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BOC Nº 084. Viernes 12 de Julio de 1996 - 1913

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales

1913 - ANUNCIO de 16 de mayo de 1996, de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, por el que se procede a la publicación de los estatutos y de las normas orientadoras de honorarios profesionales mínimos del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma.

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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 del Decreto 277/1990, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colegios Profesionales de Canarias, se procede a la publicación de los estatutos y de las normas orientadoras de honorarios profesionales mínimos del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de mayo de 1996.- La Directora General de Administración Territorial y Gobernación, Carmen María Barreto Hernández. ACTUALIZACIÓN DE ESTATUTOS PARA EL RÉGIMEN Y GOBIERNO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, con su jurisdicción tradicional en todo el territorio de la isla de La Palma, bajo el general patrocinio de San Raimundo de Peñafort y la advocación de Nuestra Señora la Virgen de las Nieves, patrona de la isla, es una Corporación de Derecho Público de carácter profesional, con personalidad jurídica independiente y con plena capacidad para la consecución de sus fines, que se rige por el Estatuto General de la Abogacía aprobado por Real Decreto 2.090/1982, de 24 de julio, por la Ley de Colegios Profesionales 2/1974, de 13 de febrero, modificada por la Ley 74/1978, de 26 de diciembre, por la Ley de Colegios Profesionales de Canarias 10/1990, de 23 de mayo, por el Reglamento de Colegios Profesionales de Canarias aprobado por Decreto 277/1990, de 27 de diciembre, modificado por Decreto 16/1992, de 7 de febrero, y por la presente ordenación.

Artículo 2.- Su denominación es la de Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, y tiene su sede física en la capital de la isla, Santa Cruz de La Palma, en dependencias de la segunda planta del edificio de Juzgados sito en la calle Pérez de Brito, 33, y lo integran, sin limitación de número, cuantos reuniendo los requisitos legales han sido admitidos a formar parte de la Corporación; la incorporación al Colegio somete al Abogado a la jurisdicción del mismo y le obliga al estricto cumplimiento de estos estatutos y de los acuerdos de sus Juntas Generales y de Gobierno válidamente adoptados.

Artículo 3.- Para el ejercicio de la profesión en la isla de La Palma es necesaria la incorporación a este Ilustre Colegio, salvo los casos de habilitación de que se trata en estos estatutos y lo establecido en el pacto de intercolegiación que este Ilustre Colegio de Santa Cruz de La Palma tiene suscrito con el Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife.

Artículo 4.- Compete al Colegio velar por el prestigio de la profesión, repartir equitativamente entre los colegiados las cargas que apareja el ejercicio de la abogacía, defender los derechos e inmunidades de los Abogados y auxiliar a los Tribunales de Justicia emitiendo los informes periciales que por éstos le fueren interesados, promoviendo y manteniendo la armonía entre los Abogados y en las relaciones de éstos con los Tribunales. TÍTULO II

DE LA INCORPORACIÓN Y HABILITACIÓN

Artículo 5.- Los que solicitaren incorporarse al Colegio de Abogados acreditarán haber adquirido la mayoría de edad, ser españoles, salvo los casos previstos en el Estatuto General de la Abogacía y en la legislación especial canaria, presentar el título de Licenciado o Doctor en Derecho, o testimonio notarial del mismo, y certificación de antecedentes penales, así como instar el ingreso en la Mutualidad General de la Abogacía, a cuyo fin deberá acompañarse la pertinente solicitud suscrita por el interesado, y, en su caso, el Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas.

En general tendrán derecho a ser admitidos en el Colegio quienes ostenten la titulación adecuada, reúnan las condiciones determinadas al efecto en la Ley y en los presentes Estatutos, y lo soliciten expresamente.

El que pretendiera incorporarse a este Ilustre Colegio, si perteneciere con anterioridad a otro, podrá obtener la nueva incorporación siempre que una a su solicitud, certificación del Colegio de procedencia, comprensiva de los extremos siguientes: estar, igualmente, al corriente en el levantamiento de las cargas impuestas a los colegiados y, finalmente, si fue o no objeto de la imposición de alguna corrección disciplinaria con expresión precisa de cual fue ésta en caso afirmativo.

El curso de las solicitudes de incorporación será suspendido cuando los interesados no acompañen los documentos necesarios o existan dudas respecto a su legitimidad o certeza, mientras no se reciban las acordadas o practiquen las compulsas oportunas, y cuando aquellos hubiesen dejado de satisfacer en otro Colegio las cuotas ordinarias o extraordinarias que les hayan sido impuestas, mientras no las satisfagan.

Artículo 6.- Las solicitudes de incorporación serán denegadas, siempre que quienes las formulen se encuentren comprendidos en alguno de los casos siguientes:

1º) Tener algún impedimento para ser admitido, por no haber alcanzado la mayoría de edad; por no poseer la nacionalidad española, salvo los nacionales de la Comunidad Económica Europea, y salvo los casos de dispensa; por haber sido condenado a penas superiores a seis años, sin haber obtenido rehabilitación; o por estar suspenso en el ejercicio de la profesión, en virtud de sentencia firme.

2º) Hallarse procesado.

3º) Haber sido expulsado de otro Colegio o suspendido en el ejercicio de la Abogacía sin haber transcurrido el plazo de suspensión. 4º) Haber realizado actos o incurrido en omisiones que hagan desmerecer sensiblemente en el concepto social, aunque no constituyan infracciones del orden jurídico susceptible de sanción.

Artículo 7.- Podrán ejercer la profesión, sin necesidad de estar incorporados al Colegio, previa habilitación del Decano y una vez demostrado que concurren en ellos los requisitos legales de edad y títulos, los Licenciados o Doctores en Derecho que sólo traten de defender asuntos propios o de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

En tales funciones, el Abogado será amparado por el Colegio en iguales términos que cualquier otro colegiado y disfrutará de todos los honores y consideraciones que a los mismos son reconocidos.

Artículo 8.- 1. No obstante lo establecido en el artículo inmediato anterior, los profesionales inscritos en cualquier Colegio canario podrán ejercer la profesión en el ámbito territorial de otro Colegio del Archipiélago previa la correspondiente habilitación.

2. Las habilitaciones pueden ser ocasionales, temporales o permanentes. 3. Las habilitaciones temporales no podrán exceder de seis meses al año.

Artículo 9.- 1. A la solicitud de habilitación, en la que se expresarán el nombre, apellidos, dirección profesional en el ámbito territorial en que esté colegiado y dirección en el territorio del Colegio donde pretenda la habilitación, así como el servicio profesional concreto que constituya el objeto de las habilidades, se deberán acompañar certificaciones acreditativas de la colegiación y de no estar suspendido o inhabilitado para el ejercicio de la profesión por resolución firme.

2. Las habilitaciones ocasionales se entenderán concedidas por el transcurso de quince días sin resolución expresa desde que sean solicitadas con la documentación prescrita en el apartado anterior.

3. El silencio positivo en el caso de habilitaciones temporales y permanentes se producirá por el transcurso del plazo de un mes.

4. En el Colegio se llevará un registro de habilitaciones.

Artículo 10.- Los profesionales habilitados quedarán sujetos a las normas deontológicas y de disciplina establecidas por el Colegio habilitante.

Artículo 11.- 1. Los estatutos colegiales no podrán contener disposiciones que discriminen a los profesionales habilitados respecto a los propios colegiados. 2. Los estatutos no podrán establecer cuotas de ingreso para los profesionales habilitados, pero sí la obligación de contribuir a las cargas del Colegio, en los términos de los colegiados propios y mientras dure el periodo de efectividad de la habilitación.

Artículo 12.- 1. No será exigible la incorporación al correspondiente Colegio para los profesionales vinculados con alguna de las Administraciones Públicas de Canarias, en los términos del artículo 9.3 de la Ley 10/1990, de 23 de mayo, de Colegios Profesionales de Canarias, cuando el puesto que desempeñen de forma provisional o definitiva comporte el ejercicio de funciones puramente administrativas o la realización de actividades propias de la correspondiente profesión por cuenta de la Administración a que pertenezcan siempre que la misma sea la destinataria inmediata y exclusiva de tales funciones o actividades.

Artículo 13.- 1. Los profesionales extranjeros se podrán incorporar a este Colegio cuando reúnan los requisitos para ejercer la respectiva profesión en el Estado español y de acuerdo con lo dispuesto por la legislación que regula el trabajo de los extranjeros en España.

2. En el marco de las disposiciones que regulan el derecho de establecimiento y de prestación de servicios, los nacionales de los Estados miembros de las Comunidades Europeas con titulación suficiente reconocida por el Estado español podrán desarrollar su actividad profesional con sujeción al régimen de colegiación o habilitaciones previsto en la antes citada Ley Territorial 10/1990, de 23 de mayo, y en este Reglamento.

Artículo 14.- 1. La Junta de Gobierno, después de practicar las diligencias y recibir los informes que en su caso considere oportunos, estimará, suspenderá o denegará las solicitudes de incorporación dentro del plazo de quince días o un mes, según los casos, transcurrido el cual se entenderán concedidas.

2. Si la Junta de Gobierno denegase o suspendiese la incorporación pretendida lo comunicará al interesado, haciendo constar los fundamentos de su acuerdo. Contra esta resolución podrá interponer el interesado recurso de reposición en el plazo de cinco días. La Junta de Gobierno resolverá el recurso en un plazo no superior a diez días, entendiéndose denegada la reposición si pasado ese plazo nada se dijese.

3. Contra el acuerdo definitivo denegatorio podrá recurrir en súplica el interesado en el plazo de ocho días al Consejo General de la Abogacía Española, la cual resolverá en el de tres meses. 4. Contra el acuerdo definitivo denegatorio podrá recurrir en súplica sin que se notifique su resolución; se entenderá desestimada y quedará expedita la vía del recurso de alzada ante el Ministerio de Justicia u Órgano competente de la Administración autonómica, en la forma y plazo prevenido en la Ley Procesal Administrativa.

Artículo 15.- Acordada la incorporación al Colegio, el que la hubiere solicitado vendrá obligado a satisfacer, antes de darse de alta en el ejercicio de la profesión, y, en todo caso, en el término de ocho días, los derechos de incorporación establecidos y la cuota inicial de ingreso en la Mutualidad.

Cuando el solicitante estuviere ejerciendo o hubiese ejercido dentro del año anterior en otro Colegio, al darse de alta en este Colegio, además de los derechos de incorporación al mismo, abonará una cuota especial doble de la ordinaria. Idéntica cuota especial y en igual momento satisfarán los que habiéndose dado de baja en el ejercicio de la profesión en el Colegio, quisieren volver a actuar en el mismo hallándose ya en el ejercicio en otro, con excepción de los que habitualmente residen en esta isla. El pago de la cuota especial será inaplazable. No obstante podrán establecerse reciprocidades con otros Colegios para disminuir el pago de estas cuotas.

Artículo 16.- Los colegiados que dejasen de satisfacer las cuotas ordinarias o extraordinarias acordadas por el Colegio, dentro de los plazos para hacerlas efectivas, serán eliminados por la Junta de Gobierno de las listas de la Corporación, perdiendo todo derecho de colegiado hasta que satisfagan dichas cuotas y las sucesivas que se hubieren impuesto a los demás colegiados durante el tiempo de eliminación.

Artículo 17.- Los Abogados vendrán obligados, sea cual fuere el procedimiento que en lo sucesivo se establezca para el pago de la contribución o Impuesto sobre Actividades Económicas, a presentar en el Colegio las altas y bajas en el ejercicio de la Abogacía, a las que el Secretario dará el curso debido, facilitando, gratuitamente, a los colegiados que lo pidieren, una certificación que lo acredite, así como un carnet de pertenencia al Colegio o tarjeta de identidad colegial.

El Secretario del Colegio remitirá al principio de cada año a todos los Jueces y Tribunales de su territorio, así como a los Jefes de Prisión, una relación comprensiva de los Abogados legalmente habilitados para el ejercicio de la profesión, igual lista se remitirá a los Colegios de Abogados con los que se tenga establecido pacto de intercolegiación. La lista será adicionada mensualmente con las modificaciones por nuevas altas y bajas que deba contener.

El ejemplar de estas listas estará permanentemente expuesto en las Salas de Togas de los Juzgados y Tribunales incluidos en la circunscripción del Colegio.

A los Abogados que en aquélla estuviesen incluidos no puede exigírseles otro comprobante para el ejercicio de la profesión.

A los Abogados que en ella no figurasen ni presentaren la certificación, carnet o tarjeta a que se hizo referencia al final del primer párrafo de este artículo, se les exigirá por las Secretarías respectivas de los Juzgados y Tribunales, que exhiban certificación, carnet o tarjeta justificativa de hallarse incorporados al Colegio y el recibo corriente del Impuesto sobre Actividades Económicas. Si no lo presentaren se les impedirá el ejercicio por el Juzgado o Tribunal ante el cual pretendiesen actuar, comunicándolo lo más rápidamente a la Junta de Gobierno.

TÍTULO III

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COLEGIADOS

CAPÍTULO 1º

EN RELACIÓN CON EL COLEGIO Y LOS DEMÁS COLEGIADOS

Artículo 18.- Todos los Abogados colegiados tienen la obligación de levantar las cargas que con carácter general se les impusieren y satisfacer las cuotas ordinarias y extraordinarias que se señalen, tanto para sostener las propias del Colegio como para atender a las del Consejo General de la Abogacía Española, así como las cuotas que los Estatutos y Reglamentos de la Mutualidad General de Previsión de la Abogacía Española impongan a los Abogados que obligatoriamente han de incorporarse a ella.

Las cuotas que el Colegio señale a sus colegiados para atender al sostenimiento del Consejo General y las que los Estatutos y Reglamentos de la Mutualidad determinen para los asociados como obligatorias tendrán el carácter de cargas corporativas y, por tanto, los colegiados que incumplieran esta obligación deberán causar baja en el Colegio de Abogados.

A estos efectos es de aplicación lo dispuesto en el artículo 10 de estos estatutos.

En la certificación a que se alude en el artículo 5 de estos estatutos se hará constar, además, si el solicitante se halla al corriente en el abono de las cargas corporativas a que específicamente se hace mención en el presente artículo. La baja en el Colegio de Abogados por este concepto es motivo suficiente para suspender o denegar la incorporación del solicitante a otro.

Artículo 19.- Los Abogados colegiados tienen la obligación de participar a la Junta de Gobierno sus cambios de domicilio, traslado de vecindad y las ausencias que hayan de prolongarse por más de seis meses.

Artículo 20.- Queda prohibido a los Abogados:

a) La publicación de anuncios relativos al ejercicio de su profesión, así como utilizar los títulos que posean o destinos en los que sean funcionarios excedentes de otras ramas de actividad jurídica.

b) Difundir o publicar trabajos tendentes a aconsejar soluciones prácticas sobre problemas concretos que plantee la aplicación general de la norma jurídica.

c) Firmar escritos en asuntos confiados a Agentes de Negocios, Gestorías o Consultorios, o emitir, sin previa autorización de la Junta de Gobierno, dictámenes gratuitos en revistas profesionales, periódicos, diarios o emisiones radiofónicas.

d) Firmar escritos ni tramitar asuntos cuya dirección jurídica corresponda a otro Letrado no inscrito en el Colegio de Santa Cruz de La Palma, dentro de cuya jurisdicción tenga aquél que ser tramitado.

e) Encargarse de la dirección del asunto profesional encomendado a otro compañero sin pedir su venia para guardar las reglas de consideración.

f) Prestar servicios profesionales a las compañías o sociedades, estén o no inscritas en el Registro de Seguros, que bajo una u otra denominación cubren el llamado “Riesgo Jurídico” o se obliguen a satisfacer las costas judiciales o los honorarios de Letrado. Se exceptúan de esta prohibición las compañías que aseguren el riesgo de seguros automovilísticos y cualquier otro que por excepción y previa consulta al Consejo General, autorice la Junta de Gobierno.

g) Ceder todo o parte de sus honorarios en los juicios que haya condena y costas a la empresa o corporación a quien presten sus servicios aunque perciban sueldo de la misma, ni siquiera sea con carácter benéfico o de asistencia social.

Artículo 21.- El colegiado ejerciente, en el cumplimiento de su misión, viene obligado a actuar con dignidad, guardar el secreto profesional, ajustarse a las normas de una rigurosa probidad, mantener su independencia, obrar con lealtad, celo y diligencia que requieren la tutela jurídica de los derechos al mismo encomendados. Artículo 22.- Es deber primordial del colegiado ejerciente, el dedicar las máximas atenciones a sus compañeros de profesión, especialmente si defienden posiciones contrapuestas.

Artículo 23.- Son obligaciones de los colegiados ejercientes para con la parte por él defendida, además de las que se deriven de la relación contractual que entre ellos exista, la del cumplimiento con el máximo celo y diligencia, guardando el secreto profesional, de la misión de defensa que le encomendó.

En el desempeño de esta función, se atendrá el Abogado a las exigencias técnicas que imponga la tutela jurídica de cada asunto y a las instrucciones que con respecto a la misma reciba del cliente. Si hubiese discrepancia podrá, bien negarse a intervenir o bien cumplir las instrucciones recabando en este caso su formulación por escrito para eximirse de responsabilidad.

Artículo 24.- Los Abogados en ejercicio dentro del territorio jurisdiccional de este Ilustre Colegio, deberán tener despacho abierto y decorosamente instalado, comunicando a la Junta de Gobierno al solicitar su incorporación al Colegio la localización del despacho.

La exigencia de despacho es inexcusable y su carencia determinará la baja del Colegio, pudiendo ser dado de alta nuevamente una vez lo establezca.

Contra las decisiones de la Junta de Gobierno en estos casos podrá recurrirse en alzada, ante el Consejo General de la Abogacía.

Artículo 25.- Los Abogados no podrán encargarse de la dirección de asuntos profesionales -salvo que se trate de asuntos propios- que se dirijan contra otro colegiado, sin solicitar su venia por escrito ni sin ponerlo antes en conocimiento de la Junta de Gobierno, que podrá conceder su autorización para actuar, si la venia interesada les fuese injustificadamente denegada o la contestación se demorase por más tiempo del prudencial.

Artículo 26.- Tampoco podrá un Abogado encargarse de la dirección del asunto profesional encomendado a otro compañero, sin pedir previamente su venia por escrito. Cuando la venia no le sea concedida dentro del plazo de cuarenta y ocho horas de haberla solicitado o la contestación fuese negativa, la Junta de Gobierno, o el Decano en caso de urgencia y a petición del interesado, y a la vista de los antecedentes del negocio, concederá la necesaria autorización para que pueda actuar sin responsabilidad alguna el solicitante. Artículo 27.- De la misma manera no podrá ningún Abogado asumir la defensa del cliente que antes fuera de otro compañero, sin que aquél le exhiba el recibo acreditativo de haber satisfecho los honorarios de éste o una carta del mismo manifestando que tiene cobrados aquéllos; salvo que siendo excesivos a juicio del nuevo Letrado, lo notifique a la Junta de Gobierno precisamente dentro de las veinticuatro horas de hacerse cargo del asunto.

En este caso, la Junta podrá autorizar al Letrado para que actúe, pero señalando la cantidad que su cliente debe entregar en la Caja de la Corporación a disposición de dicha Junta para que ésta, con arreglo a su criterio, atienda al pago de los honorarios del Letrado anterior. Todo ello sin perjuicio de la facultad de reclamación o impugnación que a las partes y Letrados correspondiere.

CAPÍTULO 2º

EN RELACIÓN CON LOS TRIBUNALES

Artículo 28.- El Abogado en el cumplimiento de su misión actuará con toda libertad, sin otras limitaciones que las impuestas por el respeto debido al Tribunal y por las normas de la moral y el decoro.

Artículo 29.- El Abogado tiene derecho a las consideraciones y prerrogativas honoríficas y personales debidas a su profesión y que le hayan sido tradicionalmente reconocidas.

Ante todas las jurisdicciones, incluso la castrense, el Abogado ocupará en estrados un lugar a la misma altura que el Tribunal.

Artículo 30.- Los Abogados que se hallen procesados y se defiendan a sí mismos, usarán el traje profesional y ocuparán el sitio establecido para los Letrados. Si tuvieren otro defensor, ocuparán el lugar que el Tribunal les señale.

Artículo 31.- Los Abogados comparecerán ante los Tribunales con traje negro y con toga de igual forma que los que usan los Magistrados y Jueces, sin distintivos de ninguna clase, salvo los especialmente autorizados, como es la insignia de la Corporación.

Los miembros de la Junta de Gobierno usarán la medalla del Colegio cuando, en tal concepto, concurran a la apertura de Tribunales, tomas de posesión, recepciones y demás actos y solemnidades oficiales, así como cuando ante cualquier Autoridad o Tribunal necesiten hacer valer su condición. Artículo 32.- El Abogado informará sentado ante los Tribunales de todas las jurisdicciones, teniendo ante sí una mesa para colocar sus libros y papeles y hacer los apuntes que estime necesarios.

Su asiento se colocará en estrados al mismo nivel en que se hallen instalados los del Tribunal ante quien actúa, situándoles a ambos lados de aquél, de modo que no den la espalda al público.

El Letrado actuante podrá designar a un compañero en ejercicio que le auxilie o sustituya en el acto de la vista o juicio.

Artículo 33.- Los Abogados, cuando actúen ante los Tribunales, podrán abandonar momentáneamente los locales donde éstos funcionen con la venia del Presidente.

Artículo 34.- En todos los Tribunales y según la capacidad de los locales donde funcionen, se designará un sitio decoroso separado del público y, a ser posible, con las mismas condiciones del señalado para los Abogados actuantes, a fin de que puedan ocuparlo los demás Letrados que, vistiendo el traje profesional, quieran presenciar los juicios y vistas públicas.

Artículo 35.- Los Abogados si estimasen que el Juzgado o Tribunal coartan la independencia, amplitud y libertad necesaria para cumplir sus deberes profesionales o que no se les guarda la consideración debida al prestigio profesional, deberán hacer constar ante el propio Juzgado o Tribunal y dar cuenta a la Junta de Gobierno. Ésta llevará a cabo las actuaciones que estime necesarias para asegurar los derechos del Letrado y si no fueran eficaces, dará cuenta al Consejo General a los efectos procedentes.

Artículo 36.- El ejercicio de la Abogacía es incompatible con:

1º) Los cargos de Presidente del Consejo de Ministros, Ministro, Subsecretario y Director General.

2º) Los cargos judiciales o fiscales, cualquiera que sea su denominación y grado, con los pertenecientes al Secretariado de los Juzgados o Tribunales y con los Auxiliares o Subalternos de los mismos, salvo las excepciones que establezcan las disposiciones orgánicas de las carreras judicial o fiscal.

3º) Con los funcionarios del Ministerio de Justicia que desempeñan su cargo en la Dirección General de Justicia.

4º) Con las restantes funciones o empleos de la Administración en cuyas Leyes o Reglamentos se establezca expresamente tal incompatibilidad.

5º) Con el ejercicio de la profesión de Procurador, Agente de Negocios o Gestor Administrativo. 6º) Los funcionarios de los Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Comunidades Autónomas y de Corporaciones Locales.

La declaración de la incompatibilidad corresponderá a la Junta de Gobierno, con recurso ante el Consejo General de la Abogacía.

Artículo 37.- La condición de funcionario o empleado público será incompatible, en todo caso, con el ejercicio de la Abogacía ante los Organismos y Tribunales Administrativos, en los asuntos relacionados con su Departamento.

La condición eclesiástica no es incompatible con el ejercicio de la Abogacía, siempre que se obtenga la licencia preceptuada en Derecho Canónico.

Artículo 38.- El ejercicio de la Abogacía es incompatible con la intervención cerca de aquellos organismos judiciales en que figuren como miembros el cónyuge o los parientes del Abogado dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad.

El Abogado a quien afecte tal incompatibilidad deberá abstenerse de la defensa que en tales asuntos le haya podido ser encomendada.

La obligación de abstención se entiende sin perjuicio del derecho de recusación del Juez o Magistrado que pueda asistir al litigante contrario.

Artículo 39.- Nadie podrá utilizar el título de Abogado si ocupa cargo o desempeña una profesión incompatible. Los que se hallen en tal situación podrán utilizar la expresión Licenciado en Derecho o Doctor en Derecho, para indicar la categoría académica que en cada caso les corresponda.

CAPÍTULO 3º

DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES

Artículo 40.- Los honorarios de los Abogados no estarán sujetos a arancel, pero podrán ser impugnados por excesivos o indebidos con arreglo a las leyes.

En ningún caso tendrán el carácter de arancel las bases normativas de regulación de honorarios mínimos que establezca el Colegio, para que sirvan de orientación en tales materias; pero tendrán carácter vinculante para la Junta de Gobierno si al emitir su preceptivo informe en caso de impugnación de una minuta, el Letrado redactor de la misma se ajustó a lo establecido en aquellas bases. La Junta de Gobierno tendrá la obligación de dar su parecer por vía de informe o resolver, en sentido arbitral, toda cuestión de honorarios que le consulten o sometan los Letrados, las partes o el Letrado y la parte entre quienes pudieran producirse divergencias de apreciación.

Artículo 41.- Con el fin de evitar en lo posible las impugnaciones judiciales, el Letrado de la parte condenada al pago de las costas reclamará en el término de cinco días, desde que sea firme la resolución en que se imponga, la minuta de honorarios del Letrado defensor de la parte contraria. Ésta deberá serle remitida antes de pedir su inclusión en la tasación de costas, al efecto de obtener la conformidad o solucionar conciliatoriamente las discrepancias que existan, sobre la procedencia o cuantía de los honorarios fijados.

Si transcurren otros cinco días desde la fecha en que se remitió la minuta, sin aceptarla expresamente o sin lograrse acuerdo sobre su importe, deberán necesariamente los Letrados someterse a la Junta de Gobierno, que deberá decidir en término de quince días sobre el importe adecuado de la minuta.

Si comunicado por el Letrado al cliente respectivo el parecer de la Junta de Gobierno, sobre el importe de la minuta a satisfacer, aquél no mostrase su conformidad, quedará expedita la vía de impugnación con arreglo a Derecho.

Los dictámenes de la Junta de Gobierno, en las impugnaciones judiciales de honorarios, se emitirán en el término de treinta días a contar desde que los autos se entreguen en la Secretaría del Colegio. Este plazo se elevará a sesenta días durante el periodo de vacaciones.

Los dictámenes y resoluciones de la Junta, en todas estas materias, omitiendo la expresión de nombres, se tendrán de manifiesto en la Secretaría del Colegio, para que puedan servir de norma a los Letrados en la regulación de sus honorarios.

La Junta de Gobierno no podrá adoptar medidas, incluso disciplinarias, contra los Abogados que no se ajusten al procedimiento antes establecido o que, temerariamente, impugnen las minutas de sus compañeros.

CAPÍTULO 4º

DE LA DEFENSA DE POBRES Y DEFENSA DE OFICIO

Artículo 42.- Los Abogados vienen obligados a defender de oficio a los que soliciten y obtengan el beneficio legal de pobreza. Igualmente vendrán obligados a la defensa, en la jurisdicción penal, si el inculpado solicita el nombramiento de oficio o no designa Abogado.

A tal efecto el Secretario del Colegio llevará los libros de turnos de causas y de asuntos civiles.

Artículo 43.- En los procedimientos criminales en que se solicite para el procesado una pena de 20 años de reclusión, solo intervendrán -de oficio- los Letrados que lleven más de diez años en ejercicio profesional.

Artículo 44.- El Abogado designado para la defensa por pobre en materia civil deberá pedir al interesado relación de hechos en que funde su reclamación.

Si conocidos los antecedentes estimare éstos como insuficientes, se seguirá el trámite previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 45.- Al objeto de cumplir con mayor amplitud la función social de ayuda al necesitado, este Colegio procurará la creación y establecimiento de un consultorio gratuito dentro del local del Colegio en el que, en rotación de todos los colegiados y en los días y horas que al efecto se acuerden, se puedan evacuar cuantas consultas sean interesadas por personas que se hallen en situación equivalente a la de pobreza legal.

Existirá una lista colegial en la que se relacionarán aquellos Letrados que voluntariamente hubiesen solicitado desempeñar las funciones correspondientes al turno de oficio y asistencia al detenido. Si no quedare suficientemente atendido dicho servicio por ser insuficiente el número de Letrados inscritos, corresponderá a la totalidad de los colegiados, por riguroso turno, el atendimiento del referido servicio, previo acuerdo al respecto de la Junta de Gobierno.

Artículo 46.- Corresponde al Decano, con posible delegación en otro miembro de la Junta de Gobierno, dictar las reglas que considere más equitativas para los turnos en el repartimiento de los pleitos y causas de pobres, guardando la posible equidad para hacer los nombramientos que le sean interesados por los Juzgados y Tribunales.

TÍTULO IV

DE LA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA

DEL EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

Artículo 47.- La Junta de Gobierno podrá acordar la imposición de sanciones a sus colegiados por los actos que realicen u omisiones en que incurran en el ejercicio o con motivo de su profesión, así como por cualesquiera otros actos u omisiones que les sean imputables como contrarios al prestigio y competencia profesional, a la honorabilidad o a los respetos debidos a los compañeros.

Las sanciones no podrán ser acordadas por la Junta de Gobierno sino previa la formación de expediente, en el que sera oído el inculpado, permitiéndole aportar pruebas y defenderse por sí o por medio de otro compañero. El expediente deberá quedar resuelto dentro del plazo máximo de sesenta días hábiles y el acuerdo imponiendo sanción tendrá que ser acordado con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que integran la Junta de Gobierno.

Artículo 48.- Las sanciones a que se refiere el artículo anterior serán las siguientes:

1º) Apercibimiento por oficio. 2º) Reprensión privada.

3º) Reprensión pública.

4º) Suspensión del ejercicio de la Abogacía por un plazo no superior a dos años.

5º) Suspensión por tiempo superior a dos años o expulsión.

Estas dos últimas sólo serán aplicables:

a) Cuando sobre el colegiado recayere condena en sentencia firme por hecho estimado en el concepto público como infamante o afrentoso.

b) Cuando por reiteradas faltas de competencia o decoro profesional, por las que ya hubiese sido corregido con suspensión superior a seis meses, se hiciera indigno de pertenecer al Colegio de Abogados.

Artículo 49.- El acuerdo de suspensión por más de seis meses o expulsión, deberá ser tomado por la Junta de Gobierno, mediante votación por bolas y con la conformidad de las dos terceras partes de los miembros componentes de aquélla.

A esta sesión están obligados a asistir todos los componentes de la Junta. El que sin causa justificada no concurriese, dejará de pertenecer al órgano rector del Colegio, sin que pueda ser de nuevo nombrado Vocal de la Junta hasta transcurridos diez años.

Artículo 50.- Si el acuerdo se refiere a alguno de los miembros de la Junta, conocerá del expediente el Consejo General de la Abogacía Española.

Artículo 51.- Contra los acuerdos de sanción cabrán los recursos y garantías que establece el Estatuto General de la Abogacía Española. TÍTULO V

DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Artículo 52.- Este Ilustre Colegio será regido y administrado por su Junta de Gobierno, que estará constituida por el Decano, cinco Diputados, el Tesorero, el Bibliotecario-Contador y el Secretario.

Artículo 53.- Son atribuciones de la Junta de Gobierno:

A) Con relación a los colegiados:

1ª) Resolver sobre la admisión de los Licenciados o Doctores en Derecho que soliciten incorporarse al Colegio, pudiendo delegar esta facultad en el Secretario para casos de urgencia, que serán sometidos a la ratificación de aquélla.

2ª) Velar por la independencia, amplitud y libertad necesarias para que puedan los colegiados cumplir fielmente con sus deberes profesionales y que se les guarden las consideraciones debidas al prestigio de la profesión.

3ª) Cuidar de que los colegiados en sus actuaciones profesionales, desempeñen su función en el máximo celo.

4ª) Defender a los compañeros en cuantas quejas fundadas presenten a la Junta de Gobierno.

5ª) Impedir el ejercicio de la profesión a quienes siendo colegiados o no, personas naturales o jurídicas, la ejerciesen o facilitasen el ejercicio de la profesión en forma y bajo condiciones contrarias al orden legal y económico establecidos, pudiendo perseguir, en su caso, a los infractores, ante los Tribunales de Justicia, mediante el ejercicio de cuantas acciones civiles, penales, administrativas, fuesen necesarias o convenientes.

6ª) Adoptar los acuerdos que estime procedentes en cuanto a la cantidad que, dentro de los límites marcados en los estatutos, debe satisfacer cada colegiado por derecho de incorporación.

7ª) Determinar la cuota que deban pagar los colegiados que no ejerzan la profesión.

8ª) Acordar, si lo estima necesario, la imposición de cuotas ordinarias y extraordinarias a los colegiados que ejerzan la profesión.

9ª) Recaudar las cuotas que se señalan para el sostenimiento de las cargas de este Ilustre Colegio y de las del Consejo General de la Abogacía Española, así como las que, para fines de mutualidad, viudedad, orfandad u otras causas, se establezcan. 10ª) Regular los honorarios de los Abogados en los casos previstos por estos estatutos, e informar cuando los Tribunales y Juzgados soliciten su dictamen con sujeción a lo dispuesto en las leyes vigentes.

11ª) Convocar a la elección de cargos de la Junta de Gobierno.

12ª) Convocar Juntas ordinarias y extraordinarias, señalando el orden del día para cada una.

13ª) Ejercer las facultades disciplinarias respecto a los colegiados.

B) Con relación a los Tribunales de Justicia:

Fomentar y estrechar las relaciones de respetuosa cordialidad del Colegio y sus colegiados con la Magistratura.

C) Con relación a los Organismos del Estado y de la Comunidad Autónoma Canaria en todas sus jurisdicciones:

lª) Defender, cuando lo estime procedente y justo, a los colegiados en el desempeño de las funciones de la profesión o con ocasión de las mismas.

2ª) Promover cerca del Gobierno y de las Autoridades cuanto se considere beneficioso para los intereses del Gobierno y para la recta y pronta administración de Justicia.

3ª) Concurrir en representación del Colegio a todos los actos oficiales o públicos, a que éste fuere invitado.

4ª) Informar de palabra o por escrito en nombre del Colegio en cuantos proyectos o iniciativas lo requieran.

5ª) Dictar los reglamentos de orden interior que juzgue convenientes.

D) Con relación a los recursos económicos del Colegio:

lª) Recaudar, distribuir y administrar los fondos del Colegio.

2ª) Redactar presupuestos y rendir cuentas anuales.

3ª) Proponer a la Junta General la inversión del capital social.

Artículo 54.- La Junta de Gobierno queda facultada para emitir dictámenes y consultas, así como para ejercer arbitrajes y laudos, percibiendo honorarios cuyo importe ingresará en los fondos del Colegio, con preferente aplicación para obras de mutualidad y beneficencia, así como para fomento de su biblioteca. Artículo 55.- Los miembros de la Junta de Gobierno usarán en actos oficiales el distintivo que, conforme a los presentes estatutos o a las disposiciones vigentes, se conceda.

Artículo 56.- La Junta de Gobierno se reunirá obligatoriamente al menos una vez al mes, y, además, cuando fuere convocada por iniciativa del Decano o a petición de dos de sus vocales, por lo menos. Para que pueda adoptar válidamente acuerdos será requisito indispensable que concurra la mayoría de los colegiados que la integran. Los acuerdos, salvo para los que se requiera quórum especial, se tomarán por mayoría de votos emitidos, decidiendo el Decano en caso de empate.

Será obligatoria la asistencia a las Juntas. La falta, no justificada, a tres sesiones consecutivas, se estima como renuncia al cargo.

Artículo 57.- Corresponderá al Decano la representación oficial del Colegio en todas las relaciones del mismo con los poderes públicos, autoridades, corporaciones y personalidades de cualquier orden; ejercerá las funciones de vigilancia y corrección que los estatutos reservan a su autoridad; presidirá las Juntas de Gobierno y las Generales, y todas las Comisiones y Comités especiales a que asista, dirigiendo las discusiones con voto de calidad en caso de empate.

Expedirá, además, los libramientos para la inversión de los fondos del Colegio y propondrá los Abogados que deban formar parte de los Tribunales de oposición, entre los que reúnan las circunstancias necesarias al efecto.

Además de todas estas atenciones se esforzará principalmente en mantener con todos los compañeros una relación asidua de protección y consejo, procurando que su celo constituya una alta tutela moral que ampare a los débiles y desatendidos, asesore a los inexpertos, encauce a los extraviados y corrija a los contumaces, de tal suerte que su rectitud, su severidad y su afecto sean ejemplo para todos y encarnación de la dignidad sustancial en quienes realicen funciones de justicia.

Artículo 58.- El Decano impedirá, bajo su responsabilidad, que entre a desempeñar un cargo en la Junta de Gobierno o que continúe desempeñándolo el colegiado en quien no concurran los requisitos estatutarios; negará la posesión al que fuere elegido sin ellos y lo sustituirá en la forma prevenida en estos estatutos.

Artículo 59.- El Tesorero recaudará y conservará los fondos pertenecientes al Colegio pagando los libramientos que expida el Decano con la toma de razón en Contaduría; llevará para la debida formalidad, los libros correspondientes; presentará a la Junta de Gobierno las cuentas y el proyecto de presupuesto; e ingresará, en cuenta corriente a nombre del Colegio, en los Bancos de Santa Cruz de La Palma, las cantidades que vaya recaudando, las cuales para ser retiradas precisarán siempre de dos firmas entre las del Decano, del Tesorero y del Secretario.

Artículo 60.- El Secretario será el encargado de recibir y tramitar las solicitudes y comunicaciones que se dirijan al Colegio y sus diferentes Organismos, dando cuenta de ellas a quien proceda.

Librará las certificaciones que se soliciten y deban ser expedidas, y llevará un registro en el que, por orden alfabético de los apellidos de los colegiados, se consigne el historial de los mismos dentro del Colegio.

Formará cada año las listas de los Abogados del Colegio, expresando su antigüedad, años de ejercicio, cuota contributiva y domicilio.

Llevará también los turnos y repartimiento de los asuntos de pobres, los libros de actas de Juntas Generales y de Gobierno, y tendrá a su cargo el sello del Colegio y el Archivo del mismo.

Artículo 61.- El Bibliotecario-Contador tendrá las obligaciones siguientes:

lª) Cuidar la Biblioteca.

2ª) Formar y llevar el catálogo de obras.

3ª) Proponer la adquisición de las que considere procedentes a los fines corporativos.

4ª) Intervenir las operaciones de tesorería.

Artículo 62.- Los diputados actuarán como Vocales de las Juntas y desempeñarán, además, las funciones que éstas, los estatutos y las leyes les encomienden.

Sus cargos estarán numerados, a fin de sustituir por orden de categoría al Decano en caso de enfermedad, ausencia o vacante.

Cuando por cualquier motivo vacara, definitiva o temporalmente, el cargo de Secretario, el Tesorero o el Bibliotecario-Contador, serán sustituidos, igualmente, por los diputados, empezando por el último.

Artículo 63.- Los cargos de la Junta de Gobierno se proveerán por elección, en la que podrán participar todos los colegiados, ejercientes o no, con arreglo al procedimiento establecido en el Estatuto General de la Abogacía Española y disposiciones posteriores complementarias del mismo.

Artículo 64.- Los cargos de la Junta de Gobierno durarán cinco años, siendo renovados entre los colegiados de nacionalidad española, o de cualquier país miembro de la Comunidad Económica Europea, en quienes concurran, al momento de la elección, las siguientes condiciones:

Para ser Decano del Colegio no serán necesarios requisitos estatutarios especiales, salvo el de ostentar el carácter de colegiado ejerciente de nacionalidad española o de cualquier país miembro de la Comunidad Económica Europea, residir en la demarcación del Colegio y poseer la condición de elector.

Para ser Diputado Primero, además de lo anterior, es necesario llevar más de diez años incorporado al Colegio como ejerciente.

Para ser Secretario, además de lo requerido para ser Decano, se deberá llevar más de dos años incorporado al Colegio como ejerciente.

Para Diputados Segundo, Tercero y Cuarto, más de dos años de ejercicio de la Abogacía e incorporado al Colegio.

Para los cargos de Tesorero y Bibliotecario-Contador, más de dos años en el ejercicio de la profesión.

Los colegiados que hubieren sido sancionados disciplinariamente no pueden ocupar cargo alguno en la Junta de Gobierno.

Artículo 65.- Al efecto de la elección de cargos de la Junta de Gobierno, tienen derecho de sufragio activo los colegiados que ejerzan habitualmente la profesión, desde los dos meses siguientes a su incorporación, y los no ejercientes desde que lleven, por lo menos, un año inscritos en el Colegio; todo lo referente a la elección de cargos de la Junta de Gobierno y a la formación de listas de electores y elegibles, así como a la celebración de las elecciones, se verificará con arreglo a las normas y procedimientos establecidos en las disposiciones oficiales vigentes.

TÍTULO VI

DE LAS JUNTAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS

Artículo 66.- Son atribuciones de las Juntas Generales:

a) La elección de los miembros a los órganos de gobierno, de acuerdo con los presentes estatutos.

b) Promover actuaciones de los órganos de gobierno por medio de iniciativas formuladas por los colegiados en los términos estatutarios.

c) Crear agrupaciones representativas de intereses específicos en el seno del Colegio, con el sometimiento en todo caso a los órganos de gobierno de éste. d) Remover a los titulares de los órganos de gobierno mediante votos de censura, de acuerdo con los estatutos colegiales.

Artículo 67.- Todos los colegiados podrán asistir con voz y voto, salvo las excepciones que en estos estatutos se determinan, a las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias que se celebren.

Artículo 68.- Las citaciones para las Juntas Generales se harán siempre por papeletas impresas, acompañadas del orden del día. Las rubricará el Secretario y se repartirán a domicilio o por correo con la antelación suficiente para que los colegiados puedan examinar en la Secretaría del Colegio, durante las horas de despacho, los expedientes que hayan de ser sometidos a la deliberación de la Asamblea convocada. Aquellos colegiados que no tengan su domicilio en Santa Cruz de La Palma, se les citará por correo o fax.

La citación personal podrá ser sustituida por la publicación de la convocatoria, en la que se insertará el orden del día, en los medios locales de comunicación, pero la tal publicación habrá de efectuarse con treinta días de antelación como mínimo.

Artículo 69.- En la última quincena del mes de enero será celebrada la primera Junta General Ordinaria de cada año, precisamente con arreglo al siguiente orden del día:

1º) Reseña que hará el Decano de los acontecimientos más importantes que, durante el año último, hayan tenido lugar con relación al Colegio.

2º) Lectura, votación y discusión de la cuenta general de gastos e ingresos del año anterior.

3º) Lectura, votación y discusión de los dictámenes que se consignen en la convocatoria.

4º) Ruegos y preguntas.

5º) Toma de posesión, en su caso, de sus cargos respectivos por los miembros de la Junta de Gobierno elegidos, cesando aquellos a quienes corresponda salir.

Artículo 70.- La segunda Junta General Ordinaria de cada año se celebrará en el último trimestre de cada año, con arreglo al siguiente orden del día:

1º) Lectura y aprobación del presupuesto formado por la Junta de Gobierno para el año siguiente.

2º) Elección para cargos vacantes de la Junta de Gobierno cuando proceda. Los designados en esta elección ocuparán los cargos durante el tiempo legal que faltase a los sustituidos, pero podrán ser reelegidos en la renovación ordinaria de cargos. Artículo 71.- Treinta días antes de la celebración de la Junta General Ordinaria del mes de enero, los colegiados podrán presentar las proposiciones que, autorizadas precisamente por diez firmas, deseen someter a deliberación y acuerdo del Colegio, y que serán incluidas por la Junta de Gobierno en la Sección del orden del día denominada “Ruegos y preguntas” .

Al darse cuenta de las proposiciones, la Junta General acordará si procede o no abrir la discusión sobre ellas.

Artículo 72.- Las Juntas Generales Extraordinarias se celebrarán a iniciativa de la Junta de Gobierno o a solicitud del veinticinco por ciento de los colegiados, con expresión de las causas que lo justifiquen, y asuntos concretos que hayan de tratarse en ellas. Habrán de celebrarse en el plazo de treinta días, contados desde el acuerdo de la Junta de Gobierno, en el primer caso, o después de la presentación de la solicitud en el segundo, y nunca podrán ser tratados en la misma más asuntos que los expresados en la convocatoria.

Artículo 73.- Las Juntas Generales se celebrarán en el día y hora que se señale y cualquiera que sea el número de colegiados concurrentes a ellas; los acuerdos se tomarán por mayoría de votos emitidos y serán inapelables y obligatorios para todos los colegiados.

No obstante, si la Junta de Gobierno entendiese que el acuerdo de la Junta General era contrario a las leyes o a estos estatutos, suspenderá su ejecución, pudiendo recurrirse ante el Consejo General de la Abogacía Española.

Artículo 74.- Los colegiados podrán remover a los titulares de los órganos de gobierno mediante votos de censura, para cuya tramitación será necesario que sean propuestos por un veinticinco por ciento de los colegiados, y debiendo tramitarse según lo establecido para las Juntas Generales Extraordinarias, si bien para que prosperen deberán ser secundados por la mitad más uno de los colegiados.

TÍTULO VII

RECURSOS ECONÓMICOS Artículo 75.- Constituyen los recursos ordinarios del Colegio de Abogados:

a) Los intereses, rentas, pensiones y valores de toda especie que produzcan los bienes o derechos que integran el capital del Colegio.

b) Los derechos de incorporación al Colegio, que no serán inferiores a mil quinientas pesetas.

c) Los derechos por los informes que evacue la Junta en las regulaciones de honorarios tanto judiciales como extrajudiciales, y por dictámenes o resoluciones que sobre los honorarios soliciten los colegiados.

d) Los derechos por bastanteo de poderes, por aceptaciones de defensas criminales, por intervención profesional en asuntos donde no hubiese bastanteo de poder y en jurisdicciones donde no sea preceptiva la intervención del Procurador.

e) Las cuotas que aporten los colegiados en los plazos y cuantía que determine la Junta de Gobierno.

f) Los honorarios correspondientes a informes o dictámenes periciales que se pidan al Colegio de Abogados por los Tribunales de Justicia, a instancia de parte, cuyos honorarios se fijarán discrecionalmente por la Junta de Gobierno. En esta clase de dictámenes o informes, no cobrará honorarios el Colegio cuando correspondiera pagarlos a un Colegio que litigara en nombre propio y sobre materia profesional. Los informes pedidos de oficio por los Tribunales tampoco devengarán honorarios.

g) Los derechos por expedición de certificaciones, a razón de quinientas pesetas cada una.

Las certificaciones que afecten al expediente personal del Letrado solicitante, se librarán gratuitamente.

Artículo 76.- Constituirán los recursos extraordinarios del Colegio de Abogados:

a) Las subvenciones o donativos que se concedan al Colegio por el Estado o Corporaciones oficiales, entidades o particulares.

b) Los bienes muebles o inmuebles de toda clase que por herencia o por otro título acrecienten el capital del Colegio.

Las cantidades que por cualquier concepto corresponda percibir al Colegio cuando administre, en cumplimiento de algún encargo temporal o perpetuo, cultural o benéfico, determinados bienes o rentas.

Artículo 77.- El capital del Colegio estará invertido en títulos de la Deuda Pública o en los valores de sólida garantía que decida la Junta de Gobierno. Los valores se depositarán en el Banco de España o Entidades que la Junta de Gobierno acuerde, y los resguardos del depósito se custodiarán en la caja de valores, bajo la personal e inmediata responsabilidad del Tesorero del Colegio.

Artículo 78.- El Tesorero cuidará de cobrar los intereses y rentas del capital del Colegio.

Artículo 79.- La Junta de Gobierno dispondrá de los libros y material que estime necesarios para la mejor marcha administrativa de la contabilidad. Artículo 80.- Los colegiados tendrán derecho en todo momento a pedir y obtener datos sobre la marcha económica del Colegio, siempre que sea concreta su petición, pero sólo podrán examinar la contabilidad y los libros en el periodo que media entre la convocatoria y la celebración de la Junta General Ordinaria del mes de cada año.

TÍTULO VIII

DE LA LABOR CULTURAL

Artículo 81.- Para el fomento de la labor cultural del Colegio, existirá una Comisión formada por cinco miembros, actuando uno de Presidente y los restantes de Vocales, elegidos por la Junta de Gobierno, renovándose cada tres años. Actuará como Secretario el miembro de menos edad.

Artículo 82.- Corresponderá a la Comisión de Cultura:

a) Organizar conferencias, en las que los Abogados puedan exponer casos prácticos de la vida del Derecho, procurando además, a estos fines, las cooperaciones de aquellas personalidades de notoria autoridad en las ciencias jurídicas.

b) Proponer a la Junta de Gobierno los nombres de los Abogados a quienes crea conveniente conceder pensiones como auxilio para realizar investigaciones y estudios en España y en el extranjero, quienes redactarán, en el plazo de tres meses, a partir de la misma, una Memoria detallada de sus trabajos, que pasará a ser propiedad del Colegio y que podrá ser publicada por éste si lo estimase conveniente.

La Junta de Gobierno propondrá a la Junta General el plazo de duración, condiciones y cuantía de cada pensión.

c) Evacuar, previo acuerdo de la Junta de Gobierno, dictámenes y consultas de carácter doctrinal sobre materia jurídica vigente, e informar sobre las modificaciones que se deban solicitar de los poderes públicos, manteniendo el alto concepto que, en la vida del Derecho, corresponde al Colegio de Abogados. La Junta de Gobierno dará cuenta a la General de los informes que se proponga emitir, cuando las circunstancias y apremios de tiempo lo permitan.

Artículo 83.- La Comisión de Cultura celebrará sesiones cuantas veces lo convoque su Presidente o el Decano del Colegio, adoptando sus acuerdos por mayoría de votos y siendo necesaria la presencia de tres de sus Vocales para que tengan validez, haciéndose constar en el acta los nombres de los que asistan y las causas alegadas por los que no lo efectuasen. Si alguno de ellos dejase de concurrir a cuatro sesiones consecutivas, sin justificar la causa, se entenderá que renuncia al cargo, y el Presidente lo pondrá en conocimiento de la Junta de Gobierno para que designe el que deba reemplazarlo.

TÍTULO IX

DE LOS EMPLEADOS DEL COLEGIO

Artículo 84.- La Junta de Gobierno, según las necesidades del servicio, determinará el número de empleados administrativos del Colegio, así como la distribución de trabajo, sueldo y gratificaciones.

La Junta de Gobierno, usando de sus facultades privativas determinará los derechos, deberes y correcciones disciplinarias, incluso la separación del personal a sus órdenes.

TÍTULO X

DE LOS PREMIOS Y DISTINCIONES

Artículo 85.- Los colegiados que cumplan veinticinco años de ejercicio profesional, perteneciendo ininterrumpidamente a este Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, serán distinguidos con la medalla de plata del Colegio, y con la medalla de oro se distinguirán a aquéllos colegiados que, en las mismas condiciones que antes, cumplan treinta y cinco años de ejercicio profesional.

Las antedichas distinciones serán aprobadas y entregadas en Junta General.

Artículo 86.- El Colegio podrá distinguir con el título de Colegiado Honorario a personas, no colegiadas, de reconocida valía y prestigio profesional y humano, que hayan colaborado ejemplarmente con el Colegio, o hayan tenido algún tipo de actuación relevante respecto del mismo.

También este título deberá ser aprobado y entregado en Junta General.

Cualquier colegiado podrá proponer a la persona que considere ser digna de tal premio o distinción, pero para su aprobación se requerirá un voto favorable que suponga la mayoría absoluta de los asistentes a la Junta General.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Todos los años se publicará una lista de los Abogados del Colegio, con expresión de los individuos que componen su Junta de Gobierno, y notas de los acuerdos más importantes de la Corporación y Junta de Gobierno.

Segunda.- El Colegio podrá introducir en estos estatutos cuantas reformas aconseje la experiencia, siempre que éstas sean compatibles con la legislación vigente, y deberá introducir en los mismos todas las necesarias para que estén en armonía con las disposiciones legales que se dicten en lo sucesivo.

DlSPOSICIONES GENERALES

1ª) Las presentes Normas -como su título expresa- responden a una finalidad orientadora que excluye cualquier criterio de mero automatismo en su aplicación; pues la fijación de honorarios, por razón del propio precepto, tiene por base el trabajo profesional realizado y su mayor o menor complejidad, en relación con el interés, cuantía real, dificultades y demás circunstancias que en cada caso concurran.

2ª) Las Normas de fijación de honorarios en los asuntos contenciosos se refieren a la tramitación normal y completa de éstos con arreglo a la Ley, y se considerarán comprendidos todos los trabajos, consultas, conferencias, examen de antecedentes, redacción de escritos, actuaciones, etc., con inclusión de las salidas del despacho dentro de la capital. Las salidas fuera de ella y los recursos e incidentes se cobrarán aparte.

3ª) La distribución de los honorarios, por periodos, en los asuntos contenciosos, se realizará, en general, asignando un 60 por 100 al trámite de alegaciones y el restante 40 por 100 al de prueba y a la vista o conclusión; de este último porcentaje, se atribuirá un 25 por 100 para la vista o conclusión, si hubiese ambos trámites.

4ª) En los casos de allanamiento total a la demanda, si se produjere antes de la contestación a la misma, el Letrado del actor devengará el 75 por 100 de los honorarios correspondientes; mientras que la parte allanada, por el estudio previo al allanamiento, podrá minutar los honorarios a cargo de su propio cliente a razón de un 30 por 100 de los totales.

5ª) Las cantidades fijadas como importe mínimo de los honorarios en estas Normas, serán revisadas en el momento de su devengo, conforme a las variaciones que experimenten los Índices oficiales de Precios al Consumo (I.P.C.) u otro que le sustituya. No procederá tal revisión respecto de los importes que resulten de la aplicación de la escala tipo o de un porcentaje de la misma.

6ª) No podrán percibirse honorarios inferiores al 75 por 100 de los fijados como de orientación en ciertas Normas, ni por debajo de los mínimos señalados sin autorización de la Junta de Gobierno del Colegio.

7ª) Se permite, no obstante, la percepción de honorarios inferiores a lo preceptuado en la disposición precedente, cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen, previa autorización expresa del Decano en los casos aislados, y de la Junta de Gobierno en los asesoramientos permanentes. 8ª) En ningún caso podrán ser los honorarios del Letrado inferiores a la suma de los derechos del Procurador y de otros gastos del proceso a cargo de la propia parte; ni cuando intervinieren agentes mediadores, peritos y otros profesionales análogos, deberá percibir el Letrado sus honorarios en cifra inferior a la retribución de aquellos que hubieren actuado a instancia de su propio cliente.

9ª) Excepcionalmente, podrán reducirse sin limitación los honorarios señalados en las presentes Normas, cuando su aplicación estricta sobrepase la cuantía del asunto, siempre que ésta fuere conocida e indiscutida.

10ª) Se prohíbe todo pacto dirigido a percibir como honorarios un tanto por ciento o parte alícuota del valor o ventaja que, en dinero o en cualquier clase de bienes, pueda obtenerse del litigio.

11ª) La Junta de Gobierno podrá adoptar medidas, incluso disciplinarias, contra los colegiados que impugnen indebidamente las minutas de sus compañeros o induzcan o asesoren a sus clientes para realizarlo.

12ª) De igual modo, la Junta de Gobierno corregirá disciplinariamente a los colegiados que firmen escritos en asuntos confiados a Agencias de negocio, Gestorías, o cualesquiera persona o Letrado no incorporado al Colegio como ejerciente.

13ª) Los honorarios profesionales se regirán por las Normas vigentes en el momento de la terminación de las actuaciones con cuyo motivo se devenguen, o en su caso en el momento de su cobro.

14ª) La Junta de Gobierno resolverá cuantas dudas o dificultades puedan surgir en la aplicación e interpretación de las presentes Normas.

NORMAS ORIENTADORAS DE HONORARIOS PROFESIONALES

I.- CONSULTAS, JUNTAS Y CONFERENCIAS

NORMA 1

Consultas en horas que el Letrado tenga fijadas y que puedan ser resueltas de momento, mínimo de 2.000 pesetas.

NORMA 2

Consultas en horas y circunstancias especiales, o que requieran examen de documentos o antecedentes, o estudio que no permitiera su resolución de momento, mínimo de 4.500 pesetas. NORMA 3

Sesiones con el interesado u otras personas que tengan interés o intervención, o guarden relación con el asunto encomendado al Letrado, mínimo de 4.000 pesetas.

NORMA 4

Junta con otros Letrados para discusión y examen de asuntos profesionales, mínimo de 6.000 pesetas.

NORMA 5

Asistencia a reuniones extrajudiciales, Asambleas o Juntas cualesquiera, mínimo de 8.000 pesetas. Aquellas Juntas cuyo tiempo de duración no dependa del Letrado ni sea previsible (Juntas Generales de Accionistas, Consejos de Administración, Junta de Acreedores, etc.), se valorarán, aun cuando por el cómputo del tiempo correspondiesen honorarios inferiores, en un mínimo de 14.000 pesetas (se tendrán en cuenta además, en su caso, las normas establecidas para salidas del despacho).

II.- GESTIONES

NORMA 6

Gestiones en Juzgados, Oficinas públicas o particulares, mínimo de 3.500 pesetas (se tendrán en cuenta además, en su caso, las normas relativas a salidas del despacho).

III.- SALIDAS DEL DESPACHO

NORMA 7

Aparte de los honorarios correspondientes al trabajo profesional que los motive, se percibirán como mínimo:
Pesetas a) Dentro de la misma localidad 5.750

b) Por la mañana, fuera de la localidad 9.200

c) Por la tarde fuera de la localidad sin necesidad de pernoctar 8.000

d) Por cada día entero fuera de la localidad, sin necesidad de pernoctar l4.000

e) Por cada día o fracción de día que se pernocte fuera de la localidad 28.750
Serán además de cuenta del cliente en todo caso, los gastos de locomoción y hospedaje. IV.- NOTAS, INFORMES O DICTÁMENES POR ESCRITO

NORMA 8

Resolución de consulta por escrito, nota o informe sobre una cuestión, mínimo de 7.500 pesetas.

NORMA 9

Dictamen con exposición de antecedentes y consideraciones jurídicas, mínimo de 23.000 pesetas.

V.- REDACCIÓN Y NEGOCIACIÓN DE CONTRATOS Y DOCUMENTOS

RedacciÓn de contratos.

NORMA 10

REDACCIÓN DE CONTRATOS Y DOCUMENTOS CON SUSTANTIVIDAD PROPIA, NO SUJETOS A NORMAS ESPECÍFICAS:

a) Si contienen cláusulas sencillas o corrientes, se minutarán con arreglo a la siguiente escala:
Hasta 500.000 pesetas de cuantía con un mínimo de 9.500 pesetas 5% Lo que exceda hasta 1.000.000 de pesetas 3% Lo que exceda hasta 3.000.000 de pesetas 1,5% Lo que exceda hasta 10.000.000 de pesetas 1% Lo que exceda hasta 25.000.000 de pesetas 0,75% Lo que exceda de 25.000.000 de pesetas 0,50%
b) Cuando los contratos o documentos requieran del Letrado especial información y estudio, o contengan cláusulas especiales, se aplicará la escala anterior incrementada en un 50%, con un mínimo de 17.000 pesetas.

c) Cuando se trate de un contrato o documento privado de cuantía indeterminada, se minutará de forma prudencial por analogía con los dos apartados anteriores.

d) Los referidos a prestaciones periódicas se minutarán por los apartados a) o b), según corresponda, adoptando como base la resultante de multiplicar el importe anual de las prestaciones por el número de anualidades, con un máximo de tres años.

e) En las prestaciones vitalicias se aplicarán los apartados a) o b), según corresponda, computándose la cuantía conforme a la escala prevista para la liquidación del impuesto sobre trasmisiones patrimoniales.

f) El contrato tipo, o el de adhesión, se estimarán siempre como complejos y se aplicará, al menos, el quíntuplo del apartado, con un mínimo de 34.500 pesetas. REDACCIÓN DE CONTRATOS Y DOCUMENTOS SUJETOS A NORMAS ESPECÍFICAS:

g) 1. Capitulaciones matrimoniales: se aplicará la escala de la letra a), con un mínimo de 23.000 pesetas.

g) 2. Pactos sobre situaciones familiares: se aplicarán las normas de los apartados a) o b), según proceda, sobre la base del contenido patrimonial referido a tres años, si lo tuviera, y, si no, con un mínimo de 17.500 pesetas.

g) 3. Contratos preparatorios (compromisos de venta, arras y opción): se aplicarán las normas de los apartados a) o b), según corresponda, sobre la cuantía del precio de la compraventa, con mínimo de 17.500 pesetas. En tal caso, el contrato definitivo devengará el 50% de las referidas escalas si lo redacta el propio Letrado.

g) 4. Contratos de garantía: se aplicarán las normas de los apartados a) o b), según corresponda, sobre la cuantía del contrato principal, con una reducción del 25% y mínimo de 11.500 pesetas.

g) 5. Por redacción y elaboración de contratos de arrendamientos urbanos, se cobrará el cincuenta por ciento (50%) de una mensualidad de renta, con un mínimo de ocho mil (8.000) pesetas si la dicha mitad fuese inferior a esta última cantidad. Si la duración del contrato fuese inferior a un año, entonces se cobrará la cantidad resultante de multiplicar por doce la renta de una mensualidad y dividir el producto por veinticuatro, también con un mínimo de ocho mil pesetas.

g) 6. Cuando se trate de un contrato de arrendamiento rústico, se aplicará la escala del apartado a) o b), según corresponda; y la cuantía se tomará en base al importe de la renta correspondiente al tiempo mínimo de duración del contrato.

NEGOCIACIONES DE CONTRATOS.

NORMA 11

Se minutarán por las negociaciones, además de lo que corresponda por la redacción del contrato, las mismas cantidades que resulten de la aplicación de las letras a) o b) de la Norma 10, según las negociaciones hayan sido normales o complejas.

No se considerará que el Letrado haya negociado el contrato si la otra parte se limita a aceptar pura y simplemente las protestas. El Letrado que asesore a su cliente sobre la suscripción de un contrato percibirá los honorarios correspondientes a la redacción, aunque no haya participado en ella. Si además ha intervenido en la negociación, percibirá también los honorarios por tal concepto, independientemente de los que le correspondan por el asesoramiento. Si el contrato no se formalizase por cualquier causa, percibirá el Letrado la mitad de lo que le hubiere correspondido por el asesoramiento, y, en su caso, negociación, de haberse firmado el contrato.

VI.- PROPIEDAD HORIZONTAL Y URBANIZAClONES

NORMA 12

Redacción, revisión o rectificación -siempre que los últimos comporten labor sustancial- de título constitutivo, estatutos o reglamento interno de una finca dividida en régimen de propiedad horizontal, comprendidos los trabajos preparatorios, mínimo de 28.750 pesetas.

NORMA 13

Si recayeren sobre un complejo inmobiliario o una urbanización, o planes de ordenación o urbanización, mínimo de 85.000 pesetas.

NORMA 14

Estudio o informe escrito de los problemas fiscales, financieros, administrativos, y demás que planteen un complejo inmobiliario o una urbanización, o planes de urbanización u ordenación, mínimo de 69.000 pesetas.

VII.- SOCIEDADES Y OTRAS PERSONAS JURÍDICAS

NORMA 15

A) Redacción de estatutos, reglamentos o escrituras de sociedades regulares o irregulares y transformación de las mismas, comprendiéndose todos los trabajos preparatorios, se minutará con arreglo a la siguiente escala:
Hasta 1.000.000 de pesetas, con un mínimo de 31.500 5% Lo que exceda hasta 3.000.000 3% Lo que exceda hasta 15.000.000 1% Lo que exceda hasta 30.000.000 0,75% Lo que exceda de 30.000.000 0,50%
La escala se aplicará sobre el capital más las reservas.

B) Modificación de aquéllos: el 50% de la norma anterior. El aumento o disminución del capital social se minutará de acuerdo con esta norma, con arreglo a la cuantía de la modificación.

C) En la fusión, cualesquiera que sea su forma, o liquidación de sociedades, se aplicará la escala del apartado “A” con un 25% de aumento. D) En las agrupaciones de sociedades se aplicará el apartado “A”, con un 50% de aumento. En los supuestos de fusión y agrupación, la cuantía vendrá determinada por el capital y reservas de las sociedades fusionadas o agrupadas.

E) La redacción de Memorias de Sociedades, actas de Consejo de Administración y redacción de actas de Juntas Generales, así como las de Juntas de Comunidades de Propietarios, Asociaciones, etc., se minutarán discrecionalmente, en función de las complejidades o dificultades que presenten, con un mínimo de 23.000 pesetas.

Estos honorarios serán independientes de los que correspondan por salidas del despacho y asistencias a dichas reuniones.

NORMA 16

Estudio o informe escrito de los problemas fiscales, financieros, administrativos, laborales y demás que planteen la constitución, vida o desenvolvimiento de una sociedad, se minutarán aparte, con un mínimo de 40.000 pesetas.

VIII.- MINUTAS PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

NORMA 17

A) Redacción de minutas para actas, contestaciones, testamentos, poderes especiales, etc., se graduará, discrecionalmente, con un mínimo de 8.500 pesetas.

B) Redacción de minutas para escrituras de contratos o documentos notariales: se graduarán los honorarios de acuerdo con las normas específicas que correspondan a cada tipo de contrato o documentos, con las siguientes salvedades:

1. Si las escrituras son en ejecución de un contrato preexistente del que traen causa, los honorarios se percibirán a razón de un 20% de los que correspondan al documento previo, si éste fue redactado por el propio Letrado minutante; y de un 50% si su redacción correspondió a otro Letrado.

2. Si la misión encomendada al Letrado es el simple encargo a la Notaría de la redacción de la escritura y su previo control, así como la comprobación de las circunstancias registrales, percibirá sus honorarios a razón de un 20% de los que correspondan al contrato o documento según las presentes normas de honorarios, sin perjuicio de que deba de percibir por salida del despacho. IX.- ESTUDIO DE CAPACIDAD JURÍDICA Y BASTANTEO DE PODERES

NORMA 18

A) En asuntos extrajudiciales se minutará con un mínimo de 6.000 pesetas.

En los supuestos de estudio de capacidad de personas físicas o jurídicas, de nacionalidad extranjera o vecindad foral, se duplicará la cuantía de los honorarios.

B) Bastanteo de poderes en cualquier clase de jurisdicciones: con arreglo a lo dispuesto legalmente, los derechos por bastanteo de poderes constituyen recursos ordinarios del Colegio, debiendo llevarse a cabo, precisamente, en los impresos que a tal efecto se faciliten, y con arreglo a la escala vigente en cada momento, incluso cuando se trate de apoderaciones apud acta.

X.- ACTUACIONES EN MATERIA SUCESORIA O PARTICIONAL

NORMA 19

La redacción de relaciones de bienes formuladas como minuta o antecedentes de escritura pública, o para ser presentadas a los liquidadores del Impuesto de Sucesiones y, en su caso, al Registro de la Propiedad, y de modo general la actuación en operaciones que no ofrezcan complejidad, se valorarán teniendo en cuenta el importe de los bienes relacionados y aplicándose el 15% de la escala de la norma siguiente, con un mínimo de 25.000 pesetas.

NORMA 20

Por la total intervención y asesoramiento hasta la terminación de las operaciones sucesorias, siempre que ofrezcan complejidad, se devengarán los siguientes honorarios, en relación con el valor real de los bienes:
Hasta 3.000.000 de pesetas, con un mínimo de 34.500 pesetas, el 6% Lo que exceda hasta 15.000.000 4% Lo que exceda hasta 50.000.000 2% Lo que exceda hasta 100.000.000 1% Lo que exceda de 100.000.000 0,50%
NORMA 21

Si las operaciones sucesorias hubieren de practicarse con sujeción a la legislación extranjera, se devengará un 100% de los honorarios que correspondan según el número anterior. NORMA 22

Si intervienen varios Letrados designados por acuerdo de todos los interesados, se dividirán entre ellos, por partes iguales, los honorarios que correspondan según las normas anteriores, pero recargados en un 50%, como mínimo.

NORMA 23

Si cada uno de los Letrados que interviene es designado por uno o varios de los interesados, no por todos ellos, cada Letrado valorará sus honorarios sobre la base del importe del haber de sus respectivos clientes.

NORMA 24

En los honorarios anteriores se considerarán comprendidas cuantas diligencias consultas, conferencias, examen de antecedentes y redacción de documentos se precisen.

XI.- TRANSACCIONES Y SOLUCIONES EXTRAJUDICIALES

NORMA 25

Los honorarios de cada Letrado que intervenga se valorarán con la siguiente escala:
Hasta 500.000 pesetas, con un mínimo de 17.000, el l2% Lo que exceda hasta 2.000.000 6% Lo que exceda hasta 5.000.000 4% Lo que exceda hasta 10.000.000 2% Lo que exceda hasta 25.000.000 1% Lo que exceda de 25.000.000 0,50%
Esta norma no incluye los trabajos que el Letrado realice para ejecutar la transacción sino tan sólo los que finalizan con el acuerdo transaccional.

Si la transacción se alcanza durante el curso de un proceso, se tendrán en cuenta los honorarios que correspondan percibir por la actuación judicial para ajustar prudencialmente los de la transacción.

XII.- ARBITRAJES

Arbitraje de equidad y derecho.

NORMA 26

A) Los arbitrios.

Toda la actuación arbitral, incluido el otorgamiento de la escritura de laudo, se ajustará a la escala de los juicios declarativos de la Norma 30. La cifra resultante del precedente cómputo será aplicable en los casos de un solo árbitro, duplicada si son tres, y triplicada si son cinco.

B) Los Letrados contendientes.

Cada uno de los Letrados que intervenga en el juicio arbitral por designación de las partes devengará los importes que correspondan aplicando la Norma 30.

XIII.- VALORACIONES Y PERITACIONES

NORMA 27
Hasta 2.000.000 de pesetas, con un mínimo de 7.000 pesetas, el 4% Lo que exceda hasta 5.000.000 2% Lo que exceda hasta 25.000.000 1% Lo que exceda de 25.000.000 0,50%

XIV.- ACTOS DE CONCILIACIÓN

NORMA 28 Demanda, mínimo de 11.500 pesetas.

NORMA 29

Asistencia al acto sin avenencia, mínimo de 11.500 pesetas.

Si hubiera avenencia, se aplicará el 50% de los honorarios correspondientes a las transacciones, con un mínimo de 14.000 pesetas.

XV.- JUICIOS VERBALES, DE COGNICIÓN, DE MENOR Y MAYOR CUANTÍA

NORMA 30
Hasta 200.000 pesetas, con un mínimo de 23.000 pesetas, el 30% Lo que exceda hasta 500.000 20% Lo que exceda hasta 1.500.000 15% Lo que exceda hasta 5.000.000 10% Lo que exceda hasta 15.000.000 5% Lo que exceda hasta 50.000.000 3% Lo que exceda hasta 100.000.000 2% Lo que exceda hasta 200.000.000 1% Lo que exceda de 200.000.000 0’75%

En todos estos se incluye la tramitación del juicio hasta sentencia en primera instancia excluidas incidencias y recursos devengándose los honorarios sobre la base de la cuantía.

Los juicios de cuantía realmente indeterminada se equipararán como mínimo de 1.000.000 de pesetas. Los honorarios de todos estos juicios, a los efectos de su cálculo se distribuirán en la siguiente forma:

Periodo de alegaciones 60% Periodo de prueba 25% Conclusiones o vista 15%

En los juicios que carezcan de este último trámite:

Periodo de alegaciones 75% Periodo de prueba 25%

De allanarse el demandado, se percibirá el 75% del total. En los procedimientos en que exista reconvención, los honorarios se fijarán globalmente pero como si de dos procedimientos distintos se tratase.

XVI.- JUICIOS EJECUTIVOS, VÍA DE APREMIO, PROCEDIMIENTO SUMARIO HIPOTECARIO Y PREPARACIÓN DE EJECUCIÓN

Ejecutivo sin oposición.

NORMA 31

En los juicios ejecutivos sin oposición, se percibirá:

Hasta 100.000 pesetas, con un mínimo de 17.500 pesetas, el 25% Lo que exceda hasta 200.000 15% Lo que exceda hasta 500.000 12% Lo que exceda hasta 1.500.000 10% Lo que exceda hasta 5.000.000 5% Lo que exceda hasta 10.000.000 3% Lo que exceda hasta 50.000.000 2% Lo que exceda de 50.000.000 1%

Se percibirá la totalidad desde la demanda hasta sentencia.

La escala se aplicará sobre la cantidad por la que se hubiere despachado la ejecución, teniendo en cuenta, con relación a las costas, los criterios de deontología profesional cuya aplicación será escrupulosamente vigilada por la Junta de Gobierno.

Ejecutivo con oposición.

NORMA 32

Si en el juicio ejecutivo hubiese oposición, ambos Letrados percibirán el 100% de la escala de la Norma 30, sin perjuicio de que el Letrado del actor perciba por su demanda los honorarios de número anterior: Vía de apremio.

NORMA 33

En la vía de apremio del juicio se percibirá el 50% de la escala de los ejecutivos sin oposición, con una reducción prudencial cuando lo aconseje la escasa importancia de las actuaciones prácticas.

Procedimiento sumario hipotecario.

NORMA 34

Se percibirán los honorarios de la Norma 31, incrementados en un 25% por el escrito inicial; y los de la Norma 33 por las actuaciones posteriores.

Preparación de ejecución.

NORMA 35

La preparación de ejecución devengará el 30% de la escala de los juicios ejecutivos sin oposición, con un mínimo de 11.500 pesetas.

XVII.- JUICIOS DE DESAHUCIO

NORMA 36

Desahucio por falta de pago de vivienda, hasta 200.000 pesetas de renta anual, con un mínimo de 14.000 pesetas, 12%.

Desahucio por falta de pago de industria o de local de negocio, hasta 300.000 pesetas de renta anual, con un mínimo de 23.000 pesetas, 12%.

En lo que exceda de dicha cifra:
Hasta 1.000.000 de pesetas, el 5% Lo que exceda hasta 5.000.000 3% Lo que exceda de 5.000.000 1%
NORMA 37

Causas distintas de la falta de pago en los arrendamientos excluidos del ámbito de la L.A.U.:

Si no hubiera oposición, se aplicará la escala de la Norma 30 con un mínimo de 18.000 pesetas.

Si hubiere oposición, se aplicará la escala de los declarativos, tomándose como orientación de la cuantía, la renta anual que correspondería pagar en la actualidad a arrendamientos nuevos de fincas análogas.

NORMA 38

En los desahucios en precario, se aplicará la norma anterior. XVIII.- PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE ARRENDAMIENTOS URBANOS Y RÚSTICOS

NORMA 39

A) En los relativos a resolución de los contratos fundados en causas comprendidas en las legislaciones especiales, con excepción de la falta de pago, se aplicará la escala de la Norma 30, tomándose como orientación de la cuantía la renta anual que correspondería en la actualidad a arrendamientos nuevos de fincas análogas, con un mínimo de 28.500 pesetas.

B) En los demás procedimientos dimanantes de tales legislaciones especiales, se atenderá a la complejidad del asunto y a la enjundia e interés de las cuestiones debatidas, con un mínimo de 40.000 pesetas.

XIX.- PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL

NORMA 40

Se atenderá a la dificultad del asunto y a la complejidad e interés de las cuestiones debatidas, con mínimo de 40.000 pesetas.

XX.- ARTÍCULO 41 DE LA LEY HIPOTECARIA

NORMA 41

Se aplicarán las Normas 31 ó 32, según corresponda.

XXI.- EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

NORMA 42

En los supuestos de los artículos 921 y 922 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se aplicará la norma de la vía de apremio de los juicios ejecutivos -Norma 33- con una reducción prudencial cuando lo aconseje la escasa importancia de las actuaciones practicadas.

En todos los demás casos, se aplicarán las normas de los incidentes, con la misma reducción prudencial prevista en el párrafo anterior.

XXII.- EMBARGOS PREVENTIVOS Y DILIGENCIAS PRELIMINARES

NORMA 43

Por la petición u oposición en embargos preventivos se aplicarán las normas de los juicios ejecutivos (números 31 ó 32), con una reducción del 25%. NORMA 44

Si se solicitare por otros de una demanda principal, los honorarios correspondientes a la petición de tal medida cautelar se reducirán en un 25%.

NORMA 45

Por las diligencias preliminares del juicio se percibirá un mínimo de 21.500 pesetas.

XXIII.- JUICIO DE ALIMENTOS PROVISIONALES

NORMA 46

Se aplicará la Norma 30 en base al importe de la pensión anual que se conceda.

XXIV.- RETRACTOS

NORMA 47

Se aplicará la Norma 30, pero conforme al valor de la cosa objeto de retracto.

XXV.- INTERDICTOS

NORMA 48

Dadas sus peculiares características, se minutarán con especial consideración del interés litigioso y del trabajo profesional, con un mínimo de 75.000 pesetas.

De ser determinable el valor litigioso, se aplicarán las escalas de las Normas 31 ó 32, según corresponda.

XXVI.- JUICIOS DE TESTAMENTARÍA

NORMA 49

Se aplicará en su integridad la escala de la Norma 30, basándose en el valor real del caudal relicto, pero con una consideración prudencial de la verdadera importancia de las actuaciones procesales; minutándose aparte los incidentes que surjan durante la tramitación de estos juicios y las actuaciones extrajudiciales.

XXVII.- SUSPENSIÓN DE PAGOS

NORMA 50

El Letrado del deudor valorará sus honorarios aplicando, sobre la base de la cuantía del pasivo del balance definitivo, la siguiente escala:
Hasta 5 millones de pesetas, el 12% Lo que exceda hasta 25 millones 5% Lo que exceda hasta 75 millones 2% Lo que exceda de 75 millones 1%
NORMA 51

En estos procedimientos se devengará un 50% de los honorarios al iniciarse; y el 50% restante se distribuirá entre las demás actuaciones. En el caso de no llegarse a la celebración de Junta para la discusión del convenio, el Letrado del deudor percibirá el primer 50% solamente.

NORMA 52

Los Letrados de los acreedores percibirán sus honorarios en función de las actuaciones realizadas y de la cuantía del respectivo crédito.

XXVIII.- CONCURSO DE ACREEDORES Y QUIEBRA

NORMA 53

Los honorarios se valorarán aplicando al activo definitivo del concurso o de la quiebra, la escala de la Norma 50, incrementándose el total resultante en un 30%.

XXIX.- INCIDENTES

NORMA 54

Los honorarios se fijarán en función de su complejidad, naturaleza y trascendencia en orden al asunto principal; tomándose en consideración la cuantía tan sólo cuando la tenga propia, en cuyo caso se aplicará la escala de la Norma 30 con una reducción del 40%.

XXX.- PROCESO DE FORMALIZACIÓN JUDICIAL DE COMPROMISO DE ARBITRAJE

NORMA 55

Los honorarios se fijarán prudencialmente, conforme a la importancia y complejidad del asunto, con un mínimo de 43.000 pesetas.

XXXI.- RECURSO CONTRA AUTOS Y PROVIDENCIAS

NORMA 56

Se tendrán en cuenta su especial naturaleza, dificultades o influencias en el pleito, con un mínimo de 11.500 pesetas.

XXXII.- JURISDICCIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA

NORMA 57

Ante el Juzgado.

Apelación de las resoluciones de la justicia municipal, mínimo de 17.000 pesetas. Ante la Audiencia.

NORMA 58

Estudio de los autos y escrito evacuando el trámite de instrucción: se valorará prudencialmente, con un mínimo de 11.500 pesetas, teniendo en cuenta la cuantía y la importancia de las cuestiones planteadas.

NORMA 59

Práctica de prueba.

Por la proposición y práctica de la prueba en segunda instancia se devengarán honorarios en función del trabajo realizado, con un mínimo de 17.500 pesetas.

NORMA 60

Preparación, asistencia a la vista e informe:
Hasta 250.000 pesetas, con mínimo de 23.000 pesetas, el 15% Lo que exceda hasta 500.000 10% Lo que exceda hasta 1.000.000 5% Lo que exceda hasta 5.000.000 4% Lo que exceda hasta 10.000.000 2,5% Lo que exceda de 10.000.000 1%
NORMA 61

Los procedimientos especiales que deban tramitarse por la Audiencia, se regirán por la escala de los declarativos o por el epígrafe precedente, según consten de debate, escrito e informe oral o sólo de este último.

XXXIII.- PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Procedimiento civil especial de nulidad de Registro de la Propiedad Industrial.

NORMA 62

Se minutarán como juicios declarativos de cuantía indeterminada, distribuyéndose de la siguiente forma:

Tramitación ante el Juzgado:
Alegaciones y proposición de pruebas 45% Práctica de prueba 20% Informe ante la Audiencia 35%
NORMA 63

Si se trata de asuntos de dificultad técnica y jurídica o se acumula la nulidad de varios registros en un solo procedimiento, los honorarios se aumentarán prudencialmente. Procesos de impugnación de acuerdos de sociedades anónimas o cooperativas.

NORMA 64

Se aplicará para la totalidad del mismo la Norma 30.

NORMA 65

Cuando la impugnación se refiera a la totalidad del balance, se entenderá de cuantía indeterminada y no podrá tomarse como base el haber social.

Cuando la impugnación se refiera a partidas concretas del balance, su cuantía se entenderá claramente determinada y se aplicará la Norma 30.

XXXIV.- JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

NORMA 66

En los procedimientos relativos a la adopción, a declaración de herederos ab intestato, a inscripción en el Registro Civil, a la constitución del Consejo de familia, a la autorización para la enajenación de bienes de menores, a la subrogación real de bienes fideicomitidos, a deslindes y amojonamientos, a expedientes de dominio y análogos, si no tuvieren cuantía determinada, los honorarios se fijarán prudencialmente con un mínimo de 40.500 pesetas.

NORMA 67

Cuando los procedimientos de jurisdicción voluntaria fueren de cuantía determinada, los trabajos realizados se minutarán con arreglo a la mitad de lo que resultare de la aplicación de la Norma 54 -relativa a incidentes-, y teniendo en cuenta la complejidad, trascendencia y naturaleza del procedimiento.

XXXV.- JURISDICCIÓN PENAL

Asistencia a detenidos y presos.

NORMA 68

Por la asistencia a detenido o preso, tanto en dependencias judiciales como policiales, se devengará un mínimo de 12.000 pesetas.

Juicios de faltas y actuaciones ante el Juzgado de Instrucción.

NORMA 69

Estudio del expediente y asistencia al acto del juicio, mínimo de 17.000 pesetas. NORMA 70

Redacción de denuncia, mínimo de 12.500 pesetas.

NORMA 71

Redacción de querella, mínimo de 28.500 pesetas.

NORMA 72

Asistencia a diligencias acordadas por el Juzgado, mínimo de 8.500 pesetas.

NORMA 73

Redacción de escrito de trámite, mínimo de 7.000 pesetas.

NORMA 74

Redacción de escrito que no sea de trámite, mínimo de 8.500 pesetas.

Procedimientos abreviados.

NORMA 75

Examen de las diligencias en trámite de vista, y redacción de escrito de proposición de pruebas, mínimo de 17.500 pesetas.

NORMA 76

Estudio de la causa seguida por el procedimiento abreviado y redacción de escrito de acusación o defensa con proposición de prueba, mínimo de 17.750 pesetas.

NORMA 77

Preparación, asistencia al juicio oral, intervención en las pruebas, modificación de conclusiones, en su caso, e informe, mínimo de 28.750 pesetas.

RECURSOS

NORMA 78 Recurso de apelación contra sentencia dictada en juicio de faltas, asistencia a la vista e informe, mínimo de 17.500 pesetas.

Los Letrados que no hubieran intervenido en las actuaciones de la primera instancia percibirán además 6.000 pesetas.

NORMA 79

Recurso de reforma -y subsidiario de apelación en su caso- contra el auto de procesamiento o escrito impugnándolo, mínimo de 17.500 pesetas. NORMA 80

Recurso de reforma -y subsidiario de apelación, en su caso- contra cualquier otra resolución del Juzgado de Instrucción o escrito impugnándolo, mínimo de 17.500 pesetas.

NORMA 81

Formalización de recurso de apelación contra sentencias dictadas por el Juzgado de Instrucción, mínimo de 17.500 pesetas.

NORMA 82

Escrito interponiendo recurso de apelación por separado contra cualquier otra resolución sumarial, mínimo de 6.000 pesetas.

NORMA 83

Escrito designando particulares, mínimo de 7.000 pesetas.

Actuaciones ante la Audiencia Provincial.

NORMA 84

Escrito proponiendo artículo de previo y especial pronunciamiento, mínimo de 34.500 pesetas.

NORMA 85

Preparación, asistencia al acto de la vista e informe en tales artículos de previo pronunciamiento, mínimo de 28.500 pesetas.

NORMA 86

Estudio de sumario, piezas separadas y rollo en trámite de instrucción, teniendo en cuenta la complejidad del asunto, mínimo de 17.500 pesetas.

NORMA 87

Escrito de calificación provisional y proposición de prueba, mínimo de 23.000 pesetas.

NORMA 88

Preparación y asistencia al acto del juicio oral, intervención en las pruebas, modificación de conclusiones, en su caso, e informe, mínimo de 46.000 pesetas.

RECURSOS

NORMA 89

Asistencia a la práctica de diligencias acordadas por la Audiencia en delitos menos graves, mínimo de 6.000 pesetas. NORMA 90

Preparación, asistencia a la vista e informe en las apelaciones contra sentencias por delitos menos graves, mínimo de 28.000 pesetas.

NORMA 91

Cualquier apelación contra resoluciones sumariales con informe ante la Sala, mínimo de 17.500 pesetas.

NORMA 92

Recursos de súplica, queja y cualesquiera otros sin informe ante la Sala, mínimo de 17.500 pesetas.

NORMA 93

Escrito de preparación del recurso de casación en el caso del número uno del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mínimo de 17.500 pesetas.

NORMA 94

Escrito de preparación del recurso de casación en los demás casos, mínimo de 17.500 pesetas.

Norma general.

NORMA 95

Si de cualquiera de las actuaciones precedentes se pudieran derivar cuestiones pecuniarias por responsabilidad civil, comiso, indemnización o cualquier otro concepto, se minutará además por la escala de los juicios ejecutivos, Norma 31. En cualquier caso, se tendrá en cuenta el tiempo invertido en las diligencias, la complejidad del asunto y la importancia de las penas interesadas, para incrementar prudencialmente los honorarios.

XXXVI.- PROCEDIMIENTOS CRIMINALES ESPECIALES

Ante la Jurisdicción Militar.

NORMA 96

En los asuntos ante esta jurisdicción, se aplicarán los honorarios señalados para la ordinaria y la norma general precedente.

Ante la Audiencia Nacional. NORMA 97

En los asuntos ante los Juzgados Centrales, de Instrucción y Audiencia Nacional, se aplicarán los honorarios señalados para la Jurisdicción Ordinaria. Ante el Ministerio de Justicia.

NORMA 98 Solicitud de recurso de revisión, mínimo de 40.000 pesetas.

NORMA 99

Expediente de indulto particular, mínimo de 35.000 pesetas.

NORMA 100

Expediente de extradición, con todas las actuaciones escritas y orales, en su caso, mínimo de 115.000 pesetas.

NORMA 101

Expediente de cancelación de antecedentes penales, mínimo de 17.000 pesetas.

XXXVII.- DERECHO MATRIMONIAL

Medidas.

NORMA 102

Medidas provisionales previas, mínimo de 28.500 pesetas.

NORMA 103

Medidas provisionales simultáneas, mínimo de 35.000 pesetas.

Si se obtuviese pensión económica que sobrepase 1.200.000 pesetas anuales, se podrán incrementar los honorarios con un 20% de la escala establecida en la Norma 30 a partir de dicha cuantía.

Separación de común acuerdo.

NORMA 104

A) Si los interesados hubieran alcanzado acuerdo sin intervención del Letrado, se minutará teniendo en cuenta la complejidad, importancia y cuantía económica del asunto, con un mínimo de 57.500 pesetas.

B) Negociación y redacción del convenio de separación, mínimo de 40.000 pesetas.

Esta cantidad podrá ser aumentada prudencialmente atendiendo a la complejidad de la negociación.

En el caso de que la cuantía de la pensión sobrepase 1.200.000 pesetas anuales, se podrán incrementar los honorarios con un 20% de la escala establecida en la Norma 10, apartado a), a partir de dicha cuantía. C) Si el mismo Letrado se encarga de la defensa de las dos partes, se ampliará en un 25% lo establecido en las normas anteriores.

Procedimiento de modificación del convenio o medidas judiciales.

NORMA 105

Se minutará de acuerdo con la Norma 54, relativa a los incidentes. Si la modificación fuere de común acuerdo, se aplicará la Norma 104, apartado b), en un 25%, como mínimo.

Separación contenciosa.

NORMA 106

Toda la tramitación del proceso hasta sentencia en primera instancia excluidos los recursos e incidencias, mínimo de 115.000 pesetas.

Esta cantidad podrá ser incrementada prudencialmente atendiendo a la complejidad del asunto planteado.

Si se obtuviesen pretensiones económicas que superasen la cuantía de 1.200.000 pesetas anuales, se podrán incrementar los honorarios en un 25% de la escala establecida en la Norma 30, a partir de dicha cuantía.

Divorcio de común acuerdo.

NORMA 107

A) Si el convenio está perfeccionado, se minutará teniendo en cuenta la complejidad, importancia y cuantía de las cuestiones planteadas, con un mínimo de 115.000 pesetas.

B) Negociación y redacción del convenio de divorcio, mínimo de 46.000 pesetas.

Esta cantidad podrá ser incrementada prudencialmente atendiendo a la complejidad de la negociación.

En caso de que la cuantía de la pensión sobrepase 1.200.000 pesetas anuales, se podrán aumentar los honorarios en un 20% de la escala establecida en la Norma 10, apartado a), a partir de dicha cuantía.

C) Si el mismo Letrado se encarga de la defensa de las dos partes, se incrementará con un 25% lo establecido en los apartados anteriores. Divorcio contencioso.

NORMA 108

Se minutará de acuerdo con lo establecido en la Norma 106, con un mínimo de 200.000 pesetas.

Nulidad.

PROCEDIMIENTOS DE LAS CAUSAS NÚMEROS DOS Y TRES DEL ARTÍCULO 73 DEL CÓDIGO CIVIL.

NORMA 109 Se aplicará la Norma 30 sobre la base mínima para la cuantía indeterminada. OTROS PROCEDIMIENTOS.

NORMA 110

Se aplicará también la Norma 30 sobre la base mínima para la cuantía indeterminada.

Apelaciones.

NORMA 111

Se aplicarán las Normas 58, 59 y 60.

XXXVIII.- JURISDICCIÓN ECLESIÁSTICA

Nulidades.

NORMA 112

A) Por todo el procedimiento de nulidad matrimonial en primera instancia, mínimo de 230.000 pesetas.

B) Si se llevare también el asunto en segunda instancia, ante el Tribunal Archidiocesano de Sevilla, se percibirá además un mínimo de 115.000 pesetas.

C) Si el Letrado continuare el procedimiento en tercera instancia ante la Sagrada Rota, percibirá además un mínimo de 115.000 pesetas.

XXXIX.- EJECUCIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES MATRIMONIALES

Resoluciones civiles.

NORMA 113

Se aplicará la Norma 33.

Ejecución Civil de resoluciones eclesiásticas-Disposición Adicional 2ª. NORMA 114

Se tendrá en cuenta la complejidad, importancia y cuantía de las cuestiones debatidas, así como la dificultad y trabajo realizado, con un mínimo de 60.000 pesetas.

Expedientes relativos a las cuestiones de los artículos 70 y 156 del Código Civil.

NORMA 115

Se minutarán teniendo en cuenta el trabajo y complejidad con un mínimo de 15.000 pesetas.

Serán de aplicación subsidiaria las normas generales sobre jurisdicción voluntaria.

XL.- MATERIA TRIBUTARIA Y FISCAL

NORMA 116

Las declaraciones, liquidaciones por pagos fraccionados periódicas y las altas y bajas en cualquier tipo de impuestos, se minutarán prudencialmente, con un mínimo de 7.500 pesetas.

NORMA 117

Declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Se percibirá el 15% de lo que resulte de aplicar la Norma 31 a la base imponible de dicho impuesto, con los siguientes mínimos:

A) Simplificada 8.500 pesetas.

B) Ordinaria 17.500 pesetas.

NORMA 118

Declaraciones del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas.

Los honorarios se fijarán tomando como base el total de los bienes que lo integran, y con arreglo a la siguiente escala:
Hasta 6.000.000 de pesetas mínimo de 12.000 Lo que exceda hasta 25.000.000 de pesetas 0,5 x 1.000 Lo que exceda hasta 50.000.000 de pesetas 0,3 x 1.000 Lo que exceda hasta 100.000.000 de pesetas 0,2 x 1.000 Lo que exceda de 100.000.000 de pesetas 0,1 x 1.000
NORMA 119

Declaraciones del Impuesto de Sociedades.

Los honorarios se fijarán en relación con el importe del volumen bruto de facturación y con arreglo a la siguiente escala:
Hasta 10.000.000 de pesetas, con mínimo de 25.000 pesetas 5 x 1.000 Lo que exceda hasta 25.000.000 de pesetas 3 x 1.000 Lo que exceda hasta 50.000.000 de pesetas 1,5x 1.000 Lo que exceda hasta 100.000.000 de pesetas 1 x 1.000 Lo que exceda hasta 500.000.000 de pesetas 0,5 x 1.000 Lo que exceda hasta 1.000.000.000 de pesetas 0,2 x 1.000 Lo que exceda de 1.000.000.000 de pesetas 0,1 x 1.000


NORMA 120

En las actuaciones ante las Inspecciones Tributarias del Estado, Comunidad Autónoma o Haciendas Locales, los honorarios se fijarán de acuerdo con las normas precedentes que les sean de aplicación según el impuesto a que la inspección se refiera, incrementados en el 50% tomando como base la media del volumen bruto de facturación referente a los años objeto de comprobación.

XLI.- JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA

Actuaciones administrativas en general.

NORMA 121

Deberán ajustarse siempre a los criterios de ponderación en relación con la complejidad del asunto y el esfuerzo profesional realizado, si bien conforme a las siguientes normas mínimas:

A) Solicitud simple o escrito de puro trámite, mínimo de 7.000 pesetas.

B) Solicitud o impugnación simple fundada fáctica y jurídicamente, mínimo de 15.000 pesetas.

C) Escrito de alegaciones, con referencias al ordenamiento legal administrativo, ponderándose debidamente la complejidad y cuantía, mínimo de 17.500 pesetas. Recursos administrativos.

NORMA 122

Los recursos ordinarios sean o no preceptivos a la demanda contencioso-administrativa, sea cual fuere su naturaleza, se minutarán en función de su complejidad, cuantía y demás circunstancias jurídicas, económicas o de otra índole que concurran, con un mínimo de 25.000 pesetas.

Se equiparará el recurso ordinario a cualquier otro que aunque bajo distinta denominación deba ser resuelto por la autoridad que dictó el acto recurrido.

Expropiaciones.

NORMA 123 La intervención profesional en expedientes sobre expropiación forzosa para la determinación del justiprecio, incluyendo formulación de hoja de aprecio, escrito de alegaciones y demás actuaciones hasta agotar la vía administrativa, devengarán el 75% de la Norma 30, entendiéndose como cuantía en estos expedientes el valor en que, en definitiva, resulte fijado el justiprecio, bien sea por organismos administrativos o por la jurisdicción contencioso-administrativa. NORMA 124

Si el justiprecio se determina por mutuo acuerdo entre el expropiado y la Administración expropiante o el beneficiario, sin haberse formulado hoja de aprecio ni escrito de alegaciones, se valorará la labor profesional conforme a las transacciones -Norma 25-. Si el mutuo acuerdo se alcanza después de haber realizado tales actuaciones o parte de ellas, se valorará aplicando total o parcialmente, según proceda, la escala de la norma anterior.

NORMA 125

En la expropiación por el procedimiento de urgencia, podrá ser objeto de percepción separada la intervención en el acta previa a la ocupación, que se valorará ponderando la complejidad y trascendencia de la intervención del Abogado, en relación con la naturaleza e importancia de los bienes o derechos a expropiar, con un mínimo de 17.500 pesetas.

Expedientes, planeamientos y planes urbanísticos.

NORMA 126

Expedientes sobre declaración de ruina o inclusión de fincas en el Registro Público de Solares e Inmuebles de Edificación Forzosa.

Se tomará como base el valor real del inmueble, devengándose el 50% de la escala de la Norma 31, con un mínimo de 28.500 pesetas. NORMA 127

Por la intervención en la redacción de documentos de planeamiento, los honorarios se acomodarán a lo establecido en el Real Decreto 2.512/1977, de 17 de junio, percibiendo el abogado el tanto por ciento que se establezca con el restante equipo técnico en el que se integre.

NORMA 128 En la redacción de planes de urbanismo al amparo de los artículos 114 y siguientes de la Ley del Suelo, así como en los expedientes de parcelación y reparcelación, se devengarán los honorarios en la proporción convenida con el resto del equipo; o, en su defecto, en el 10% de lo que resulte de aplicar la Norma 31 sobre el valor actual de los terrenos a los que afecte la intervención profesional encomendada.

Reclamaciones previas.

NORMA 129

Las reclamaciones previas al ejercicio de acciones judiciales se valorarán conforme a la Norma 121.

Reclamación económico-administrativa.

NORMA 130

Escrito de interposición, mínimo de 12.500 pesetas.

Si se solicitare la suspensión de la ejecución del acto recurrido, mínimo de 12.500 pesetas.

NORMA 131

Instrucción del expediente, escrito de alegaciones y demás actuaciones hasta terminación, un mínimo del 50% de la Norma 31.

NORMA 132

Recurso ante el Tribunal Económico Administrativo Central, se aplicará la Norma 30.

Recurso contencioso-administrativo.

NORMA 133

Por toda la tramitación incluida la vista si la hubiere, se aplicará la escala general de la Norma 30. Se distribuirán los honorarios en la siguiente forma:
Periodo de alegaciones 60% Prueba 15% Vista o conclusiones 25%
NORMA 134

Los recursos de súplica y apelación, y los incidentes, se valorarán, respectivamente, conforme a las normas aplicadas en la jurisdicción civil.

NORMA 135

En la ejecución de sentencia se aplicará la Norma 42.

XLII.- JURISDICCIÓN LABORAL

Actuaciones laborales en general.

NORMA 136

A) Redacción de carta de sanción, mínimo de 10.000 pesetas.

B) Instrucción de expediente contradictorio o asesoramiento directo en el mismo a cualquiera de las partes, mínimo de 25.000 pesetas.

C) Redacción de contratos de trabajo. Se aplicarán los honorarios de la Norma 10, según corresponda, tomándose como cuantía la del salario de un año.

NORMA 137

CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA:

A) Estudio y redacción de anteproyecto, mínimo de 46.000 pesetas. B) Asistencia a cada sesión de la Comisión Negociadora, como asesor, mínimo de 17.500 pesetas.

C) Redacción de cada acta de las sesiones, mínimo de 7.500 pesetas.

D) Redacción final de texto, mínimo de 34.500 pesetas.

Para la fijación de los honorarios se tendrán en cuenta, en todo caso, la complejidad, tiempo invertido y número de trabajadores a los que afecte.

NORMA 138

CONVENIOS COLECTIVOS DE SECTOR:

En estos convenios los honorarios se acomodarán a los apartados de la norma anterior, con los siguientes mínimos:

A) 175.000 B) 23.000 C) 10.000 D) 58.000 Se tendrán en cuenta, en todo caso, para la aplicación de los mismos, la complejidad y condiciones de negociación, así como número de empresas y de trabajadores afectados por el convenio. NORMA 139

Reuniones con los representantes legales de los trabajadores de la empresa, como asesor de cualquiera de las partes, mínimo de 23.000 pesetas.

NORMA 140

MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS ESENCIALES DEL CONVENIO: A) Fase de negociación:

1. Asistencia, como asesor, a cada sesión, mínimo de 17.500 pesetas.

2. Redacción de cada acta, mínimo de 7.500 pesetas.

B) Fase administrativa:

Estudio y redacción de escrito razonado de petición de modificación a la autoridad laboral, u oposición al mismo, mínimo de 23.000 pesetas.

C) Recurso administrativo, según Norma 122.

D) Recurso contencioso-administrativo, según Norma 133.

NORMA 141

ESTATUTOS DE SINDICATOS DE TRABAJADORES O DE ASOCIACIÓN EMPRESARIAL:

Estudio y redacción, mínimo de 60.000 pesetas.

NORMA 142

EXPEDIENTES DE REGULAClÓN DE EMPLEO:

A) Fase de negociación:

1. Estudio y planteamiento, mínimo de 23.000 pesetas. 2. Asistencia, como asesor, a cada reunión, mínimo de 17.500 pesetas. 3. Redacción de cada acta, mínimo de 7.500 pesetas. 4. Redacción del acuerdo final, mínimo de 23.000 pesetas. B) Fase administrativa:

Estudio y redacción de escrito razonado de petición y elaboración del resto de la documentación, u oposición, mínimo de 35.000 pesetas. C) Recurso administrativo, según Norma 122.

D) Recurso contencioso-administrativo, según Norma 133.

NORMA 143

ACTAS DE INSPECCIÓN, OBSTRUCCIÓN O LIQUIDACIÓN DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL:

A) Escrito de descargo, según Norma 121.

B) Recurso administrativo, según Norma 122.

C) Recurso contencioso-administrativo, según Norma 133.

Norma 144

Actuaciones ante la inspección provincial de trabajo como asesor, mínimo de 15.000 pesetas.

NORMA 145

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL:

Se aplicarán las Normas 121, 122, 127 y 129 según corresponda.

Procedimientos laborales.

NORMA 146

A) Actuaciones previas:

1. Estudio y redacción de papeleta de conciliación ante el SEMAC y dirección legal en el acto de conciliación: se aplicarán las Normas 28 y 29.

2. Reclamación previa: se ajustará a la Norma 32.

B) Actuaciones judiciales:

1. Reclamaciones de cantidad: según la Norma 30.

2. Despidos o resoluciones de contrato, según la Norma 30, tomándose como cuantía el importe de la indemnización y de los salarios de tramitación que correspondería en el supuesto de que el despido fuese declarado improcedente o nulo, o se estimase la resolución del contrato. Para el supuesto de declaración de despido improcedente, sólo se computarán los salarios de tramitación a cargo de la empresa, sin incluir los que fueren responsabilidad del Estado. 3. Sanción: se considerará la gravedad de la falta sancionada, con un mínimo de 17.500 pesetas. 4. Clasificación profesional: mínimo de 23.000 pesetas.

5. Vacaciones: mínimo de 17.500 pesetas. 6. Impugnación de elecciones sindicales: mínimo de 28.000 pesetas.

7. Responsabilidades en el trabajo: según la Norma 146.B).1.

8. Conflictos colectivos:

8.1. DE EMPRESA:

- Papeleta de conciliación ante el SEMAC, mínimo de 17.500 pesetas.

- Dirección legal ante la autoridad laboral, mínimo de 12.500 pesetas.

- Conciliación ante la autoridad laboral, mínimo de 17.500 pesetas.

- Dirección legal en el proceso jurisdiccional, mínimo de 58.000 pesetas. - Si el Letrado interviniere sólo a partir de la actuación jurisdiccional, los honorarios anteriores se incrementarán en un 50%.

8.2. DE SECTOR:

- Papeleta de conciliación ante el SEMAC, mínimo de 28.500 pesetas.

- Dirección legal en la conciliación, mínimo de 17.500 pesetas. - Conciliación ante la autoridad laboral, mínimo de 28.500 pesetas.

- Dirección legal en el proceso jurisdiccional, mínimo de 80.000 pesetas.

De intervenir el Letrado sólo en el proceso jurisdiccional, los honorarios se incrementarán en un 50%.

9. SEGURIDAD SOCIAL:

9.1. Prestaciones de una sola vez: según la Norma 30.

9.2. Prestaciones periódicas: según Norma 30. Si se tratara de pensiones, la cuantía se aplicará sobre 5 anualidades de la pensión reclamada. 9.3. Declaraciones de accidentes de trabajo o enfermedad profesional: según Norma 146.B).9.2, incrementada en un 30%.

NORMA 147

Ejecución de sentencias, actas de conciliación u otras resoluciones: según la Norma 42.

NORMA 148

RECURSO DE SUPLICACIÓN

A) Interposición o anuncio del recurso, mínimo de 75.000 pesetas.

B) Formalización del recurso o impugnación del mismo:

1. Si se ha actuado en la instancia, se aplicará el 50% de lo minutado en aquélla, con un mínimo de 23.000 pesetas.

2. Si no se hubiere actuado en la misma, se aplicará el 75% de lo que correspondería minutar en aquélla, con un mínimo de 23.000 pesetas.

XLIII.- RECURSOS ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO

NORMA 149

En los supuestos en que el Letrado actúe ante las Salas del Tribunal Supremo por virtud de la habilitación prevista en el artículo 22 del Estatuto General de la Abogacía, los honorarios se ajustarán a las siguientes normas.

Ante la Sala Primera.

RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY

NORMA 150

Los honorarios de los Letrados de la parte recurrente se minutarán con arreglo a la siguiente escala:
Hasta 1.000.000 de pesetas 20% Lo que exceda hasta 2.000.000 de pesetas 6% Lo que exceda hasta 5.000.000 de pesetas 3% Lo que exceda hasta 25.000.000 de pesetas 2% Lo que exceda hasta 50.000.000 de pesetas 1,5% Lo que exceda de 50.000.000 de pesetas 1%
Los honorarios que resulten, se distribuirán de la siguiente forma:

A) Escrito de formalización del recurso, con un mínimo de 85.000, el 50%.

B) Preparación y asistencia a la vista, con un mínimo de 85.000, el 50%. NORMA 151

Los honorarios del Letrado de la parte recurrida se cifrarán en el 60% de los que se obtengan de la escala anterior, y se distribuirá su importe de la siguiente manera:

A) Instrucción, con un mínimo de 30.000, el 25%.

B) Preparación y asistencia a la vista con un mínimo de 85.000, el 75%.

NORMA 152

Si fueren de cuantía indeterminada se aplicará la escala de los de un millón de pesetas como mínimo.

NORMA 153

Incidente de admisión del recurso, mínimo de 57.500 pesetas.

NORMA 154

En el caso de que dentro de los cinco días anteriores a la vista se suspenda ésta por desistimiento de la parte recurrente, el Letrado de la otra parte podrá minutar el 50% de los honorarios que le hubieran correspondido de haberse celebrado.

RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA NORMA 155

Se percibirán los honorarios establecidos para los recursos de casación por infracción de ley, reducidos en un 50%.

RECURSO DE REVISIÓN CIVIL

NORMA 156

Se percibirá el 50% de los honorarios señalados para el recurso de casación por infracción de ley.

RECURSO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

NORMA 157

Regirá la escala de la Norma 31, incrementada en un 25%.

Ante la Sala Segunda.

NORMA 158

A) Escrito formalizando el recurso de casación por quebrantamiento de forma, mínimo de 27.500 pesetas. B) Escrito formalizando el recurso por infracción de ley, mínimo de 45.000 pesetas.

C) Escrito formalizando el recurso de casación mixto, por quebrantamiento de forma e infracción de ley, mínimo de 55.000 pesetas.

NORMA 159

A) Escrito de instrucción del recurso por quebrantamiento de forma, mínimo de 13.500 pesetas.

B) Escrito de instrucción del recurso por quebrantamiento de forma e infracción de ley, mínimo de 18.000 pesetas.

NORMA 160

Escrito de impugnación de la admisión del recurso, mínimo de 23.000 pesetas.

NORMA 161

Preparación y asistencia a la vista del recurso, mínimo de 46.000 pesetas.

NORMA 162

Escrito del recurso de queja, mínimo de 35.000 pesetas.

Ante las Salas Tercera, Cuarta y Quinta.

NORMA 163

A) Si se trata de recurso de instancia: por la demanda o la contestación y tramitación de la misma, hasta la citación para sentencia, se aplicará la escala de la Norma 30, aumentada, en un 25%, con un mínimo de 46.000 pesetas.

B) Si se trata de recurso de apelación contra sentencia de la Sala correspondiente de la Audiencia Territorial, se regulará por la norma del recurso de casación por infracción de ley ante la Sala Primera.

C) Recurso de revisión ante la Sala Especial del Tribunal Supremo, se regulará conforme a la norma del recurso de revisión civil.

Ante la Sala Sexta.

RECURSOS LABORALES

NORMA 164

Los honorarios del Letrado se calcularán aplicando la siguiente escala con un mínimo de 35.000 pesetas:
Hasta l.000.000 15% Lo que exceda hasta 2.000.000 4% Lo que exceda hasta 5.000.000 1% Lo que exceda de 5.000.000 0,5%
Cuando no sea estimable la cuantía, el mínimo a percibir será de 35.000 pesetas.

RECURSOS SOBRE ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS

NORMA 165

Los recursos de revisión en esta materia se minutarán conforme a los recursos de casación por infracción de ley ante la Sala Primera, con una reducción del 25%.

XLIV.- RECURSOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

NORMA 166

En la tramitación de los recursos ante el Tribunal Constitucional será de aplicación la Norma 30.

XLV.- SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A EMPRESAS Y ENTIDADES MEDIANTE RETRIBUCIÓN PERIÓDICA

NORMA 167

Las funciones del asesor jurídico previstas en la Ley 39/1975, de 31 de octubre y modificaciones posteriores, de las sociedades mercantiles, serán retribuidas anualmente, con carácter mínimo según las siguientes escalas:
A) Recursos propios:

Hasta 3.000.000 de pesetas 165.000 Entre 3.000.001 y 10.000.000 de pesetas 248.500 Entre 10.000.001 y 25.000.000 de pesetas 331.500 Entre 25.000.001 y 50.000.000 de pesetas 414.000 Entre 50.000.001 y 75.000.000 de pesetas 500.000 Entre 75.000.001 y 100.000.000 de pesetas 555.000 Entre 100.000.001 y 125.000.000 de pesetas 625.000 Entre 125.000.001 y 150.000.000 de pesetas 660.000 Entre 150.000.001 y 175.000.000 de pesetas 700.000 Entre 175.000.001 y 200.000.000 de pesetas 760.000
B) Asesoría jurídica en general, sin obligación de permanencia en las oficinas de la entidad o empresa, con exclusión de toda clase de asuntos contenciosos ante cualquier jurisdicción, o que presenten especial complejidad:

Giro del negocio hasta 50.000.000 de pesetas 175.000 Entre 50.000.001 y 250.000.000 de pesetas 325.000 Entre 250.000.001 y 500.000.000 de pesetas 425.000 Entre 500.000.001 y 1.000.000.000 de pesetas 625.000 Más de 1.000.000.000 de pesetas 900.000

Queda excluida de estas retribuciones toda clase de asuntos contenciosos y extrajudiciales tales como contratación, gestión y demás no previstos en la citada Ley; cuyos honorarios se regularán conforme a lo establecido en estas normas orientadoras.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las precedentes normas orientadoras se aplicarán para la determinación de los honorarios cuyo pago se reclame del cliente a partir de la fecha de su aprobación, aun cuando su devengo fuere anterior, e, igualmente, serán de aplicación a las regulaciones sometidas a examen de la Junta de Gobierno a partir de la aprobación de las mismas.

Ello no obstante, si, con anterioridad a la fecha de aprobación de las presentes normas orientadoras, se hubiere convenido con el cliente cifrar los honorarios en la cantidad resultante de la aplicación de las normas vigentes en la citada fecha, prevalecerán los honorarios pactados.

Si como consecuencia de la alteración de los tramos de las escalas, operada por la presente revisión, los honorarios resultantes de su aplicación fueren inferiores a las escalas previstas en las normas orientadoras anteriores a la revisión, serán incrementados con la diferencia.

Cualquier duda al respecto será debidamente resuelta por la Junta de Gobierno.

Santa Cruz de La Palma, a 29 de octubre de 1991.

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