BOC Nº 061. Lunes 20 de Mayo de 1996 - 734

II. AUTORIDADES Y PERSONAL - Oposiciones y concursos - Presidencia del Gobierno

734 - DECRETO 131/1996, de 9 de mayo, del Presidente, por el que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, de un puesto de trabajo en Presidencia del Gobierno, efectuada por Orden de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales de 4 de marzo de 1996.

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Efectuada convocatoria pública mediante Orden de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales de 4 de marzo de 1996 (B.O.C. nº 37, de 25.3.96). Visto el informe evacuado por la Dirección General de la Función Pública, de conformidad con lo previsto en la base quinta de la convocatoria, teniendo en cuenta las circunstancias y méritos que concurren en los solicitantes, de acuerdo con la base sexta de la convocatoria y en uso de las competencias que tengo atribuidas por el artículo 29.1.c) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias,

D I S P O N G O:

Primero: designar a la funcionaria Dña. María José Pérez de la Cruz Manrique, con D.N.I. nº 24.799.266, para desempeñar el siguiente puesto: Centro Directivo: Dirección General de Justicia y Seguridad. Unidad: Servicio de Asuntos Generales y Relaciones Administración Justicia. Denominación del Puesto: Jefe de Servicio de Relaciones Administración Justicia y Seguridad. Número de R.P.T.: 06.11.02.001. Nivel: 28. Puntos de complemento específico: 75,00. Vínculo: funcionario de carrera. Administración de procedencia: indistinta. Grupo: D. Adscripción Cuerpo/Escala: Administradores Generales. Jornada: especial. Localización: Las Palmas de Gran Canaria.

Segundo: la funcionaria cesará en su actual puesto de trabajo en el plazo de tres días, contados desde el siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de este Decreto, y habrá de tomar posesión en igual plazo, si reside en la misma isla, o en un mes, si reside fuera de ella, contado desde el día siguiente al del cese.

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su publicación, previa comunicación a la Presidencia del Gobierno, exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de mayo de 1996.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Manuel Hermoso Rojas.