BOC Nº 156. Viernes 6 de Diciembre de 1996 - 3565

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3565 - Resolución de 8 de noviembre de 1996, de la Dirección General de Vivienda, por la que se hace pública la Resolución recaída en el expediente de desahucio administrativo nº 1.096/94, incoado contra Dña. Encarnación Enríquez Utrera, en ignorado paradero.

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Siendo ignorado el paradero de Dña. Encarnación Enríquez Utrera a efectos de la notificación de la Resolución de este Centro Directivo, recaída en el expediente de desahucio administrativo nº 1.096/94, incoado por infracción de la reglamentación vigente en materia de viviendas de protección oficial con el fin de que se formulen las alegaciones pertinentes, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dirección General de Vivienda

R E S U E L V E:

Notificar a Dña. Encarnación Enríquez Utrera la Resolución recaída en el expediente de desahucio administrativo que le ha sido instruido y cuya parte dispositiva dice textualmente:

“Decretar el desahucio de Dña. Encarnación Enríquez Utrera, de la vivienda de protección oficial de promoción pública que ocupa ilegalmente, sita en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, Grupo 125 Viviendas de Añaza, bloque 14, 3º B. Transcurridos quince días a partir del siguiente al de notificación de la presente Resolución y salvo que por Dña. Encarnación Enríquez Utrera se haga entrega, en las dependencias de la Dirección General de Vivienda, de las llaves de la vivienda ocupada ilegalmente, se procederá a su lanzamiento de la misma, así como del mobiliario, enseres y demás personas que en ella hubiere, para lo cual se recabará la preceptiva autorización judicial y el auxilio, en su caso, de las Fuerzas de Orden Público.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer en el plazo de un mes desde su notificación, recurso ordinario ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Infraestructuras, de conformidad con lo previsto en los artículos 107.1 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.”

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de noviembre de 1996.- El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.