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BOC Nº 061. Lunes 20 de Mayo de 1996 - 747

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Política Territorial

747 - DECRETO 68/1996, de 18 de abril, por el que se acuerda la exclusión del procedimiento de Evaluación Detallada de Impacto Ecológico de las Normas Subsidiarias de San Nicolás de Tolentino.

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La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 23 de noviembre de 1993, adoptó el acuerdo de suspender la aprobación y toma de conocimiento del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de San Nicolás de Tolentino hasta tanto se subsanaran una serie de anomalías detectadas en el documento presentado ante la misma.

Asimismo, en la citada sesión, se acordó que una vez corregido el documento presentado, mediante la introducción de los condicionantes indicados por dicha Comisión, y declarada por el Gobierno de Canarias la exención de la previa Declaración de Impacto Ecológico, el documento definitivo se elevaría al Consejero de Política Territorial para su toma de conocimiento y publicación.

El Pleno del Ayuntamiento de San Nicolás de Tolentino, en sesión de 29 de diciembre de 1995, conoció el Texto Refundido redactado y acordó su remisión a la Consejería de Política Territorial, a efectos de su aprobación definitiva.

Por los servicios técnicos de la Dirección General de Urbanismo se ha comprobado que el Texto remitido subsana las deficiencias señaladas en el acuerdo de la Comisión antes citado, habiéndose emitido, asimismo, informes favorables por el Servicio de Carreteras y por la Dirección General de Costas, igualmente exigidos, por lo que dicho Centro Directivo informa favorablemente el citado Texto a efectos de su toma de conocimiento y definitiva entrada en vigor, previa exclusión del procedimiento de evaluación de impacto ecológico.

El artículo 10.2 de la Ley Territorial 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico, dispone que el Gobierno de Canarias en caso de extraordinaria y urgente necesidad podrá excluir del procedimiento de Evaluación a un proyecto determinado, incluyendo en cada caso las previsiones que se estimen necesarias en orden a minimizar el impacto ecológico del mismo, y sobre las que ha informado la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Las razones de urgencia se concretan en la perentoria necesidad de que el municipio de San Nicolás de Tolentino disponga, cuanto antes y sin más dilaciones, de un instrumento de ordenación del suelo que permita un desarrollo ordenado del sector agrario perfectamente compatibilizado con la protección de espacios naturales de gran riqueza y con el desarrollo de los núcleos urbanos y rurales existentes, a la vez que posibilita la implantación paulatina y equilibrada de ofertas de ocio y turismo.

Considerando que se dan las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad exigidas por la Ley 11/1990.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Política Territorial y previa deliberación del Gobierno en su reunión del día 18 de abril de 1996,

D I S P O N G O:

Primero.- Excluir del procedimiento de Evaluación Detallada de Impacto Ecológico las Normas Subsidiarias de San Nicolás de Tolentino.

Segundo.- Fijar como medidas que se estiman necesarias en orden a minimizar el impacto ecológico del proyecto, y sin perjuicio de otras determinaciones que se considere oportuno establecer, las siguientes:

1. A fin de impedir la contaminación del subsuelo y de los acuíferos, se prohibirá expresamente la instalación de nuevos pozos filtrantes, debiendo promoverse por el Ayuntamiento la sustitución de los pozos filtrantes existentes por fosas sépticas impermeabilizadas. 2. Se someterán al menos a Evaluación Detallada de Impacto Ecológico los proyectos de industrias de cualquier tipo susceptibles de producir residuos líquidos que no puedan ser evacuados a través de alcantarillado.

3. Con el fin de garantizar el destino agrícola de las viviendas en suelo rústico, fuera de los asentamientos rurales, en aquellas categorías de suelo en que se permite dicho uso, la concesión de licencia estará supeditada a la previa autorización de la Consejería de Política Territorial, tras informe favorable de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación.

4. La autorización de cualquier obra en el ámbito del suelo rústico potencialmente productivo agrícola estará condicionada a la conservación de los bancales que pudieran existir en las parcelas afectadas.

5. Se limita la apertura de nuevos caminos y vías de cualquier clase, a menos que sean promovidos por las Administraciones públicas municipal, insular o autonómica. 6. Las redes de saneamiento, telefonía, energía eléctrica y abastecimiento de aguas a realizar en suelo rústico deberán ejecutarse estrictamente dentro de los viales existentes y en forma subterránea, salvo casos excepcionales que deberán justificarse individualmente.

7. La tierra vegetal resultante de la transformación de suelo en zonas urbanas o urbanizables, deberán conservarse para la reutilización posterior en ajardinamientos urbanos o zonas agrícolas.

8. Los instrumentos de planeamiento de desarrollo habrán de justificar y desarrollar, en todo caso, y para su ámbito de actuación y entorno inmediato, la documentación que para el inventario ambiental de los instrumentos de planeamiento general y territorial establece el apartado 3.b) del artículo 10 del Reglamento de Contenido Ambiental de los Instrumentos de Planeamiento.

9. La aprobación definitiva del Plan Especial previsto en la desembocadura del Barranco de la Aldea deberá contar con informe previo favorable de la Dirección General de Patrimonio Histórico en cuanto a las medidas de protección del valioso patrimonio arqueológico presente en la zona.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, previa comunicación al Gobierno exigida por el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 18 de abril de 1996.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Manuel Hermoso Rojas.

EL CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITORIAL, Antonio González Viéitez.

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