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BOC Nº 046. Viernes 16 de Abril de 1999 - 582

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales

582 - Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Resolución de 12 de marzo de 1999, por la que se inscribe en el Registro de Colegios Profesionales de Canarias, el Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Santa Cruz de Tenerife.

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Examinada la documentación remitida por el Colegio de referencia para su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Canarias.

I. ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 15 de abril de 1992 fue presentada por Dña. Carmen Blanca Orive Rodríguez, en calidad de Secretaria del Ilustre Colegio de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife, solicitud de inscripción del Colegio en el Registro de Colegios Profesionales de Canarias, acompañando para ello, entre otros documentos, los estatutos del citado Colegio Profesional.

Segundo.- Con fechas 6 de mayo de 1992; 16 de agosto de 1993; 11 de marzo de 1994 y 21 de marzo de 1996, se requirió al Colegio de referencia, al objeto de que adaptaran los estatutos a la normativa autonómica, para así poder formalizar la inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Canarias. Tercero.- El día 25 de junio de 1996 tuvo entrada en este Centro Directivo escrito del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Santa Cruz de Tenerife expresando el no haber procedido a la modificación de sus estatutos por depender del Estatuto General del Consejo de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España.

Cuarto.- Con fecha 18 de julio de 1996 se vuelve a instar al Colegio al objeto de que adapten sus estatutos tanto a la normativa estatal como a la autonómica.

Quinto.- El día 19 de noviembre de 1997 el Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Santa Cruz de Tenerife remite nuevamente comunicación junto con la documentación precisa para su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Canarias.

Sexto.- Con fecha 3 de julio de 1998 se vuelve a requerir al Colegio de referencia al objeto de que subsanara diversos extremos de los estatutos.

Séptimo.- El día 30 de julio de 1998 tuvo entrada en este Centro Directivo escrito del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Santa Cruz de Tenerife con las subsanaciones correspondientes, a excepción de lo que respecta a los aranceles.

Octavo.- Ante las dudas planteadas, con fecha 7 de agosto de 1998, se solicitó a la Dirección General del Servicio Jurídico informe sobre si se consideraban vigentes las normas que regulan los aranceles de los Procuradores contenidas en el Real Decreto 1.162/1991, de 22 de julio, o si se consideraban derogadas tras la entrada en vigor de la Ley 7/1997.

Noveno.- Con fecha de entrada 16 de diciembre, el Servicio Jurídico informa en el sentido de que se trata de una cuestión que afecta directamente a la relación entre dichos profesionales y los particulares que soliciten de sus servicios. Décimo.- Con fecha 9 de febrero, se solicita nuevo informe al Servicio Jurídico al considerarse no contestada la cuestión planteada en escrito de 7 de agosto.

Undécimo.- El 9 de marzo tiene entrada escrito de la Dirección General del Servicio Jurídico donde se dice que no procede denegar la inscripción del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Santa Cruz de Tenerife por motivos de legalidad.

Duodécimo.- Los Estatutos del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Santa Cruz de Tenerife fueron aprobados en Junta General Extraordinaria de fecha 28 de octubre de 1997 y sus rectificaciones en fecha 14 de julio de 1998.

Decimotercero.- El Colegio de referencia tiene carácter oficial desde Real Orden del Ministerio de Gracia y Justicia de fecha 7 de julio de 1909.

Decimocuarto.- Se fija su sede en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, teniendo su domicilio en la calle Leoncio Rodríguez, 7, 1º, Edificio El Cabo, extendiendo su ámbito territorial de actuación a la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Conforme establece el artículo 35 del Decreto 277/1990, de 27 de diciembre, en relación con el artículo 5.1.g) del Decreto 187/1995, de 20 de julio, y el artículo 6 de la Orden de 18 de agosto de 1995, que lo desarrolla, es competencia de este Centro Directivo, en materia de colegios profesionales, la calificación de los actos inscribibles, pudiendo ordenar o denegar las inscripciones.

Segunda.- Los artículos 2.3.d), 20 y 21 de la Ley Territorial 10/1990, de 23 de mayo, de Colegios Profesionales, establecen el contenido mínimo exigible a los estatutos colegiales. Tercera.- La Disposición Transitoria Primera de la meritada Ley Territorial 10/1990, establece que los Colegios Profesionales, actualmente existentes en Canarias, cumplirán las obligaciones registrales previstas en esta norma y adaptarán sus estatutos, si fuera necesario, a la presente Ley. Cuarta.- La Disposición Adicional Única de la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios Profesionales, establece que en el plazo de un año los Colegios Profesionales deberán adaptar sus estatutos a las modificaciones introducidas en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales.

Quinta.- El artículo 31 del Decreto Territorial 277/1990, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colegios Profesionales de Canarias, establece que deben inscribirse en el Registro, entre otros, la composición de los órganos de dirección del Colegio, los estatutos, así como las disposiciones deontológicas.

Sexta.- El artículo 22 del citado Decreto Territorial 277/1990 establece que los estatutos y disposiciones deontológicas que dicten los Colegios de Canarias no adquirirán vigencia hasta su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

En virtud de lo expuesto, por medio de la presente,

R E S U E L V O:

Inscribir en el Registro de Colegios Profesionales de Canarias el Colegio de Procuradores de los Tribunales de Santa Cruz de Tenerife, bajo el número 48.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso ordinario ante la Viceconsejería de Administración Pública del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes desde la notificación de la presente, como determina el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de marzo de 1999.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.

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