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BOC Nº 114. Viernes 6 de Septiembre de 1996 - 2527

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales

2527 - ANUNCIO de 16 de julio de 1996, de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, por el que se procede a la publicación de los estatutos, normas orientadoras de honorarios profesionales recomendados y código deontológico del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife.

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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 del Decreto 277/1990, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colegios Profesionales de Canarias, se procede a la publicación de los estatutos, normas orientadoras de honorarios profesionales recomendados y código deontológico del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de julio de 1996.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.

COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ESTATUTOS

TÍTULO I

CAPÍTULO PRIMERO

Del Colegio de Abogados

Artículo 1.- El Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife es una Corporación de Derecho público, amparada por la Ley y reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Son fines esenciales de esta Corporación la ordenación del ejercicio de la profesión, la representación exclusiva de la misma, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados, el cumplimiento de la función social que a la Abogacía corresponde, y la colaboración en la promoción y administración de la Justicia.

Artículo 2.- Son funciones del Colegio de Abogados:

a) Colaborar con el Poder Judicial y con la Administración mediante la realización de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines, que le sean solicitadas o acuerde por su propia iniciativa.

b) Ostentar la representación que establezcan las leyes para el cumplimiento de sus fines.

c) Participar, en materias de la profesión, en los Consejos u órganos consultivos de la Administración.

d) Tomar parte en los Patronatos Universitarios.

e) Participar en la elaboración de los planes de estudios, informar las normas de organización de los Centros docentes correspondientes a la profesión, mantener permanente contacto con los mismos, proponer la creación de Escuelas de Práctica Jurídica y otros medios para facilitar el acceso a la vida profesional de los nuevos titulados y organizar cursos para la formación y perfeccionamiento profesional.

f) Ostentar, en su ámbito, la representación y defensa de la profesión ante la Administración, Instituciones, Tribunales, Entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios y causas afecten a los intereses profesionales y fines de la Abogacía y ejercitar el derecho de petición conforme a Ley.

g) Ordenar, en el ámbito de su competencia, la actividad profesional de los colegiados, velando por la ética y la dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares y ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial.

h) Organizar y promover actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial y de previsión y otros análogos.

i) Procurar la armonía y colaboración entre los colegiados impidiendo la competencia desleal entre los mismos.

j) Adoptar las medidas conducentes a evitar y perseguir el intrusismo profesional. k) Intervenir, previa solicitud, en vía de conciliación o arbitraje en las cuestiones que, por motivos profesionales, se susciten entre los colegiados.

Ejercer también funciones de arbitraje en materia de Derecho privado en los asuntos que le sean sometidos.

l) Resolver las discrepancias que puedan surgir en relación con la actuación profesional de los colegiados y la percepción de sus honorarios, mediante laudo al que, previamente, se sometan las partes interesadas.

ll) Regular los honorarios mínimos u orientadores de los colegiados.

m) Informar y dictaminar sobre honorarios profesionales en los procedimientos judiciales o administrativos.

n) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las leyes en cuanto afecten a la profesión; y los estatutos, normas y decisiones adoptadas por los órganos colegiados en materia de su competencia.

ñ) Cuantas otras funciones redunden en beneficio de los intereses de la profesión y de los colegiados, y demás fines de la Abogacía.

o) Las demás que vengan dispuestas por la legislación.

Artículo 3.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 6 del Estatuto General de la Abogacía, el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife ostentará el tradicional tratamiento de Ilustre, y su Decano el de Ilustrísimo Señor.

El Decano tiene igualmente la consideración honorífica de Presidente de Sala de la Audiencia Provincial.

Dichos tratamientos se ostentarán con carácter vitalicio.

Artículo 4.- El Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife se regirá por la Ley de Colegios Profesionales, Estatuto General de la Abogacía, Estatutos del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Reglamento de Régimen Interior, si lo hubiere, y por los acuerdos del Consejo General, de la Abogacía y de la Asamblea de Decanos, dictados en materia de su competencia.

Artículo 5.- 1. El Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife tiene competencia y jurisdicción en toda la provincia de su nombre, sin perjuicio de la subsistencia y atribuciones del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, con el que se fomentarán los vínculos de intercolegiación y mutua colaboración previstos en el artículo 93 del Estatuto General de la Abogacía.

2. El Colegio de Abogados, para el mejor cumplimiento de sus fines y una mayor eficacia de sus funciones, podrá establecer, por acuerdo de su Junta de Gobierno, Delegaciones en aquellas comarcas en que así lo requieran los intereses profesionales.

Tales Delegaciones ostentarán la representación colegiada delegada en el ámbito de su demarcación, con las facultades y competencias que se determinen en el acuerdo de su establecimiento.

3. El Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife tiene su domicilio en Santa Cruz de Tenerife, Palacio de la Audiencia Provincial, pudiendo ser variado dicho domicilio, dentro de la capital provincial, por acuerdo de la Junta de Gobierno.

4. El Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife se acoge al patrocinio de la Virgen de Candelaria, titular del Archipiélago Canario.

5. El Colegio de Abogados se regirá por el Estatuto General de la Abogacía, por los reglamentos de régimen interior si los hubiere y por los acuerdos del Consejo General de la Abogacía y de la Asamblea de Decanos, en materia de su competencia.

CAPÍTULO SEGUNDO

Sección primera

De los Abogados

Artículo 6.- La Abogacía es una profesión libre e independiente e institución consagrada, en orden a la justicia, al consejo a la concordia y a la defensa de derechos e intereses públicos o privados mediante la aplicación de la ciencia y técnica jurídica.

Es distinta de las categorías académicas, cualquiera que sea su significación, y diferente también de las demás que no requieran la aplicación de técnica jurídica, reservada a los Abogados.

Artículo 7.- Corresponde a la Abogacía, de forma exclusiva y excluyente, la protección de todos los intereses que sean susceptibles de defensa jurídica.

En consecuencia, el Colegio de Abogados, dentro de su ámbito, velará con los medios legales a su alcance porque las leyes y disposiciones administrativas remuevan los impedimentos que en cualquier clase de asuntos se opongan a la intervención en derecho de los Abogados, y porque se reconozca la exclusividad de su actuación. Artículo 8.- 1. Son Abogados quienes, incorporados al Colegio, en calidad de ejercientes, se dedican, con despacho profesional, a la defensa de intereses jurídicos ajenos.

2. Sólo pueden utilizar la denominación de Abogados quienes lo sean de acuerdo con la precedente definición.

3. Sin perjuicio de lo anterior, podrá pertenecerse también al Colegio, en calidad de no ejerciente con los derechos reconocidos en el presente estatuto. Artículo 9.- 1. La Abogacía podrá ejercerse ante cualquier clase de Tribunales, incluso los correspondientes a jurisdicciones especializadas.

2. La intervención profesional del Abogado es preceptiva en toda clase de procesos y procedimientos, ante cualquier jurisdicción, salvo los casos exceptuados por precepto expreso de una disposición legal.

Artículo 10.- Podrán ser Colegiados de Honor aquellas personas que reciban este nombramiento por acuerdo de la Junta General, a propuesta de la de Gobierno, y en atención a méritos o servicios relevantes prestados en favor de la profesión o de la Abogacía en general.

Artículo 11.- No podrá limitarse el número de los componentes de los Colegios de Abogados, ni cerrarse estos temporal o definitivamente a la admisión de nuevos aspirantes.

Sección segunda

Capacidad

Artículo 12.- Para la incorporación al Colegio de Abogados se requiere acreditar como condiciones generales de aptitud:

a) Ser de nacionalidad española.

b) Ser mayor de edad.

c) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho.

d) Carecer de antecedentes penales que le inhabiliten para el ejercicio profesional.

e) Satisfacer la cuota de ingreso correspondiente.

f) Formalizar el ingreso en la Mutualidad General de Previsión de la Abogacía, a cuyo fin deberá acompañarse la pertinente solicitud suscrita por el interesado.

g) El alta en la licencia fiscal en los casos en que legalmente proceda. Artículo 13.- Las condiciones generales de aptitud enumeradas en el artículo anterior no se dispensarán en ningún caso, salvo la del apartado a), de producirse dispensa legal.

Artículo 14.- Son circunstancias determinantes de incapacidad para el ejercicio de la Abogacía:

a) Los impedimentos psíquicos o mentales, que por su naturaleza o intensidad imposibiliten el cumplimiento de la misión de defensa de los intereses ajenos que a los Abogados se encomienda.

b) La inhibición o suspensión expresa para el ejercicio de la Abogacía, en virtud de sentencia o resolución firme.

c) Las sanciones disciplinarias que lleven consigo la suspensión del ejercicio profesional o la expulsión del Colegio de Abogados correspondiente.

Todas las incapacidades desaparecerán cuando cesen las causas que las hubieren motivado.

Sección tercera

Incorporación y bajas

Artículo 15.- 1. El Colegio de Abogados no podrá denegar el ingreso en la Corporación a quienes reúnan las condiciones de aptitud y no estén incursos en ningún impedimento de los enumerados en el presente estatuto.

2. No obstante, podrá denegarse dicha incorporación cuando el solicitante hubiere incurrido en conducta que, de haber estado incorporado, constituyere falta muy grave que llevare aparejada la expulsión o suspensión en el ejercicio profesional, y así estuviere declarado por resolución firme.

Artículo 16.- Corresponde a la Junta de Gobierno del Colegio resolver sobre las solicitudes de incorporación a los mismos.

Las solicitudes de incorporación serán admitidas, suspendidas o denegadas. En los últimos supuestos, la Junta de Gobierno fundamentará su resolución.

La Junta de Gobierno practicará las diligencias y recibirá los informes que, en su caso, considere oportunos, y dictará la resolución en el plazo máximo de dos meses, pasado el cual se considerará admitida. Si fuere denegada o suspendida se notificará en el plazo de cinco días al interesado que podrá utilizar el recurso de reposición en el plazo de quince días. La Junta de Gobierno lo resolverá en igual periodo. Contra el acuerdo definitivo se dará el recurso de alzada, interpuesto en el plazo de quince días, al Consejo General de la Abogacía, que decidirá en el término previsto en el artículo 96 del Estatuto General de la Abogacía.

Artículo 17.- No se necesitará incorporación para la defensa de asuntos propios o de parientes en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, siempre que el interesado tenga capacidad legal para el ejercicio de la profesión. Los que se hallen en este caso serán habilitados por el Decano para la intervención que se solicite. Tal habilitación supone para quien la recibe, aunque sólo con relación al asunto o asuntos a que alcanza, el disfrute de todos los derechos concedidos en general a los Abogados y la asunción de las correlativas obligaciones.

Artículo 18.- La incorporación o habilitación justificada mediante la certificación correspondiente del Colegio, acredita al Abogado como tal, sin que sea necesaria ninguna designación o nombramiento a tal efecto por el Poder Judicial o por la Administración Pública.

Artículo 19.- Todo Letrado incorporado a este Colegio de Abogados podrá actuar en todos los recursos de que sean susceptibles los asuntos que dirigió en cualquier instancia ante cualesquiera Tribunales o Juzgados, incluso ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, sin que para ello tenga necesidad de incorporarse a los Colegios donde radiquen los Tribunales ante los que dichos recursos, acciones o reclamaciones se sustancien. Para las actuaciones antedichas, el Letrado, previa acreditación de su pertenencia a este Colegio y de su intervención en el proceso, deberá comunicarlo al Decano del Colegio receptor, que le habilitará para actuar como colegiado a todos los efectos en el asunto concreto y, en consecuencia, quedará acogido a la protección y sujeto a la disciplina del Colegio, que llevará un registro de estas habilitaciones. No necesitará abonar cuota de incorporación y solamente podrá ejercitar derechos políticos.

Artículo 20.- Los Abogados vendrán obligados a presentar en la Secretaría del Colegio, cuando así procede legalmente, los documentos acreditativos de sus altas o bajas en la licencia fiscal, lo que deberán hacer dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se produzcan.

Artículo 21.- 1. El Secretario del Colegio remitirá al principio de cada año a todos los Jueces y Tribunales de su territorio, así como a los Jefes de Prisión y Centros de Detención, una relación comprensiva de los Abogados legalmente habilitados para el ejercicio de la profesión. La lista será adicionada mensualmente con las modificaciones por nuevas altas y bajas. A los Abogados que en aquélla estuviesen incluidos no puede exigírseles otro comprobante para el ejercicio de la profesión.

2. A los Abogados que no figuren en tal lista se les exigirá por las Secretarías respectivas de los Juzgados y Tribunales que exhiban certificación de hallarse incorporados al Colegio y, cuando proceda, el recibo corriente de la cuota de licencia fiscal. Si no los presentaren se les impedirá el ejercicio por el Juzgado o Tribunal ante el cual pretendiesen actuar, comunicándose con toda urgencia a este Colegio.

Artículo 22.- 1. La condición de colegiado se perderá:

a) Por dejar de satisfacer, dentro de los plazos señalados, tanto las cuotas ordinarias o extraordinarias acordadas, como las demás cargas colegiales a que viniere obligado, entre ellas las de la Mutualidad General de Previsión de la Abogacía.

b) Por condena firme que lleve consigo la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.

c) Por expulsión del Colegio, acordada en expediente disciplinario.

d) Por baja voluntaria.

2. En todo caso, la perdida de la condición de colegiado por las causas expresadas en los apartados a), b) y c) del número anterior, deberá ser comunicada por escrito al interesado, momento en que surtirá efectos.

3. Las bajas por dichas causas serán comunicadas al Consejo General.

4. En el caso del apartado a), los colegiados podrán rehabilitar sus derechos pagando lo adeudado y la cantidad que correspondiere como nueva incorporación.

5. Los Jueces y Tribunales remitirán al Consejo General de la Abogacía Española y al Colegio copia autorizada de los autos de procesamiento, sentencias condenatorias y, en general, cualquier resolución que lleve implícita inhabilitación o suspensión profesional del Abogado.

6. La Junta de Gobierno acordará el pase a la situación de no ejerciente de aquellos colegiados en quienes concurran algunas de las circunstancias determinantes de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio, mientras aquélla subsista sin perjuicio de que, si a ello hubiera lugar, resuelva lo que proceda en vía disciplinaria.

Artículo 23.- Todo Abogado podrá estar incorporado a cuantos Colegios desee, mediante el cumplimiento de los requisitos señalados y el abono de las cuotas colegiales correspondientes.

A la solicitud en que formalice su petición de incorporación a otro Colegio deberá acompañar las dos siguientes certificaciones:

a) Del Colegio de procedencia, acreditativa de encontrarse inscrito en el mismo y estar al corriente en el levantamiento de las cargas colegiales.

b) Del Consejo General de la Abogacía acreditativa de no figurar como dado de baja por falta de pago en cualquier Colegio de Abogados de España, y de no haber sido objeto de corrección disciplinaria; o bien, caso de haberlo sido, especificación de cual fuere ésta.

Sección cuarta

Incompatibilidades

Artículo 24.- El ejercicio de la Abogacía es absolutamente incompatible:

1º) Con los cargos de Presidente del Gobierno, Ministro, Secretario de Estado, Subsecretario, Director General, y asimilados de la Administración Pública del Estado.

2º) Con los cargos de Presidente del Gobierno de Canarias, Consejero, Secretario General Técnico, Director General, Director Territorial, y asimilados de la Administración pública autonómica.

3º) Con los cargos de Secretario del Consejo General del Poder Judicial y los de los servicios de personal, gestión, inspección y gabinete técnico de dicho Consejo General.

4º) Con las restantes funciones y empleos públicos en cuyas leyes reguladoras se establezca expresamente tal incompatibilidad, y en general ocupar cualquier puesto o cargo en la Administración con competencias resolutorias o de Jefatura de dependencia.

5º) Con el ejercicio de la profesión de Procurador, Agente de Negocio o Gestor Administrativo.

6º) Además de cuanto está legalmente establecido se entenderá que existe situación de incompatibilidad cuando exista colisión de derechos, o intereses que puedan colocar al Abogado en una situación equívoca, implicando un riesgo para su rectitud e independencia.

7º) Todas las incompatibilidades de la Ley 53/1985, Decreto 598/1985 y legislación complementaria. Artículo 25.- El Abogado a quien afecte alguna de las causas de incompatibilidad establecidas en el artículo anterior deberá comunicarlo sin excusa a la Junta de Gobierno del Colegio, cesando automáticamente en el ejercicio de la profesión.

La infracción de dicho deber de cese en el ejercicio profesional, así como la infracción de las incompatibilidades establecidas en el artículo anterior, directamente o por persona interpuesta constituirá falta muy grave sancionable en la forma prevista en el artículo 113 nº lº, párrafo b), de este estatuto.

Artículo 26.- 1. El ejercicio de la Abogacía es también incompatible con la intervención cerca de aquellos Organismos jurisdiccionales en que figuren como miembros el cónyuge o los parientes del Abogado dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad.

El Abogado a quien afecte tal incompatibilidad deberá abstenerse de la defensa que en tales asuntos le haya podido ser encomendada. Dicha obligación de abstenerse se entiende sin perjuicio del derecho de recusación del Juez o Magistrado que pueda asistir al litigante contrario.

2. La condición de funcionario o empleado público es en todo caso incompatible con el ejercicio de la Abogacía ante los Organismos y Tribunales, en los asuntos relacionados con su Ministerio, u órgano de la administración en que presta su servicio.

Artículo 27.- 1. Los colegiados no ejercientes, así como los Licenciados en Derecho no incorporados al Colegio, según lo previsto antecedentemente, sólo podrán utilizar la expresión de Licenciado o Doctor en Derecho para indicar la categoría que, en cada caso, les corresponda.

2. El incumplimiento de lo anterior podrá dar lugar a la correspondiente acción penal por intrusismo profesional.

Sección quinta

Prohibiciones

Artículo 28.- Se prohíbe a los Abogados:

a) El anuncio o difusión de sus servicios, directamente o a través de medios publicitarios, así como firmar escritos en asuntos confiados a Agencias de Negocios, Gestorías o Consultorios, o emitir dictámenes gratuitos en revistas profesionales, periódicos o medios de difusión, sin autorización de la Junta de Gobierno.

b) Firmar escritos o intervenir en asuntos cuya dirección jurídica esté atribuida a otro Letrado ni inscrito en el Colegio. Artículo 29.- 1. Los Abogados únicamente podrán prestar servicios profesionales a las Compañías o Sociedades que cubren el denominado riesgo jurídico cuando se asegure el pago de honorarios y/o el de costas en procedimientos judiciales de cualquier clase o jurisdicción.

2. En todo caso habrán de cumplirse los requisitos siguientes:

a) Libre elección de Abogado por el asegurado.

b) Que en las guías, pólizas e instrucciones no exista lista alguna de Abogados.

c) Absoluta libertad del Letrado en la dirección del asunto.

d) Libertad en la cuantía de los honorarios si se ajustan a las normas del Colegio o de los que para esta clase de seguros pueda fijar el Consejo General de la Abogacía.

e) Examen y aprobación de la póliza por el Consejo General de la Abogacía para determinar si se cumplen los requisitos indicados.

3. La presentación de servicios profesionales a las Compañías que incumplan los requisitos especificados se considerará falta muy grave.

4. Se exceptúa de lo anteriormente previsto lo referente al seguro voluntario u obligatorio de vehículos de motor, responsabilidad civil en su conductor o dueño por daños causados con motivo de su uso y circulación y a la defensa en los procedimientos penales y civiles.

Artículo 30.- 1. Queda prohibido a los Abogados encargarse de la dirección de asunto profesional encomendado anteriormente a otro compañero, sin haber obtenido la venia, como regla de consideración. No podrá el Abogado entrante asumir la defensa del cliente sin que éste acredite haber satisfecho los honorarios del compañero que antes le defendía. Si no se hubiesen satisfecho los honorarios por considerarlos excesivos, el nuevo Letrado lo comunicará a la Junta de Gobierno dentro de las veinticuatro horas de hacerse cargo del asunto.

En este caso, el Decano podrá autorizar al Letrado que actúe, pero señalando la cantidad que el cliente debe consignar en la Tesorería del Colegio, para que ésta, a su criterio, atienda al pago del Letrado anterior, apercibiéndole de que si no se consigna la cantidad en el plazo que se señale deberá cesar en la defensa. Todo ello sin perjuicio de la facultad de reclamación o impugnación que a las partes y Letrados correspondiere. En caso de urgencia o por causa grave, el Decano podrá autorizar la intervención del nuevo Letrado en el asunto de que se trate. En este supuesto, el nuevo Letrado solicitará la autorización por escrito que habrá de firmar también el cliente, expresando éste, además, que se obliga a pagar los honorarios del Letrado anterior en el plazo que se señale, a cuyo fin se requerirá la remisión de la correspondiente minuta a la Secretaría del Colegio que la notificará al interesado para su pago, sin perjuicio de que pueda impugnarla ante la Junta de Gobierno.

2. Cuando se trate de sustitución en asesoramiento a empresas individuales o colectivas, el Letrado designado deberá cerciorarse de que al compañero sustituido no se le adeuden honorarios, en otro caso se estará a lo dispuesto en el apartado 1.

3. El incumplimiento de las anteriores normas será motivo de corrección disciplinaria.

Sección sexta

Despachos colectivos

Artículo 31.- Los Abogados inscritos en este Colegio podrán agruparse para el ejercicio profesional en despachos colectivos.

La constitución y funcionamiento del despacho colectivo requerirá:

a) Un número de socios no superior a veinte.

Todo Abogado adscrito a un despacho colectivo habrá de ser colegiado residente del Colegio a que corresponda aquel despacho y no podrá tener despacho independiente del colectivo.

b) La inscripción del despacho en el Colegio, previa autorización de los pactos reguladores de su organización y funcionamiento por la Junta de Gobierno, en libro o registro que a tal efecto se lleve, en el que deberán figurar siempre al día los nombres y circunstancias de los Letrados integrantes.

Artículo 32.- No existirá despacho colectivo en tanto no se cumplan los requisitos para su constitución.

No tendrá la consideración de despacho colectivo:

a) La coexistencia con un Abogado en el mismo despacho de colaboradores o pasantes; ni tampoco la concurrencia de ascendientes y descendientes, tanto por consanguinidad como afinidad o hermanos del Abogado titular.

b) La coexistencia en un local de Letrados con bufetes independientes y sin solidaridad alguna entre ellos. Artículo 33.- La condición de despacho colectivo se dará a conocer por medio que no induzca a confusión y se advertirá en todo caso al cliente que requiera los servicios del Abogado.

Artículo 34.- El despacho colectivo comprenderá la colaboración recíproca y la intervención profesional en su total ámbito.

Artículo 35.- El despacho colectivo tendrá un solo domicilio dentro del territorio del Colegio, con sede independiente de cualquier otra actividad.

TÍTULO II

CAPÍTULO ÚNICO

Derechos y deberes de los Abogados

Sección primera

De carácter general

Artículo 36.- El deber fundamental del Abogado, como partícipe en la función pública de la Administración de Justicia, es cooperar a ella defendiendo en derecho los intereses que le sean confiados. En ningún caso la tutela de tales intereses puede justificar la desviación del fin supremo de justicia a que la Abogacía se halla vinculada.

La defensa jurídica es una obligación profesional tanto para la Abogacía, como para los Abogados, que se cumplirá ajustándose a normas deontológicas.

El Abogado sólo podrá rehusar su intervención en turno de oficio por causa justificada.

Artículo 37.- Son también deberes del Abogado:

a) Cumplir lo dispuesto en estos estatutos, así como las decisiones del Colegio, del Consejo General y de la Asamblea de Decanos.

b) Residir y mantener estudio profesional en el lugar donde habitualmente ejerza su profesión.

No obstante, podrá ejercerse la profesión en lugar distinto del de residencia, previo cumplimiento de los correspondientes requisitos legales e incorporación al Colegio respectivo, con designación de domicilio.

c) Comunicar por escrito al Colegio los cambios de domicilio, traslados de vecindad y ausencias que hayan de prolongarse por más de dos meses consecutivos.

Artículo 38.- 1. El Abogado tiene el deber y el derecho de guardar secreto profesional. El secreto profesional constituye al Abogado en la obligación y en el derecho de no revelar hecho ni dar a conocer ningún documento que afecten a su cliente, de los que hubiera tenido noticia por el mismo en razón del ejercicio profesional.

2. En el caso de que el Decano del Colegio, o quien estatutariamente le sustituya, fuere avisado por la Autoridad Judicial, o en su caso gubernativa competente, de la práctica de un registro en el despacho profesional de un Abogado, deberá personarse en dicho despacho y asistir a las diligencias que en el mismo se practiquen velando por la salvaguarda del secreto profesional.

Artículo 39.- El Abogado, en cumplimiento de su misión, actuará con toda libertad e independencia, sin otras limitaciones que las impuestas por la Ley y por las normas de la moral y deontológicas.

Artículo 40.- El deber de defensa jurídica que a los Abogados se confía es también un derecho para los mismos.

En consecuencia, podrán reclamar tanto de las Autoridades, como de los particulares, todas las medidas de ayuda en su función que les sean legalmente debidas.

Artículo 41.- El Abogado tiene derecho a todas las consideraciones honoríficas debidas a su profesión y tradicionalmente reconocidas.

Artículo 42.- 1. Para la protección de sus derechos, los Abogados podrán hacer uso de cuantos remedios o recursos establece la vigente legislación sujetándose al régimen jurídico presente para cada uno de ellos.

2. Si el Letrado entendiere que no se le guarda el respeto debido por el Fiscal, compañero contradictor u otra persona, podrá intervenir haciéndoselo presente al Juez o Tribunal para que por éste se ponga el remedio adecuado.

Sección segunda

En relación con el Colegio y con los demás colegiados

Artículo 43.- Son deberes del Abogado:

a) Estar al corriente en el pago de sus cuotas colegiales y soportar todas las contribuciones económicas de carácter fiscal, corporativo o de cualquier otra índole a que la profesión se halle sujeta levantando las cargas comunes en la forma y tiempo que legal o estatutariamente se fije, cualquiera que sea su naturaleza. A tales efectos, se considerarán cargas corporativas todas las impuestas por el Colegio cualquiera que sea su clase, así como también las del Consejo General y Mutualidad General de Previsión de la Abogacía.

b) Denunciar al Colegio todo acto de intrusismo que llegue a su conocimiento, así como los casos de ejercicio ilegal, tanto por no colegiación como por hallarse suspendido o inhabilitado el denunciado.

c) Guardar, respecto a los compañeros de profesión, las obligaciones que se deriven del espíritu de hermandad que entre ellos debe existir, evitando competencias ilícitas y cumpliendo los deberes corporativos.

d) Denunciar al Colegio los agravios que surjan en el ejercicio profesional, o los que presencie que afecten a cualquier otro colegiado.

Artículo 44.- Son derechos de los Abogados:

a) Participar en la gestión corporativa y, por tanto, ejercer el derecho de petición, el de voto y el de acceso a los puestos y cargos de gobierno.

El voto de los colegiados ejercientes tendrá doble valor que el de los no ejercientes.

b) Recabar y obtener del Colegio y, en su caso, del Consejo General, la protección de su lícita libertad de actuación.

Sección tercera

En relación con los Tribunales

Artículo 45.- Son obligaciones del Abogado para con los órganos jurisdiccionales, la probidad, lealtad y veracidad en cuanto al fondo de sus declaraciones o manifestaciones y el respeto en cuanto a la forma de su intervención.

Artículo 46.- Los Abogados comparecerán ante los Tribunales con traje, corbata y zapatos negros, camisa blanca y vistiendo toga y, potestativamente, birrete, sin distinciones de ninguna clase.

En la apertura de Tribunales, tomas de posesión, recepciones y demás actos oficiales solemnes, así como ante cualquier Tribunal o Autoridad en que haya de hacer valer su condición, el Decano llevará vuelillos en su toga, si le correspondiere, así como la medalla con el emblema del Colegio, que también podrán ostentar los demás miembros de la Junta de Gobierno. Los Abogados no estarán obligados a descubrirse más que a la entrada y salida de las Salas a que concurran para las vistas y en el momento de tomar la venia para informar.

Artículo 47.- 1. Los Abogados informarán sentados ante los Tribunales de cualquier jurisdicción, teniendo delante de sí una mesa.

Los asientos se colocarán dentro del estrado, al mismo nivel en que se hallen instalados los del Tribunal ante quien informan, situándolos a ambos lados de la mesa que el Tribunal ocupe de modo que no den la espalda al público.

2. El Letrado actuante podrá designar un compañero en ejercicio que le auxilie o sustituya en el acto de la vista o juicio o en cualquier otra diligencia judicial.

3. Los Abogados que se hallen procesados o encartados y se defiendan a sí mismos o colaboren con su defensa usarán el traje profesional y ocuparán el sitio establecido para los Letrados.

Artículo 48.- En los Tribunales se designará un sitio, separado del público con las mismas condiciones del señalado para los Abogados actuantes, a fin de que puedan ocuparlo los demás Letrados que, vistiendo el traje profesional, quieran presenciar los juicios y vistas públicas.

Artículo 49.- Si el Abogado actuante considerase que la Autoridad, Tribunal o Juzgado coartase la independencia y libertad necesaria para cumplir sus deberes profesionales, o que no se le guardase la consideración debida al prestigio de su profesión, podrá hacerlo constar así ante el propio Juzgado o Tribunal y dar cuenta a la Junta de Gobierno. Dicha Junta, si estima fundada la queja, remitirá los antecedentes de lo actuado al Consejo General de la Abogacía, para que este Organismo adopte los acuerdos precisos al debido amparo del prestigio de la profesión.

Sección cuarta

En relación con las partes

Artículo 50.- Son obligaciones del Abogado para con la parte por él defendida, además de las que se deriven de la relación contractual que entre ellos existe, la del cumplimiento, con el máximo celo y diligencia y guardando el secreto profesional, de la misión de defensa que le sea encomendada.

En el desempeño de esta función se atendrá el Abogado a las exigencias técnicas, deontológicas y morales adecuadas a la tutela jurídica de cada asunto. Artículo 51.- El Abogado realizará diligentemente las actividades que le imponga la defensa del asunto confiado.

Podrá auxiliarse en la práctica de tales actividades de sus colaboradores u otros compañeros.

Artículo 52.- Son obligaciones del Abogado para con la parte contraria la abstención de cualquier acto u omisión que determine una lesión injusta y el trato considerado y cortés en cada caso.

Sección quinta

En relación a honorarios profesionales

Artículo 53.- 1. El Abogado tiene derecho a una compensación económica por los servicios prestados.

Esta compensación podrá asumir la forma de retribución periódica en caso de desempeño permanente de la función. Queda expresamente prohibido el pacto de cuota litis.

La retribución económica de los Abogados se fijará en concepto de honorarios, sin estar, por tanto, sometidos a arancel.

El Colegio de Abogados y el Consejo General podrán publicar normas orientadoras.

2. La Junta podrá adoptar medidas, incluso disciplinarias, contra los Letrados que habitual o temerariamente impugnen las minutas de sus compañeros.

Sección sexta

En relación al turno de oficio

Artículo 54.- 1. La Abogacía asume la obligación de defender de oficio a los que lo solicitaren, acreditando haber obtenido o al menos promovido la concesión del beneficio de pobreza; así como también para solicitar este beneficio.

2. En la jurisdicción penal los Abogados vendrán además obligados a la defensa, si el interesado solicita el nombramiento de oficio o no designa Abogado.

Asimismo, vendrán obligados los Letrados a prestar el servicio de asistencia a detenidos en los términos establecidos en la Ley y en las normas a que se refiere el párrafo siguiente. 3. Los Abogados incluidos en los turnos de oficio tendrán que atenerse a las normas que para ello señale el Colegio y su infracción dará lugar a expediente disciplinario, si así lo estima la Junta de Gobierno dada la entidad de la falta.

Artículo 55.- 1. La defensa en turno de oficio de los declarados pobres no conferirá a la parte obligación de satisfacer honorarios al Abogado que la ejercite; salvo en los supuestos autorizados por la Ley.

2. En los casos de no declaración de pobreza y en el turno de oficio de no insolventes en la jurisdicción penal, el Letrado tendrá derecho a cobrar sus honorarios desde el momento en que realice alguna actuación profesional.

3. Para las causas graves habrá un turno especial entre los Letrados que lleven más de cinco años en ejercicio de la profesión.

Se reputarán causas graves aquellas en que la petición de pena fuera superior a seis años.

Artículo 56.- La defensa profesional de oficio y la de asistencia al detenido no podrá excusarse sino por causa justificada, que apreciará la Junta de Gobierno.

Artículo 57.- 1. Corresponde a la Junta de Gobierno dictar las reglas para el repartimiento del turno de oficio, así como del de asistencia al detenido.

2. Ninguna otra autoridad podrá efectuar estos nombramientos, sea cualquiera la jurisdicción de que se trate, salvo en los supuestos contemplados por la Ley.

TÍTULO III

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL COLEGIO

CAPÍTULO PRIMERO

De la Junta de Gobierno

Sección primera

De su composición y funciones

Artículo 58.- 1. El Gobierno de este Colegio se establece sobre la base de una amplia autonomía con sujeción a lo dispuesto en el artículo 5.

2. El Colegio será regido por una Junta de Gobierno que estará constituida por el Decano, un Secretario, un Tesorero, un Bibliotecario-Contador y nueve Vocales que se designan con el nombre de Diputados. Artículo 59.- Son atribuciones de la Junta de Gobierno:

A) Con relación al ejercicio profesional:

1º) Someter a referendum, por sufragio secreto asuntos concretos de interés colegial.

2º) Resolver sobre la admisión de los Licenciados o Doctores en Derecho que soliciten incorporarse al Colegio, pudiendo delegar esta facultad en el Decano, para casos de urgencia, que serán sometidos a la ratificación de aquélla.

3º) Velar por que los colegiados observen buena conducta con relación a los Tribunales, a sus compañeros, a sus clientes, y en el desempeño de su función desplieguen competencia profesional.

4º) Impedir el ejercicio de la profesión a quienes, siendo colegiados o no, la ejerciesen en forma y bajo condiciones contrarias al orden legal establecido.

5º) Perseguir a los infractores de lo regulado en el número anterior, así como a las personas naturales o jurídicas, que faciliten dicho irregular ejercicio profesional; ejercitando frente a éstas cuantas acciones jurisdiccionales fuesen necesarias y convenientes.

6º) Adoptar los acuerdos que estime procedentes en cuanto a la cantidad que deba satisfacer cada colegiado por derechos de incorporación.

7º) Determinar las cuotas que deben pagar los colegiados ejercientes, y las de los no ejercientes, para sostenimiento de las cargas y servicios colegiales.

8º) Acordar, si lo estima necesario, la imposición de cuotas extraordinarias a sus colegiados, con aprobación de la Junta General.

9º) Recaudar el importe de las cuotas y de las pólizas establecidas para el sostenimiento de las cargas del Colegio, del Consejo General y de la Mutualidad General de Previsión de la Abogacía.

10º) Regular los honorarios de los Abogados en los casos previstos por estos estatutos, e informar cuando los Tribunales pidan su dictamen con sujeción a lo dispuesto en las Leyes.

11º) Convocar elecciones para proveer los cargos de la Junta de Gobierno.

12º) Convocar Juntas ordinarias y extraordinarias, señalando el orden del día para cada una.

13º) Ejercer las facultades disciplinarias respecto a los colegiados. 14º) Dictar los reglamentos de orden interior que juzgue convenientes, cuyo reglamento para su vigencia precisará la aprobación de la Junta General.

15º) Nombrar las Comisiones o Secciones de Colegiados que fueren necesarias al estudio de las materias que puedan interesar a los fines de la Corporación y a la defensa y promoción de la Abogacía.

16º) Velar por que en el ejercicio profesional se observen las condiciones de dignidad y prestigio que corresponden al Abogado, proveyendo lo necesario al amparo de aquéllas.

17º) Informar a los colegiados con prontitud de cuantas cuestiones puedan afectarles, ya sean de índole corporativa, colegial, profesional o cultural, de las que la Junta de Gobierno tenga noticias en el ejercicio de su función o en el de alguno de sus miembros o representantes de ellos.

B) Con relación a los Tribunales de Justicia:

- Fomentar y estrechar las relaciones de respetuosa cordialidad entre el Colegio y sus colegiados y la Magistratura.

C) Con relación a los Organismos oficiales:

1º) Defender, cuando lo estime procedente y justo, a los colegiados en el desempeño de las funciones de la profesión o con ocasión de las mismas.

2º) Promover cerca del Gobierno y de las Autoridades cuanto se considere beneficioso para el interés común y para la recta y pronta administración de justicia.

3º) Informar de palabra o por escrito, en nombre del Colegio, en cuantos proyectos o iniciativas de las Cortes, del Gobierno u otros Organismos lo requieran.

D) Con relación a los recursos económicos del Colegio:

lº) Recaudar, distribuir y administrar los fondos del Colegio.

2º) Redactar los presupuestos y rendir las cuentas anuales.

3º) Proponer a la Junta General la inversión o disposición del patrimonio colegial, si se tratare de inmuebles.

Artículo 60.- La Junta de Gobierno queda facultada para emitir consultas y dictámenes, así como para dictar arbitrajes y laudos. Artículo 61.- 1. La Junta de Gobierno se reunirá ordinariamente una vez al menos cada mes, sin perjuicio de poderlo hacer con mayor frecuencia cuando la importancia de los asuntos lo requiera, o lo solicite la cuarta parte de sus miembros.

La convocatoria para las reuniones se hará por la Secretaría, previo mandato del Decano, con tres días de antelación, por lo menos. Se formularán por escrito e irán acompañadas al orden del día correspondiente. Fuera de éste no podrán tratarse otros asuntos, salvo los que el Decano considere de urgencia. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes. El Decano tendrá voto de calidad.

2. La Junta podrá crear las Comisiones que estime convenientes que deberán en todo caso ser presididas por el Decano o miembro de la Junta en quien delegue, sin perjuicio de las Comisiones que puedan ser creadas por acuerdo de la Junta General.

3. En el seno del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, existirá una Agrupación de Abogados Jóvenes, subordinada a la Junta de Gobierno, quien aprobará sus estatutos, pudiendo pertenecer a dicha Agrupación todos aquellos colegiados que así lo deseen, con edad inferior a los 40 años de edad, o menos de 10 años de ejercicio. La Agrupación contará con una partida presupuestaria, aprobada por la Junta General, con destino a sus actividades, debiendo dar cuenta a dicha Junta General del destino dado a tales fondos. Las actuaciones o comunicaciones destinadas a trascender fuera del Colegio, pasarán a través de las Juntas de Gobierno, que decidirán previamente sobre su pertinencia.

Artículo 62.- No podrán formar parte de la Junta de Gobierno:

a) Los colegiados que hayan sido condenados por sentencia firme, que lleve aparejada la inhabilitación o suspensión para cargos públicos.

b) Los colegiados a quienes se haya impuesto sanción disciplinaria, aunque hubiesen sido rehabilitados y cancelada la sanción, ya sea en este Colegio o en cualquier otro donde estuvieren o hubieren estado de alta.

Artículo 63.- El Decano impedirá, bajo su responsabilidad, que entre a desempeñar un cargo en la Junta de Gobierno o que continúe desempeñándolo el colegiado en quien no concurran los requisitos estatutarios.

Artículo 64. - Corresponderá al Decano la representación oficial del Colegio en todas las relaciones del mismo con los poderes públicos, Entidades, Corporaciones y personalidades de cualquier orden; ejercerá las funciones de vigilancia y corrección que los estatutos reservan a su autoridad; presidirá las Juntas de Gobierno y las Generales y todas las Comisiones y comités especiales a que asista, dirigiendo las discusiones con voto de calidad en caso de empate.

Expedirá, además, los libramientos para la inversión de los fondos del Colegio y propondrá los Abogados que deban formar parte de los Tribunales de oposición, entre los que reúnan las circunstancias necesarias al efecto.

Designará los turnos de oficio, cuya función podrá delegar en el Secretario de la Junta de Gobierno o en una Comisión designada al efecto.

Además de todas estas atenciones, se esforzará principalmente en mantener con todos los compañeros una relación asidua de protección y consejo, procurando que su celo constituya una alta tutela moral que ampare a los débiles y desatendidos, asesore a los inexpertos, encauce a los extraviados y corrija a los contumaces, de tal suerte, que su rectitud, su severidad y su afecto sean ejemplos para todos y encarnación de la dignidad sustancial en quienes realizan funciones de justicia.

Artículo 65.- El Diputado Primero o Vicedecano llevará a cabo todas aquellas funciones que le confiera el Decano, asumiendo las de éste en caso de ausencia, enfermedad, abstención, recusación o vacante.

En su defecto se seguirá el orden del artículo 69 párrafo segundo.

Artículo 66.- Corresponden al Secretario las funciones siguientes:

1. Redactar y dirigir los oficios de citación para todos los actos del Colegio, según las instrucciones que reciba del Decano y con la anticipación debida.

2. Redactar las actas de las Juntas Generales y las que celebre la Junta de Gobierno.

3. Llevar los libros necesarios para el mejor y más ordenado servicio, debiendo existir obligatoriamente aquel en el que se anoten las correcciones disciplinarias que se impongan a los colegiados, así como el Libro registro de Títulos.

4. Recibir y dar cuenta al Decano de todas las solicitudes y comunicaciones que se remitan al Colegio. 5. Expedir con el visto bueno del Decano las certificaciones que se soliciten por los interesados.

6. Organizar y dirigir las oficinas y ostentar la Jefatura de Personal. 7. Llevar un registro en el que, por orden alfabético de los apellidos de los colegiados, se consigne el historial de los mismos dentro del Colegio.

8. Revisar cada año las listas de los Abogados del Colegio, expresando su antigüedad y domicilio.

9. Tener a su cargo el archivo y sello del Colegio.

10. Y cuantas otras le delegue la Junta de Gobierno o el Decano.

Artículo 67.- Corresponderá al Tesorero:

1. Materializar la recaudación y custodiar los fondos del Colegio.

2. Pagar los libramientos que expida el Decano.

3. Informar periódicamente a la Junta de Gobierno de la cuenta de ingresos y gastos y marcha del presupuesto; y formalizar anualmente las cuentas del ejercicio económico vencido.

4. Redactar los presupuestos anuales que la Junta de Gobierno haya de presentar a la aprobación de la Junta General.

5. Ingresar y retirar fondos de las cuentas bancarias, conjuntamente con el Decano.

6. Llevar inventario minucioso de los bienes del Colegio, de los que será administrador.

7. Controlar la contabilidad y verificar la Caja.

8. Cobrar los intereses y rentas del capital del Colegio.

Artículo 68.- El Bibliotecario-Contador tendrá las obligaciones siguientes:

1. Cuidar la Biblioteca.

2. Formar y llevar catálogos de obras.

3. Proponer la adquisición de las que considere procedentes a los fines corporativos.

4. Intervenir las operaciones de Tesorería.

Artículo 69.- Los Diputados actuarán como vocales de las Juntas, desempeñando las funciones de ésta que los estatutos y las leyes les encomienden.

Sus cargos estarán numerados, a fin de sustituir por orden de categoría al Decano en caso de enfermedad, ausencia o vacante. Cuando por cualquier motivo, vacara, definitiva o temporalmente, el cargo de Secretario, Tesorero o Bibliotecario-Contador, serán sustituidos por Diputados, empezando por el último.

Sección segunda

De la elección

Artículo 70.- Los cargos de la Junta de Gobierno se proveerán por elección en la que podrán participar todos los colegiados, ejercientes y no ejercientes, con arreglo al procedimiento que en estos estatutos se consigna.

Artículo 71.- El Decano y los demás cargos de la Junta de Gobierno se proveerán entre colegiados ejercientes, de nacionalidad española, residentes en la demarcación del Colegio y que posean la condición de elector. Serán elegidos por tiempo de cinco años y podrán ser reelegidos.

Para ser Decano del Colegio, cualquiera que fuese el censo colegial, no serán necesarios otros requisitos especiales.

Para los demás cargos se exigirán los siguientes años mínimos de ejercicio profesional:

Para Diputados 1º, 2º y 3º, diez años.

Para Secretario, cinco años.

Para los restantes miembros de la Junta, dos años.

Artículo 72.- 1. La elección de los miembros de la Junta de Gobierno será por votación directa y secreta de los colegiados, estando en cuanto al cómputo del valor de los votos a lo establecido en el artículo 44 apartado a), inciso 2º de estos estatutos.

2. Los colegiados podrán emitir su voto por correo certificado. En este supuesto el elector incluirá su papeleta, doblada a la mitad, en un sobre cerrado, en cuyo anverso indicará su nombre, apellidos y número de colegiado, firmando en el reverso de modo que la firma cruce las solapas del sobre. Éste lo incluirá en otro sobre dirigido al Colegio, indicando como remite, además del nombre y dirección, su número de colegiado, ejerciente o no ejerciente, y firmará en el reverso en la misma forma anterior.

Estos sobres deberán haberse recibido en el Colegio el día antes de la elección. Recibidos los sobres y sin abrirlos, el Secretario del Colegio comprobará la firma estampada en el reverso y los custodiará y entregará el día de la elección al Presidente de la Mesa, para su apertura durante la elección.

La Junta de Gobierno y la Mesa tomarán las medidas oportunas para llevar a cabo lo anteriormente dispuesto, sin menoscabo del secreto y pureza del voto.

Las dudas sobre la autenticidad de las firmas de los sobres conteniendo el voto, o de identificación de los remitentes, serán resueltas por la Mesa, oído el informe del Secretario del Colegio.

Artículo 73.- 1. La elección para cargos vacantes de la Junta de Gobierno tendrá lugar en la segunda Junta General Ordinaria del Colegio, la que se celebrará cualquier día del último trimestre de cada año.

2. Tendrán derecho de sufragio activo los colegiados en ejercicio a partir de los dos meses siguientes a su incorporación al Colegio, y los Letrados no ejercientes que lleven al menos un año inscritos, entendiéndose la incorporación a partir del acuerdo de la Junta de Gobierno aprobándola.

3. La convocatoria de las elecciones se hará por la Junta de Gobierno, como punto del orden del día de la Junta General Ordinaria antes referida.

La Junta de Gobierno podrá convocar las elecciones como acto separado de dicha Junta.

Artículo 74.- 1. Cuando por cualquier causa la totalidad de los cargos de la Junta de Gobierno del Colegio queden vacantes, el Consejo General designará una Junta provisional, que convocará en el plazo de treinta días, elecciones para la provisión de los cargos vacantes. Estas elecciones deberán celebrarse dentro de los treinta días siguientes, contados a partir de la convocatoria.

Si quedasen vacantes la mayoría de los cargos de la Junta de Gobierno, el Consejo General la completará, en forma también provisional, actuándose para su formación definitiva en la misma forma antes consignada.

2. En el caso previsto en el párrafo 1º del apartado anterior, la mitad de los elegidos, que se concretarán por sorteo, ostentarán el mandato recibido por un periodo de tres años, efectuándose la renovación de la otra mitad, y las sucesivas del modo que se previene con carácter general en esta sección.

Artículo 75.- 1. Los trámites a seguir hasta la celebración del acto electoral serán los siguientes: 1º) La convocatoria se anunciará con treinta días de antelación como mínimo a la fecha de celebración de la elección.

2º) Dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la convocatoria, por la Secretaría se cumplimentarán los siguientes particulares:

A) Se insertará en el tablón de anuncios la convocatoria electoral, en la que deberán constar los siguientes extremos:

a) Cargos que han de ser objeto de elección y requisitos, tanto de antigüedad como de situación colegial, exigidos para poder aspirar a cada uno de ellos.

b) Día y hora de celebración de la Junta y hora a la que se cerrarán las urnas para comienzo del escrutinio, según lo dispuesto sobre el particular en el presente estatuto.

B) Asimismo, se expondrán en el tablón de anuncios del Colegio las listas separadas de colegiados ejercientes y no ejercientes con derecho a voto.

3º) Las candidaturas deberán presentarse en la Secretaría del Colegio con, al menos, quince días de antelación a la fecha señalada para el acto electoral.

Dichas candidaturas podrán ser conjuntas para varios cargos, o individuales para cargos determinados, debiendo ser suscritas exclusivamente por los propios candidatos.

Ningún colegiado podrá presentarse candidato a más de un cargo.

2.a) Los colegiados que quisieren formular reclamación contra las listas de electores habrán de verificarla dentro del plazo de cinco días siguientes a la exposición de las mismas.

b) La Junta de Gobierno, caso de haber reclamaciones contra las listas, resolverá sobre ellas dentro de los tres días siguientes a la expedición del plazo para formularlas; notificándose su resolución a cada reclamante dentro de los dos días siguientes.

3. La Junta de Gobierno, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de la finalización del plazo de presentación de candidaturas, proclamará candidatos a quienes reúnan los requisitos legales exigibles, considerando electo a los que no tengan oponente.

Seguidamente lo publicará en el tablón de anuncios y lo comunicará a los interesados: sin perjuicio de que el Colegio pueda remitir también comunicaciones individuales a sus miembros.

4. Todos los plazos señalados en este artículo y en el precedente, se computarán por días naturales. Artículo 76.- 1. Para la celebración de la elección y tras el cumplimiento de los párrafos primero y segundo del orden del día, se constituirá la Mesa electoral a los fines establecidos en el punto tercero del mismo orden. Esta Mesa quedará integrada por el Decano, como Presidente, o por un miembro de la Junta que le sustituya en dicho acto, auxiliado, como mínimo, por dos miembros más de la propia Junta, como vocales; actuando el más moderno de estos como Secretario, de no formar el titular parte de la Mesa.

Cada candidato podrá, por su parte, designar entre los colegiados uno o varios interventores que lo representen en las operaciones de la elección.

2. En la Mesa electoral deberá haber urnas separadas para el depósito de los votos de los colegiados ejercientes y no ejercientes. Las urnas deberán estar cerradas, dejando únicamente una ranura para depositar los votos.

3. Constituida la Mesa electoral, el Presidente indicará el comienzo de la votación y, a la hora prevista para su finalización, se cerrarán las puertas y sólo podrán votar los colegiados que ya estuvieren en la sala. La Mesa votará en último lugar.

4. La elección tendrá para su desarrollo un tiempo mínimo de cuatro horas y máximo de seis, salvo que la Junta, al convocar la elección, señale un plazo mayor.

5. Las papeletas de voto deberán ser blancas, del mismo tamaño, que editará el Colegio, debiendo llevar impresos por una sola cara, correlativamente, los cargos a cuya elección se procede.

6. Los candidatos podrán, por su parte, confeccionar papeletas, las que deberán ser exactamente iguales a las editadas por la Junta.

En la sede en que se celebre la elección deberá disponer la Junta de suficiente número de papeletas con los nombres de los candidatos en blanco.

Artículo 77.- Los votantes deberán acreditar a la Mesa electoral su personalidad. La Mesa comprobará su inclusión en el censo elaborado para las elecciones: su Presidente pronunciará en voz alta el nombre y apellidos del votante, indicando que vota, tras lo cual el propio Presidente introducirá la papeleta doblada en la urna correspondiente.

Artículo 78.- 1. Finalizada la votación se procederá al escrutinio, leyéndose en voz alta todas las papeletas. 2. Deberán ser declarados nulos, totalmente, aquellos votos que contengan expresiones ajenas al estricto contenido de la votación o que contengan tachaduras o raspaduras; y, parcialmente, en cuanto al cargo a que afectare, las que indiquen más de un candidato para un mismo cargo o nombres de personas que no concurran a la elección.

Aquellas papeletas que se hallen sólo parcialmente rellenadas en cuanto al número de candidatos, pero que reúnan los requisitos exigidos para su validez, lo serán para los cargos y personas correctamente expresados.

3. Finalizado el escrutinio, la Presidencia anunciará su resultado; proclamándose seguidamente electos los candidatos que hubieren obtenido para cada cargo el mayor número de votos. En caso de empate se entenderá elegido el de mayor tiempo de ejercicio en el propio Colegio.

4. En el plazo de cinco días desde la constitución de los órganos de gobierno, deberá comunicarse ésta al Consejo General. Y, a través de éste, al Ministerio de Justicia, participando su composición y el cumplimiento de los requisitos legales.

Sección tercera

De los ceses

Artículo 79.- Los miembros de la Junta de Gobierno cesarán por las causas siguientes:

a) Falta de concurrencia de los requisitos estatutarios para desempeñar el cargo.

b) Expiración del término o plazo para el que fueren elegidos o designados.

c) Renuncia del interesado.

d) Falta de asistencia injustificada a tres sesiones consecutivas, o cinco alternas, en el término de un año.

e) Aprobación de moción de censura, según lo regulado en el siguiente Capítulo.

CAPÍTULO SEGUNDO

De las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias

Artículo 80.- Todos los colegiados podrán asistir con voz y voto, salvo las excepciones que en estos estatutos se determinan a las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias que se celebren. Artículo 81.- 1. Las Juntas Generales deberán convocarse con antelación mínima de quince días, salvo en los casos de urgencia en que, a juicio del Decano, deba el plazo reducirse.

Dicha convocatoria se insertará en el tablón de anuncios del Colegio, con señalamiento del orden del día.

2. Sin perjuicio de lo anterior, se citará también a los colegiados por comunicación escrita en la que igualmente se insertará el orden del día, y cuya citación podrá hacerse por el Decano o Secretario indistintamente; citación personal que, en caso de convocatoria urgente, podrá ser sustituida por publicación de la misma en los medios locales de comunicación.

3. En la Secretaría del Colegio durante las horas de despacho, estarán a disposición de los colegiados los antecedentes de los asuntos a deliberar en la Junta convocada.

Artículo 82.- 1. En la segunda quincena del mes de enero será celebrada la primera Junta General Ordinaria de cada año, precisamente con arreglo al siguiente orden del día:

1) Reseña que hará el Decano de los acontecimientos más importantes que durante el año hayan tenido lugar, con relación al Colegio.

2) Lectura, discusión y votación de la cuenta general de gastos e ingresos del año anterior.

3) Lectura, discusión y votación de los dictámenes y proposiciones que se consignen en la convocatoria. 4) Ruegos y preguntas.

5) Toma de posesión, en su caso, de sus cargos respectivos, por los miembros de la Junta de Gobierno elegidos, cesando aquellos a quienes corresponda salir.

2. Treinta días antes de la celebración de la Junta General Ordinaria del mes de enero los colegiados podrán presentar las proposiciones que deseen someter a la deliberación y acuerdo del Colegio, y que serán incluidas por la Junta de Gobierno en la sección del orden del día denominada Ruegos y preguntas.

Dichas proposiciones deberán aparecer suscritas por un número de colegiados no inferior al 7 por 100 del total del censo.

Al darse lectura de estas proposiciones, la Junta General acordará si procede o no abrir la discusión sobre ellas. Artículo 83.- La segunda Junta General Ordinaria de cada año se celebrará en el último trimestre, con arreglo al siguiente orden del día:

1) Lectura y aprobación del presupuesto formado por la Junta de Gobierno para el año siguiente.

2) Elección para cargos vacantes de la Junta de Gobierno, cuando proceda.

Los que fueren designados en esta elección, para sustituir a aquellos que no hubieren agotado el término de su mandato, ocuparán los cargos durante el tiempo legal que faltase a los sustituidos, pero podrán ser reelegidos en la renovación ordinaria de cargos.

Artículo 84.- 1. Las Juntas Generales Extraordinarias se celebrarán a iniciativa del Decano, de la Junta de Gobierno o a solicitud del 10 por 100 de los colegiados ejercientes, con expresión de los asuntos concretos que hayan de tratarse en ellas.

2. Si lo que se pretendiese fuere un voto de censura contra la Junta o alguno de sus miembros, la petición deberá ser suscrita al menos por el 20 por 100 de los Letrados ejercientes, expresando con claridad las razones en que se funde.

3. La Junta habrá de celebrarse en el plazo de treinta días naturales, contados desde el acuerdo del Decano o de la Junta de Gobierno, en el primer caso, o después de la presentación de la solicitud, en el segundo, y nunca podrán ser tratados en la misma más asuntos que los expresados en la convocatoria.

4. Sólo por resolución motivada y en el caso de que la proposición sea ajena a los fines atribuidos a la corporación, podrá denegarse la celebración de Junta Extraordinaria, sin perjuicio de los recursos que pudieran corresponder a los peticionarios.

Artículo 85.- 1. Las Juntas Generales se celebrarán en el día y hora señalados, cualquiera que sea el número de colegiados concurrentes a ellas, salvo en los casos en que se exija un quórum de asistencia determinado. Sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos emitidos, salvo en los casos en que se exija por este estatuto quórum especial. En ningún caso el voto será delegable.

2. Dichos acuerdos serán obligatorios para todos los colegiados, sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 94. Artículo 86.- Las Juntas Generales Extraordinarias serán competentes para proponer la aprobación o modificación de los estatutos del Colegio; autorizar a la Junta de Gobierno la enajenación de bienes inmuebles de la Corporación; aprobar o censurar la actuación de la Junta de Gobierno o de sus miembros; formular peticiones a los poderes públicos conforme a las leyes y formular cualquier otro tipo de proposición dentro del marco de la legalidad vigente.

Artículo 87.- 1. Presidirá la Junta el Decano o quien estatutariamente le sustituya.

2. Los acuerdos serán adoptados por votación secreta cuando así lo solicite el 10 por 100 de los colegiados asistentes. En cualquier caso, será secreto el voto cuando afecte a cuestiones relativas al decoro de los colegiados.

3. No se podrán adoptar acuerdos sobre asuntos no comprendidos en el orden del día.

Artículo 88.- 1. La moción de censura sólo podrá plantearse en Junta General Extraordinaria convocada al efecto con los requisitos especiales exigidos en el artículo 84. Quedará constituida cuando asista la mitad más uno del censo de colegiados ejercientes.

2. Existiendo este quórum para que prospere será necesario el voto favorable, directo y personal, de la mitad más uno del censo de los colegiados ejercientes.

Artículo 89.- En esta clase de Juntas no será admisible el voto por correo, salvo para el supuesto de elecciones, que se estará a lo establecido en el párrafo 2 del artículo 72.

Artículo 90.- Para la modificación de estatutos se exigirá un acuerdo de la Junta Extraordinaria y en el caso de que la Junta que lo acuerde no reúna un quórum de asistencia mínimo del 50 por 100 de colegiados ejercientes, el tema deberá ser tratado en otra Junta, también de carácter extraordinario, que podrá adoptar acuerdo por mayoría simple y sin exigencia de quórum especial de asistencia.

CAPÍTULO TERCERO

De la ejecución de los acuerdos y Libros de Actas

Artículo 91.- Tanto los acuerdos de la Junta General como de la Junta de Gobierno serán inmediatamente ejecutivos, salvo acuerdo motivado en contrario por la propia Junta.

Artículo 92.- En este Colegio se llevarán obligatoriamente dos Libros de Actas, donde se transcribirán separadamente las correspondientes a la Junta General y a la Junta de Gobierno. Dichas Actas deberán ser firmadas por el Decano o por quien en sus funciones hubiere presidido la Junta y por el Secretario o quien hubiere desempeñado funciones de tal en ellas.

TÍTULO IV

CAPÍTULO ÚNICO

Del régimen jurídico de los actos y de su impugnación

Artículo 93.- 1. Los acuerdos emanados de la Junta de Gobierno podrán ser objeto de recurso ante el Consejo General, dentro del plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente a aquel en que se hubiesen adoptado o, en su caso, notificado a los colegiados o personas a quienes afecten.

2. El recurso será presentado ante la Junta de Gobierno, el cual deberá elevarse, con sus antecedentes e informe que procede, al Consejo General, dentro de los quince días siguientes a la fecha de presentación.

El Consejo General previos los informes que estime pertinentes, deberá dictar resolución expresa dentro de los dos meses siguientes.

3. Aquellos acuerdos que afectaren a situaciones personales deberán ser notificados a los interesados.

4. Al plantearse el recurso, el recurrente podrá solicitar y la Mesa del Consejo podrá discrecionalmente acordar, si no lo hubiere hecho la Junta de Gobierno, la suspensión de la ejecución del acuerdo recurrido.

Artículo 94.- 1. Los acuerdos de las Juntas Generales serán recurribles por la Junta de Gobierno, o por cualquier colegiado a quien afecte personalmente, ante el Consejo General, en el plazo de quince días desde su adopción.

2. Si la Junta de Gobierno entendiese que dicho acuerdo es gravemente perjudicial para los intereses del Colegio o contrario al ordenamiento jurídico, podrá al tiempo de formular el recurso previsto en el párrafo anterior, suspender inmediatamente la ejecución de aquél.

Artículo 95.- 1. Son nulos de pleno derecho los actos de los órganos colegiales en que se den algunos de los siguientes supuestos: - Los manifiestamente contrarios a la Ley; los adoptados por notoria incompetencia; aquellos cuyo contenido sea imposible o sea constitutivo de delito; los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

2. La Junta de Gobierno deberá en todo caso suspender y formular recurso contra los actos nulos de pleno derecho.

Artículo 96.- Los actos emanados de la Junta del Colegio, en cuanto estén sujetos al Derecho Administrativo, una vez agotados los recursos corporativos, serán directamente recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

TÍTULO V

DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LOS COLEGIOS

CAPÍTULO ÚNICO

De las responsabilidades de los colegiados

Sección primera

Responsabilidad penal

Artículo 97.- Los Abogados están sujetos a responsabilidad penal por los delitos y faltas que cometan en el ejercicio de su profesión. Artículo 98.- 1. Por el Colegio de Abogados o, en su caso por el Consejo General, se ejercitarán las acciones legales que fueren procedentes por presuntos delitos de intrusismo.

2. Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de estimular la adopción de cualquier otra medida legal, gubernativa o corporativa que tienda a combatir el intrusismo profesional, el cual será reprimido en todas sus formas, ya se haga directamente o por intermedio de Abogado, bien proceda de una persona natural o jurídica.

Sección segunda

Responsabilidad civil

Artículo 99.- Los Abogados en su ejercicio profesional están sujetos a responsabilidad civil cuando, por dolo o negligencia, dañen los intereses cuya defensa les ha sido confiada. Artículo 100.- La responsabilidad civil a que se refiere el artículo anterior, cuando no vaya unida a la criminal que sea objeto de acción interpuesta por el Ministerio Fiscal o por querellante particular, sólo podrá ser reclamada por el perjudicado o por quienes le sucedan o sustituyan, según las normas generales del Derecho privado.

Artículo 101.- La reclamación de la responsabilidad civil se ajustará a las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo el caso de que se exija en unión de la penal por razón de delito o falta.

Artículo 102.- La responsabilidad civil consistirá en la indemnización, a cargo del Abogado, de los daños y perjuicios causados.

Sección tercera

Responsabilidad disciplinaria

Subsección primera

Facultades disciplinarias de los Tribunales y Colegio

Artículo 103.- El Abogado que reciba el encargo de promover actuaciones de cualquier clase contra otro sobre responsabilidades relacionadas con el ejercicio profesional, deberá acudir previamente al Decano del Colegio por si el mismo considera oportuno realizar una labor de mediación.

Artículo 104.- Los Abogados están, además, sujetos a responsabilidad disciplinaria en el caso de infracción de sus deberes profesionales.

Artículo 105.- 1. Las facultades disciplinarias de la Autoridad judicial sobre los Abogados se ajustarán a lo dispuesto en las Leyes procesales.

2. Las sanciones o correcciones disciplinarias que impongan los Tribunales al Abogado, se harán constar en el expediente personal de éste, salvo en el caso que la Junta de Gobierno no lo estime procedente.

3. Las sanciones disciplinarias corporativas se harán constar en todo caso en el expediente personal del colegiado.

Artículo 106.- El Decano y la Junta de Gobierno son competentes para el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, ateniéndose a las siguientes normas:

1) Se extenderá a la sanción de infracción de deberes profesionales o normas éticas de conducta en cuanto afecten a la profesión. 2) Se declarará previa la formación del expediente seguido por los trámites que se especifiquen en el Reglamento de Procedimiento Disciplinario; salvo por las faltas leves.

3) Comprenderá como correcciones las siguientes:

a) Apercibimiento por escrito.

b) Represión privada.

c) Suspensión del ejercicio de la Abogacía por un plazo no superior a dos años.

d) Expulsión del Colegio.

4) La tramitación de cualesquiera expedientes disciplinarios se efectuará por la Comisión Disciplinaria Colegial, elegida anualmente por la Junta General Ordinaria de enero, compuesta por tres colegiados y tres suplentes que no sean miembros de la Junta de Gobierno.

Terminada la tramitación del expediente, la Comisión Disciplinaria Colegial elevará propuesta de resolución a la Junta de Gobierno, para que ésta actúe en definitiva.

Artículo 107.- 1. El acuerdo de suspensión por más de seis meses o expulsión, deberá ser tomado exclusivamente por la Junta de Gobierno, mediante votación secreta y con la conformidad de las dos terceras partes de los miembros componentes de aquélla.

2. A esta sesión están obligados a asistir todos los componentes de la Junta. El que, sin causa justificada no concurriese, dejará de pertenecer al órgano rector del Colegio, sin que pueda ser nombrado nuevo vocal de la Junta en la elección en que se cubra su vacante.

Artículo 108.- Si el acuerdo se refiere a algunos de los miembros de la Junta, conocerá del expediente el Consejo General de la Abogacía.

Subsección segunda

De las faltas y sanciones

Artículo 109.- Las faltas que puedan llevar aparejada sanción disciplinaria se clasifican en muy graves, graves y leves.

Artículo 110.- Faltas muy graves.

Son faltas muy graves:

a) La infracción de las prohibiciones contenidas en el párrafo 2º del artículo 24 y artículo 25 del presente estatuto. b) La prestación de servicios profesionales con incumplimiento de los requisitos especificados en el artículo 28, y cualquier otra infracción que en los presentes estatutos tuvieren la calificación de falta muy grave.

c) Los actos y omisiones que constituyan ofensa grave a la dignidad de la profesión o a las reglas éticas que la gobiernan.

d) El atentado contra la dignidad u honor de las personas que constituyen la Junta de Gobierno cuando actúen en el ejercicio de sus funciones; y contra los demás compañeros con ocasión del ejercicio profesional.

e) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de participación como consecuencia del ejercicio de la profesión.

f) La embriaguez o toxicomanía habitual que afecte gravemente al ejercicio de la profesión.

g) La realización de actividades, constitución de asociaciones o pertenencia a éstas cuando tengan como fines o realicen funciones que sean propias del Colegio o los interfieran en algún modo.

h) La reiteración en falta grave.

i) El intrusismo profesional y su encubrimiento.

j) Cuando sobre el colegiado recayere condena en sentencia firme por hecho gravemente afrentoso.

k) La comisión de infracciones que por su número o gravedad resulten moralmente incompatibles con el ejercicio de la Abogacía.

Artículo 111.- Faltas graves.

Son faltas graves:

a) El incumplimiento grave de las normas estatutarias o de los acuerdos adoptados por el Consejo General o por el Colegio, salvo que constituya falta de superior entidad.

b) La falta de respeto, por acción u omisión, a los componentes de la Junta de Gobierno cuando actúen en el ejercicio de sus funciones.

c) Los actos de desconsideración manifiesta hacia los compañeros en el ejercicio de la actividad profesional.

d) La competencia desleal. e) Los actos y omisiones descritos en los apartados a), b), c) y d) del artículo anterior, cuando no tuvieran entidad suficiente para ser considerados como muy graves.

f) La embriaguez con ocasión del ejercicio profesional.

Artículo 112.- Faltas leves.

Son faltas leves:

a) La falta de respeto a los miembros de la Junta de Gobierno en el ejercicio de sus funciones, cuando no constituya falta muy grave o grave.

b) La negligencia en el cumplimiento de normas estatutarias.

c) Las infracciones leves de los deberes que la profesión impone.

d) Los actos enumerados en el artículo anterior, cuando no tuviesen entidad suficiente para ser considerados como graves.

Artículo 113.- Sanciones.

Las sanciones que pueden imponerse son:

1. Por faltas muy graves:

a) Para la de los apartados b), c), d), e), g), h) e i) del artículo 110, suspensión del ejercicio de la Abogacía por un plazo superior a tres meses sin exceder de dos años.

b) Para la de los apartados a), j) y k), expulsión del Colegio.

2. Por faltas graves: suspensión del ejercicio de la Abogacía por un plazo no superior a tres meses.

3. Por faltas leves:

a) Apercibimiento por escrito.

b) Reprensión privada.

Artículo 114.- Las faltas leves se sancionarán por la Junta de Gobierno y, en su nombre, por el Decano del Colegio, sin necesidad de previo expediente y tras la audiencia o descargo del inculpado.

Artículo 115.- 1. Las faltas graves y muy graves se sancionarán por la Junta de Gobierno tras la apertura de expediente disciplinario, tramitado conforme al Reglamento de Procedimiento Disciplinario. En defecto de dicho Reglamento se estará a lo dispuesto en las normas de procedimiento sancionador contenidas en la Ley de Procedimientos Administrativo.

2. La Junta de Gobierno y el Decano podrán delegar sus facultades de instrucción de expediente disciplinario y de propuesta de resolución en órgano que se pueda crear a tal fin. El acuerdo de imposición de sanción corresponderá en todo caso a la Junta de Gobierno.

Artículo 116.- La Junta de Gobierno del Colegio remitirá al Consejo General de la Abogacía testimonio de sus acuerdos de condena en los expedientes sobre responsabilidad disciplinaria de los Abogados por faltas graves o muy graves.

Artículo 117.- Las sanciones llevarán consigo el efecto correspondiente a cada corrección; su imposición se notificará por la Secretaría y contra la misma se podrá recurrir en la forma y con los efectos previstos en el artículo 93.

Artículo 118.- Las faltas determinantes de sanción disciplinaria corporativas prescribirán, si son leves, a los tres meses; si graves, al año; y si son muy graves, a los dos años, de los hechos que las motivaron.

Artículo 119.- 1. Los sancionados podrán pedir su rehabilitación con la consiguiente cancelación de la nota de su expediente personal, en los siguientes plazos, contados desde el cumplimiento de la sanción:

a) Si fuere por falta leve, a los seis meses.

b) Si fuere por falta grave, a los dos años.

c) Si lo hubiere sido por falta muy grave, a los cuatro años.

d) Si hubiere consistido en expulsión, el plazo será de cinco años.

2. La rehabilitación se solicitará de la Junta de Gobierno del Colegio que la acordó. En el caso de expulsión deberán aportarse pruebas de la rectificación de conducta, que serán apreciadas ponderadamente por los que hayan de juzgar en el ámbito corporativo, en cualquiera de sus trámites.

3. Los trámites de la rehabilitación se llevarán a cabo de la propia manera que para el enjuiciamiento y sanción de las faltas y con iguales recursos. 4. La Junta de Gobierno remitirá al Consejo General de la Abogacía testimonio de sus resoluciones en los expedientes de rehabilitación de que conozca.

TÍTULO VI

DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL COLEGIO

CAPÍTULO PRIMERO

Clase de recursos

Sección primera

Recursos ordinarios

Artículo 120.- Constituyen recursos ordinarios del Colegio:

a) Los rendimientos de cualquier naturaleza que produzcan los bienes o derechos que integran el patrimonio del Colegio.

b) Los derechos de incorporación al Colegio.

c) Los derechos por los informes que evacue la Junta y en las regulaciones de honorarios tanto judiciales como extrajudiciales y por los dictámenes o resoluciones que se le soliciten.

d) El importe de las cuotas ordinarias y extraordinarias, derramas y pólizas colegiales, establecidas por el Colegio.

e) Los derechos por bastanteos de poderes, por aceptación de defensa de causas criminales, por intervención profesional en asuntos donde no hubiese bastanteos de poder y en jurisdicciones donde no sea preceptiva la intervención del Procurador.

f) La participación que al Colegio corresponda en las ventas de pólizas sustitutivas del papel profesional de la Mutualidad General de Previsión de la Abogacía, para sus fines específicos.

g) Los derechos por expedición de certificaciones.

h) Cualquier otro concepto que legalmente procediere. Sección segunda

Recursos extraordinarios

Artículo 121.- Constituirán los recursos extraordinarios del Colegio:

a) Las subvenciones o donativos que se concedan al Colegio por el Estado o Corporaciones Oficiales, Entidades o particulares.

b) Los bienes muebles de toda clase que por herencia o por otro título pasen a formar parte del patrimonio del Colegio.

c) Las cantidades que por cualquier concepto corresponda percibir al Colegio cuando administre, en cumplimiento de algún encargo temporal o perpetuo, cultural, o benéfico, determinados bienes o rentas.

d) Cualquier otro que legalmente procediere.

CAPÍTULO SEGUNDO

De la custodia, inversión y administración

Sección primera

De la custodia e inversión

Artículo 122.- El capital del Colegio se invertirá preferentemente en valores de toda garantía, salvo que, en casos especiales, a juicio de la Junta de Gobierno, se acordare su inversión en inmuebles o en otros bienes.

Los valores se depositarán en la Entidad que la Junta de Gobierno acuerde y los resguardos del depósito se custodiarán en la Caja del Colegio, bajo la personal e inmediata responsabilidad del Tesorero.

El Colegio no podrá delegar en otra persona que no sea el Tesorero la administración y cobros de sus fuentes de ingresos.

Sección segunda

De la administración

Artículo 123.- El patrimonio del colegio será administrado por la Junta de Gobierno. El Decano ejercitará las funciones de ordenador de pagos, cuyas órdenes serán ejecutadas por el Tesorero e invertidas por el Contador. Artículo 124.- 1. Colegiados en número superior al 5 por 100 del censo, podrán formular petición concreta y precisa sobre cualquier dato relativo al ejercicio económico.

2. Las cuentas del Colegio podrán ser examinadas en el periodo que medie entre la convocatoria y cuarenta y ocho horas antes de la señalada para la celebración de la primera Junta General Ordinaria de enero.

TÍTULO VII

CAPÍTULO ÚNICO

De los empleados del Colegio

Artículo 125.- La Junta de Gobierno procederá a la designación de los empleados administrativos, auxiliares y subalternos necesarios para la buena marcha de la Corporación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Las situaciones creadas y los derechos adquiridos con arreglo al régimen anteriormente en vigor serán respetados.

Segunda.- La Junta de Gobierno, antes de diciembre de 1985, someterá a la Junta General, un proyecto de Reglamento de Régimen Interior del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, en el que se regulen las líneas generales de funcionamiento de los turnos de oficio, asistencia a detenidos, turnos para organismos públicos, funcionamiento de la Biblioteca y Servicio de Publicaciones y Comisión Disciplinaria.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- El presente estatuto entrará en vigor el día siguiente de su aprobación por el Consejo General de la Abogacía Española.

Segunda.- Lo estatuido en los precedentes preceptos se entiende sin perjuicio de lo que sobre la materia, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Canarias, establecieran legítimamente los órganos de la Comunidad Autónoma, con referencia a lo dispuesto en las Leyes generales del Estado aplicables en la misma y a las válidamente emanadas de sus órganos autonómicos legislativos en las materias de su respectiva competencia.

Tercera.- En el plazo de siete meses, a partir de la aprobación de los presentes estatutos, se deberán celebrar elecciones a la Junta de Gobierno y Comisión Disciplinaria Colegial, conforme al procedimiento previsto en la sección segunda del Título III de los presentes estatutos. NORMAS ORIENTADORAS DE HONORARIOS PROFESIONALES

I.- CONSULTAS, JUNTAS Y CONFERENCIAS

NORMA 1

Consultas en las horas que el Letrado tenga fijadas y que puedan ser resueltas de momento: 7.000 a 12.000 pesetas.

NORMA 2

Consultas en horas y circunstancias especiales, o que requieran examen de documentos o antecedentes, o estudios que no permitieran su resolución de momento: 15.000 a 20.000 pesetas.

NORMA 3

Sesiones con el interesado u otras personas que tengan interés o intervención, o guarden relación con el asunto encomendado al Letrado: 7.000 a 12.000 pesetas.

NORMA 4

Reuniones de trabajo con Letrados u otros profesionales: 15.000 a 20.000 pesetas.

NORMA 5

Asistencia a reuniones extrajudiciales, asambleas o juntas cualesquiera: 15.000 a 20.000 pesetas.

Todas estas cifras se entienden referidas a cada hora o fracción de dedicación efectiva.

(Se tendrán en cuenta además, en su caso, las normas establecidas para salidas de despacho).

II.- GESTIONES

NORMA 6

Gestiones en Juzgados, oficinas públicas o particulares: 5.000 a 7.000 pesetas.

Si la actuación profesional implica consulta o conferencia con autoridad, funcionarios, gerentes o delegados de empresas privadas: 10.000 a 15.000 pesetas.

(Se tendrán en cuenta además, en su caso, las normas relativas a salidas de despacho). III.- SALIDAS DE DESPACHO

NORMA 7

Aparte de los honorarios correspondientes al trabajo profesional que los motive, se percibirán como mínimo:

a) Dentro de la misma localidad: 5.000 a 10.000 pesetas.

b) Por medio día fuera de la localidad: 15.000 pesetas.

c) Por cada día entero fuera de la localidad, sin necesidad de pernoctar: 25.000 pesetas.

d) Por cada día o fracción de día que se pernocte fuera de la localidad: 35.000 pesetas.

Serán además de cuenta del cliente, en todo caso, los gastos de locomoción y hospedaje.

IV.- NOTAS, INFORMES O DICTÁMENES POR ESCRITO

NORMA 8

Resolución de consulta por escrito, nota o informe sobre una cuestión: 15.000 a 20.000 pesetas.

NORMA 9

Dictamen con exposición de antecedentes y consideraciones jurídicas. Se recomienda partir de: 35.000 pesetas.

Para la fijación de honorarios se tendrá en cuenta el volumen y la complejidad de los antecedentes examinados y la cuantía del asunto sometido, si fuera evaluable en metálico, pudiéndose llegar incluso a la aplicación de la escala de la norma 10 reducida en un 40%.

V.- REDACCIÓN Y NEGOCIACIÓN DE CONTRATOS Y DOCUMENTOS

Redacción de contratos:

NORMA 10

REDACCIÓN DE CONTRATOS Y DOCUMENTOS CON SUSTANTIVIDAD PROPIA, NO SUJETOS A NORMAS ESPECÍFICAS A) Si contienen cláusulas sencillas o corrientes, se minutarán con arreglo a la siguiente escala:

Pesetas Hasta 1.000.000 de pesetas de cuantía con un mínimo de 35.000 pesetas 5% 60.000 Lo que exceda hasta 5.000.000 4% 160.000 Lo que exceda hasta 10.000.000 3% 150.000 Lo que exceda hasta 50.000.000 2% 800.000 Lo que exceda hasta 100.000.000 1% 500.000 Lo que exceda hasta 500.000.000 0,5% 2.000.000 Lo que exceda de 500.000.000 0,2%

B) La brevedad del tiempo empleado, la sencillez de la redacción, la poca extensión del documento o cualquier otra circunstancia se tendrán en consideración, pudiéndose practicar una reducción de hasta un 50% sobre el resultado de la escala anterior.

C) Cuando los contratos o documentos requieran del Letrado especial información y estudio, o contengan cláusulas especiales, se aplicará la escala de la letra A) incrementada en un 50%.

D) Cuando se trate de un contrato o documento privado de cuantía indeterminada, se minutará de forma prudencial por analogía con los dos apartados anteriores.

E) Los referidos a prestaciones periódicas se minutarán por los apartados A), B) o C), según corresponda, adoptando como base la resultante de multiplicar el importe anual de las prestaciones por el número de anualidades, con un máximo de tres años.

F) En las prestaciones vitalicias se aplicarán los apartados A), B) o C), según corresponda, computándose la cuantía conforme a la escala prevista para la liquidación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales.

G) El contrato tipo, o el de adhesión, se estimarán siempre como complejos y se aplicará, al menos, el quíntuplo del apartado A).

REDACCIÓN DE CONTRATOS Y DOCUMENTOS SUJETOS A NORMAS ESPECÍFICAS

H) 1.- Capitulaciones matrimoniales: se aplicará la escala de la letra A), con un mínimo recomendado de: 40.000 pesetas.

H) 2.- Pactos sobre situaciones familiares: se aplicarán las normas de los apartados A), B) o C), según proceda, sobre la base del contenido patrimonial referido a tres años, si lo tuviera, y, si no, con un mínimo recomendado de: 30.000 pesetas. H) 3.- Contratos preparatorios (compromisos de ventas, arras y opción): se aplicarán las normas de los apartados A), B) o C), según corresponda, sobre la cuantía del precio de la compraventa. En tal caso, el contrato definitivo devengará el 50% de las referidas escalas si lo redacta el propio Letrado.

H) 4.- Contratos de garantía: se aplicarán las normas de los apartados A), B) o C), según corresponda, sobre la cuantía del contrato principal, con una reducción del 25%.

H) 5.- Cuando se trate de un contrato de arrendamiento urbano, se aplicará la escala de las letras A), B) o C), según corresponda, y se tomará como cuantía el importe de la renta anual, o de la contractual si su duración fuere inferior a una anualidad.

H) 6.- Cuando se trate de un contrato de arrendamiento rústico, se aplicará la escala del apartado A), B) o C), según correspondan, y se tomará como cuantía el importe de la renta correspondiente al tiempo mínimo de duración del contrato.

Negociaciones de contratos:

NORMA 11

Se minutará por las negociaciones, además de la que corresponda por la redacción del contrato, las mismas cantidades que resulten de la aplicación de las letras A), B) o C) de la norma 10, según las negociaciones hayan sido normales o complejas.

No se considerará que el Letrado haya negociado el contrato cuando la otra parte se limite a aceptar pura y simplemente las propuestas. El Letrado que asesore a su cliente sobre la suscripción de un contrato percibirá los honorarios correspondientes a la redacción, aunque no haya participado en ella.

Si además ha intervenido en la negociación, percibirá también los honorarios por tal concepto, independientemente de los que correspondan por el asesoramiento. Si el contrato no se formalizase por cualquier causa, percibirá el Letrado la mitad de lo que le hubiere correspondido por el asesoramiento y, en su caso, negociación, de haberse firmado el contrato.

VI.- PROPIEDAD HORIZONTAL Y URBANIZACIONES

NORMA 12

Redacción, revisión o rectificación, siempre que las dos últimas comporten labor sustancial del título constitutivo, estatutos o reglamento interno de una finca dividida en régimen de propiedad horizontal, comprendidos los trabajos preparatorios, se recomienda partir de: 60.000 pesetas. NORMA 13

Si recayeren sobre un complejo inmobiliario del tipo que sea o una urbanización, o planes de ordenación o urbanización, se recomienda partir de: 150.000 pesetas.

NORMA 14

Estudio o informe escrito de los problemas fiscales, financieros, administrativos, y demás que planteen un complejo inmobiliario o una urbanización u ordenación, se recomienda partir de: 150.000 pesetas.

VII.- SOCIEDADES Y OTRAS PERSONAS JURÍDICAS

NORMA 15

A) Redacción de estatutos, reglamentos o escrituras de sociedades regulares o irregulares y transformación de las mismas, comprendiéndose todos los trabajos preparatorios, se minutará con arreglo a la escala de la norma 10, que se aplicará sobre el capital más las reservas.

B) Modificación de aquéllos: el 50% de la norma anterior.

El aumento o disminución del capital social se minutará de acuerdo con esta norma, con arreglo a la cuantía de la modificación.

C) En la fusión, cualquiera que sea su forma, o liquidación de sociedades, se aplicará la escala del apartado A) con un 25% de aumento; la cuantía vendrá determinada por el capital y reservas de las sociedades fusionadas, o de la sociedad liquidada.

D) La redacción de Memorias de Sociedades, Actas de Consejo de Administración y de Juntas Generales, así como las de Juntas de Comunidades de Propietarios, Asociaciones, etc., se minutará discrecionalmente, en función de las complejidades o dificultades que presenten, recomendándose partir de: 25.000 pesetas.

Estos honorarios serán independientes de los que correspondan por salidas de despacho y asistencia a dichas reuniones.

NORMA 16

Estudio o informe escrito de los problemas fiscales, financieros, administrativos, laborales y demás que planteen la constitución, desarrollo o disolución de una sociedad, se recomienda partir de: 60.000 pesetas. VIII.- MINUTAS PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

NORMA 17

A) Redacción de minutas para actas, contestaciones, testamentos, poderes especiales, etc.: se graduarán discrecionalmente, recomendándose un mínimo de: 15.000 pesetas.

B) Redacción de minutas para escrituras de contratos o documentos notariales: se graduarán los honorarios de acuerdo con las normas específicas que correspondan a cada tipo de contrato o documento, con las siguientes salvedades:

1. Si las escrituras son en ejecución de un contrato preexistente del que traen causa, los honorarios se percibirán a razón de un 20% de los correspondientes al documento previo, si éste fue redactado por el propio Letrado minutante; y de un 50% si su redacción correspondió a otro Letrado.

2. Si la misión encomendada al Letrado es el simple encargo a la Notaría de la redacción de la escritura y su previo control, así como la comprobación de las circunstancias registrales, percibirá sus honorarios a razón de un 20% de los que correspondan al contrato o documento según las presentes normas de honorarios, sin perjuicio de lo que deba de percibir por salida de despacho.

IX.- ESTUDIOS DE CAPACIDAD JURÍDICA Y BASTANTEO DE PODERES

NORMA 18

A) En asuntos extrajudiciales se minutará partiendo de: 10.000 pesetas.

En los supuestos de estudio de capacidad de personas físicas o jurídicas, de nacionalidad extranjera o vecindad foral, se duplicará la cuantía de los honorarios.

B) Bastanteo de poderes en cualquier clase de jurisdicciones: con arreglo a lo dispuesto legalmente, los derechos por bastanteo de poderes constituyen recursos ordinarios del Colegio, debiendo llevarse a cabo, precisamente, en los impresos que a tal efecto se faciliten, y con arreglo a la escala vigente en cada momento, incluso cuando se trate de apoderamientos apud acta. X.- ACTUACIONES EN MATERIA SUCESORIA O PARTICIONAL

NORMA 19

La redacción de relaciones de bienes formulada como minuta o antecedentes de escritura pública, o para ser presentada a los liquidadores del Impuesto de Sucesiones y, en su caso, al Registro de la Propiedad, y de modo general la actuación en operaciones que no ofrezcan complejidad, se valorará teniendo en cuenta el importe de los bienes relacionados y aplicándose el 15% de la escala de la norma siguiente, con un mínimo recomendado de: 50.000 pesetas.

NORMA 20

Por la total intervención y asesoramiento hasta la terminación de las operaciones sucesorias, siempre que ofrezcan complejidad, se devengarán los siguientes honorarios, en relación con el valor real de los bienes:

Hasta 3.000.000 de pesetas, con un mínimo recomendado de 50.000 pesetas 6% 180.000 Lo que exceda hasta 15.000.000 4% 480.000 Lo que exceda hasta 50.000.000 3% 1.050.000 Lo que exceda hasta 100.000.000 1,5% 750.000 Lo que exceda hasta 300.000.000 1% 2.000.000 Lo que exceda de 300.000.000 0,50%

NORMA 21

Si las operaciones sucesorias hubieren de practicarse con sujeción a la legislación extranjera, se devengará el doble de los honorarios que correspondan según el número anterior.

NORMA 22

Si intervinieren varios Letrados designados por acuerdo de todos los interesados, se dividirá entre ellos, por partes iguales, los honorarios que correspondan según las normas anteriores, pero recargados en un 50%.

NORMA 23

Si cada uno de los Letrados que interviene es designado por uno o varios de los interesados, no por todos ellos, cada Letrado valorará sus honorarios sobre la base del importe del haber de sus respectivos clientes.

NORMA 24

En los honorarios anteriores se considerarán comprendidas cuantas diligencias, consultas, conferencias, examen de antecedentes y redacción de documentos se precisen. XI.- TRANSACCIONES Y SOLUCIONES EXTRAJUDICIALES

NORMA 25

Los honorarios de cada Letrado que intervenga se valorará de acuerdo con la escala del apartado A) de la norma 10.

Esta norma no incluye los trabajos que el Letrado realice para ejecutar la transacción sino tan sólo los que finalicen con el acuerdo transaccional.

Si la transacción se alcanza durante el curso de un proceso, se tendrán en cuenta los honorarios que correspondan percibir por la actuación judicial para ajustar prudencialmente los de la transacción.

XII.- ARBITRAJES

Arbitrajes de equidad y derecho:

NORMA 26

1. Los árbitros.

Toda la actuación arbitral incluido el otorgamiento del laudo, se ajustará a la escala de los juicios declarativos (norma 30). Si el número de árbitros fuese de tres se tomará como base el 175% de la cuantía, y si fuesen cinco, el 250%, a repartir entre ellos.

2. Los Letrados.

Los honorarios de los Letrados que intervengan en el procedimiento arbitral por designación de las partes serán el 80% de los correspondientes a los juicios declarativos (norma 30).

3. En los arbitrajes internacionales se incrementarán los honorarios que se devenguen en un 50%.

4. El proceso para formalizar judicialmente el compromiso de arbitraje se minutará al 30% de la escala de los juicios declarativos.

NORMA 27

En los arbitrajes de equidad se aplicará la norma anterior con una reducción prudencial. XIII.- SIN CONTENIDO

XIV.- ACTOS DE CONCILIACIÓN

NORMA 28

Demanda, recomendado: 20.000 pesetas.

NORMA 29

Asistencia al acto sin avenencia, recomendado: 15.000 pesetas.

Si hubiere avenencia, se aplicarán los honorarios correspondientes a las transacciones.

XV.- JUICIOS VERBALES, DE COGNICIÓN, DE MENOR Y MAYOR CUANTÍA

NORMA 30

Hasta 200.000 pesetas, con un mínimo recomendado de 35.000 pesetas 30% 60.000 Lo que exceda hasta 500.000 20% 60.000 Lo que exceda hasta 1.500.000 15% 150.000 Lo que exceda hasta 5.000.000 10% 350.000 Lo que exceda hasta 15.000.000 5% 500.000 Lo que exceda hasta 50.000.000 3% 1.050.000 Lo que exceda hasta 100.000.000 2% 1.000.000 Lo que exceda hasta 200.000.000 1% 1.000.000 Lo que exceda de 200.000.000 0,75%

En todos estos se incluye la tramitación del juicio hasta la sentencia en primera instancia -excluidos incidencias y recursos-.

Los juicios de cuantía realmente indeterminada se equipararán a los de 2.000.000 de pesetas.

Los honorarios de todos estos juicios, a los efectos de su cálculo se distribuirán en la siguiente forma:

Periodo de alegaciones 60% Periodo de prueba 25% Conclusiones, vista o resumen de pruebas 15%

En los juicios que carecen de este último trámite:

Periodo de alegaciones 75% Periodo de pruebas 25%

De allanarse el demandado, se percibirá el 75% del total.

En los procedimientos en que exista reconvención, los honorarios se fijarán separadamente como si de dos procedimientos distintos se tratase. XVI.- JUICIOS EJECUTIVOS, VÍA DE APREMIO, PROCEDIMIENTO SUMARIO HIPOTECARIO Y PREPARACIÓN DE EJECUCIÓN

Ejecutivo sin oposición:

NORMA 31

En los juicios ejecutivos sin oposición, se percibirá:

Hasta 100.000 pesetas 25% 25.000 Lo que exceda hasta 200.000 15% 15.000 Lo que exceda hasta 500.000 12% 36.000 Lo que exceda hasta 1.500.000 10% 100.000 Lo que exceda hasta 5.000.000 5% 175.000 Lo que exceda hasta 10.000.000 3% 150.000 Lo que exceda hasta 50.000.000 2% 800.000 Lo que exceda hasta 100.000.000 1,5% 750.000 Lo que exceda de 100.000.000 0,5%

Se percibirá la totalidad desde la demanda hasta la sentencia.

La escala se aplicará sobre la cantidad por la que se hubiere despachado la ejecución.

Ejecutivo con oposición:

NORMA 32

Si en el juicio ejecutivo hubiese oposición, ambos Letrados percibirán los honorarios correspondientes a la escala de la norma 30, sin perjuicio de que el Letrado del actor perciba por su demanda los honorarios del número anterior.

Vía de apremio:

NORMA 33

En la vía de apremio del juicio ejecutivo se percibirá el 50% de la escala de los ejecutivos sin oposición, con una reducción prudencial cuando lo aconseje la escasa importancia de las actuaciones practicadas.

Procedimiento sumario hipotecario:

NORMA 34

Se percibirán los honorarios de la norma 31, incrementados en un 25% por la demanda; y los de la norma 33 por las actuaciones posteriores. Preparación de ejecución:

NORMA 35

La preparación de ejecución devengará el 30% de la escala de los ejecutivos sin oposición, con un mínimo recomendado de: 25.000 pesetas.

XVII.- PROCESOS ARRENDATICIOS

NORMA 36 Desahucio por falta de pago de la renta o por expiración del término.

Hasta 300.000 pesetas de renta anual 12% 36.000 Lo que exceda hasta 1.000.000 5% 35.000 Lo que exceda hasta 5.000.000 3% 120.000 Lo que exceda de 5.000.000 1%

La cuantía será la renta anual aplicando, en su caso, los criterios de actualización de rentas indicados en las Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

NORMA 37

En los desahucios por precario se aplicará la norma 31, tomándose como orientación de la cuantía la renta anual que correspondería en la actualidad a arrendamientos nuevos de fincas análogas.

NORMA 38

Los litigios que deban tramitarse por las normas del juicio de cognición se minutarán de conformidad con la norma 30, tomando como base la renta anual aplicando, en su caso, los criterios de actualización de rentas indicados en las Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

NORMA 39

En los casos en los que se ejercite acumulada y simultáneamente la acción de resolución del contrato y la de reclamación de las cantidades adeudadas, se minutará con arreglo a la norma 30, tomándose como cuantía la cantidad resultante de sumar las rentas objeto de reclamación y el importe de una anualidad de la renta contractual, aplicando, en su caso, los criterios de actualización de rentas indicados en las Disposiciones Segunda y Tercera de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

XVIII.- PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS

NORMA 40

A) En los relativos a resolución de los contratos fundados en causas comprendidas en la legislación especial, con excepción de la falta de pago, se aplicará la escala de la norma 30, tomándose como orientación de la cuantía la renta anual que correspondería en la actualidad a arrendamientos nuevos de fincas análogas.

B) En los demás procedimientos dimanantes de tal legislación especial se atenderá a la complejidad del asunto y a la enjundia e interés de las cuestiones debatidas, con un mínimo recomendado de: 70.000 pesetas.

XIX.- PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL

NORMA 41

A) Si pudiera determinarse la cuantía, se aplicará la norma 30.

B) En caso contrario, se atenderá a la dificultad del asunto y a la complejidad e interés de las cuestiones debatidas, con un mínimo recomendado de: 50.000 pesetas.

XX.- ARTÍCULO 41 DE LA LEY HIPOTECARIA

NORMA 42

Se aplicarán las normas 31 ó 32, según corresponda.

XXI.- EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

NORMA 43

En los supuestos de los artículos 921 y 922 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se aplicará la norma de la vía de apremio de los juicios ejecutivos -norma 33-, con una reducción prudencial cuando lo aconseje la escasa importancia de las actuaciones.

En todos los demás casos, se aplicará el 30% de la escala de los declarativos -norma 30-.

XXII.- EMBARGOS PREVENTIVOS Y OTRAS MEDIDAS CAUTELARES Y DILIGENCIAS PRELIMINARES

NORMA 44

Por la petición u oposición en embargos preventivos u otras medidas cautelares se aplicarán las normas de los juicios ejecutivos (normas 31 ó 32), con una reducción del 25%.

NORMA 45

Por las diligencias preliminares del juicio se recomienda: 40.000 pesetas. XXIII.- JUICIOS DE ALIMENTOS PROVISIONALES

NORMA 46

Se aplicará la norma 30, tomando como base el importe de tres anualidades de la pensión reclamada.

XXIV.- RETRACTOS

NORMA 47

Se aplicará la norma 30, teniendo como base el valor del bien objeto de retracto.

XXV.- INTERDICTOS

NORMA 48

Dadas sus peculiares características, se minutarán con especial consideración del interés litigioso y del trabajo profesional realizado, recomendándose: 150.000 pesetas.

De ser determinable el valor litigioso, se aplicarán las escalas de las normas 31 ó 32, según corresponda.

XXVI.- JUICIOS DE TESTAMENTARÍA

NORMA 49

Se aplicará en su integridad la escala de la norma 30, basándose en el valor real del caudal relicto, pero con una consideración prudencial de la verdadera importancia de las actuaciones procesales; minutándose aparte los incidentes que surjan durante la tramitación de estos juicios y las actuaciones extrajudiciales.

XXVII.- SUSPENSIÓN DE PAGOS

NORMA 50

El Letrado del deudor valorará sus honorarios aplicando, sobre la base de la cuantía del pasivo del balance definitivo, la siguiente escala:

Hasta 5.000.000 de pesetas 12% 600.000 Lo que exceda hasta 25.000.000 5% 1.000.000 Lo que exceda hasta 75.000.000 2% 1.000.000 Lo que exceda hasta 200.000.000 1% 1.250.000 Lo que exceda de 200.000.000 0,5%

NORMA 51

En estos procedimientos, se devengará un 50% de los honorarios al iniciarse; y el 50% restante se distribuirá entre las demás actuaciones. En el caso de no llegarse a la celebración de Junta para la discusión del convenio, el Letrado del deudor percibirá el primer 50% solamente. NORMA 52

Los Letrados de los acreedores percibirán sus honorarios en función de las actuaciones realizadas y de la cuantía del respectivo crédito, aplicando la escala de la norma 50.

XXVIII.- CONCURSO DE ACREEDORES Y QUIEBRA

NORMA 53

1. Para el cálculo de los honorarios del Letrado del instante -sea procedimiento voluntario o necesario-, del concursado, quebrado o de la sindicadura, se tomará como base la cuantía del pasivo aplicando la escala de la norma 50, incrementada en un 50%.

2. Los Letrados de los acreedores percibirán sus honorarios con arreglo a la norma precedente, aplicada sobre la base de su respectivo crédito.

3. La mera presentación de la solicitud de quiebra dará lugar a percibir el 50% de los honorarios establecidos, distribuyéndose el resto entre las otras cuatro secciones de la quiebra.

4. Con respecto a los demás Letrados, en los casos en que no proceda el cobro de la totalidad de sus honorarios, se estimará la parte prudencial que corresponda a la labor profesional realizada.

5. Los incidentes que surjan en el procedimiento, tales como el de oposición, variación de fecha de retroacción, etc., se minutarán atendiendo a su complejidad, separadamente y en un 10% más de lo que resulte del Juicio Universal.

XXIX.- INCIDENTES

NORMA 54

Si tienen cuantía propia se aplicará la escala de la norma 30 (declarativos) con una reducción del 50%. Se entenderá que existe cuantía propia cuando el objeto de la pretensión sea claramente valuable en metálico.

Si no tuvieren cuantía propia se graduarán los honorarios por las siguientes reglas:

1ª) Si en la incidencia se tratase de un defecto subsanable o de una cuestión autónoma que no sea obstáculo al seguimiento del pleito principal, se minutará hasta un 15% de lo que correspondería a éste en la instancia de que se trate.

2ª) Si el artículo incidental acaba la instancia o impide su continuación, se minutará hasta un 25% de lo que correspondería al pleito principal. 3ª) Los honorarios correspondientes a las dos reglas anteriores se duplicarán si el incidente se sustanciase por los trámites del artículo 741 y siguientes de la L.E.C. por un procedimiento especial.

XXX.- RECURSOS CONTRA AUTOS Y PROVIDENCIAS

NORMA 55

Se tendrán en cuenta su especial naturaleza, dificultades o influencia en el pleito, recomendándose: 30.000 pesetas.

XXXI.- JURISDICCIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA

NORMA 56

Estudio de los autos y escrito evacuando el trámite de instrucción.

Se valorará prudencialmente, teniendo en cuenta la cuantía y la importancia de las cuestiones planteadas, recomendándose partir de: 25.000 pesetas.

NORMA 57

Preparación, asistencia a la vista e informe:

Hasta 250.000 pesetas, con un mínimo de 20.000 pesetas 15% 37.500 Lo que exceda hasta 500.000 10% 25.000 Lo que exceda hasta 1.000.000 5% 25.000 Lo que exceda hasta 5.000.000 4% 160.000 Lo que exceda hasta 10.000.000 2,5% 125.000 Lo que exceda de 10.000.000 1%

NORMA 58

Práctica de prueba:

Si se propusiesen y practicasen pruebas en segunda instancia los honorarios de las normas anteriores se incrementarán entre un 15% y un 30%, en función del trabajo realizado.

NORMA 59

En aquellos procedimientos en que el recurso haya de ser presentado mediante escrito motivado, se aplicarán las dos normas anteriores, con una reducción sobre el total del 20%.

Si, además, se celebrara vista oral del recurso, se aplicarán las normas citadas con un incremento del 20%. XXXII.- PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

NORMA 60

Patentes, marcas, propiedad industrial e intelectual, etc.:

Se minutarán por las reglas de la norma 30 (declarativos).

El procedimiento de adopción de medidas cautelares se minutará aumentando un 25% de lo que correspondiese del procedimiento inicial.

NORMA 61

Procedimientos registrales e hipotecarios:

En los procedimientos especiales de la Ley Hipotecaria, como expedientes de dominio, recursos contra la calificación de los Registradores, etc., y aquellos que se basen en el Reglamento del Registro Mercantil, se aplicará la norma 30 con una reducción del 50%.

NORMA 62

Actuaciones relacionadas con el Registro Civil:

Por la tramitación de expedientes gubernativos de rectificación, para completar o suprimir circunstancias y asientos o para corregir defectos y faltas formales, se minutará discrecionalmente, teniendo en cuenta la labor profesional desarrollada, recomendando: 25.000 pesetas.

Por la tramitación de los expedientes de filiación, cambio de nombre y apellidos, nacionalidad y vecindad, inscripción de nacimiento fuera de plazo, se minutará discrecionalmente, teniendo en cuenta la importancia, trascendencia y complejidad del asunto, recomendando: 85.000 pesetas.

Los recursos se minutarán atendiendo a los criterios expuestos, recomendando: 50.000 pesetas.

NORMA 63

Tercerías:

Se aplicará la escala de los declarativos (norma 30). Si la tercería fuere de mejor derecho, se tomará como base el importe del crédito. Si fuere de dominio, el valor del bien en discusión. NORMA 64

Proceso de impugnación de acuerdos de Sociedades Mercantiles o Cooperativas:

Si el procedimiento tiene una cuantía claramente determinada, se aplicará para la totalidad del mismo la norma 30.

Si no la tiene, se determinará por el capital más las reservas, detrayendo las pérdidas (haber social), pero siempre habrán de ponderarse los honorarios tomando en consideración el interés del cliente en la Sociedad, así como la relevancia patrimonial y de todo orden del acuerdo impugnado.

Cuando la impugnación se refiera a partidas concretas del balance, su cuantía se entenderá claramente determinada y se aplicará la norma 30.

NORMA 65

En los procedimientos sobre convocatoria judicial de Juntas Generales, se graduarán los honorarios conforme a la importancia de los intereses en debate, recomendándose: 50.000 pesetas.

El Letrado que designe el Juzgado para presidir la Junta percibirá honorarios entre 50.000 y 100.000 pesetas en función de los mismos criterios.

XXXIII.- JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

NORMA 66

En los procedimientos relativos a la adopción, a declaración de herederos abintestato, a inscripción en el Registro Civil, al nombramiento de tutor, a la autorización para la enajenación de bienes de menores, a la subrogación real de bienes fideicomitidos, a deslindes y amojonamientos, y análogos, si no tuvieren cuantía determinada, los honorarios se fijarán prudencialmente, recomendándose: 60.000 pesetas.

NORMA 67

Cuando los procedimientos de jurisdicción voluntaria fueren de cuantía determinada, los trabajos realizados se minutarán aplicando la escala de la norma 30 con una reducción del 75% y teniendo en cuenta la complejidad, trascendencia y naturaleza del procedimiento. Si hubiere oposición y se hiciere contencioso el expediente, se aplicará la norma 30, sin perjuicio de la percepción de las cantidades a que haya lugar por el periodo de jurisdicción voluntaria. XXXIV.- SIN CONTENIDO

XXXV.- JURISDICCIÓN PENAL

Asistencia a detenidos y presos:

NORMA 68

Por la asistencia a detenido o preso, tanto en dependencias judiciales como policiales, recomendado: 20.000 pesetas.

Juicio de faltas:

NORMA 69

Estudio del expediente y asistencia al acto del juicio: 25.000 pesetas.

Denuncias y querellas:

NORMA 70

Redacción de denuncia: 20.000 pesetas.

NORMA 71

Redacción de querella: 50.000 pesetas.

Actuaciones ante el Juzgado de Instrucción:

NORMA 72

Asistencias a las diligencias acordadas por el Juzgado: 15.000 pesetas.

NORMA 73

Redacción de escrito de trámite: 8.000 pesetas.

NORMA 74

Redacción de escrito que no sea de trámite: 15.000 pesetas.

Procedimiento abreviado:

NORMA 75

Por escrito de calificación provisional y proposición de prueba: 35.000 pesetas. Por la intervención en la fase plenaria del procedimiento, incluido el juicio oral: 60.000 pesetas.

Sumarios:

NORMA 76

Estudio del sumario, piezas separadas y rollo en trámite de instrucción. Debe tenerse en cuenta la complejidad del asunto, recomendando: 30.000 pesetas.

NORMA 77

Escrito de calificación provisional y proposición de pruebas, recomendado: 40.000 pesetas.

NORMA 78

Preparación y asistencia al acto del juicio oral, intervención en las pruebas, modificación, en su caso, de conclusiones e informe, recomendado: 100.000 pesetas.

Recursos:

NORMA 79

Recurso de apelación contra sentencia dictada en juicio de faltas: 25.000 pesetas.

NORMA 80

Recursos de reforma, apelación o queja contra resoluciones dictadas por los Juzgados de Instrucción, de lo Penal y Audiencia: 25.000 pesetas.

NORMA 81

Recurso de apelación con informe ante la Sala: 60.000 pesetas.

NORMA 82

Recurso de apelación contra sentencias dictadas en procedimientos abreviados: 50.000 pesetas.

NORMA 83

Recursos de súplica, queja y cualesquiera otros sin informe ante la Sala: 30.000 pesetas.

NORMA 84

Escrito de preparación del recurso de casación: 30.000 pesetas. Norma general:

NORMA 85

Si de cualquiera de las actuaciones precedentes se pudieran derivar cuestiones pecuniarias por responsabilidad civil, comiso, indemnización o cualquier otro concepto, se minutará, además, por la escala de los juicios ejecutivos -norma 31-.

En cualquier caso, se tendrá en cuenta el tiempo invertido en las diligencias, la complejidad del asunto y la importancia de las penas interesadas, para incrementar prudencialmente los honorarios.

XXXVI.- PROCEDIMIENTOS CRIMINALES ESPECIALES

Ante la jurisdicción militar:

NORMA 86

En los asuntos ante esta Jurisdicción, se aplicarán los honorarios señalados para la Ordinaria y la norma general precedente.

Otras actuaciones y recursos especiales:

NORMA 87

Recursos de revisión: 70.000 pesetas.

NORMA 88

Expediente de indulto particular: 50.000 pesetas.

NORMA 89

Expediente de extradición, con todas las actuaciones escritas y orales, en su caso: 125.000 pesetas.

NORMA 90

Expediente de cancelación de antecedentes penales: 30.000 pesetas.

NORMA 91

Por el antejuicio del artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tanto por la querella como por las otras actuaciones, se aplicarán las normas correspondientes a los sumarios con un incremento del 25%.

NORMA 92

Artículos de previo y especial pronunciamiento, con prueba e informe: 40.000 pesetas. XXXVII.- DERECHO MATRIMONIAL

Medidas:

NORMA 93

Medidas provisionales previas: 50.000 pesetas.

Medidas provisionales simultáneas: 60.000 pesetas.

Si se obtuviese pensión económica que sobrepase 1.200.000 pesetas anuales, se podrán incrementar los honorarios con un 20% de la escala establecida en la norma 30 a partir de dicha cuantía.

NORMA 94

Incidente de oposición al auto de adopción de medidas. Se aplicará la norma anterior, con una reducción del 30%.

Separación de común acuerdo:

NORMA 95

A) Por tramitación del procedimiento de separación: 80.000 pesetas.

B) Negociación y redacción del convenio de separación: 65.000 pesetas.

Esta cantidad podrá ser incrementada prudencialmente atendiendo a la complejidad de la negociación.

En el caso de que la cuantía de la pensión sobrepase 1.200.000 pesetas anuales, se podrán incrementar los honorarios con un 20% de la escala establecida en la norma 10, apartado A), a partir de dicha cuantía.

C) Si el mismo Letrado se encarga de la defensa de las dos partes, se incrementará en un 25% lo establecido en los apartados anteriores.

Procedimiento de modificación del convenio o medidas judiciales:

NORMA 96

Se minutará de acuerdo con la norma 54, relativa a los incidentes.

Si la modificación fuere de común acuerdo, se aplicará la norma 95, apartado B), en un 25%, como mínimo. Separación contenciosa:

NORMA 97

Toda la tramitación del proceso hasta sentencia en Primera Instancia -excluidos los recursos y las incidencias-: 150.000 pesetas.

Esta cantidad podrá ser incrementada prudencialmente atendiendo a la complejidad del asunto planteado.

Si se obtuviesen pretensiones económicas que superasen la cuantía de 1.200.000 pesetas anuales, se podrán incrementar los honorarios en un 25% de la escala establecida en la norma 30, a partir de dicha cuantía.

Divorcio de común acuerdo:

NORMA 98

A) Si el convenio está perfeccionado, se minutará teniendo en cuenta la complejidad, importancia y cuantía de las cuestiones planteadas, recomendándose: 150.000 pesetas.

B) Negociación y redacción del convenio de divorcio, recomendado: 75.000 pesetas.

Esta cantidad podrá ser incrementada prudencialmente atendiendo a la complejidad de la negociación.

En caso de que la cuantía de la pensión sobrepase 1.200.000 pesetas anuales, se podrán aumentar los honorarios en un 20% de la escala establecida en la norma 10, apartado A), a partir de dicha cuantía.

C) Si el mismo Letrado se encarga de la defensa de las dos partes, se incrementará con un 25% lo establecido en los apartados anteriores.

Divorcio contencioso:

NORMA 99

Se minutará de acuerdo con lo establecido en la norma 97, recomendándose partir de: 200.000 pesetas.

Nulidad:

PROCEDIMIENTO DE LAS CAUSAS NÚMEROS 2 Y 3 DEL ARTÍCULO 73 DEL CÓDIGO CIVIL

NORMA 100

Se aplicará la norma 30 sobre la base mínima para la cuantía indeterminada. Otros procedimientos:

NORMA 101

Se aplicará también la norma 30 sobre la base mínima para la cuantía indeterminada.

Apelaciones:

NORMA 102

Se aplicarán las normas 56, 57, 58 y 59.

XXXVIII.- JURISDICCIÓN ECLESIÁSTICA

Nulidades:

NORMA 103

A) Por todo el procedimiento de nulidad matrimonial en primera instancia, recomendado: 400.000 pesetas.

B) Si se llevare también el asunto en segunda instancia, ante el Tribunal Archidiocesano de Sevilla, se recomienda: 150.000 pesetas.

C) Si el Letrado continuare el procedimiento en tercera instancia ante la Sagrada Rota, se recomienda: 150.000 pesetas.

XXXIX.- EJECUCIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES MATRIMONIALES

Resoluciones civiles:

NORMA 104

Se aplicará la norma 33.

Ejecución civil de resoluciones eclesiásticas -Disposición Adicional 2ª-:

NORMA 105

Se tendrán en cuenta la complejidad, importancia y cuantía de las cuestiones debatidas, así como la dificultad y trabajo realizado, recomendándose: 80.000 pesetas.

Expedientes relativos a las cuestiones de los artículos 70 y 156 del Código Civil:

NORMA 106

Se minutarán teniendo en cuenta el trabajo y complejidad, recomendándose: 20.000 pesetas.

Serán de aplicación subsidiaria las normas generales sobre jurisdicción voluntaria. XL.- MATERIA TRIBUTARIA Y FISCAL

NORMA 107

Las declaraciones, liquidaciones por pagos fraccionados periódicas y las altas y bajas en cualquier tipo de impuestos, se minutarán prudencialmente recomendándose partir de: 10.000 pesetas.

NORMA 108

Declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Se percibirá el 15% de lo que resulte de aplicar la norma 31 a la base imponible de dicho impuesto, con los siguientes mínimos recomendados:

A) Simplificada: 15.000 pesetas.

B) Ordinaria: 30.000 pesetas.

NORMA 109

Declaraciones del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas.

Los honorarios se fijarán tomando como base el total de los bienes que lo integran y con arreglo a la siguiente escala:

Hasta 25.000.000 0,5 x 1.000 12.500 Lo que exceda hasta 50.000.000 0,3 x 1.000 7.500 Lo que exceda hasta 100.000.000 0,2 x 1.000 10.000 Lo que exceda de 100.000.000 0,1 x 1.000

NORMA 110

Declaraciones del Impuesto de Sociedades.

Los honorarios se fijarán en relación con el importe del volumen bruto de facturación y con arreglo a la siguiente escala:

Hasta 10.000.000 de pesetas, con un mínimo recomendado de 40.000 pesetas 0,5 x 1.000 50.000 Lo que exceda hasta 25.000.000 0,3 x 1.000 45.000 Lo que exceda hasta 50.000.000 1,5 x 1.000 37.500 Lo que exceda hasta 100.000.000 1 x 1.000 50.000 Lo que exceda de 500.000.000 0,5 x 1.000 200.000 Lo que exceda hasta 1.000.000.000 0,2 x 1.000 100.000 Lo que exceda de 1.000.000.000 0,1 x 1.000 NORMA 111

En las actuaciones ante las Inspecciones Tributarias del Estado, de la Comunidad Autónoma o de las Haciendas Locales, los honorarios se fijarán de acuerdo con las normas precedentes que les sean de aplicación, según el impuesto a que la inspección se refiera, incrementados en el 50%; tomando como base la media del volumen bruto de facturación referente a los años objeto de comprobación.

XLI.- JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA

Actuaciones administrativas en general:

NORMA 112

Deberán ajustarse siempre a criterios de ponderación en relación con la complejidad del asunto y el esfuerzo profesional realizado, si bien conforme a las siguientes normas orientadoras:

A) Solicitud simple o escrito de puro trámite: 10.000 pesetas.

B) Solicitud o impugnación simple, fundada fáctica y jurídicamente: 20.000 pesetas.

C) Escrito de alegaciones, con referencias al ordenamiento legal administrativo, ponderándose debidamente la complejidad y cuantía: 30.000 pesetas.

Recurso administrativo:

NORMA 113

Los recursos ordinarios, de reposición, alzada, revisión y cualesquiera otros -sean o no previos a la demanda contencioso-administrativa- se minutarán en función de su complejidad, cuantía y demás circunstancias jurídicas, económicas o de otra índole que concurran, recomendándose partir de: 40.000 pesetas.

Expropiaciones:

NORMA 114

La intervención profesional en expediente sobre expropiación forzosa para la determinación del justiprecio, incluyendo formulación de hoja de aprecio, escrito de alegaciones y demás actuaciones hasta agotar la vía administrativa, devengará el 75% de la norma 30, entendiéndose como cuantía en estos expedientes el valor en que, en definitiva, resulte fijado el justiprecio, bien sea por Organismos Administrativos o por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. NORMA 115

Si el justiprecio se determina por mutuo acuerdo entre el expropiado y la Administración expropiante o el beneficiario, sin haberse formulado hoja de aprecio ni escrito de alegaciones, se valorará la labor profesional conforme a las transacciones -norma 25-. Si el mutuo acuerdo se alcanza después de haber realizado tales actuaciones o parte de ellas, se valorará aplicando total o parcialmente, según proceda, la escala de la norma anterior.

NORMA 116

En la expropiación por el procedimiento de urgencia, podrá ser objeto de percepción separada la intervención en el acta previa a la ocupación, que se valorará ponderando la complejidad y trascendencia de la intervención del Abogado, en relación con la naturaleza e importancia de los bienes o derechos a expropiar, recomendándose partir de: 30.000 pesetas.

Expedientes, Planeamientos y Planes Urbanísticos:

NORMA 117

Expedientes sobre declaración de ruina o inclusión de fincas en el Registro Público de Solares e Inmuebles de Edificación Forzosa.

Se tomará como base el valor real del inmueble, devengándose el 50% de la escala de la norma 31, con un mínimo recomendado de: 50.000 pesetas.

NORMA 118

Planes de Urbanismo:

A) Por la dirección coordinada de planes generales o parciales de urbanismo colaborando en el aspecto legal de sus distintos documentos, redactando su solicitud e interviniendo en su tramitación hasta obtener resolución administrativa, se minutará discrecionalmente, en función de la complejidad e intensidad del trabajo efectivamente realizado, señalándose a título simplemente orientador, susceptible de moderación o elevación, un 10% de la escala de la norma 30 sobre el valor real inicial de los terrenos afectados.

B) Si se refiriese a planes especiales, por patrimonio histórico-artístico y zonas y centros de interés turístico, los honorarios se incrementarán en un 30%.

Con un mínimo recomendado en ambos supuestos de: 150.000 pesetas. NORMA 119

Por los estudios de detalle del artículo 91 de la Ley del Suelo y concordantes, se devengará el 30% de los honorarios resultantes según la norma anterior.

NORMA 120

Por la intervención en la ejecución de planes de Urbanismo, al amparo de los artículos 65 y siguientes de la Ley del Suelo, se devengará un 10% de la escala de la norma 30, calculado sobre el valor actual de los terrenos a los que afecte la intervención profesional que se haya encomendado.

NORMA 121

Por la intervención en la delimitación de polígonos o unidades de actuación, se devengará el 30% de los honorarios resultantes de aplicar la norma 118, con un mínimo recomendado de: 50.000 pesetas.

NORMA 122

Parcelaciones, reparcelaciones y proyectos de compensación: por la intervención profesional en los proyectos de parcelación, reparcelación y compensación, incluida la recogida, ordenación, estudios y títulos, instrucciones para el desarrollo técnico de la operación acomodándola al plan, redacción de los proyectos, solicitud para su aprobación y dirección del expediente hasta obtener resolución administrativa, se fijarán discrecionalmente, atendiendo la intensidad y complejidad del trabajo efectivamente realizado y señalándose a título meramente orientador, susceptible de elevación o moderación, un 30% de la escala de la norma 30 sobre el valor inicial de los terrenos a que afecte, con un mínimo recomendado de: 100.000 pesetas.

Reclamaciones previas:

NORMA 123

Las reclamaciones previas al ejercicio de acciones judiciales se valorarán conforme a la norma 112.

Reclamación económico-administrativa:

NORMA 124

Escrito de interposición, recomendado: 15.000 pesetas.

Si se solicitare la suspensión de la ejecución del acto recurrido: 15.000 pesetas. NORMA 125

Instrucción del expediente, escrito de alegaciones y demás actuaciones hasta terminación, se aplicará el 50% de la norma 30.

Recurso contencioso-administrativo:

NORMA 126

Por toda la tramitación incluida la vista si la hubiere, se aplicará la escala general de la norma 30. Se distribuirán los honorarios de la siguiente forma:

Periodo de alegaciones: 60%. Prueba: 15%. Vista o conclusiones: 25%.

NORMA 127

Los recursos de súplica y casación, y los incidentes, se valorarán, respectivamente, conforme a las normas aplicadas en la Jurisdicción Civil.

NORMA 128

En la ejecución de sentencia se aplicará la norma 43.

XLII.- JURISDICCIÓN LABORAL

NORMA 129

ACTUACIONES LABORALES EN GENERAL

A) Redacción de carta de sanción: 12.000 pesetas. B) Instrucción de expediente contradictorio o asesoramiento directo en el mismo a cualquiera de las partes: 45.000 pesetas.

C) Redacción de contratos de trabajo.

Se aplicarán los honorarios de la norma 10, según corresponda, tomándose como cuantía la del salario de un año.

NORMA 130

CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA

A) Estudio y redacción de anteproyecto: 80.000 pesetas.

B) Asistencia a cada sesión de la Comisión Negociadora, como asesor: 20.000 pesetas. C) Redacción de cada acta de las sesiones: 10.000 pesetas. D) Redacción final del texto: 45.000 pesetas.

Para la fijación de los honorarios se tendrán en cuenta, en todo caso, la complejidad, tiempo invertido y el número de trabajadores a los que afecte.

NORMA 131

CONVENIOS COLECTIVOS DEL SECTOR

En estos convenios los honorarios se acomodarán a los apartados de la norma anterior, con la siguiente recomendación:

A) 250.000 pesetas.

B) 40.000 pesetas.

C) 15.000 pesetas.

D) 100.000 pesetas.

Se tendrán en cuenta, en todo caso, para la aplicación de los mismos la complejidad y condiciones de la negociación, así como número de empresas y de trabajadores afectados por el convenio.

NORMA 132

Reuniones con los representantes legales de los trabajadores de una empresa como asesor de cualquiera de las partes: 30.000 pesetas.

NORMA 133

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE CARÁCTER COLECTIVO

1. Estudio y planteamiento: 40.000 pesetas.

2. Asistencia, como asesor, a cada sesión de la negociación: 20.000 pesetas.

3. Redacción de cada acta: 10.000 pesetas.

4. Redacción de acuerdo final: 40.000 pesetas.

NORMA 134

ESTATUTOS DE SINDICATOS DE TRABAJADORES O DE ASOCIACIÓN EMPRESARIAL

Estudio y redacción: 75.000 pesetas.

NORMA 135

DESPIDO COLECTIVO A) Fase de negociación:

1. Estudio y planteamiento: 40.000 pesetas.

2. Asistencia, como asesor, a cada reunión: 20.000 pesetas.

3. Redacción de cada acta: 10.000 pesetas.

4. Redacción del acuerdo final: 40.000 pesetas. B) Fase administrativa:

Estudio y redacción de escrito razonado de petición y elaboración del resto de la documentación, u oposición: 60.000 pesetas.

C) Recurso administrativo, según norma 113.

D) Recurso contencioso-administrativo, según norma 126.

NORMA 136

ACTAS DE INSPECCIÓN, OBSTRUCCIÓN O LIQUIDACIÓN DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A) Escrito de descargo, según norma 112.

B) Recurso administrativo, según norma 113.

C) Recurso contencioso-administrativo, según norma 126.

NORMA 137

Actuaciones ante la Inspección Provincial de Trabajo, como asesor, se recomienda partir de: 25.000 pesetas.

NORMA 138

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Se aplicarán las normas 112, 113 y 123, según corresponda.

Procedimientos laborales:

NORMA 139

A) Actuaciones previas:

1. Estudio y redacción de papeleta de conciliación ante el Semac y dirección legal en el acto de conciliación: se aplicarán las normas 28 y 29.

2. Reclamación previa: se ajustará a la norma 123. B) Actuaciones judiciales:

1. Reclamaciones de cantidad: según la norma 30.

2. Despidos, extinción o resolución de contrato, según la norma 30, tomándose como cuantía el importe de la indemnización y de los salarios de tramitación que corresponderían en el supuesto de que el despido fuese declarado improcedente o nulo, o se estimase la resolución del contrato. Para el supuesto de declaración de despido improcedente, sólo se computarán los salarios de tramitación a cargo de la empresa, sin incluir los que fueren responsabilidad del Estado.

3. Sanción: se considerará la gravedad de la falta sancionada, recomendándose partir de: 25.000 pesetas.

4. Clasificación profesional: 50.0000 pesetas.

5. Vacaciones: 30.000 pesetas.

6. Impugnación de elecciones sindicales: 50.000 pesetas.

7. Responsabilidad en el trabajo: según el apartado B).1 de esta misma norma.

8. Procesos sobre tutela de los derechos de libertad sindical: 30.000 pesetas.

9. Conflictos colectivos e impugnación de convenios.

9.1. DE EMPRESA

- Redacción de escrito instando el conflicto: 25.000 pesetas.

- Dirección legal ante la Autoridad Laboral: 20.000 pesetas.

- Conciliación ante la Autoridad Laboral: 25.000 pesetas.

- Dirección legal en el proceso jurisdiccional: 80.000 pesetas.

- Si el Letrado interviene sólo partir de la actuación jurisdiccional, los honorarios anteriores se incrementarán en un 50%.

9.2. DE SECTOR

- Redacción de escrito instando el conflicto: 40.000 pesetas.

- Dirección legal en la conciliación: 25.000 pesetas. - Conciliación ante la Autoridad Laboral: 40.000 pesetas.

- Dirección legal en el proceso jurisdiccional: 100.000 pesetas.

De intervenir el Letrado sólo en el proceso jurisdiccional, los honorarios se incrementarán en un 50%.

10. Movilidad geográfica y modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo: 50.000 pesetas.

11. Procedimiento de oficio: 80.000 pesetas.

12. Tutela de los derechos de libertad sindical: 80.000 pesetas.

13. Impugnación de convenios colectivos y de estatutos de sindicatos: 100.000 pesetas.

14. Seguridad Social:

14.1. Indemnizaciones a tanto alzado: según norma 30.

14.2. Prestaciones periódicas: según norma 30. Si se tratara de pensiones, la cuantía se aplicará sobre cinco anualidades de la pensión reclamada.

14.3. Declaraciones de accidente de trabajo o enfermedad profesional: según norma 139.B).9.2 incrementada en un 30%.

15. Reclamación al Estado de salarios de tramitación.

15.1. Fase administrativa. Según la norma 112.

15.2. Fase judicial. Según la norma 30.

NORMA 140

Ejecución de sentencias, actas de conciliación u otras resoluciones: según la norma 43.

NORMA 141

RECURSOS DE SUPLICACIÓN

A) Anuncio de recurso: 7.500 pesetas.

B) Formalización del recurso o impugnación del mismo:

1. Si se ha actuado en la instancia, se aplicará el 50% de lo minutado en aquella, recomendándose: 40.000 pesetas. 2. Si no se hubiere actuado en la misma, se aplicará el 75% de lo que correspondería minutar en aquélla, recomendándose: 40.000 pesetas.

XLIII.- ACTUACIONES ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO Y LA AUDIENCIA NACIONAL

NORMA 142

Teniendo en cuenta que, para estas actuaciones, es preceptiva la habilitación prevenida en el artículo 22 del Estatuto General de la Abogacía Española, en todas ellas deberán tenerse en consideración las normas orientadoras de honorarios profesionales recomendados del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que se reproducen en el anexo a estas normas.

XLIV.- SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A EMPRESAS Y ENTIDADES MEDIANTE RETRIBUCIÓN PERIÓDICA

NORMA 143

Por la asesoría jurídica en general, sin obligación de permanencia en las oficinas de la empresa o entidad y con exclusión de toda clase de asuntos contenciosos ante cualquier jurisdicción.

Giro del negocio hasta 25.000.000: 360.000 pesetas.

Entre 25.000.000 y 100.000.000: 480.000 pesetas.

Entre 100.000.000 y 300.000.000: 600.000 pesetas.

Entre 300.000.000 y 600.000.000: 900.000 pesetas.

Entre 600.000.000 y 1.250.000.000: 1.200.000 pesetas.

Más de 1.250.000.000: 1.600.000 pesetas.

NORMA 144

Secretaría de Sociedades o del Consejo de Administración, sin obligación de permanencia en las oficinas de la empresa y con exclusión de toda clase de asuntos contenciosos ante cualquier jurisdicción. Se aplicará la escala de la norma anterior, tomando como base el 60% del giro del negocio. Si la secretaría comprende además el asesoramiento, se sumarán los dos conceptos.

NORMA 145

Asesoría jurídica con obligación de concurrir diariamente a la oficina o despacho de la empresa, sin vinculación laboral: 1.300.000 pesetas anuales. NORMA 146

Si existiere vinculación laboral, el Letrado deberá tener la categoría acorde con las funciones realizadas y con lo previsto en el convenio del ramo.

NORMA 147

En todos los supuestos de las normas anteriores, las actuaciones de índole contenciosa ante cualquier jurisdicción, se entienden aparte de las retribuciones fijadas anteriormente, teniendo derecho el Letrado a percibir la minuta de honorarios independientemente de la retribución fija que tenga asignada.

A N E X O

NORMAS ORIENTADORAS DE HONORARIOS PROFESIONALES RECOMENDADOS DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID RELATIVAS A ACTUACIONES ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO Y LA AUDIENCIA NACIONAL

Escala de la norma 47 de los honorarios del Colegio de Madrid a tener en consideración para la aplicación de las siguientes normas:

Las primeras 500.000 pesetas al 22%: 110.000 pesetas.

Exceso hasta 3.000.000 de pesetas al 15%: 375.000 pesetas.

Exceso hasta 10.000.000 de pesetas al 10%: 700.000 pesetas.

Exceso hasta 25.000.000 de pesetas al 8%: 1.200.000 pesetas.

Exceso hasta 50.000.000 de pesetas al 6%: 1.500.000 pesetas.

Exceso hasta 100.000.000 de pesetas al 5%: 2.500.000 pesetas.

Exceso hasta 200.000.000 de pesetas al 2%: 2.000.000 de pesetas.

Exceso hasta 500.000.000 de pesetas al 1%: 3.000.000 de pesetas.

Exceso sobre 500.000.000 de pesetas al 0,5%:

Norma relativa a los juicios ejecutivos a tener en consideración al aplicar la norma valorativa general de la jurisdicción penal: En los juicios ejecutivos sin oposición se aplicará la escala de la norma 47 con una reducción del 25% por toda la tramitación del juicio hasta la sentencia.

Si hubiere oposición, ambos Letrados percibirán sus honorarios con arreglo a la escala de la norma 47. En tal caso el Letrado del demandante cobrará, además, el 50% de lo que le corresponda por aplicación del párrafo precedente.

NORMA 85 Recurso de casación civil:

1º) Los honorarios del Letrado de la parte recurrente se fijarán por aplicación de la escala de la norma 47 (declarativos), reducida en un 25%. Acomodando su percepción de la siguiente forma:

a) Escrito de interposición del recurso, el 60%, recomendado: 150.000 pesetas.

b) Trámite de instrucción, el 10%, recomendado: 30.000 pesetas.

c) Preparación y asistencia a la vista con informe en Sala, el 30%, recomendado: 80.000 pesetas.

2º) Los honorarios del Letrado de la parte recurrida se graduarán en el 60% de los que resultaren por aplicación de la anterior norma, y se distribuirán así:

a) Instrucción, el 25%, recomendado: 30.000 pesetas.

b) Preparación y asistencia a la vista con informe en Sala, el 75%, recomendado: 120.000 pesetas.

3º) En el supuesto de variación de Letrado, en los cinco días anteriores a la vista, o en el de suspensión de ésta por desistimiento de las partes, se podrá minutar el 50% de lo que correspondiere por la misma, por el concepto de estudio y preparación de la vista.

NORMA 86

Recurso de queja contra la inadmisión del recurso de casación, recomendado: 40.000 pesetas.

NORMA 87

Recurso de revisión:

Se minutará conforme a la norma 85 (recurso de casación), con una reducción del 40%, recomendado: 100.000 pesetas. NORMA 88

Incidentes del exequatur de sentencias dictadas por tribunales extranjeros.

Se estimarán los honorarios atendiendo a la complejidad del asunto, a su trascendencia y cuantía, así como al trabajo profesional desarrollado, recomendado: 75.000 pesetas.

NORMA 103

Recurso de casación penal:

1º) Por el escrito interponiendo o adhiriéndose al recurso de casación por quebrantamiento de forma, recomendado: 50.000 pesetas.

2º) Por el escrito interponiendo o adhiriéndose al recurso de casación por infracción de ley, recomendado: 65.000 pesetas.

3º) Por escrito interponiendo o adhiriéndose al recurso de casación mixto por quebrantamiento de forma e infracción de ley, recomendado: 80.000 pesetas.

4º) Escrito interponiendo recurso de queja, del artículo 862 L.E. Crim., recomendado: 35.000 pesetas.

5º) Por el escrito de instrucción del recurso de casación, en cualquiera de sus modalidades, recomendado: 25.000 pesetas.

6º) Por el escrito de impugnación de la admisión del recurso y por el de contestación a la impugnación, recomendado: 40.000 pesetas.

7º) Preparación y asistencia a la vista, recomendado: 90.000 pesetas.

Dada la especialidad de la casación militar, se minutará con los criterios que se establecen en la presente norma, incrementados en un 10%.

NORMA 104

Recurso de revisión:

Se minutará atendiendo a la complejidad y resultado, recomendado: 60.000 pesetas.

NORMA 106

Actuaciones ante la Audiencia Nacional, Juzgados Centrales, de lo Penal y de Instrucción; Jurisdicción Castrense y de Contrabando. Los asuntos que se tramiten ante estas jurisdicciones, se minutarán por las normas precedentes de la jurisdicción ordinaria, incrementadas en el 25%.

- Norma valorativa general. Si de las actuaciones anteriores se derivarán cuestiones pecuniarias por responsabilidad civil, comiso indemnización, etc., se minutará -además- por la escala de los juicios ejecutivos con oposición.

Las cantidades fijadas en esta sección, podrán incrementarse en razón de las circunstancias concurrentes, tales como dificultad en la defensa y tiempo empleado, complejidad de la causa, número de imputados, pena solicitada por el Ministerio Fiscal, situación personal del encausado, naturaleza y trascendencia social del delito, etc.

Cuando el imputado sea persona aforada, se incrementarán los honorarios en un 20%. Jurisdicción contencioso-administrativa:

NORMA 128

1. Por el recurso de casación, se regularán los honorarios por la norma 85.

2. Por el recurso de revisión, se regularán los honorarios por la norma 87 (revisión civil).

Jurisdicción laboral:

NORMA 149

Recurso de casación laboral:

Los honorarios del Letrado de la parte recurrente se calcularán aplicando la siguiente escala, recomendado: 30.000 pesetas.

Hasta 1.000.000 de pesetas al 10%: 100.000 pesetas.

El exceso hasta 2.000.000 de pesetas al 5%: 50.000 pesetas.

El exceso hasta 5.000.000 de pesetas al 2%: 60.000 pesetas.

El exceso sobre 5.000.000 de pesetas al 0,5%:

- En estos recursos los honorarios del Letrado de la parte recurrida se graduarán en el 60% de lo que correspondiese al Letrado recurrente, recomendado: 20.000 pesetas. CÓDIGO DEONTOLÓGICO

1. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Son principios fundamentales de las normas éticas de conducta de la Abogacía, los siguientes:

1.1. Independencia.

En el Estado de Derecho, la independencia intelectual y moral del Abogado es condición esencial para el ejercicio de su profesión, al igual que lo es la de los Tribunales. La independencia del Abogado, que deberá permanentemente preservar, constituye la garantía de que los intereses del cliente serán defendidos con objetividad.

1.2. Dignidad.

El Abogado debe siempre actuar, conforme a las normas de honor y de la dignidad de la profesión, absteniéndose de todo comportamiento que suponga infracción o descrédito.

1.3. Integridad.

El Abogado debe ser honesto, leal, veraz y diligente en el desempeño de su función y en la relación con sus clientes, colegas y Tribunales observará la mayor deferencia evitando con los mismos posiciones de conflicto.

1.4. Función social.

El Abogado, como servidor del Derecho y partícipe de la función pública de la Administración de Justicia, orientará sus actuaciones como servicio a la sociedad.

1.5. Secreto profesional.

La confidencia y la confianza son esenciales características de las relaciones del Abogado con sus clientes, colegas y Tribunales, que imponen el derecho y deber del secreto profesional, que habrá de guardar de todos los hechos y noticias de que conozca por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional y no pudiendo ser obligado a declarar sobre los mismos.

1.6. Inmunidad.

La inmunidad, prerrogativa del Abogado, existe en interés de la Administración de la Justicia, ampara la libertad de expresión y de defensa, las que deberán ser ejercidas de forma responsable. 1.7. Libertad de elección.

El cliente elige libremente a su Abogado y todo Abogado tiene el deber de facilitar el ejercicio de este derecho.

2. DEL SECRETO PROFESIONAL

2.1. Derecho y deber.

El Abogado, depositario de las confidencias del cliente, debe guardar el secreto profesional, que constituye un deber y un derecho fundamental de la profesión. Derecho y deber que permanecen incluso después de haber cesado la prestación de sus servicios.

2.2. Contenido.

El derecho y la obligación del secreto profesional comprende las confidencias del cliente, las del adversario, las de los compañeros y todos los hechos y documentos de que se haya tenido noticia por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional.

2.3. Alcance.

La obligación del secreto profesional se extiende a cuantos asuntos conozca el Abogado por trabajar en colaboración con otros Abogados o como Pasante y deberá, asimismo, exigirse a los empleados del Bufete y ampara las comunicaciones y negociaciones orales, las notas y correspondencia escrita, telegráfica o por télex y las transcripciones taquigráficas, estenográficas, grabaciones magnéticas y cualquier otro medio de reproducción.

2.4. Conversaciones profesionales.

Las conversaciones en Juntas o reuniones, así como las mantenidas por teléfono, radio u otro medio similar, no podrán ser grabadas sin la conformidad expresa de todos los Abogados que participen. Tales grabaciones están asimismo comprendidas en el secreto profesional, por lo que no podrán hacerse públicas bajo ningún concepto.

2.5. Correspondencia con compañeros.

Los Abogados deben abstenerse de entregar a sus respectivos clientes las cartas originales, comunicaciones o notas que reciban del Abogado de la otra parte con motivo de cualquier asunto profesional, salvo expresa autorización de éste. 2.6. Derecho al secreto: su perturbación.

El Abogado no está obligado a hacer manifestaciones o declaraciones referentes a los hechos de que haya tenido conocimiento por razón de su trabajo profesional.

El Abogado que se encuentre en situación de sufrir una perturbación en el mantenimiento del secreto profesional, deberá comunicarlo a la Junta de Gobierno con la máxima urgencia.

2.7. Dispensa de su guarda.

Únicamente estará dispensado el Abogado de guardar el secreto profesional y siempre con la previa autorización del Decano, en los siguientes supuestos:

a) Si, aceptándolo el Abogado, fuera relevado del mismo por el propio cliente, o sus herederos.

b) Si, para evitar una lesión notoriamente injusta y de suma gravedad al propio Abogado o a un tercero, fuera relevado de su guarda y sólo respecto a aquellos datos de hecho que conduzcan a impedir la lesión.

3. OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON EL COLEGIO

El Abogado está obligado a:

3.1. Acatamiento de normas y acuerdos.

A cumplir el Estatuto General de la Abogacía y los estatutos de su propio Colegio, así como los acuerdos, disposiciones y decisiones de las Juntas Generales y de Gobierno, del Consejo General de la Abogacía, del Consejo General de la respectiva Autonomía y de la Asamblea de Decanos, que se adopten dentro de su respectiva competencia.

3.2. Respeto a sus órganos y a las personas que los sirven.

Respetar a los órganos de gobierno y a los miembros que los compongan, cuando intervengan en tal calidad, en todo caso habrá de atender con la máxima diligencia las comunicaciones y citaciones emanadas de aquellos órganos o de sus miembros, en el ejercicio de sus funciones.

3.3. Contribución al levantamiento de las cargas corporativas. Contribuir a las cargas colegiales; estar al corriente en el pago de las cuotas, ordinarias y extraordinarias, y soportar todas las contribuciones económicas de carácter corporativo a que la profesión se halle sujeta, levantando las cargas comunes en la forma y tiempo, que legal o estatutariamente se fije, cualquiera que sea su naturaleza.

A tales efectos se consideran cargas corporativas todas las impuestas por el Colegio, cualquiera que sea su clase, así como el bastanteo y las cuotas del Consejo General, Consejo General de la respectiva Autonomía y Mutualidad General de Previsión de la Abogacía.

3.4. Denuncia del intrusismo.

Denunciar al Colegio todo acto de intrusismo que llegue a su conocimiento, así como los casos de ejercicio ilegal, tanto por no colegiación como por hallarse suspendido o inhabilitado el denunciado.

3.5. Denuncia de agravios en el ejercicio profesional.

Denunciar al Colegio, al que pertenezca o en el que esté habilitado, los agravios que surjan en el ejercicio profesional, o de los que tenga conocimiento que afecten a cualquier otro colegiado.

3.6. Comunicación de datos que afectan a la situación profesional.

Comunicar al Colegio las circunstancias personales de relevancia, que afecten a su situación profesional. En cualquier caso, comunicará por escrito al Colegio las ausencias que se prolonguen por más de dos meses, así como los casos de invalidez permanente y provisional o enfermedades que se prevea que puedan durar un tiempo igual o superior a aquél, designando un Abogado que regente el despacho durante su ausencia.

3.7. Deber de colaboración.

Prestar a la Junta de Gobierno la colaboración que le sea requerida.

4. LAS RELACIONES CON LOS TRIBUNALES

4.1. Obligaciones generales.

Son obligaciones del Abogado para con los Órganos Jurisdiccionales:

a) Guardar la probidad, lealtad y veracidad en cuanto al fondo de sus declaraciones o manifestaciones y el respeto en cuanto a la forma de su intervención. b) La estricta colaboración para el cumplimiento de los fines de la Administración de Justicia.

c) Guardar el debido respeto a todas las personas que participan en la Administración de Justicia y exigir la reciprocidad en tal corrección.

d) Exigir a los clientes el respeto y trato correcto con los Magistrados, Jueces y demás personas que intervienen en la Administración de Justicia.

e) Cumplir y hacer cumplir el principio de legalidad, incluso a costa de sacrificios y contratiempos.

f) Contribuir a la diligente tramitación de los procedimientos, con estricta observancia de los términos legales correspondientes.

g) En el curso de los debates ante los Juzgados y Tribunales, el Abogado ha de conciliar, en todo caso, la defensa de los intereses que le son confiados con una absoluta corrección para la parte contraria y su Abogado, evitando toda alusión personal hacia este último.

h) En las vistas y otras actuaciones judiciales se abstendrá de hacer cualquier signo ostensible, aprobando o desaprobando la actuación de cualquier persona que intervenga.

i) El Abogado ha de poner especial cuidado en el cumplimiento del horario establecido en los señalamientos y diligencias judiciales, así como exigir su cumplimiento por parte de los funcionarios de la Administración de Justicia.

j) El Abogado no tiene obligación de sufrir un retraso superior a media hora del comienzo del acto judicial, por lo que transcurrido dicho tiempo podrá solicitar la suspensión.

4.2. Conducta frente a restricciones a la independencia y la libertad en el cumplimiento de los deberes profesionales.

Si el Abogado considera que la Autoridad, Tribunal o Juzgado limita su independencia o libertad para cumplir sus deberes profesionales o que no se le guarda la consideración debida al prestigio y dignidad de su profesión, podrá hacerlo constar así ante el propio Juzgado o Tribunal y dar cuenta de ello a la Junta de Gobierno de su Colegio.

4.3. Libertad de defensa.

El Abogado tiene derecho a la plena libertad de defensa, sin otra limitación que las leyes penales y las normas deontológicas.

4.4. Cortesía en supuestos de no concurrencia a diligencias judiciales. El Abogado que por cualquier circunstancia no pueda o ha decidido no concurrir a una diligencia judicial, deberá comunicarlo con la debida antelación, al Juzgado o Tribunal, y también al compañero o compañeros que asimismo intervengan para evitarles esperas innecesarias. De igual manera ha de proceder cuando le conste la inasistencia de sus patrocinados.

4.5. Deber de informar sobre comportamientos incorrectos.

Es obligación del Abogado poner en conocimiento de la Junta de Gobierno las conductas, tanto de los Abogados como de los miembros de la Administración Pública y de Justicia, que infrinjan las normas.

5. RELACIONES ENTRE LOS COLEGIADOS

5.1. Fraternidad.

Entre los Abogados debe haber fraternidad, lealtad y respeto recíproco que enaltezcan la profesión, evitando siempre competencias ilícitas, así como toda actuación que lesione estos principios y siempre con cumplimiento de los deberes corporativos.

5.2. Deberes en las relaciones entre Abogados experimentados y noveles.

El Abogado con antigüedad en el ejercicio profesional debe prestar desinteresadamente orientación, guía y consejo, de modo amplio y eficaz a los de reciente incorporación que lo soliciten. Recíprocamente, éstos tienen el derecho y el deber de requerir consejo y orientación a los Abogados experimentados, en la medida que sea necesaria, para cumplir cabalmente con los deberes de ciencia, diligencia evitando que, por desconocimiento o error, resulte dañado el interés justo y legítimo del cliente.

5.3. Ejercicio de acciones penales contra compañeros.

El Abogado que pretenda ejercitar una acción penal, en nombre propio, o como Abogado de un cliente, contra otro compañero, habrá de comunicarlo previamente al Decano, por si el mismo considera oportuno realizar una labor de mediación. Asimismo, deberá seguir el mismo procedimiento en caso de una reclamación civil derivada de una actuación profesional del Abogado.

5.4. Escritos judiciales e informes orales.

En los escritos judiciales, como en los informes orales y cualquier comunicación escrita u oral, el Abogado mantendrá siempre el más absoluto respeto al compañero de la parte contraria, evitando toda alusión personal. 5.5. Prevención de acciones violentas.

El Abogado no deberá apoyar acciones de violencia de la clase que sean, contra otros Abogados defensores de intereses contrapuestos, que deberá prevenir y en lo posible impedir por todos los medios legítimos, aunque provinieren de sus propios clientes, a los que exigirá el respeto a la independencia y libertad de defensa de los compañeros y la deferencia y consideración que les son debidas.

5.6. Comunicaciones con el Abogado de la parte contraria.

El Abogado en sus comunicaciones y manifestaciones con el Abogado de la parte contraria, no comprometerá a su propio cliente en comentarios o manifestaciones que puedan causarle desprestigio o lesión directa o indirecta.

5.7. Deber de intentar transigir los reclamaciones de honorarios.

El Abogado debe procurar la solución extrajudicial de las reclamaciones de honorarios, propias y de otros compañeros, agotando todas las posibilidades de transacción y, de no conseguirla, procurará que se someta a la mediación y arbitraje del Colegio.

Es conducta reprobable la impugnación de honorarios infundada o deducida con la única finalidad de retrasar la solución definitiva del asunto.

También es reprobable cualquier comentario respecto a los honorarios o condiciones económicas con que otro compañero se haga cargo de un asunto y la manifestación de que este mismo asunto lo habría asumido en mejores condiciones económicas.

5.8. Lugar de reunión entre Abogados.

Cuando dos o más Abogados hayan de reunirse para tratar de un asunto, será lugar de reunión el despacho del Abogado más antiguo, salvo que éste decline expresamente el ofrecimiento. La norma deberá cumplirse, aunque uno o más de los Abogados presten sus servicios profesionales en empresas, entidades bancarias o de ahorro.

Las juntas entre Abogados y sus clientes, se procurará celebrarlas en lugar que no suponga situación privilegiada para ninguno de los Abogados intervinientes y se recomienda la utilización de las dependencias del Colegio de Abogados. 5.9. Deberes en las visitas de compañeros.

El Abogado debe recibir siempre y con la máxima urgencia al compañero que le visite en su despacho y con preferencia a cualquier otra persona, sea o no cliente, que guarde espera en el despacho. En caso de imposibilidad de inmediata atención, dejará momentáneamente sus ocupaciones para saludar al compañero y excusarse por la espera.

5.10. Deberes en las comunicaciones con los compañeros.

El Abogado debe atender de inmediato las comunicaciones escritas o telefónicas de otros Abogados.

5.11. Deberes en la interrupción de las gestiones.

El Abogado que esté negociando con otro compañero una transacción o solución extrajudicial de un asunto, vendrá obligado a notificarle el cese o interrupción de tal actuación, así como el dar por concluidas dichas gestiones, previamente a la presentación de la reclamación judicial, norma de obligado cumplimiento incluso cuando concurran plazos de caducidad o de prescripción de la acción.

5.12. Comunicaciones con Abogados extranjeros.

Las comunicaciones con Abogados extranjeros deben ser consideradas también de carácter confidencial o reservado, siendo recomendable se requiera previamente del colega extranjero su aceptación como tales.

5.13. Cooperación con Abogados extranjeros.

El Abogado que se comprometa a ayudar a un colega extranjero tendrá siempre en cuenta que el compañero ha de depender de él en proporción muy superior a si se tratase de Abogados de un mismo Estado.

El requerido se abstendrá de aceptar la gestión para la cual no esté capacitado, indicando al Letrado requirente con información amplia y legal, que otros Abogados se encuentran con mayor preparación para cumplir el encargo.

6. RELACIONES CON LOS CLIENTES

6.1. Encargo de asuntos: libertad para aceptar o rechazar.

El Abogado no podrá encargarse de un asunto más que por mandato del cliente, encargo de otro Abogado o por designación por turno de oficio. El Abogado es libre de aceptar o rechazar los asuntos en que se solicite su intervención, sin necesidad de expresar los motivos de su decisión, salvo en casos de nombramiento de oficio en que deberá justificar su declinación conforme a la normativa vigente.

6.2. Confianza recíproca.

La relación del Abogado con el cliente tiene que fundarse en una recíproca confianza.

6.3. Deber de información sobre resultado previsible y costo.

El Abogado deberá poner en conocimiento del cliente su opinión razonada sobre el resultado normalmente previsible y, en cuanto sea posible, el costo aproximado de serle solicitado.

Cuando el costo del juicio resulte desproporcionado con el resultado que previsiblemente pueda obtenerse, deberá expresar a su cliente su opinión al respecto.

6.4. Deber de información sobre relaciones con la parte adversa.

El Abogado tiene la obligación de informar cumplidamente a su cliente de todas aquellas situaciones que puedan afectar a su independencia, como relaciones familiares, de amistad, económicas o financieras con la parte contraria o sus representantes.

6.5. Deber de capacitación y atención.

El Abogado no debe aceptar un asunto para cuya resolución no esté capacitado en función de sus conocimientos y dedicación profesional o que no pueda atender debidamente, por tener comprometida la resolución de otros asuntos urgentes.

6.6. Abstención o interrupción en la defensa: sus causas.

El Abogado deberá abstenerse o cesar en la intervención cuando no esté de acuerdo con el cliente sobre la forma de llevar la defensa o cuando circunstancias, posteriormente conocidas de parentesco, amistad o cualquier otra índole pudieran afectar a su independencia.

6.7. Medios de defensa: sus límites.

El Abogado goza de libertad en los medios de defensa a utilizar, siempre que sean legítimos y justos y hayan sido lícitamente obtenidos. Queda proscrito el empleo de aquellos que tiendan exclusivamente a dilatar los pleitos, aunque reúnan las condiciones indicadas. 6.8. Obligación de defensa: su alcance.

El Abogado tiene la obligación, mientras continúe en la defensa, de llevarla a término en su integridad.

6.9. Documentos: su devolución.

El Abogado no podrá retener documentos que le hayan sido facilitados por el cliente, bajo pretexto de tener pendiente cobro de honorarios.

6.10. Renuncia a la defensa: obligaciones a cumplir.

El Abogado que renuncie a la dirección letrada de un asunto, habrá de ejecutar todos aquellos actos necesarios para evitar la pérdida de derechos antes del cese.

6.11. Limitaciones a la libertad de aceptación de defensa.

El Abogado no puede aceptar la defensa de intereses en litigio o contrapuestos con otros que esté defendiendo. En caso de duda, se recomienda que el Abogado consulte con su cliente sobre la aceptación o no de la defensa de intereses potencialmente contrapuestos.

Es contrario a la ética profesional la asunción por un Abogado de la defensa de un determinado asunto en que el contrario litigante esté dirigido por otro Abogado con el que comparta el despacho profesional.

Sin embargo, el Abogado puede actuar en interés de todas las partes en la preparación y redacción de documentos de naturaleza contractual, si bien en este caso, se encuentra obligado a mantener una estricta objetividad.

No es aconsejable aceptar encargos profesionales que impliquen actuaciones en contra de un anterior cliente. En su caso, podrá aceptarse después de haber transcurrido un tiempo razonable y cuando el Abogado no pueda en ningún momento verse en situación de utilizar información de la que tuvo conocimiento a raíz de su anterior vinculación profesional y directamente de su anterior cliente.

Caso de conflicto de intereses entre dos clientes del mismo Abogado, es recomendable renunciar a la defensa de ambos.

A pesar de ello podrá aceptarse la defensa de aquel en quien concurran los requisitos del párrafo 1 y en igualdad de condiciones puede darse preferencia al que tenga una mayor y más antigua vinculación profesional con el Abogado. 6.12. Prohibición de captación desleal de clientela.

El Abogado no puede proceder a la captación desleal de clientela. Son actos de captación desleal de clientela:

a) Utilizar procedimientos publicitarios directos o indirectos, tanto si es a iniciativa propia como aceptando ofertas de terceras personas.

b) Ofrecer sus servicios profesionales dirigiéndose a los clientes por mediación de circulares, cartas u otras formas orales, escritas o gráficas.

c) Encargar a terceras personas la obtención de clientela, tanto si su labor es retribuida como si no lo es.

d) Percibir de manera sistemática honorarios inferiores a aquellos que como mínimos u orientadores haya fijado el Colegio.

e) Otros actos análogos a los anteriores.

7. DE LOS HONORARIOS

7.1. Derecho a su percepción.

El Abogado tiene derecho a una compensación económica u honorarios por su actuación profesional y a reintegrarse de los gastos que se le hayan causado.

7.2. Cuantía de los honorarios.

El Abogado debe ajustar la cuantía de sus honorarios a las reglas, normas, usos y costumbres del Colegio.

Para la fijación de los honorarios de forma conjunta, se considerarán:

1. El tiempo dedicado.

2. El interés económico del asunto.

3. La transcendencia no económica del asunto para el cliente.

4. Los límites temporales impuestos a la tarea del Abogado.

5. La dificultad del caso, teniendo en cuenta los hechos, personas, documentación, complejidad y especialidad jurídica.

7.3. Abogado que debe percibirlos.

Los honorarios han de ser percibidos por el Abogado que lleve la dirección efectiva del asunto. 7.4. Cantidades que no responden de los honorarios.

Las cantidades percibidas de deudores del cliente no responden jamás de honorarios del Abogado, a menos que, específicamente, haya sido autorizado por el cliente.

7.5. Prohibición de adquirir intereses personales con ocasión del ejercicio profesional.

En ningún caso el Abogado adquirirá intereses personales en el pleito o asunto.

7.6. Prohibición de partir honorarios. Excepciones.

La partición de honorarios entre Abogados es contraria a la dignidad de la profesión cuando se practique sin que haya habido una colaboración jurídica efectiva o sin que exista sociedad o participación en un mismo despacho profesional.

7.7. Prohibición de especular con la clientela.

El Abogado no podrá pagar, exigir ni aceptar comisión u otra compensación de otro Abogado o de cualquier otra persona, por haberle facilitado o recomendado a un cliente.

7.8. La provisión de fondos.

El Abogado tiene derecho a pedir, previamente al inicio del asunto o durante su tramitación, entregas a cuenta de honorarios y gastos.

La provisión de fondos habrá de ser moderada y de acuerdo con las previsiones razonables del asunto y podrá condicionar el inicio de las tareas profesionales o su tramitación.

La falta de provisión de fondos faculta al Abogado para renunciar al asunto.

El Abogado tiene que rendir cuentas a la mayor brevedad de los fondos recibidos del cliente, así como de las cantidades percibidas por cuenta de aquél, sin que, a falta de convenio, pueda destinarlas al pago de propios honorarios.

7.9. Retribución por cantidades fijas.

La retribución por servicios profesionales puede consistir en una cantidad fija mensual o anual, siempre que su importe constituya adecuada retribución de los servicios prestados, con respecto a las normas colegiales. 7.10. Impugnaciones de honorarios.

El Abogado que impugne indebidamente y con carácter habitual las minutas de sus compañeros o induzca o asesore a los clientes a que lo hagan, será sancionado por la Junta de Gobierno.

Asimismo, podrá serlo aquel Abogado que reiteradamente sea objeto de impugnaciones justificadas o quejas por razón de excesos en la fijación de honorarios.

7.11. Prohibición del pacto de cuota litis.

Es contrario a la dignidad de la profesión y está prohibida la percepción de honorarios por pacto de cuota litis. Se entiende por pacto de cuota litis aquel acuerdo entre un Abogado y su cliente, formalizado con anterioridad a terminar el asunto, en virtud del cual el cliente se compromete a pagar al Abogado un porcentaje del resultado del asunto, independientemente de que consista en una suma de dinero o cualquier otro beneficio, bien o valor que consiga el cliente por el asunto.

7.12. Justicia gratuita: obligación de informar sobre sus beneficios.

El Abogado está obligado, en su caso, a informar a su cliente de la posibilidad de obtener los beneficios de justicia gratuita.

8. EL ABOGADO Y LA PARTE ADVERSA

8.1. Relaciones cuando está dirigida por Abogado.

El Abogado ha de abstenerse de toda relación con la parte contraria, cuando le conste que está dirigida por otro Abogado, manteniendo siempre con éste la relación derivada del asunto.

8.2. Trato.

Son obligaciones del Abogado respecto de la parte contraria, el trato considerado y cortés en cada asunto y la abstención de todo acto que suponga o pueda suponer una lesión injusta.

8.3. Supuestos en que no esté dirigida por Abogado.

Cuando la parte contraria no disponga de Abogado que la asesore, se tendrá el máximo cuidado en los tratos y propuestas que se le hagan, a fin de evitar abusos que por tal hecho se le podrían causar. En todo caso se le recomendará que designe Abogado que la asesore en la resolución del asunto. 9. DE LA PUBLICIDAD

9.1. Prohibición.

El Abogado no puede llevar a cabo ninguna actividad publicitaria dirigida a la obtención de clientela en forma directa o indirecta. Tampoco puede dar su consentimiento expreso o tácito a cualquier forma de publicidad que se le ofrezca.

La norma se refiere tanto a la publicidad oral como a la escrita y gráfica en cualquiera de sus formas y procedimientos, y también a la que tenga lugar mediante emisiones radiofónicas o televisivas.

9.2. Obligaciones de los Abogados cuando presten su actividad profesional en empresas de servicios o asesoramiento.

Los Abogados que presten sus servicios en forma directa, permanente u ocasional, en empresas de servicios o de asesoramiento, deberán exigir que las mismas se abstengan de efectuar cualquier clase de publicidad sobre la prestación de servicios jurídicos.

9.3. Limitaciones del Abogado en la información a los medios de comunicación sobre su actividad forense.

El Abogado deberá abstenerse de poner en antecedentes a los medios de comunicación sobre juicios en los que intervenga, que puedan orientar la opinión pública en interés del propio Letrado.

9.4. Prácticas inadecuadas: competencia de los Colegios de Abogados.

La concreción de las actividades y prácticas inadecuadas será establecida, en su caso, por cada Colegio de Abogados conforme a la realidad, usos y circunstancias de sus respectivos territorios.

10. DE LA VENIA

10.1. Concepto y formalidades.

Para encargarse y asumir la dirección de un asunto profesional encomendado antes a otro compañero, el Abogado deberá obtener previamente la venia como regla de consideración. Se recomienda solicitarla por escrito y otorgarla, en su caso, con la mayor urgencia.

10.2. Circunstancias en las que puede negarse.

Si la venia fuere denegada por el Abogado requerido, el solicitante podrá pedirla al Decano y éste la concederá.

10.3. Su petición al Colegio: trámites para su concesión. Si al producirse la sustitución estuvieran pendientes de cobro los honorarios del Letrado sustituido, el Decano podrá adoptar, en su caso, las medidas que estime necesarias para garantizar el cobro pudiendo exigir al peticionario la consignación en Secretaría de la cantidad que al efecto establezca o el aseguramiento del pago de aquella cantidad.

10.4. Casos urgentes o por causa grave.

En caso de urgencia o por causa grave, el Decano podrá autorizar la actuación inmediata del nuevo Letrado en el asunto de que se trate, en las condiciones que determine.

10.5. Sustitución en el asesoramiento de empresas.

Cuando se produzca la sustitución en asesoramiento de empresas, individuales o colectivas, siempre que la prestación de servicios profesionales no estuviera comprendida en la relación laboral, el Letrado designado deberá cerciorarse de que al compañero sustituido no se le adeuden honorarios. En otro caso se estará a lo dispuesto en la normativa anterior.

10.6. Su petición por solicitud del cliente.

El cese del Letrado actuante y la obtención de la venia podrán también efectuarse a solicitud del cliente y en las condiciones anteriormente señaladas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Las presentes normas serán complementadas por el establecimiento del oportuno régimen disciplinario y sancionador, y se someterán, en su caso, a la aprobación, por disposición de rango normativo, del órgano estatal o autonómico correspondiente.

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