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PROVIDENCIA
Vista el acta de infracción de la Inspección del Juego, de fecha 22 de marzo de 1996, levantada en el establecimiento Bar Manolo, sito en Tacoronte, Plaza del Cristo, 2, y deduciéndose de la misma posibles infracciones a la normativa sobre el juego, iníciese expediente sancionador a Comercial Juafa, S.L., titular de la empresa operadora nē 162.603, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y siguientes del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se apueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, nombrando Instructora del expediente a Dña. Aurora La Serna Ramos, funcionaria adscrita a esta Consejería, siendo el régimen de recusación el previsto en el artē. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
PLIEGO DE CARGOS
Haberse comprobado que en el establecimiento Bar Manolo, sito en Tacoronte, Plaza del Cristo, 2, se encuentran instaladas y en funcionamiento, en el momento de la inspección el día 22 de marzo de 1996, las máquinas recreativas del tipo B, TF-B-10526 y TF-B-6579, de la empresa operadora Comercial Juafa, S.L., sin el distintivo correspondiente del pago de la Tasa Fiscal del Juego del primer trimestre del año en curso.
Lo que supone infracción al artē. 30.1.d) del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nē 83, de 1.7.88); tipificándose como falta leve, a tenor de lo preceptuado en el artē. 41.3 del citado Reglamento.
Sancionándose como disponen los artículos 42 y siguientes del referido Decreto 93/1988, de 31 de mayo, y artículos 22 y siguientes de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias.
De acuerdo con lo establecido en el artē. 43.1.2.b) del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, se le concede un plazo de ocho días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio, para que presente en su descargo las alegaciones que tuviera por conveniente a la defensa de su derecho.
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de abril de 1996.- La Directora General de Administración Territorial y Gobernación, Carmen María Barreto Hernández.
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