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BOC Nº 063. Viernes 24 de Mayo de 1996 - 783

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales

783 - ORDEN de 14 de mayo de 1996, por la que se delega en el Viceconsejero de Relaciones Institucionales la facultad de suscribir, en nombre de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, un convenio-marco de colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación Universitaria de Las Palmas, para el desarrollo del programa europeo de educación Leonardo da Vinci.

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Examinado el expediente tramitado por la Viceconsejería de Relaciones Institucionales, para celebrar en nombre de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales un convenio-marco de colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación Universitaria de Las Palmas, para el desarrollo del programa europeo de educación Leonardo da Vinci.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Viceconsejero de Relaciones Institucionales asiste al Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales en sus funciones de apoyo al Presidente del Gobierno en el ejercicio de sus atribuciones como representante institucional de la Comunidad Autónoma.

2º) El Viceconsejero de Relaciones Institucionales tiene a su vez encomendadas las funciones de dirección y coordinación de las oficinas representativas del Gobierno de Canarias fuera del ámbito territorial de Canarias.

3º) Asimismo, dentro de las competencias que ostenta la Viceconsejería de Relaciones Institucionales, está la de encauzar las relaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias con la Unión Europea, siendo preciso fundamentar y apoyar las iniciativas de formación europea del personal de las instituciones públicas y de las empresas, en este sentido se desarrolla el programa europeo de educación Leonardo da Vinci.

4º) Para llevar a cabo este programa europeo de educación, es preciso una serie de acciones y programas sectoriales que se materializarán mediante acuerdos singulares que se incorporarán al convenio y que se deben suscribir, a su vez, por el mismo Órgano de la Comunidad Autónoma de Canarias, que suscribió el convenio-marco.

5º) Es necesario que el órgano al que compete la realización efectiva de los programas europeos, lleve a cabo un seguimiento tanto del convenio-marco como de los acuerdos singulares, para comprobar la puesta en marcha y desarrollo de todas las actividades previstas. II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Corresponde al Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales firmar en nombre de la Comunidad Autónoma de Canarias los contratos y convenios de colaboración relativos a asuntos de su Consejería, como determina el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

Segunda.- El artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que “Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho”.

Tercera.- La citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su artículo 13.1 dispone que “En cada Administración Pública se podrá acordar la delegación del ejercicio de competencias atribuidas a sus órganos administrativos en otros órganos, cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial que lo hagan conveniente”.

R E S U E L V O:

Delegar en el Viceconsejero de Relaciones Institucionales la facultad para suscribir, en nombre de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, un convenio-marco de colaboración para el desarrollo del programa europeo de educación Leonardo da Vinci, así como para formalizar cada uno de los acuerdos singulares que materializarán este convenio.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses desde su notificación, previa comunicación a esta Consejería según lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Esta Orden será efectiva a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de mayo de 1996.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES, Antonio Ángel Castro Cordobez.

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