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BOC Nº 066. Viernes 29 de Mayo de 1998 - 1522

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente

1522 - RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 1998, de la Dirección General de Urbanismo, sobre notificación a D. José Antonio Padilla Torres, en representación de Ocios del Sur, S.L., de la Orden de 3 de marzo de 1997 dictada en el expediente de referencia S.R. 339/96.

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No habiéndose podido practicar la notificación a D. José Antonio Padilla Torres, en representación de Ocios del Sur, S.L., de la Orden Departamental de la Excma. Sra. Consejera de Política Territorial, de 3 de marzo de 1997, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O: Notificar a D. José Antonio Padilla Torres, en representación de Ocios del Sur, S.L., la Orden Departamental de la Excma. Sra. Consejera de Política Territorial, cuyo texto es el siguiente:

Orden de la Excma. Sra. Consejera de Política Territorial, por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. José Antonio Padilla Torres contra la Resolución del Ilmo. Sr. Director General de Urbanismo nº 1436-96, de 21 de agosto, recaída en el expediente administrativo S.R. 339/96.

ANTECEDENTES

1. La Resolución nº 1436-96 del Director General de Urbanismo denegó autorización para la construcción de pista de karting en Finca El Matorral, Las Casas de Tamaretilla, término municipal de Tuineje, con fundamento en el artículo 4.2.5.B de las Normas Subsidiarias de Tuineje.

2. D. José Antonio Padilla Torres interpuso recurso ordinario contra la anterior Resolución por los motivos que a continuación se resumen:

- Que no son de aplicación las Normas Subsidiarias de La Oliva, y que no existe el artículo 4.2.4.B de las Normas Subsidiarias de Tuineje.

- Que debió recabar informe de la Dirección General de Turismo y no de la Dirección General de Deportes.

- Que el informe municipal es favorable.

- Que el artículo 11.2 de la Ley 5/1987, permite autorizar excepcionalmente instalaciones no previstas en el planeamiento. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1ª) El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo y con los requisitos exigidos en el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2ª) Es competente este órgano para conocer del recurso de conformidad con el artículo 15.21 del Decreto 107/1995, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, en relación con el artículo 29 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias; así como el artº. 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3ª) Efectivamente, en la Resolución recurrida hay 2 errores materiales, y una omisión: el artículo 4.2.5.B es erróneo, y obviamente, tampoco pertenece a las Normas Subsidiarias de La Oliva, se trata del artículo 4.2.4.2.B) (condiciones de uso en suelo rústico de Protección Agrícola) de las Normas Subsidiarias de Tuineje. En cuanto a la omisión, no se refleja en los antecedentes que, al tiempo que a la Dirección General de Deportes, se solicitó informe de la Dirección General de Infraestructura Turística, al estimar que el uso solicitado (pista de karts) podía afectar a las competencias de ambos Departamentos. La solicitud de informe a este último Centro Directivo fue cursada el 15 de mayo de 1996, sin que se produjera contestación a dicha solicitud, por lo que, conforme a lo establecido en la Ley 5/1987, debe entenderse favorable, por silencio, su pronunciamiento, pero no se ha producido la declaración de utilidad pública o interés social. Se estima que, en ambos sentidos, debe ser corregida la Resolución denegatoria adoptada.

Sin embargo, y respecto al fondo del asunto, el artículo 4.2.4.2.B) de la normativa urbanística contenida en las Normas Subsidiarias del Municipio de Tuineje establece textualmente, en su párrafo tercero: “Se prohíbe asimismo la edificación en este suelo de edificaciones o instalaciones, aunque sean de utilidad pública o interés social, que no estén estrictamente relacionados con la actividad agrícola, excepción hecha de la implantación de infraestructuras, cuando quede suficientemente justificada la necesidad de situarlas en esta categoría de suelo”.

Cierto es que, conforme a lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 5/1987, de 7 de abril, el Director General tiene la potestad discrecional de acceder a la tramitación, conforme al procedimiento establecido en dicho artículo, de obras o instalaciones no previstas en el planeamiento, o contrarias al mismo. Pero, en el caso que nos ocupa, y de acuerdo con el artículo 9.2 de la misma Ley, ello requiere, además de la voluntad del Director General, la previa declaración de utilidad pública o interés social por el Departamento competente en razón de la materia, y ninguno de los dos Departamentos autonómicos consultados (Dirección General de Deportes y Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística) en el expediente la han otorgado, por lo que no es posible iniciar siquiera tal procedimiento.

Por ello se estima que procede desestimar la pretensión del recurrente, y mantener la denegación de la autorización solicitada.

D I S P O N G O:

1º) Desestimar el recurso presentado por D. José Antonio Padilla Torres, en representación de Ocios del Sur, S.L., contra la Resolución del Director General de Urbanismo nº 1436-96, de 21 de agosto, por la que se denegó la ejecución de pista de karting en Finca El Matorral, Las Casas de Tamaretilla, término municipal de Tuineje.

2º) Dar traslado de la presente a la Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, a los efectos oportunos.

Notifíquese la presente Orden Departamental al Ayuntamiento y al particular, advirtiendo que la misma agota la vía administrativa y que contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación. La interposición de recurso contencioso- administrativo contra actos que ponen fin a la vía administrativa requerirá comunicación previa al órgano que dictó el acto impugnado, tal como establece el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de marzo de 1998.- El Director General de Urbanismo, Juan César Muñoz Sosa.

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