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BOC Nº 031. Miércoles 11 de Marzo de 1998 - 291

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Empleo y Asuntos Sociales

291 - RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se hace público el III Acuerdo de Concertación Social de Canarias.

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Visto el Acuerdo de Concertación Social y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 83 y 90 del Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y el Real Decreto 1.040/1981, de 22 de mayo, sobre depósito y registro de Convenios Colectivos y el Decreto 329/1995, de 24 de noviembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, esta Dirección General

ACUERDA:

Primero.- Ordenar la inscripción en el Registro de Convenios, con notificación a los interesados.

Segundo.- Disponer el depósito del texto del Acuerdo.

Tercero.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, cabe recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, en el plazo de un mes desde la notificación o publicación de la presente Resolución, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de diciembre de 1997.- El Director General de Trabajo, Francisco Zumaquero García.

En Canarias, a 17 de diciembre de 1997.

REUNIDOS

El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, representado por su Presidente, el Excmo. Sr. D. Manuel A. Hermoso Rojas.

El Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, Excmo. Sr. D. Víctor Manuel Díaz Domínguez.

La Confederación de Empresarios de Las Palmas -CCE- representada por su Presidente, D. Alberto Cabré de León.

La Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife -CEOE- representada por su Presidente, D. José Fernando Rodríguez de Azero y del Hoyo. La Unión General de Trabajadores de Canarias -U.G.T.- representada por su Secretario General, D. Miguel Ángel Hernández Pérez.

Comisiones Obreras Canarias -CC.OO.- representada por su Secretario General, D. Manuel González Izquierdo.

EXPONEN

Primero.- Que, coinciden en la necesidad de impulsar decididamente un conjunto de actuaciones que permitan mejorar la situación cuantitativa y cualitativa del empleo en Canarias y contribuir al desarrollo de la iniciativa empresarial que impulse la consolidación del tejido productivo canario, tareas ineludibles para afrontar los retos que se derivan de la Unión Europea y de una economía internacional cada vez más global y competitiva, todo ello en base a dar respuesta a las necesidades sociales del pueblo canario.

Segundo.- Que, las partes firmantes declaran asumir, en el ámbito de sus respectivas responsabilidades, el compromiso de creación de empleo y riqueza en el marco de una estrategia que garantice la cohesión económica y social en la Comunidad Autónoma de Canarias y, para ello, la voluntad de continuar alcanzando acuerdos que consoliden al Archipiélago en la senda del crecimiento económico vinculado a la generación de empleo estable garantizando el progreso económico y la mejora del Estado del Bienestar Social en Canarias.

Tercero.- Que, el 18 de marzo de 1997 se constituyó la Mesa de Concertación Social y se crearon cuatro comisiones de trabajo con una composición tripartita, para los temas de: Negociación Colectiva y Salud Laboral; Actividad Empresarial; Formación Profesional, y Empleo que han trabajado en la elaboración de propuestas, definición de prioridades y en la articulación de instrumentos para su aplicación y desarrollo.

En razón a las anteriores consideraciones y con la voluntad de contribuir al bien común de los Canarios,

ACUERDAN:

Primero.- Suscribir y aprobar el Pacto Canario para el Fomento del Empleo Estable y de la Iniciativa Empresarial, cuyos objetivos específicos, actuaciones e instrumentos de seguimiento figuran en el documento que se adjunta.

Segundo.- Velar, en el ámbito de sus respectivas responsabilidades, por la creación y mantenimiento de un entorno social y económico basado en un marco estable de diálogo social permanente, que permita incrementar nuestro sistema productivo y las inversiones que generen empleo y riqueza, lo que garantizará crecimiento sostenido y bienestar social.

Tercero.- Dar la máxima difusión a los resultados que se deriven de este proceso de diálogo, contribuir a su promoción, extensión y divulgación y colaborar en la consecución de sus objetivos.

Y, en prueba de conformidad, firman el presente documento en el lugar y fecha indicados.

Excmo. Sr. D. Manuel Hermoso Rojas.

Excmo. Sr. D. Víctor Manuel Díaz Domínguez.

D. Alberto Cabré de León.

D. José Fernando Rodríguez de Azero y del Hoyo.

D. Miguel Ángel Hernández Pérez.

D. Manuel González Izquierdo.

III ACUERDO DE CONCERTACIÓN SOCIAL DE CANARIAS

1997-2000

“Pacto Canario por el Fomento del Empleo Estable y de la Iniciativa Empresarial”

Canarias, 17 de diciembre de 1997

ÍNDICE

I. Consideraciones Generales. II. Introducción: Marco Europeo. Evolución del Empleo. PIEC.

Título I. Acuerdos para el Empleo y Formación Profesional.

I. Introducción. II. Fomento del Empleo. III. Dinamización del Mercado de Trabajo. IV. Agencia Canaria de Empleo. V. Formación Profesional.

A. Consejo Canario de Formación Profesional. B. Prácticas en Empresas. C. Infraestructuras para la Formación Profesional.

Título II. Acuerdos para la Negociación Colectiva y Salud Laboral.

Cobertura de Vacíos.

- Capítulo I. - Capítulo II. Estructura Profesional. - Capítulo III. Promoción de los trabajadores. - Capítulo IV. Estructura Salarial. - Capítulo V. Régimen Disciplinario. - Disposición Adicional.

Anexo I

Anexo II

I. Negociación Colectiva.

1.- Impulso a la Negociación Colectiva en Canarias. 2.- Regulación de las Obligaciones Laborales y Familiares. 3.- Tiempo de trabajo y empleo. 4.- Acuerdo sobre supresión de horas extraordinarias habituales. 5.- Absentismo laboral. 6.- Acuerdo sobre discriminación en razón de sexo.

II. Seguridad y Salud Laboral.

• Registro Público de Delegados de Prevención. • Instituto Canario de Seguridad Laboral. • Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

Título III. Actividad Empresarial.

1.- Fomento de la actividad empresarial. 2.- Ventanilla Única para actividades empresariales. 3.- Regularización de la economía sumergida.

Título IV. Inserción Social contra la pobreza y exclusión social.

Título V. Participación Institucional.

Anexo III

Disposiciones Generales.

I. CONSIDERACIONES GENERALES

Canarias afronta una etapa caracterizada por cambios dinámicos y constantes de la economía internacional y por su adaptación al marco competencial de la Unión Europea, e internacional. Los avances obtenidos son de tal envergadura que necesariamente requieren un clima de entendimiento que nos permita consolidar las nuevas fórmulas que se han alcanzado como instrumentos válidos para afrontar nuestros históricos y actuales problemas, derivados de nuestras peculiaridades y configuración archipielágica.

Las nuevas tendencias a las que estamos asistiendo producen efectos positivos para el crecimiento económico, siendo un compromiso prioritario que el desarrollo económico y social redunde en la creación de empleo, reducción del número de parados y mejorar las condiciones de bienestar social del conjunto de la población.

Conscientes de esta situación, el crecimiento económico y la creación de empleo constituyen, sin duda, el objetivo principal de todos los agentes implicados en la situación socio-económica de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Este objetivo requiere que todos, y en la medida de nuestras posibilidades y responsabilidades, aunemos esfuerzos para vertebrar estrategias integradoras y aportar soluciones a los nuevos problemas que se nos plantean como consecuencia de la necesaria adaptación a los cambios y transformaciones que conlleva el marco de la Unión Europea.

El Gobierno de Canarias, las Organizaciones Sindicales más representativas (U.G.T. y CC.OO.) y las Organizaciones Empresariales (CCE y CEOE -Tenerife), somos conscientes de la necesidad de un diálogo permanente que se sustente sobre una participación efectiva de los agentes sociales y económicos y que permita un proceso continuo de revisión y adaptación a las circunstancias cambiantes de nuestra economía.

La aplicación y desarrollo de las medidas consensuadas permitirá potenciar la economía productiva y la creación de empleo. Por su parte, los instrumentos de seguimiento pactados posibilitarán incorporar aquellos aspectos que se planteen o decidan posteriormente, como consecuencia de los cambios en las condiciones económicas y la evaluación permanente de los resultados en la orientación de favorecer el bienestar social de Canarias.

II. INTRODUCCIÓN

Las orientaciones de la Unión Europea sobre políticas de empleo, en cuya acción supraestatal se inserta Canarias, se sustentan en el diálogo social. Así se indica en el Libro Blanco de la Comisión Europea sobre el Crecimiento, la Competitividad y el Empleo de 1993 y en el Pacto de Confianza de 1996: “La iniciativa de proponer un Pacto europeo de confianza para el empleo tiene tres objetivos. Ante todo, movilizar plenamente a todos los actores interesados en una estrategia global. Situar a cada uno frente a sus responsabilidades: las autoridades nacionales, regionales y locales, los interlocutores sociales, las instituciones comunitarias (...)”.

Es evidente, entonces, que la larga lucha contra el desempleo en Europa ha puesto de manifiesto que el diálogo entre las administraciones públicas, los empresarios y los trabajadores es el eslabón fundamental de estas políticas: “La idea del Pacto no es crear competencias nuevas para la Unión Europea, ni aumentar los gastos comunitarios, ni introducir nuevos criterios para la Unión Económica y Monetaria (UEM). Consiste, por el contrario, en impulsar una acción colectiva en la que participen las autoridades públicas y los interlocutores sociales y que defina sus compromisos respectivos en el marco de una estrategia global y coordinada”.

Canarias ha sabido asumir estos retos de diálogo social, pues son dos los acuerdos de concertación social firmados hasta el presente, acuerdos que han tenido resultados satisfactorios desde el punto de vista social: empresarios y sindicatos han mostrado una indudable voluntad de diálogo y, ambos, junto al Gobierno, la capacidad de fijar objetivos indispensables para el progreso socioeconómico de las islas. Buena prueba de ello la encontramos en el “Acuerdo por el Empleo desde la Solidaridad y la Competitividad” rubricado en 1994. Sus resultados son manifiestos pues, si fue negociado en etapa de recesión económica, su aplicación se ha visto favorecida por años de expansión. Tal es así que desde esa fecha hasta el presente, la población ocupada ha crecido en torno a las 100.000 personas y la población parada ha decrecido en más de 27.000.

Pero ésta no ha sido la única expectativa satisfactoriamente cumplida para el Archipiélago. El pasado día 25 de marzo de 1997, el Gobierno de Canarias culminó, tras muchas dificultades, el principal mandato de los II Acuerdos cual era conseguir la financiación estatal para el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), que es ya una realidad que se empieza a notar apenas seis meses después de su rúbrica, en forma de contrataciones. Más de 140.000 millones de pesetas se invertirán en las islas para luchar contra el paro hasta el año 2001, lo que convierte al PIEC en un instrumento estratégico para los próximos años, como se recoge en el presente acuerdo de concertación social y cuyo eje esencial -el empleo- sigue y seguirá siendo el mismo mientras el paro continúe lastrando nuestra sociedad.

No obstante, las perspectivas en esta lucha siguen siendo favorables como en los últimos años, ya que los principales indicadores económicos son favorables a la continuidad de nuestro desarrollo económico por lo que la creación de empleo se verá amparada por la tendencia positiva de los últimos años. Una buena coyuntura, entonces, nos depara la entrada en el tercer milenio, una buena coyuntura que coadyuvará en la aplicación del PIEC.

Continuar avanzando, disponer de nuevos instrumentos operativos y desarrollar actuaciones que corrijan, apoyen e incrementen los efectos positivos en la lucha contra el desempleo conforman el nuevo reto. Por ello, en este nuevo acuerdo de concertación social se recogen distintos aspectos, todos ellos esenciales en las políticas de empleo, como son: - Reforzar la formación profesional, en sus tres vertientes de formación reglada, ocupacional y continua. Los trabajadores y trabajadoras canarios deben afrontar el reto de tener la mejor cualificación día tras día para mantener alto el listón de la competitividad de la empresa canaria y así asegurar la buena salud de nuestro tejido económico y social.

- Actualizar las infraestructuras para la formación profesional para mejorar la eficacia del esfuerzo realizado en esta materia.

- Diseñar un nuevo marco dinámico y eficaz de medidas de fomento al empleo para que el esfuerzo formativo aludido encuentre, luego, un cauce cierto hacia la integración laboral. Hay que añadir, a este respecto, que el Gobierno de Canarias y los agentes económico-sociales tienen especialmente en cuenta a los jóvenes y a las mujeres, por ser los colectivos objetivamente más castigados por el paro.

- Crear la ventanilla única en la que los emprendedores canarios puedan hacer nacer sus iniciativas sin las limitaciones del sistema actual y con el apoyo y asesoramiento adecuado. Las Administraciones Públicas tienen que ser entes animadores de la actividad emprendedora, contribuyendo a eliminar todos los obstáculos que lo impidan.

- Asumir compromisos y adoptar medidas incentivadoras para que empresarios y trabajadores hagan efectiva la ocupación por nuestros parados de los puestos de trabajo creados en Canarias, aflore la economía sumergida y se inyecte dinamismo en el mercado laboral con mayor movilidad geográfica.

- Mejorar la salud laboral con la consiguiente reducción de la siniestralidad laboral.

- Potenciar la negociación colectiva mediante la cobertura de los vacíos reglamentarios y el impulso a la regulación de las condiciones de trabajo por vía convencional.

- Consolidar el diálogo social mediante la ordenación de la participación institucional de los agentes económicos y sociales, y

- Profundizar en las medidas de integración social en la lucha contra la pobreza y exclusión social, expresión más genuina de la solidaridad.

Todos estos presupuestos, que se exponen de forma pormenorizada en las páginas que siguen, forman un nuevo friso de medidas que se verán complementadas con nuevas formas de intermediación laboral, fruto también del diálogo social, como es la Agencia Canaria de Empleo, una entidad surgida de la necesidad de articular el espacio laboral de ámbito archipielágico y encontrar fórmulas más eficaces de interconexión entre la oferta y la demanda de empleo. Igualmente, el apoyo a la iniciativa empresarial, camino seguro para la creación de empleo y el desarrollo económico, se configura como uno de los objetivos propuestos en este pacto, por lo que se desarrollan medidas, que en el ámbito de la fiscalidad, la financiación, el fomento de la tecnología y el apoyo al comercio exterior, impulsarán la consolidación del tejido empresarial de Canarias. Como medida complementaria a las anteriores se pacta la creación de una Primera Ventanilla, que tendrá por objeto facilitar la gestión a las empresas que deseen establecerse e iniciar su actividad y que se concibe como entidad articuladora de las necesidades de información y asistencia técnica de los emprendedores, para los que igualmente se promueve el desarrollo de medidas.

Con todos estos instrumentos funcionando coordinadamente, el Plan Integral de Empleo de Canarias será una realidad capaz de responder a las expectativas que tanto los agentes económicos y sociales como el conjunto de la sociedad canaria han depositado en él.

Los anteriores principios informan los III Acuerdos de Concertación Social en Canarias estructurados en cinco títulos bajo la denominación de Pacto Canario por el Fomento del Empleo Estable y de la Iniciativa Empresarial.

TÍTULO I

ACUERDOS PARA EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL

I. INTRODUCCIÓN

El compromiso colectivo de la sociedad canaria, contenido en el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) suscrito por el Gobierno con las Organizaciones Empresariales y Sindicales, Cabildos, Ayuntamientos y Universidades Canarias, establece un objetivo irrenunciable: instrumentar los recursos que posibilitaran el desarrollo de un sistema de economía productiva que absorbiera el crecimiento de la población activa de Canarias y redujera drásticamente el desempleo.

Como se ha dejado indicado, el crecimiento económico de las islas y las políticas activas de empleo han contribuido -entre otros muchos factores que condicionan el complejo problema del paro- al crecimiento en torno a cien mil personas ocupadas con una incidencia en la disminución del desempleo de 7,2 puntos (Epa) en el período comprendido entre los meses de julio de 1993 y 1997.

Aún con ello, la persistencia de altas tasas de desempleo se ha visto agravada además de por el extraordinario incremento de la población activa como consecuencia de un fuerte crecimiento poblacional. El evidente avance de la sociedad canaria y el deseo manifiesto del Gobierno y de los agentes económicos y sociales en profundizar en las políticas de equiparación de la mujer, cuya manifestación más transformadora es su incorporación al trabajo por cuenta ajena y por ende, su repercusión en la asunción compartida de la pareja de las obligaciones familiares, conduce a trasladar al marco de la negociación colectiva la profundización de actuaciones que permitan compatibilizar las obligaciones laborales y familiares.

De otra parte, la formación profesional constituye el elemento estratégico que permitirá observar con serenidad la inmediata ocupación de los puestos de trabajo creados en las islas, favoreciendo el incremento de la productividad y, en consecuencia, la mayor competitividad de las empresas que, en definitiva, redundará nuevamente en el incremento del empleo.

El rediseño de las políticas activas de fomento a la contratación, su orientación hacia el apoyo a la contratación estable y una especial atención a los colectivos con mayores dificultades de inserción en el mercado de trabajo (jóvenes, mujeres, mayores de 45 años y colectivos socialmente excluidos) debe configurarse como obligación permanente y, en todo caso, con periodicidad anual con la activa participación de los agentes económicos y sociales en el marco de los órganos de participación creados.

Contribuir a superar las barreras de la insularidad es objetivo básico para configurar un mercado laboral fluido de ámbito archipielágico. Para ello, es preciso favorecer las condiciones psicosociales que conduzcan a la aceptación de las ofertas de empleo generadas en islas distintas de la de residencia habitual y promover la mejora de las condiciones de vida, particularmente el acceso a la vivienda.

Por último, constatada la escasa eficacia del sistema público de intermediación laboral, y con fundamento en la participación de las Organizaciones Empresariales y Sindicales -agentes sociales directamente afectados- el Gobierno de Canarias, con adscripción a la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, configura la Agencia Canaria de Empleo como soporte del servicio público y gratuito de empleo.

II. FOMENTO DEL EMPLEO

Las partes firmantes, conscientes de la importancia de concentrar esfuerzos en la creación del mayor número de puestos de trabajo convienen en orientar todas sus actividades en este objetivo prioritario. En tal sentido, al analizar las características del empleo creado en las islas observan con preocupación que una parte sustancial del mismo se configura como empleo precario con los perjuicios que tal situación produce para la competitividad empresarial, la calidad en la prestación de servicios, la salud laboral y la estabilidad social y económica del Archipiélago. De ahí que, en la convicción de que el crecimiento económico de Canarias es sostenido, acuerden que las medidas de fomento del empleo estén fundadas en políticas activas en favor del empleo estable incentivando la reducción de la temporalidad de los contratos.

Para alcanzar tal objetivo conviene constituir un grupo de trabajo tripartito en el que estará integrado el Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM), rediseñe e impulse los programas de fomento de empleo, con evaluación y, en su caso, revisión anual. Para 1998 el grupo de trabajo elaborará las propuestas que se incorporarán antes del 30 de noviembre de 1997. Todo ello en desarrollo de:

1) Incentivar la contratación estable y la conversión de contratos temporales en indefinidos, particularmente en los sectores y para los colectivos que no sean objeto de apoyo por otras administraciones públicas de conformidad con las orientaciones del “Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo”.

2) Establecer medidas de fomento al empleo en las actividades económicas y sociales que se configuran como nuevos yacimientos de empleo en la prestación de servicios a la colectividad más desprotegida (mayores, menores, discapacitados), servicios de proximidad, nuevas tecnologías, medio ambiente, ... .

3) Fomentar la adquisición de experiencia y perfeccionamiento profesional de los jóvenes en el proceso de su incorporación al empleo y al autoempleo.

4) Procurar la reincorporación laboral de los colectivos de desempleados de larga duración y mayores de 45 años.

5) Apoyar la incorporación laboral de las personas perceptoras de las Ayudas Económicas Básicas y de los jóvenes bajo la tutela y amparo de la Administración que alcanzan la mayoría de edad.

6) Incentivar el empleo en los sectores de la economía social y en las empresas de nueva creación y autoempleo.

7) Desarrollar medidas dedicadas a la generación de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, acometiendo la supresión de la segregación de las mujeres en el mercado de trabajo y de las trabas que les impiden mejorar sus perspectivas profesionales. En especial, se apoyará la incorporación de la mujer en actividades profesionales no habituales, en sectores en los que estén subrepresentadas y en el autoempleo. 8) Fomentar y subvencionar el empleo por cuenta ajena y el autoempleo de las personas discapacitadas. A tal efecto, el Gobierno de Canarias incentivará la promoción del empleo, tanto en Centros Especiales, como en empresas de carácter ordinario; la formación profesional ocupacional destinada a preparación, capacitación y adaptación a puestos de trabajo específicos y el fomento de la accesibilidad y supresión de barreras.

9) Articular las anteriores medidas mediante programas de empleo específicos que atiendan y aprovechen las potencialidades de desarrollo local de los municipios e islas adaptándolos a la realidad y coparticipación de las corporaciones locales y agentes privados.

10) Configurar medidas de fomento del empleo-formación en sectores económicos con insuficiente grado de profesionalización de la población activa canaria.

11) Estudiar fórmulas que permitan agilizar la concesión de las ayudas de fomento del empleo e interesar de la administración competente su articulación como bonificaciones a la cotización a la Seguridad Social.

12) Apoyo al mantenimiento del empleo en empresas en crisis sujetas a planes de viabilidad pactados.

III. DINAMIZACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO

El gran dinamismo alcanzado por la economía canaria durante los últimos años debido fundamentalmente al importante desarrollo del sector turístico con el efecto arrastre sobre el sector construcción, ha llevado a cubrir las necesidades de mano de obra tanto con población residente en las islas como con una cada vez más importante tasa de inmigración.

En la actualidad se detecta en los mercados laborales locales de algunas islas, escasez de mano de obra, aspecto que tiene algunas repercusiones que se deben afrontar.

En general en Canarias las redes internas de contratación sufren una serie de debilidades entre las que destacan la baja cobertura en las contrataciones del INEM, la escasa cualificación de la mano de obra e insuficiente capacidad emprendedora de la población canaria, en contraste con las redes externas de contratación que disfrutan de una mayor conexión con los mercados de trabajo localizados en el exterior.

En este sentido, se consideran orientaciones adecuadas para fomentar el empleo en los mercados locales insulares y evitar desigualdades en las islas las siguientes: 1) Desarrollar políticas formativas que apoyen una mayor cualificación de la población y faciliten su inserción en el mercado laboral.

En la actualidad a raíz de la reforma de la Formación Profesional se definen las nuevas titulaciones de grado medio y superior que pretenden adaptarse a las necesidades del mercado laboral.

Para evitar que la presión del mercado de trabajo frene la implantación de la formación profesional y ocupacional se debe fomentar la valoración positiva de la misma entre la población.

En la actualidad entre los principales déficits formativos detectados entre la población local destacan en el sector turístico los relacionados con el dominio de los idiomas (inglés, alemán, ...) y la atención al cliente, y en la actividad constructora los referidos a la tecnificación en las obras y la especialización.

2) Potenciar y acercar las redes de intermediación a los empleadores. Resulta de vital importancia el conocimiento por parte del servicio público de empleo (INEM y Agencia Canaria de Empleo) de los requerimientos de personal (número, cualificación, etc.) de las empresas de los diferentes sectores productivos en cada isla, al igual que las actividades con mayores posibilidades de futuro para poder orientar tanto a la población parada como a los profesionales de los diferentes sectores.

Promover el desarrollo coordinado de la red local de empleo de cara a una mayor conexión con el marco productivo. Esto supone, a partir de las redes locales de información y empleo (Agencias Municipales e Insulares de Desarrollo Local, INEM y Agencia Canaria de Empleo) mejorar los mecanismos de captación de oferta y demanda de trabajo mediante la potenciación de dispositivos de intercambio.

Asimismo fomentar la implicación de los agentes sociales y económicos en la formación por medio de contratos-programa de formación y empleo, vinculados a los sectores con más dinamismo.

3) Potenciar la movilidad laboral entre los mercados locales e insulares. Desarrollar acciones de información, orientación profesional y formación a través de la red local de empleo acerca de los diferentes mercados laborales insulares de cara a impulsar la movilidad laboral en el ámbito insular e interinsular.

Informar y orientar acerca de los diferentes puestos de trabajo y condiciones (formativas, económicas, etc.) que apoyen un mayor conocimiento de la situación, combinadas con medidas de apoyo y seguimiento para alcanzar mayores niveles de inserción laboral. 4) Revalorizar socialmente la actividad profesional y la calidad en el trabajo. La dinámica social ha provocado un alejamiento de los valores referidos a la función de las actividades profesionales intermedias (profesiones en el sector de la agricultura, construcción, servicios de carpintería, fontanería, reparación, etc.) y, en general, aquellas que no han estado asociadas a los sectores sociales que lideran la sociedad contemporánea. Sin embargo, es evidente que una sociedad que prescinde de tan importante aportación no puede desarrollarse de forma equilibrada máxime cuando se constata que tales actividades configuran en gran medida los yacimientos de empleo en crecimiento y que, afortunadamente, ya no van asociadas a los colectivos menos formados. Un buen profesional, no solo es absolutamente necesario para el desarrollo de Canarias sino que, por el contrario, contribuye a conformar los sectores sociales medios y medios-altos de nuestro Archipiélago mejorando los niveles medios de la renta canaria. La necesaria cualificación y el nivel de renta y consideración social que un profesional medio adquiere en la sociedad actual están muy alejados de la concepción marginal que imperaba en épocas pretéritas.

En igual sentido, recuperar el orgullo del trabajo de calidad bien hecho, no solo contribuye a la satisfacción personal de quien lo realiza y de quien lo recibe sino que, además, es un indicador de la calidad de vida de la sociedad en que se está inmersa y condición indispensable de la competitividad de nuestra economía y garantía del desarrollo económico y social continuo y equilibrado.

Por ello, los firmantes consideran imprescindible para alcanzar los objetivos propuestos en este Pacto (crecimiento del empleo y creación de iniciativas empresariales) adoptar medidas de concienciación social, mediante la utilización de los medios de comunicación social y en cuantos instrumentos generales fueran posible, acerca de la positiva valoración social que merece la actividad profesional y la calidad del trabajo.

IV. AGENCIA CANARIA DE EMPLEO

La lucha contra el desempleo exige la mejora de las políticas activas de empleo, junto a la optimización de todos los recursos disponibles así como la coordinación de todas aquellas iniciativas que tiendan a aportar soluciones. Todas las iniciativas deben de estar integradas y coordinadas con resultados en términos de eficacia y eficiencia de máxima calidad y que su implantación tenga una respuesta evidente en la sociedad.

Otras entidades, públicas y privadas, están actuando en el mercado de trabajo y contribuyen en mayor medida a la consecución de estos fines. En este contexto, hay que crear un entorno favorable a la suma de esfuerzos para colaborar eficazmente a la consecución de unos fines comunes.

En este contexto y sin perjuicio de su integración en el sistema público de empleo que se completará una vez recibida la transferencia del INEM, el Gobierno de Canarias, bajo la dependencia de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales y previo acuerdo con los agentes económicos y sociales, constituye la Agencia Canaria de Empleo para prestar servicios gratuitos de intermediación laboral en el mercado de trabajo en el ámbito de la Comunidad Autónoma, evitando el peligro de dispersión e ineficacia en el empleo de los recursos públicos que podría darse en el supuesto de proliferar la creación de agencias de colocación sin coordinación ni relación con la formación profesional en sus distintas modalidades y con los servicios de orientación e inserción profesional.

Así se configura un nuevo marco de actuación en el que la intermediación en el mercado de trabajo es posible y que permite a la Administración de la Comunidad de Canarias la creación de un sistema público que acoja, coordine y optimice los recursos de todas las entidades que voluntariamente quieran colaborar a correlacionar los flujos de la oferta y la demanda de trabajo.

La Agencia Canaria de Empleo se diseña como un conjunto coordinado que abarca todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la colaboración activa de los representantes de empleadores y trabajadores y de aquellas otras entidades que actúan en materia de formación y empleo.

Su estructura organizativa dependiente en sus funciones y contenido de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, está dirigida por una comisión ejecutiva integrada por representantes del Gobierno de Canarias y de las Organizaciones empresariales y sindicales, y se servirá, además de los servicios propios, de los Gabinetes de Orientación e Inserción profesional y de los propios de las entidades colaboradoras en función de las actividades encomendadas en los Convenios de Colaboración que se suscriban al efecto.

Los objetivos de la Agencia Canaria de Empleo son:

1) Intermediar en el mercado de trabajo conectando la oferta y demanda de trabajo mediante la captura normalizada y rigurosa de la información relativa a puestos de trabajo ofertados y a las características de los demandantes de empleo.

2) Realizar estos servicios partiendo de criterios de máxima calidad y atención personalizada, tanto a las empresas como a los demandantes de empleo. 3) Aglutinar el mayor número de recursos posibles de la Comunidad Autónoma de Canarias necesarios para desempeñar sus funciones.

4) Crear un marco de cooperación en torno a la formación y a la orientación e inserción profesional consiguiente, de modo que se correlacione la colocación de las personas con la formación.

5) Favorecer la movilidad de los demandantes de empleo al actuar en todo el ámbito de Canarias.

V. FORMACIÓN PROFESIONAL

La Formación Profesional es un instrumento imprescindible para actuar frente a las distorsiones del mercado de trabajo, mejorar la competitividad de las empresas y facilitar el acceso y la inserción al mercado laboral; es fundamental la adecuación de la demanda a la oferta de trabajo en el seno de un sistema productivo abierto y en constante evolución.

Se hace prioritario garantizar la coordinación de las ofertas de Formación Profesional reglada, ocupacional y continua, cuyas competencias están distribuidas entre distintos Departamentos del Gobierno Canario y las distintas organizaciones económicas y sociales, y dada la necesaria participación en su diseño y planificación de los agentes sociales, se acuerda:

A. Consejo Canario de Formación Profesional.

El Consejo Canario de Formación Profesional se configura como órgano consultivo y de participación de los agentes económicos, sociales y sectores sociales afectados por la materia. Su creación es un hito fundamental que marca un cambio sustancial en la política de formación profesional que garantiza la necesaria coordinación entre las modalidades de formación profesional específica, ocupacional y continua.

El Consejo Canario de Formación Profesional en cumplimiento de las funciones objeto de acuerdo entre las partes y aprobada por el Gobierno de Canarias participará en las actividades encomendadas relativas a la coordinación de los subsistemas de formación profesional específica, ocupacional y continua.

La formación profesional, conjunto de enseñanzas dirigidas a la capacitación para el ejercicio de profesiones u oficios con el fin de adecuar la demanda a la oferta de trabajo, se desarrolla en acciones formativas de diversa índole.

En el ámbito del Sistema Educativo Canario, la formación profesional específica se constituye como el eje obligado de la reforma de la formación profesional. La preparación de los alumnos y las alumnas para la preparación en un campo profesional y su capacitación para el desempeño cualificado de las distintas profesiones pasa, en primera instancia por el sistema educativo proporcionándoles una formación polivalente que les permita adaptarse a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida.

La formación profesional ocupacional demanda la formación de trabajadores y colectivos desempleados, proporcionándoles las cualificaciones requeridas en el sistema productivo para conseguir su inserción laboral, cuando los mismos carezcan de formación profesional específica o su cualificación resulte insuficiente o inadecuada a los requerimientos de las ofertas de empleo.

La formación de los trabajadores en la empresa, o formación continua, cumple la función de adaptación permanente a la evolución de las profesiones y del contenido de los puestos de trabajo y por tanto, de mejora de las competencias y cualificaciones indispensables para fortalecer la situación competitiva de las empresas y de su personal, así como la función de promoción social de los trabajadores, quienes en la relación de trabajo tienen derecho a la promoción y formación profesional y a disfrutar de los permisos y adaptación de la jornada necesarios, según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. Esta modalidad de formación profesional permanente ha sido objeto de desarrollo en el I y II Acuerdos Nacionales de Formación Continua celebrados entre las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, que han sido acompañados de acuerdos tripartitos con el Gobierno del Estado sobre estructura y financiación de los mismos.

Esa diversidad de objetivos y funciones en materia de formación profesional, ha comportado la atribución de competencias a distintos Departamentos del Gobierno de Canarias y a los agentes económicos y sociales en la modalidad de formación continua. De ahí que, al formar parte de un todo y debiendo contemplarse bajo una perspectiva global en estrecha conexión con el sistema productivo sea precisa la coordinación de las ofertas de formación profesional reglada y ocupacional, la regulación reglamentaria de las correspondencias o convalidaciones entre los conocimientos adquiridos en una y otra modalidad, y su conexión con la formación profesional continua.

B. Prácticas en empresas.

ACUERDO SOBRE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.

La L.O.G.S.E. en su artículo 34.2 establece que los currículos de las enseñanzas de Formación Profesional Específica tendrán una fase de prácticas en las empresas denominadas Módulos de Formación en Centros de Trabajo (FCT). La FCT se deberá desarrollar en un entorno real de trabajo con objeto de adquirir aquellas capacidades terminales que sólo son susceptibles de ser adquiridas en empresas e Instituciones. No cabe duda que la FCT es la base para que exista la relación Empresa-Sistema Educativo, que redundará en una preparación del alumnado de Formación Profesional en una mejor y mayor profesionalización y cualificación de los futuros trabajadores de las empresas canarias.

Estas consideraciones plantean la necesidad de acercar el sector productivo, el educativo y los agentes sociales en una relación más estrecha y de colaboración.

La responsabilidad debe ser compartida por la parte empresarial, poniendo a disposición de los centros educativos sus empresas para que se realice en ellas la FCT. Con ello las empresas tendrán la responsabilidad de participar activamente en la formación de sus futuros trabajadores.

Con la parte sindical su colaboración debe basarse en acoger este nuevo modelo como una eficaz herramienta que ayude a paliar el desempleo existente sin que tal situación incida negativamente en la contratación del personal que fuera necesario para el desarrollo ordinario de la producción.

La estructura empresarial canaria cuenta con sectores donde las empresas pueden acometer sin dificultades la realización de prácticas. Sin embargo, otros sectores tienen poca capacidad de absorción de ese alumnado por su pequeña dimensión, alto grado de dispersión y escasa formación del empresariado.

La participación de la empresa en la FCT se debe canalizar a través de las Confederaciones Empresariales, y de las Federaciones y Asociaciones empresariales desarrollándose campañas, jornadas, encuentros y entrevistas explicativas sobre las funciones a realizar, ventajas asociadas a su participación, compromisos que se adquieren y las condiciones en que se llevará a cabo su participación. En todo caso, la implicación de empresas de cierta dimensión se valorará por el resto como indicador positivo de la participación en la FCT.

El Consejo Canario de Formación Profesional, informará en los términos previstos en su decreto de constitución, las bases reguladoras de la colaboración para la realización de los módulos de FCT entre los centros educativos y las empresas.

C. Infraestructura para Formación Profesional.

El Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) contempla entre sus ejes el fortalecimiento de la formación profesional y en su consecuencia, en su financiación se ampara la necesaria dotación para la construcción, equipamiento y dotación de centros y dependencias de formación profesional específica y ocupacional.

Dada la colaboración de los agentes económicos y sociales en la ejecución de la formación profesional ocupacional y la necesidad de mejorar la calidad de las infraestructuras, dotación y equipamiento de los referidos centros colaboradores, así como la existencia de instalaciones de infraestructura pública para la referida modalidad formativa, se conviene la realización de las actuaciones pertinentes para obtener recursos económicos para atender las necesidades citadas con cargo a los programas de formación ocupacional cofinanciados por el Estado y el Gobierno de Canarias.

Asimismo, se acuerda la adopción de las medidas pertinentes que permitan la utilización de la infraestructura de formación profesional específica para la formación profesional ocupacional disponiéndose las condiciones de abono de los gastos ocasionados, garantizándose la reparación de desperfectos en su caso.

TÍTULO II

ACUERDOS PARA LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y SALUD LABORAL

Los vacíos ocasionados por la derogación de las Ordenanzas Laborales y la carencia de Convenios Colectivos en algunos sectores, hace necesario el establecer acuerdos para la cobertura de vacíos. Se acuerda la asunción del listado de actividades que cita el Acuerdo Marco Interconfederal (anexo I).

De los 23 sectores citados como actividades no reguladas y recoge el Acuerdo Marco Interconfederal nacional, se excluye la pesca marítima en buques congeladores al haber sido regulada recientemente; los restantes 22 sectores pasarán a ser objeto de cobertura que prevé el Texto de cobertura de vacíos aprobado por Acuerdo de Concertación Social para 1997 y que entrará en vigor el 1 de enero de 1998.

Por lo que respecta a actividades desreguladas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, que figuran como anexo II, se acuerda aceptar el listado de actividades que remita la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos y/o el órgano competente, previo paso por el Consejo Canario de Relaciones Laborales, estableciéndose un plazo que finalizará el 31 de octubre de 1998 a fin de que los Sectores con cobertura de vacíos procedan a su regulación.

Se aprueba el siguiente “Texto sobre Cobertura de Vacíos” a fin de impulsar la consecución de acuerdos en los Convenios Colectivos. ACUERDO PARA LA COBERTURA DE VACÍOS

CAPÍTULO I

Artículo 1.- Naturaleza jurídica.

El presente Acuerdo se suscribe al amparo del artº. 83.3 del Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 2.- Ámbito funcional.

Este Acuerdo será de aplicación a los sectores y subsectores productivos relacionados en el anexo I, e irá destinado fundamentalmente a cubrir los vacíos de contenido producidos por la derogación de las Ordenanzas Laborales y se centrará en las siguientes materias:

- Estructura profesional.

- Promoción de los trabajadores.

- Estructura salarial.

- Régimen disciplinario.

Artículo 3.- Ámbito territorial.

Este Acuerdo será de aplicación en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 4.- Ámbito personal.

Quedan contemplados en el ámbito del convenio todos los trabajadores que presten sus servicios en las empresas y sectores comprendidos en la relación que contiene el anexo I del mismo.

Artículo 5.- Ámbito temporal.

El presente Acuerdo tendrá vigencia entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre del 2002 en los 22 Sectores recogidos en el Acuerdo Marco Interconfederal nacional (con la exclusión de la pesca marítima en buques congeladores).

Para el resto de actividades que se vayan incluyendo como vacíos de cobertura a nivel autonómico por informe de la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos, teniendo una vigencia comprendida entre el 1 de noviembre de 1998 y el 31 de octubre del año 2002.

Artículo 6.- Administración del Acuerdo.

Se constituirá una Comisión de aplicación e interpretación compuesta por representantes de las Organizaciones Sindicales y por representantes de las Asociaciones Empresariales firmantes de este Acuerdo. Con carácter anual, la comisión elaborará un informe sobre sus actividades, con especial evaluación de los procesos de negociación colectiva y extensión de convenios.

CAPÍTULO II

ESTRUCTURA PROFESIONAL

Artículo 7.- Clasificación profesional.

Se establecen los grupos profesionales siguientes según el nivel de titulación, conocimiento o experiencia exigidas para su ingreso. En virtud de la tarea a realizar y de la idoneidad de la persona. Cuando no se crea necesario la exigencia de titulación, el contrato determinará el grupo en el cual se tiene que integrar la persona contratada de acuerdo con los conocimientos y las experiencias necesarias en relación con las funciones a ejercer.

Grupo profesional 1: tareas a realizar con un alto grado de dependencia y que requieran preferentemente esfuerzo físico y sin una especial preparación.

Grupo profesional 2: tareas que requieran conocimientos profesionales elementales con formación a nivel Graduado Escolar o Formación Profesional 1.

Grupo profesional 3: tareas que requieran adecuados conocimientos profesionales con titulación o conocimientos adquiridos de su profesión equivalentes a E.G.B. o F.P. 1, complementada con una formación específica en el puesto de trabajo.

Grupo profesional 4: trabajos que requieren iniciativa por parte de los trabajadores que lo desempeñen, con formación o titulación equivalente a Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional 2, complementada con formación específica en el puesto de trabajo.

Grupo profesional 5: acciones que suponen la integración, coordinación y supervisión de tareas homogéneas, sin suponer corresponsabilidad de mando, con titulación equivalente a Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional 2, complementada con una experiencia dilatada en el puesto de trabajo.

Grupo profesional 6: acciones que suponen la integración, coordinación y supervisión de tareas diversas realizadas por un conjunto de colaboradores, sin implicar responsabilidad de mando y con formación o titulación equivalente a estudios universitarios de grado medio, complementada con una formación específica en el puesto de trabajo.

Grupo profesional 7: acciones que suponen la realización de tareas técnicas complejas y heterogéneas, con objetivos globales definidos y alto grado de exigencia, autonomía, iniciativa y responsabilidad, con titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión equivalentes a estudios universitarios de grado medio, completada con una dilatada experiencia en su sector profesional o en estudios universitarios de grado superior, completada con una formación específica en el puesto de trabajo.

Grupo profesional 0: realiza funciones que comprenden la elaboración de la política de organización en los planteamientos generales, toma decisiones o participa en su elaboración.

Las categorías profesionales se elaboran y difieren previo pacto entre empresarios y representantes de los trabajadores. Para el caso de que no se obtuviera un acuerdo, las mismas serán elaboradas y definidas por la comisión de administración del convenio.

CAPÍTULO III

PROMOCIÓN DE LOS TRABAJADORES

Artículo 8.- Promoción profesional.

Los sistemas de provisión de vacantes podrán ser de libre designación o promoción interna, quedando reservada la primera fórmula por aquellas funciones que comparten funciones de mando o de especial confianza.

La promoción se ajustará a los criterios objetivos de mérito y capacidad, estableciendo la Dirección de la Empresa la celebración de las correspondientes pruebas selectivas de carácter teórico-práctico, previa consulta e informe de los representantes legales de los trabajadores.

Artículo 9.- Promoción económica.

Los trabajadores que a la entrada en vigor del presente Acuerdo tengan reconocido el plus de antigüedad, lo seguirán percibiendo como complemento de carácter personal. Esta promoción podrá ser objeto de acuerdo del convenio, pacto entre empresa y representante de los trabajadores o contrato individual de trabajo.

CAPÍTULO IV

ESTRUCTURA SALARIAL

Artículo 10.- Estructura salarial.

a) Salario base: es la parte de la retribución del trabajador fijada por unidad de tiempo y en función del grupo y categoría profesional, que podrá integrar los complementos actualmente existentes que se tengan derecho a percibir. Este remunera tanto la jornada como los períodos de descanso; en ningún caso podrá ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional en cómputo anual.

b) Complementos salariales: los nacidos por circunstancias de la producción o personales. Se respetarán las condiciones más beneficiosas pactadas o comedidas, individuales y colectivas, sin perjuicio de la absorción o compensación que proceda.

Artículo 11.- Recibo de salarios.

El salario se abonará con entrega del recibo justificativo del mismo, con la obligación por parte del trabajador de recoger y firmar el mismo.

El recibo se ajustará al modelo oficial establecido y deberá contener todos los conceptos salariales, así como las retenciones, cotizaciones, tributaciones y sus bases de cálculo.

El salario se abonará por cualquier sistema autorizado a criterio empresarial sin perjuicio de pacto expreso entre las partes.

CAPÍTULO V

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 12.- Las faltas.

Son faltas los incumplimientos contractuales culpables del trabajador.

Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves, requiriendo para su imposición la comunicación escrita y motivada, con notificación a los representantes de los trabajadores, si los hubiera, en los supuestos de faltas graves o muy graves. Artículo 13.- Graduación de las faltas.

Para la graduación de las faltas, y sin perjuicio de la aplicación del principio de proporcionalidad, se clasificarán como sigue:

1) Se considerarán como faltas leves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo hasta tres ocasiones en un mes por un tiempo total inferior a veinte minutos.

b) La inasistencia injustificada al trabajo de un día durante el período de un mes.

c) La no comunicación con la antelación previa debida de la inasistencia al trabajo por causa justificada, salvo que se acreditase la imposibilidad de la notificación.

d) El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada por breves períodos de tiempo.

e) La desatención y falta de corrección en el trato con el público cuando no perjudiquen gravemente la imagen de la empresa.

f) Los descuidos en la conservación del material que se tuviere a cargo o fuere responsable y que produzcan deterioros leves del mismo.

g) La embriaguez no habitual en el trabajo.

2. Se considerarán como faltas graves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo hasta en tres ocasiones en un mes por un tiempo total de hasta sesenta minutos.

b) La inasistencia injustificada al trabajo de dos a cuatro días durante el período de un mes. c) El entorpecimiento, la omisión maliciosa y el falseamiento de los datos que tuvieren incidencia en la Seguridad Social.

d) La simulación de enfermedad o accidente, sin perjuicio de lo previsto en la letra d) del número 3.

e) La suplantación de otro trabajador, alterando los registros y controles de entrada y salida al trabajo.

f) La desobediencia a las órdenes e instrucciones de trabajo, incluidas las relativas a la normas de seguridad e higiene, así como la imprudencia o negligencia en el trabajo, salvo que de ellas derivasen perjuicios graves a la empresa, causaren averías a las instalaciones, maquinarias y, en general, bienes de la empresa o comportasen riesgo de accidente para las personas, en cuyo caso serán consideradas como faltas muy graves.

g) La falta de comunicación a la empresa de los desperfectos o anormalidades observados en los útiles, herramientas, vehículos y obras a su cargo, cuando de ello se hubiere derivado un perjuicio grave a la empresa.

h) La realización sin el oportuno permiso de trabajos particulares durante la jornada así como el empleo de útiles, herramientas, maquinaria, vehículos y, en general, bienes de la empresa para los que no estuviere autorizado o para usos ajenos a los del trabajo encomendado, incluso fuera de la jornada laboral. i) El quebrantamiento o la violación de secretos de obligada reserva que no produzca grave perjuicio para la empresa.

j) La embriaguez habitual en el trabajo.

k) La falta de aseo y limpieza personal cuando pueda afectar al proceso productivo o a la prestación del servicio y siempre que, previamente, hubiere mediado la oportuna advertencia de la empresa.

l) La ejecución deficiente de los trabajadores encomendados, siempre que de ello no se derivase perjuicio grave para las personas o las cosas.

m) La disminución del rendimiento normal en el trabajo de manera no repetida.

n) Las ofensas de palabras proferidas o de obra cometidas contra las personas, dentro del centro de trabajo, cuando revistan acusada gravedad.

o) La reincidencia en la comisión de cinco faltas leves, aunque sea de distinta naturaleza y siempre que hubiere mediado sanción distinta de la amonestación verbal, dentro de un mismo trimestre.

p) El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada por breves períodos de tiempo y siempre que ello hubiere causado riesgo a la integridad de las personas o de las cosas.

3) Se considerarán como faltas muy graves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo en diez ocasiones durante seis meses o en veinte durante un año debidamente advertida.

b) La inasistencia injustificada al trabajo durante tres días consecutivos o cinco alternos en un período de un mes.

c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas o la apropiación, hurto o robo de bienes propiedad de la empresa, de compañeros o de cualesquiera otras personas dentro de las dependencias de la empresa.

d) La simulación de enfermedad o accidente o la prolongación de la baja por enfermedad o accidente con la finalidad de realizar cualquier trabajo por cuenta propia o ajena.

e) El quebrantamiento o violación de secretos de obligada reserva que produzca grave perjuicio para las empresas.

f) La embriaguez habitual o toxicomanía, si repercute negativamente en el trabajo. g) La realización de actividades que impliquen competencia desleal a la empresa.

h) La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo normal o pactado.

i) La inobservancia de los servicios de mantenimiento en caso de huelga.

j) El abuso de autoridad ejercido por quienes desempeñan funciones de mando.

k) El acoso sexual.

l) La reiterada no utilización de los elementos de protección en materia de seguridad e higiene, debidamente advertida.

m) Las derivadas de los apartados 1.d) y 2.l) y n) del presente artículo.

n) La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas graves, considerando como tal aquella situación en la que, con anterioridad al momento de la comisión del hecho, el trabajador hubiese sido sancionado dos o más veces por faltas graves, aun de distinta naturaleza, durante el período de un año.

Artículo 14.- Sanciones.

1) Las sanciones máximas que podrán imponerse por la comisión de faltas enumeradas en el artículo anterior, son las siguientes:

a) Por falta leve: amonestación verbal o escrita y suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.

b) Por falta grave: suspensión de empleo y sueldo de tres a catorce días.

c) Por falta muy grave: suspensión de empleo y sueldo de catorce días a un mes, traslado a centro de trabajo de localidad distinta durante un período de hasta un año y despido disciplinario.

2) Las anotaciones desfavorables que como consecuencia de las sanciones impuestas pudieran hacerse constar en los expedientes personales quedarán canceladas al cumplirse los plazos de dos, cuatro u ocho meses, según se trate de falta leve, grave o muy grave.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Las partes firmantes del presente Acuerdo pactan el someterse a lo previsto en el Acuerdo para la Solución Extrajudicial de los Conflictos, de 12 de mayo de 1995, y modificado por Acuerdo de 18 de marzo de 1997, en los términos allí previstos. A N E X O I

ACTIVIDADES DEL ACUERDO MARCO INTERCONFEDERAL

• Agentes de Cambio y Bolsa, Corredores de Comercio y Colegios Profesionales de los mismos.

• Embarcaciones de Tráfico Interior de Puertos (Empleados de Prácticos).

• Empleados de Fincas Urbanas.

• Espectáculos Públicos y Deportes (Deportes).

• Establecimientos Sanitarios de Hospitalización.

• Frutos Secos.

• Industrias de Producción, Transporte y Distribución de Gas (excepto Gas Natural).

• Oficinas y Despachos, excepto: Gestorías Administrativas, Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos, Empresas Consultoras de Planificación, Agencias de Viaje y Entidades de Financiación, Arrendamiento Financiero, Leasing y Factoring.

• Industria de Pesca de Cerco y otras Artes.

• Pesca en Buques Arrastreros al Fresco.

• Industria Pimentonera.

• Pompas Fúnebres.

• Prensa (excepto no diaria).

• Profesionales de la Música.

• Prótesis Dental.

• Empresas de Radiocomunicación.

• Radiodifusión.

• Profesionales de Teatro, Circo, Variedades y Folklore (Variedades y Folklore) y (Teatro, excepto Madrid y Barcelona).

• Industrias de Tintorería y Limpieza.

• Transporte por Carretera (Garajes).

• Teléfonos (Empresas de Contratas y Locutorios Telefónicos). A N E X O I I

RELACIÓN PROVISIONAL DE ACTIVIDADES NO REGULADAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIA, SUJETAS AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS U ÓRGANO COMPETENTE

C.N.A.E. ACTIVIDAD

01 Servicios relacionados con la agricultura (empaquetado de tomates, plátanos y tabaco).

02 Silvicultura, explotación forestal y servicios relacionados.

05 Pesca, acuicultura y servicios relacionados.

10 Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba.

11 Extracción de crudos de petróleo y gas natural y servicios relacionados, excepto prospección.

13 Extracción de minerales metálicos.

14 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos.

17 Industria textil.

18 Industria de la confección y de la peletería.

19 Industria del cuero y del calzado.

30 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos.

31 Fabricación de maquinaria y material eléctrico.

32 Fabricación de material electrónico, fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones.

34 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolque.

37 Reciclaje.

60 Transportes de mercancías.

62 Transportes aéreos y espacial.

64 Correos y telecomunicaciones.

67 Actividades auxiliares a intermediación financiera.

70 Actividades inmobiliarias. 72 Actividades informáticas.

95 Hogares que emplean personal doméstico.

99 Organismos extraterritoriales.

I. NEGOCIACIÓN COLECTIVA

1.- Impulso de la Negociación Colectiva en Canarias.

Las Organizaciones Empresariales y Sindicales intervinientes, en su deseo de contribuir al enriquecimiento de las relaciones laborales, y a una conformación racional de la ordenación laboral en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, adquieren el compromiso de promover e impulsar la negociación colectiva en cada uno de sus ámbitos, instrumentando para ellos los mecanismos que juzguen convenientes, entre los que cabe la constitución en el plazo de 3 meses de una mesa de debate entre los agentes sociales y económicos representativos, donde se discutan cuantas cuestiones correspondan a su ámbito de actuación.

Las partes convienen promover la constitución de las comisiones negociadoras de los convenios colectivos en los ámbitos correspondientes, en el plazo de seis meses a partir de la firma del presente acuerdo.

Asimismo los firmantes valoran positivamente la intervención del Consejo Canario de Relaciones Laborales en el ejercicio de sus funciones, en el impulso de la negociación colectiva pretendida en este acuerdo por las Organizaciones Empresariales y Sindicales.

2.- Regulación de las obligaciones laborales y familiares.

De conformidad a lo dispuesto en el Convenio número 156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre “La igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares”, las partes se obligan a negociar en los convenios colectivos compromisos que hagan posible compatibilizar el desempeño de las obligaciones laborales y las familiares y, en todo caso, fórmulas que apliquen efectivamente o profundicen las contenidas en el ordenamiento jurídico laboral. A tal efecto, las partes firmantes se obligan en el seno de la comisión negociadora de los convenios colectivos a realizar las siguientes actuaciones:

1) Analizar, en su ámbito respectivo, los efectos y frecuencia del uso del derecho parental por los padres.

2) Fomentar la utilización compartida del permiso parental. 3) Garantizar los mismos derechos entre los padres biológicos y los adoptantes independientemente de la edad de los hijos.

4) Analizar la posibilidad de implantación de la jornada flexible.

5) Aquellas otras iniciativas que conduzcan al objetivo propuesto en el Convenio Internacional.

3.- Tiempo de trabajo y empleo.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del capítulo I del Acuerdo Interprofesional por la Estabilidad del Empleo, las partes consideran oportuno estudiar en el ámbito de Canarias todo lo relacionado con la gestión del tiempo de trabajo, la duración y redistribución de la jornada, orientada a contribuir a la mejor evolución del empleo y del funcionamiento de las empresas.

4.- Acuerdo sobre la supresión de horas extraordinarias habituales.

Sin perjuicio de las conclusiones que eleve el grupo de trabajo constituido al efecto, se pacta por los firmantes la supresión de horas extraordinarias habituales a excepción de las sometidas a necesidades circunstanciales que en todo caso se compensarán con horas de descanso, todo ello sin perjuicio de las trabajadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, tal y como se previene en el artículo 35.3 del Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

5.- Absentismo laboral.

Entre las medidas que inciden favorablemente en el ámbito de las relaciones laborales, ocuparía un destacado lugar el logro de un cierto consenso sobre la forma de abordar el problema del absentismo laboral que afecta negativamente a la productividad de las empresas canarias, condicionando negativamente el clima laboral de aquellas y lesionan, cuando resulta infundado, la consolidación de los beneficios del estado del bienestar.

Cuando la ausencia de una persona de su puesto de trabajo es por causa de enfermedad, es estacional, y de frecuencia normal, las medidas a tomar son de carácter exclusivamente sanitario, frecuentemente de medida preventiva, y pasa por la mejora de aquellos servicios.

Cuando el origen de las ausencias es de carácter psicosocial, debido en cierta manera a la alienación debida al trabajo repetitivo, impersonalidad de la tarea, disciplina robotizada, manifestado en bajas médicas o aparición de enfermedades psicovegetativas y afecta en alguna medida a un colectivo numeroso de trabajadores, la respuesta apropiada debería ser también de carácter psicosocial, pudiendo ser entre otras las garantías de seguridad en el empleo, de formación y aprendizaje en el trabajo, de participación y responsabilidad en el trabajo en grupo, de movilidad profesional en la empresa y de posibilidad de mejoras.

Si bien el ordenamiento jurídico pone en mano de los empresarios instrumentos aparentemente eficaces como las facultades disciplinarias derivadas de los poderes de dirección y control (artº. 20 del Estatuto de los Trabajadores); la posibilidad de verificar el estado de enfermedad o accidente del trabajador y la imposición de sanciones por ausencia por inasistencia aún justificada (artº. 52 del Estatuto de los Trabajadores), en la práctica, aquél, conocedor de la frecuente corrección en vía jurisdiccional de sus iniciativas disciplinarias ha llegado al convencimiento de que el fenómeno no tiene una solución única y exclusivamente coercitiva.

En consecuencia, sin negar la posibilidad empresarial de hacer uso de sus facultades disciplinarias y potenciándose la labor en el control del absentismo por baja médica, se acuerda que la materia referida al absentismo sea tratada por las unidades de negociación colectiva con libertad de criterio, solicitar un incremento de la vigilancia de los servicios oficiales (Servicio Canario de la Salud y Mutuas), y mejorar los mecanismos de colaboración.

Una disminución significativa del absentismo precisa de:

1) Mecanismo de Coordinación del Servicio Canario de la Salud, Mutuas Laborales, Inspección de Trabajo y Consejería de Empleo y Asuntos Sociales.

2) Creación y/o mejora de la gestión de los departamentos de Recursos Humanos.

3) Tratamiento en la negociación colectiva de los factores que pueden facilitar o desincentivar las ausencias y en especial lo referente a:

3.1. Complementos de prestaciones.

3.2. Incidencia de la I.L. en vacaciones.

3.3. Inasistencias no retribuidas distintas a las previstas en el Estatuto de los Trabajadores.

Se interesa de las Comisiones Negociadoras de Convenios Colectivos de los diferentes ámbitos, la introducción en las deliberaciones de los convenios el debate sobre las medidas de lucha contra el absentismo laboral del tenor de las ya expuestas.

6.- Acuerdo sobre la discriminación en razón de sexo. Los Convenios Internacionales números 111 y 156 de la Organización Internacional del Trabajo, la Constitución Española de 1978 y el Estatuto de los Trabajadores disponen que todas las personas tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión y oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

Se configura así un cuerpo normativo del máximo rango suficiente desde el punto de vista formal para impedir discriminaciones sexistas en el empleo; tanto en el acceso al mismo o una vez empleados.

Pese a ello es lo cierto que en ocasiones se producen discriminaciones en favor de uno u otro sexo sin que estas nazcan de la llamada “discriminación positiva” tendente a fomentar la igualdad. Por ello es conveniente insistir en el rechazo a las barreras o discriminaciones sexistas tanto en el acceso al empleo como durante el mismo, obligándose los firmantes a no producir anuncios u ofertas de empleo que entrañen limitaciones sexistas no nacidas de la discriminación positiva y a la eliminación de la discriminación en el empleo de cualquier tipo y la supresión de limitaciones que desequilibren la igualdad de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares.

II. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Las partes firmantes, conscientes de la magnitud de la siniestralidad laboral y enfermedades relacionadas con el trabajo, y del valor determinante que la seguridad y la salud tienen para la actividad productiva y la calidad de vida de los trabajadores, así como de las dificultades existentes para la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus Reglamentos, se comprometen a impulsar su aplicación en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias en base a las siguientes acciones:

• Seguimiento de la implantación de la Ley y sus Reglamentos.

• Formación de los Agentes Sociales.

• Promoción de la Evaluación de Riesgos y los Planes de Prevención de forma consensuada entre los agentes sociales y económicos y los Servicios de Prevención.

• Mejora de la coordinación con y entre las Administraciones Públicas.

• Potenciación de la negociación colectiva en materia de seguridad y salud en el trabajo. Para lo cual, Acuerdan:

1) La Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Canario de Relaciones Laborales realizará el seguimiento y aplicación de los presentes acuerdos de concertación social en los temas de seguridad y salud en el trabajo.

2) Con el fin de potenciar y mejorar el Registro Público de Delegados/as de Prevención, la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, por medio de la Dirección General de Trabajo, presentará en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente Pacto ante la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Canario de Relaciones Laborales una propuesta de Registro que, además de los Delegados/as de Prevención, incluya a los Comités de Seguridad y Salud y a los Servicios de Prevención en cualquiera de sus modalidades.

3) La Consejería de Empleo y Asuntos Sociales realizará una campaña informativa que impulse la elección de Delegados/as de Prevención, la puesta en marcha efectiva de los Comités de Seguridad y Salud, la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva en las empresas.

4) En relación con los Servicios de Prevención en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley, la Comisión de Salud Laboral potenciará la participación de los trabajadores/as y sus representantes legales de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, donde se establece que los trabajadores/as tendrán derecho a participar, en los términos previstos en el capítulo V de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (consulta y participación), en el diseño, la adopción y el cumplimiento de las medidas preventivas. Dicha participación incluye la consulta acerca de la evaluación de los riesgos y de la consiguiente planificación y organización de la actividad preventiva, así como el acceso a la documentación correspondiente.

5) Se acuerda que las Organizaciones Empresariales y Sindicales firmantes de este Pacto, concreten en los ámbitos sectoriales los contenidos y criterios para la formación continua en esta materia. La Consejería de Empleo y Asuntos Sociales por medio de sus unidades especializadas (Gabinetes de Seguridad e Higiene) participará en la ejecución del plan de formación continua elaborado. Asimismo, se propiciará la participación en el mismo de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales, y de los recursos formativos de las Organizaciones Sindicales y Empresariales y aquellos otros que puedan contribuir a la generalización e impartición de la formación. 6) La asistencia a cursos básicos de formación se considera preceptiva con carácter general. El tiempo dedicado a la formación será considerado, a todos los efectos como tiempo de trabajo, debiéndose acreditar mediante certificación el aprovechamiento del mismo, acordándose en el ámbito de la empresa la planificación de este proceso formativo. Esta formación se impartirá, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo, o en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquella del tiempo invertido en la misma. 7) La Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, por medio de la Dirección General de Trabajo, facilitará a los agentes económicos y sociales en soporte informático los datos de siniestralidad laboral. Las condiciones y periodicidad de los mismos se acordarán en la Comisión de Seguridad y Salud en el trabajo del Consejo Canario de Relaciones Laborales.

8) La Consejería de Empleo y Asuntos Sociales presentará ante el Consejo Canario de Relaciones Laborales el anteproyecto de creación del Instituto Canario de Seguridad Laboral, en el que se integrarán los actuales Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Para la elaboración de la citada propuesta, que se realizará en el plazo de 6 meses, se contará con la participación y el asesoramiento de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Canario de Relaciones Laborales.

9) La coordinación entre las Administraciones Públicas competentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, es decir, las Administraciones laboral, sanitaria y de industria, se llevará a cabo en el seno de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Canario de Relaciones Laborales hasta tanto se cree el Instituto Canario de Seguridad Laboral.

10) Los interlocutores sociales y económicos asumen plenamente los criterios y contenido del “Manual de Evaluación de Riesgos” editado conjuntamente por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. La Consejería procederá a su difusión entre todas las empresas radicadas en Canarias y a la realización de las acciones informativas y formativas que sean precisas en desarrollo del plan previsto en el apartado 5º anterior para que en todos los centros de trabajo se efectúe la evaluación de riesgos y la consiguiente planificación de la actividad preventiva en función de los criterios expresados en el mencionado Manual.

11) La Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Canario de Relaciones Laborales, elaborará en el plazo de seis meses un Plan de Prevención de Riesgos Laborales para la Comunidad Autónoma de Canarias que establezca objetivos concretos y metas a conseguir. El Consejo Canario de Relaciones Laborales articulará los mecanismos adecuados para poder llevar a buen término lo establecido en este Acuerdo.

12) La Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales presentará en el plazo de seis meses a la Mesa de Empleados y Empleadas Públicos un Plan de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

TÍTULO III

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Apoyar la creación de nuevas empresas es camino seguro para la creación del empleo y garantía de desarrollo económico de Canarias, considerando que las Pymes constituyen el motor económico de las islas. En este sentido, es destacable la preponderancia de las microempresas, consecuencia, sin lugar a dudas, del tamaño de nuestro mercado, de su fragmentación y de nuestras especificidades en cuanto a lejanía e insularidad. Sin perjuicio de la ejecución de los planes y programas de empleo previstos en el Título I del presente Pacto, la capacidad creativa y emprendedora -demostrada históricamente por los canarios en la emigración y en las islas- se convierte hoy en el más eficaz instrumento en favor de la consolidación del empleo estable.

Es por ello, que las partes convienen promover medidas conducentes a la iniciativa empresarial posibilitando la inversión en favor de la economía productiva en Canarias, y facilitando a la vez la materialización de la reserva y del fondo de previsión de inversiones.

Con tal finalidad, las partes firmantes acuerdan las siguientes medidas:

1.- Fomento de la actividad empresarial.

La Comunidad Autónoma de Canarias en el ejercicio de sus competencias y en atención a las disponibilidades presupuestarias promoverá las siguientes actuaciones:

1) Potenciar las Sociedades de Garantías Recíprocas, canalizar la subvención de los distintos costes de suscripción de las garantías y promover una amplia difusión de los servicios que prestan.

2) Promulgan normativa destinada a perfeccionar el sistema de subvenciones para las Pymes facilitando y simplificando su acceso a las mismas, particularmente a las micro empresas.

3) Prestar apoyo financiero para la creación de infraestructura tecnológica. 4) Apoyar, por los medios disponibles en la Comunidad Autónoma de Canarias, la internacionalización de las empresas canarias, aprovechando la senda de crecimiento de los mercados emergentes de nuestro entorno.

5) Promover el desarrollo de programas formativos dirigidos a la formación empresarial y de emprendedores. Se define como emprendedor aquella persona dispuesta a ejecutar un proyecto de acción empresarial, plan de viabilidad y plan de puesta en marcha.

6) Desarrollar medidas concretas que persigan la difusión -especialmente entre las Pymes y micro empresas- de las líneas de subvención y ayudas vigentes en cada momento en función de la disponibilidad presupuestaria, procurando un acortamiento de los plazos que transcurren desde la concesión de la subvención hasta su abono y, finalmente, desarrollar los mecanismos necesarios para la desburocratización en el proceso de solicitud y tramitación de las citadas líneas.

7) Mejorar el I.G.I.C. en aquellos aspectos que se consideren ventajosos en la regulación contenida en la Ley del I.R.P.F., promoviendo su modificación en la legislación del Estado.

8) Mantener el principio del “diferencial fiscal” impositivo con el resto del Estado.

Se constituye un grupo de trabajo que elevará a las Consejerías competentes en la materia propuestas para el desarrollo de las medidas citadas en los puntos anteriores u otras que estime pertinentes y efectuará el seguimiento de las mismas. Asimismo tendrá como funciones conocer el desarrollo y ejecución del Marco de Apoyo Comunitario (1994-1999) y participar en el seguimiento y evaluación de los distintos programas que lo componen. El grupo estará integrado por representantes del Gobierno de Canarias y de las Organizaciones Empresariales y Sindicales que podrán estar asistidos por técnicos. El referido grupo se constituirá en el plazo de tres meses a partir de la firma del presente Acuerdo.

2.- Ventanilla única para actividades empresariales.

Se constituye una Comisión para la Simplificación y Racionalización Administrativa de iniciativas empresariales y autoempleo en la que participarán los representantes y técnicos designados por las Consejerías con competencia en la materia, los agentes económicos y sociales y las diferentes instancias concurrentes en el proceso de creación de una empresa, al objeto de diseñar una Ventanilla Única, definida como órgano que centralice todas las actuaciones a realizar ante los diferentes órganos administrativos concurrentes a la hora de constituir una empresa. La Comisión presentará a la Comisión Tripartita de Seguimiento del Pacto un informe en el plazo de seis meses a partir de su constitución.

En tanto se ejecutan las medidas acordadas en desarrollo de las propuestas de la Comisión indicada en el párrafo anterior, la Comunidad Autónoma de Canarias canalizará apoyos públicos para la creación de una Primera Ventanilla, concebida como entidad que articule las necesidades de información y asistencia técnica de los emprendedores que deseen constituir o regularizar una empresa, a través de la suscripción de Convenios de Colaboración con las confederaciones empresariales sin perjuicio de aquellos otros que se estimen adecuados para la pretensión propuesta. De los convenios se informará previamente a la Comisión Tripartita.

3.- Regularización de la economía sumergida.

La economía sumergida es una actividad que afecta negativamente al desarrollo regularizado de la actividad empresarial, produce competencia desleal a otras empresas de su mismo ámbito y sector, lesiona el estado de bienestar, defrauda a la hacienda pública, coloca a los trabajadores que ocupa en situación de ilegalidad y de desprotección social y distorsiona el mercado de trabajo y los instrumentos de intermediación laboral.

Tal situación no puede ser admitida en una sociedad moderna que pretenda una lucha eficaz contra el desempleo y el desarrollo ordenado de las iniciativas empresariales por lo que los firmantes expresan su más enérgica condena a tales actividades.

Afrontar tan compleja situación precisa de un plan ordenado de intervención que previo un adecuado análisis de la situación, alcance y causas que la motivan (se cuenta con trabajos e información de los firmantes que ofrecen una base sólida para actuar), procure, de una parte, promover la regularización voluntaria de las actividades empresariales que se encuentren en tal situación y, de otra, elaborar planes de inspección sectorial y territorial coordinados entre los diversos servicios -unos de competencia de la Comunidad Autónoma y otros aún dependientes del Estado (Hacienda, Industria, Ayuntamientos, Sanidad y Consumo, Turismo, Transporte y Trabajo)- que combatan eficazmente la referida situación.

El diseño de los planes de actuación y de los protocolos de comunicación entre los servicios de inspección justifican la constitución de un grupo de trabajo de composición tripartita que, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del presente Pacto, elabore una propuesta de actuación y realice el seguimiento de la misma y la actualización del plan de actuación contra la economía sumergida. TÍTULO IV

INSERCIÓN SOCIAL CONTRA LA POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL

La lucha contra la pobreza y la exclusión social es una manifestación de la solidaridad colectiva de un pueblo con aquellos de sus miembros que sufren con mayor intensidad las consecuencias negativas de un sistema económico y social que no posibilita la integración y pleno desarrollo personal de todos sus integrantes.

Constituye, además, una prioridad política de primer orden del Gobierno de Canarias expresada por el Presidente en su discurso de investidura, lo que unido al común objetivo de los firmantes del presente Pacto en favor del empleo y del bienestar social colectivo, conforman un compromiso que asumen en el ejercicio de sus respectivas responsabilidades.

Acometer tan ardua y profunda tarea exige el análisis preciso de sus causas más inmediatas, sin obviar las remotas, diseñar un plan de actuación que ordene objetivos y disponga recursos para su ejecución.

La Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, en cumplimiento del compromiso político del Presidente, ha elaborado un Plan por la Integración Social (Plan de lucha contra la pobreza y exclusión social) que está en condiciones de someter -en el proceso de participación social que ahora se inicia antes de su aprobación- a la consideración de los agentes económicos y sociales consciente que la referida tarea exige del esfuerzo compartido y colectivo de todos los sectores de la sociedad canaria.

Asimismo, en desarrollo de los II Acuerdos de Concertación Social, se convino la revisión de la normativa reguladora de las Ayudas Económicas Básicas lo que ha sido efectuado para su entrada en vigor, tan pronto se culmine la tramitación en el seno del Gobierno, en el próximo año.

En particular, los firmantes consideran que la exclusión del trabajo constituye una de las causas más importantes (el deterioro de la salud, la ausencia de vivienda, la vejez, ... conforman otras) de la pobreza y exclusión social, por lo que las acciones del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) deben orientarse prioritariamente a procurar la formación e inserción laboral de las personas que integran unidades familiares en situación de pobreza, especialmente, de pobreza severa.

Desde esa perspectiva, y concebida la Ayuda Económica Básica (Salario Social) como un instrumento para la integración social, se orientará a la suscripción de un compromiso mutuo entre el beneficiario y el Gobierno de Canarias orientado a tal fin, disponiendo la obligación de participar activamente en el proceso diseñado por los servicios sociales para alcanzar el objetivo propuesto a cuyo efecto, se deberá disponer de medidas de incentivación y subvención para la inserción laboral de los beneficiarios en el que se comprometen a colaborar los firmantes promoviendo entre sus organizaciones y afiliados la contratación de perceptores de Salario Social.

TÍTULO V

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

La participación de la sociedad en los procesos de toma de decisiones por los poderes públicos tiene pleno respaldo constitucional en el marco del estado social y democrático de derecho y, su reconocimiento efectivo, en la regulación organizativa de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias mediante la participación de diversas organizaciones de base asociativa en los órganos colegiados y en sus Organismos Autónomos.

El objetivo de lograr una mayor y más efectiva participación de las entidades representativas en las distintas esferas de actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma propició, en el marco de los IIos Acuerdos de Concertación Social, los compromisos que las partes valoraron positivamente al tiempo que estimaron precisa su actualización e integración en el marco jurídico de la Comunidad Autónoma de Canarias.

I.- Para avanzar en la consecución del objetivo referido se acuerda:

1) Regular la participación institucional de las Organizaciones Empresariales y Sindicales en los órganos colegiados con competencias sectoriales de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2) Regular la participación institucional en los órganos de administración de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias garantizando la presencia de, al menos, un representante propuesto por los agentes sociales y otro por los agentes económicos.

3) La participación institucional indicada en los apartados 1 y 2 anteriores conferirá a los representantes designados por dichos agentes la condición de miembro de los correspondientes órganos, con los derechos y obligaciones inherentes a tal condición.

4) A los efectos anteriores, para la determinación de los agentes económicos y sociales se estará a lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 6.2 y 7.1 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, redactada por Ley 32/1984, de 2 de agosto.

5) Para la participación institucional pactada en las empresas públicas, el Gobierno dispondrá las medidas precisas para su cumplimiento en el plazo máximo de seis meses a partir de la firma del presente Acuerdo.

6) Se adjunta como anexo III la relación de empresas públicas en las que se procederá a incluir en sus órganos de gobierno la representación institucional citada. La referida relación será revisada por la Comisión Tripartita.

7) Las partes convienen que la regulación de la participación institucional alcance rango de ley a presentar en el Parlamento de Canarias durante la vigencia del presente Pacto.

8) La participación institucional de las organizaciones sindicales prevista en los II Acuerdos de Concertación Social se revisará en base a los siguientes principios:

• Las Organizaciones Sindicales formulan la necesidad de incrementar el número de empleados públicos dedicados a la participación institucional como consecuencia de la concertación en diez miembros. El Gobierno constatado el incremento de órganos de participación reconoce la necesidad de revisar el número de empleados públicos dedicados a tales actividades. Al objeto de materializar tales voluntades en el marco global de la participación institucional y el ejercicio de los derechos de representación colectiva legal o convencionalmente vigentes, acuerdan negociar tales condiciones generales en un período máximo de dos meses a partir de la firma del presente Pacto.

• Asimismo, las partes entienden que es necesario aplicar medidas que doten de transparencia, eficacia y austeridad el gasto público.

• Para el adecuado conocimiento y actualización del registro de los empleados públicos dedicados a tales actividades, se actualizarán las comunicaciones a los departamentos afectados y a la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales anualmente. En el supuesto del personal docente, la actualización se efectuará por cursos académicos.

II.- Marco general para la Negociación en el Sector Público.

El eje conductor de los acuerdos tomados en los diferentes capítulos de este documento, así como el propio título que pretende resumir los objetivos centrales, destacan la estabilidad en el empleo como un factor esencial para la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, y la redistribución solidaria de la renta.

En el ámbito de lo público, la estabilidad en el empleo contribuye de forma determinante a elevar la cantidad de los servicios que las administraciones públicas dan al conjunto de la sociedad canaria. Asimismo, potenciar la participación y la negociación como método para resolver estas cuestiones favorecerá, sin lugar a dudas, cualquier medida racionalizadora en relación a los recursos humanos.

Por todo ello, las partes firmantes convienen:

1) Que el marco negocial acordado en los segundos acuerdos de concertación debe potenciarse y terminar de concretar su organigrama en la Mesa General de Empleados y Empleadas Públicas.

2) En el ámbito del Gobierno de Canarias, y mediante procesos de negociación que se desarrollen en las distintas instancias de participación, se consensúen con los agentes sociales y fórmulas que desarrollen acuerdos para cubrir la oferta de empleo público resolviendo problemas de temporalidad de los contratos que pudieran haber en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

3) Las partes convienen impulsar la negociación en la Mesa General de Empleados y Empleadas Públicos al objeto de alcanzar acuerdos que desarrollen las anteriores materias.

A N E X O I I I

• Instituto Canario de Investigación y Desarrollo, S.A.

• Hoteles Escuelas de Canarias, S.A.

DISPOSICIONES GENERALES

I.- Ámbitos territorial y temporal.

El presente Pacto se suscribe para su aplicación en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias con una vigencia temporal general, salvo las especificadas en sus cláusulas, desde el día 17 de diciembre de 1997 hasta el 31 de diciembre de 1999.

Las partes podrán prorrogar las estipulaciones del presente Pacto, por períodos de seis meses, para negociar y suscribir los IV Acuerdos de Concertación Social en Canarias.

II.- Naturaleza jurídica.

El Título II tiene naturaleza de convenio colectivo, puesto que los distintos apartados del mismo se fundamentan conforme a lo previsto en el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad del Empleo, y en los dos textos complementarios sobre negociación colectiva y sobre cobertura de vacíos.

III.- Comisión Tripartita de los Acuerdos.

Para el seguimiento de su aplicación e interpretación de los presentes acuerdos se constituye una Comisión Tripartita integrada, en representación del Gobierno de Canarias, por los Consejeros competentes en las materias de Empleo y Asuntos Sociales; Industria y Comercio; Educación; Sanidad; Economía y Presidencia; en representación de las Organizaciones Empresariales, 2 en representación de la CEOE de Santa Cruz de Tenerife y 2 en representación de la Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas; en representación de las Organizaciones Sindicales: 2 en representación de CC.OO. de Canarias y 2 en representación de la U.G.T. de Canarias. Los acuerdos se adoptarán por unanimidad.

La Comisión Tripartita establecerá el régimen de funcionamiento y de organización, pudiendo constituir las comisiones o grupos de trabajo comprometidas en los acuerdos y las que se estimen pertinentes para su desarrollo y ejecución.

La Comisión de Seguimiento del Plan Integral de Empleo de Canarias se configura como una de las comisiones de trabajo de las comisiones de trabajo de la Comisión Tripartita.

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