reintegro, por la misma o distinta causa, si resulta procedente.

Notifíquese al interesado la presente Resolución, haciéndole saber que, contra la misma, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la recepción del presente acto.”

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 1999.- El Director, p.d., la Jefa de Servicio de Empleo II (Resolución nº 2957, de 29.9.99), Silvia Martínez Sánchez.

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