BOC - 1999/079. Viernes 18 de Junio de 1999 - 1013

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente

1013 - Dirección General de Urbanismo.- Resolución de 5 de mayo de 1999, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de 24 de noviembre de 1998, que aprueba definitivamente la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias en Callejones y Matadero, término municipal de Arucas (Gran Canaria).

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En ejecución de la legislación aplicable, por la presente,

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Canarias del Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de fecha 24 de noviembre de 1998, de la Modificación de las Normas Subsidiarias en Callejones y Matadero, término municipal de Arucas, que figura como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de mayo de 1999.- El Director General de Urbanismo, p.s., el Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental (Orden nº 410, de 27.4.99), Miguel Ángel Morcuende Hurtado.

A N E X O

La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 24 de noviembre de 1998, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

“Visto el expediente administrativo relativo a la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias en Callejones y Matadero, término municipal de Arucas, la Comisión acuerda aprobar definitivamente la ordenación urbanística propuesta de conformidad con el artº. 132 del Reglamento de Planeamiento denegando la delimitación de la unidad de actuación así como el sistema de ejecución al no considerarlo ajustado a Derecho.”

Contra este acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir de su notificación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación al artº. 8 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



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