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Vistas las certificaciones expedidas por el Secretario de la Corporación en fecha 4 de diciembre de 1996, acreditativas de la población de derecho del municipio, con referencia al día 1 de mayo de 1996, y de los estados de gastos e ingresos que forman parte de los presupuestos municipales correspondientes a los ejercicios de 1995 y 1996.
Considerando que el artículo 159, número 1, del Texto Refundido de Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 de abril (B.O.E. números 96 y 97), en la redacción dada por Real Decreto-Legislativo 2/1994, de 25 de junio (B.O.E. nº 154), dispone que la competencia de ejecución en materia de creación, supresión y clasificación de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de su ámbito territorial, corresponde a la Comunidad Autónoma respectiva, cuyo órgano competente resolverá los expedientes de clasificación y ordenará la publicación de la resolución en su diario oficial, de acuerdo con el artículo 9º del Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio (B.O.E. nº 189), por el que se regula la provisión de puestos de trabajo de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Considerando que, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, corresponde a esta Dirección General el ejercicio de las competencias que, respecto a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, están atribuidas a la Comunidad Autónoma, según lo dispuesto en el artículo 9º, número 2, letra h), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, aprobado por Decreto 321/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 152).
Considerando que, de acuerdo con las certificaciones expedidas en fecha 4 de diciembre de 1996, la población de derecho del municipio de Arico se encuentra en el intervalo comprendido entre los 5.001 y los 20.000 habitantes y su presupuesto supera los 500 millones de pesetas, circunstancias que, según lo dispuesto en el artículo 2, apartados b) y e) del Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio (citado), determinan la procedencia de que la Corporación modifique su actual plantilla en orden a que los puestos reservados a habilitados nacionales se adecuen a lo exigido en el referido precepto, mediante la modificación de la clasificación del puesto de Secretaría, de tercera clase a segunda, y la creación del puesto de Intervención.
Vistos los preceptos citados y demás de concordante y general aplicación,
R E S U E L V O:
Primero.- Modificar la clasificación del puesto de trabajo denominado Secretaría, existente en la plantilla del Ayuntamiento de Arico (provincia de Santa Cruz de Tenerife), de clase tercera a clase segunda, de conformidad con el artículo 2º, letra b) del Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio (citado). Dicho puesto queda reservado a funcionarios pertenecientes a la Subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, ello sin perjuicio de lo previsto en la Disposición Transitoria Primera, número 2, letra b), del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, y Disposición Adicional Primera del Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio.
Segundo.- Autorizar la creación en la plantilla del Ayuntamiento de Arico del puesto de Intervención, disponiendo su clasificación en la clase segunda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º, letra e), del Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio (citado). Dicho puesto queda reservado a funcionarios pertenecientes a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Tercero.- Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados a partir de su notificación, previa comunicación a este Centro Directivo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 19 de diciembre de 1996.- El Director General de la Función Pública, Francisco Javier López de Vicuña y Artola.
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