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BOC Nº 048. Viernes 19 de Abril de 1996 - 571

I. DISPOSICIONES GENERALES - Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas

571 - ORDEN de 17 de abril de 1996, por la que se regula el procedimiento para la tramitación de las medidas de financiación de las actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo para el Plan 1996-1999.

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La Orden de 16 de julio de 1992 de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias, establecía un conjunto de normas procedimentales precisas para posibilitar la regulación de la tramitación administrativa de las medidas de financiación de las actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo previstas para el Plan 1992-1995 y desarrolladas en el Convenio Marco suscrito con el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

Finalizado el citado Plan y aprobado por el Consejo de Ministros el Real Decreto 2.190/1995, de 28 de diciembre (B.O.E. de 30 diciembre de 1995) por el que se regula el esquema básico del sistema normativo y financiero estatal para la realización de los objetivos previstos para vivienda y suelo durante el cuatrienio 1996-1999, conviene elaborar las normas para el desarrollo de las determinaciones fundamentales que permita el acceso a los recursos contenidos en el nuevo Plan y en el Convenio Marco suscrito con el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

El artículo 60.2 del Real Decreto 2.190/1995 establece que corresponde a las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas en materia de vivienda, tramitar y resolver los expedientes de solicitud de ayudas económicas directas, de acuerdo con su propia normativa y lo previsto en el marco del citado Convenio.

Por otra parte, y con el fin de no sobrepasar las ayudas disponibles en viviendas a precio tasado, el artículo 23.1º.b) del Real Decreto 2.190/1995, dispone la obligación del promotor de declarar su propósito de vender las viviendas acogiéndose a este sistema de protección, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la normativa de cada Comunidad Autónoma.

Por todo ello, se hace necesario instrumentar jurídicamente las medidas a adoptar en cuanto al desarrollo de las normas procedimentales para llevar a cabo la tramitación y resolución administrativa de los expedientes que se instruyan para la consecución de los objetivos contemplados en el marco normativo y financiero previsto para el periodo 1996-1999.

En consecuencia, y en virtud de las competencias conferidas a esta Consejería, D I S P O N G O: Artículo 1.- Consideraciones generales.

1º) LIMITACIÓN DE LA FINANCIACIÓN CUALIFICADA.

Corresponde a la Dirección General de Vivienda la tramitación y resolución de los expedientes que tengan por objeto la calificación de las actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo, el visado de los contratos de compraventa o de adjudicación de vivienda a precio tasado y el reconocimiento del derecho a las subvenciones personales y a la subsidiación de los préstamos cualificados, que quedarán limitados a las disponibilidades presupuestarias y al número de actuaciones asignadas en el Convenio celebrado con fecha 29 de enero de 1996 entre el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Canarias, sobre actuaciones de vivienda y suelo.

En aplicación de lo establecido en el referido Convenio Marco en relación con el artículo 3.2 del Real Decreto 2.190/1995, la Comunidad Autónoma de Canarias limitará el reconocimiento y obtención de la financiación cualificada al 115% de los objetivos anuales establecidos por cada programa de actuación, salvo que, por aplicación de los eventuales reajustes atendidos en función del desarrollo y evolución del Plan, se produzcan variaciones en el volumen de los recursos asignados y modificaciones en los objetivos inicialmente previstos.

2º) DE LAS SOLICITUDES.

En las solicitudes de calificación de las actuaciones protegibles en materia de vivienda deberán constar, debidamente acreditados, los siguientes extremos:

a) Los establecidos con carácter general en el artículo 70 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para los expedientes iniciados a instancia de los interesados.

b) Los ingresos correspondientes a la unidad familiar cuando proceda su declaración, serán acreditados mediante copia de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas relativas al periodo impositivo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud o en su defecto, certificado del órgano competente del Ministerio de Hacienda acreditativo de la cuantía de las bases imponibles a que se refiere el artículo 10.1.a) del Real Decreto 2.190/1995.

En el supuesto de que el solicitante no estuviese obligado a presentar la correspondiente declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, deberá aportar certificación negativa de la Administración Tributaria acreditativa de dicho extremo, obligándose además a aportar los certificados expedidos por las empresas o entidades pagadoras de las cantidades que hubiere percibido por todos los conceptos durante el periodo de referencia.

c) Con carácter específico, en el caso de adquirentes, adjudicatarios, promotores para uso propio o arrendatarios de las viviendas, que sean personas físicas, se expresará el no ser titular del dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre una vivienda de Protección Oficial, ni en cualquier caso, de una vivienda libre en la misma localidad en la que se sitúe la vivienda objeto de la actuación protegible, cuando el valor de mercado de la vivienda libre exceda del 20% del precio de aquella. Los extremos indicados se acreditarán mediante certificación expedida por el Ayuntamiento en el que esté situada esta última, con referencia a su valoración a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles.

d) La Administración Autonómica se reserva el derecho de exigir cualquier otro documento o título probatorio que considere procedente.

3º) DE LAS CALIFICACIONES.

La concesión de las calificaciones de las actuaciones protegibles en materia de vivienda, deberán contener, al menos, los siguientes extremos:

a) Código de identificación del expediente y tipo de actuación protegible objeto de calificación.

b) Identificación del solicitante (nombre o razón social, domicilio y D.N.I. o identificación fiscal), naturaleza jurídica, tipo de promotor e ingresos ponderados del mismo en número de veces el Salario Mínimo Interprofesional cuando se trate de un promotor para uso propio.

c) Identificación registral de la finca donde se llevará a cabo la actuación.

d) El régimen de la actuación y el de uso de las viviendas.

e) Características de las viviendas con expresión del número y superficie útil de las mismas, anejos y otras dependencias, especificando si están o no vinculados en proyecto y registralmente a las viviendas, así como el de los trasteros y locales de negocio.

f) Área geográfica homogénea en la que se incluye la actuación protegible y módulo ponderado aplicable. g) Cuantía máxima del préstamo cualificado y ayudas económicas directas, y en su caso, el tipo de interés aplicable.

h) Expresión de que la concesión de los préstamos cualificados y de las ayudas económicas directas estarán sometidas a las limitaciones y recursos establecidos en el Real Decreto 2.190/1995 y en el Convenio suscrito entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

i) Porcentaje de reserva para minusválidos en cumplimiento a lo establecido en el artículo 57 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de minusválidos y por la normativa que la desarrolla.

Artículo 2.- Actuaciones de rehabilitación de viviendas.

1º) DE LAS SOLICITUDES.

Las peticiones de la actuación rehabilitadora se formularán en modelo facilitado por la Administración Autonómica, acompañado de la siguiente documentación:

a) La referida con carácter general en el artículo 1.2º de esta Orden.

b) Fotografía del inmueble o del área en la que se proyecta la Rehabilitación.

c) Memoria descriptiva firmada por el promotor especificando: distribución y superficie de la vivienda, número de plantas, instalaciones de que dispone, antigüedad, justificación de la rehabilitación, descripción de las obras que se precisan realizar y plazo de ejecución, y en su caso, detalles del área o zona a rehabilitar tal como se establece en el artículo 33 del Real Decreto 2.190/1995.

d) Presupuesto pormenorizado de la ejecución de las obras con indicación de las mediciones de las distintas unidades de obra, precio unitario y presupuesto total, sin incluir beneficio industrial ni gastos generales. Cuando las obras precisen de dirección facultativa, el presupuesto se suscribirá por el técnico correspondiente en unión del promotor y contratista, incrementándolo con los honorarios profesionales y demás derechos y tasas satisfechos por razón de las actuaciones debidamente acreditadas.

e) Fotocopia de la escritura de la vivienda o certificación del Registro de la Propiedad sobre el dominio y la libertad de cargas y gravámenes, o en su caso, título que le habilite para acceder a la misma, en el supuesto de adquisición de edificios para su inmediata rehabilitación, o contrato de arrendamiento, en el supuesto previsto en el artículo 45 del Real Decreto 2.190/1995. f) En su caso, certificado municipal de residencia y domicilio.

g) Licencia municipal de las obras o justificante de su solicitud.

h) Compromiso de destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente.

i) Si las obras de rehabilitación afectaran a las instalaciones generales del edificio, a su estructura o a su fachada, precisarán de proyecto técnico redactado por técnico competente y además de dirección facultativa.

2º) DE LAS CALIFICACIONES.

1. La resolución administrativa que otorgue la Calificación Protegible deberá contener además de los datos establecidos con carácter general en el artículo anterior, los siguientes extremos:

a) Antigüedad del edificio o vivienda.

b) El presupuesto protegible de la actuación, número de viviendas afectadas con la superficie útil total, naturaleza de las obras y cuantía de la financiación. Incluirá asimismo la superficie útil computable de las viviendas, locales comerciales y elementos comunes y obras complementarias, desglosándose en el presupuesto protegible la parte que corresponda a elementos comunes y a los privativos de la misma.

2. En el supuesto de adquisición de edificios para su inmediata rehabilitación se hará constar también en la calificación, las siguientes circunstancias:

a) Número de viviendas resultantes de la actuación.

b) Su carácter de vivienda de protección oficial.

c) El presupuesto protegible, distinguiendo entre presupuesto de ejecución y precio de adquisición.

d) Número y superficie útil de las viviendas de la promoción, y en su caso, de los garajes, y trasteros locales de negocios, talleres artesanales y anejos para labradores, ganaderos y pescadores, con expresión de su vinculación a la vivienda y especificando además las condiciones existentes antes de la actuación y las resultantes después de la misma.

3. Las actuaciones de Rehabilitación que se desarrollen al amparo de lo regulado en el Capítulo IV del Real Decreto 2.190/1995 quedarán exentas del requisito de aplicación de la normativa técnica, de diseño y calidad de las viviendas de Protección Oficial.

No obstante, dichas actuaciones deberán asegurar a juicio de la Administración, la obtención de los adecuados niveles de seguridad estructural y constructivos y de habitabilidad de las viviendas.

Artículo 3.- Actuaciones protegibles en materia de suelo.

1º) DE LAS SOLICITUDES.

1. Las solicitudes de las actuaciones protegibles de suelo se formularán en el modelo que será facilitado por la Dirección General de Vivienda, debiendo acompañar la documentación que a continuación se especifica, además de las exigidas con carácter general en el artículo 1.2º de esta Orden.

a) Memoria técnico financiera, y documentación complementaria en la que se justificará la viabilidad de la actuación y su adecuación a la demanda local indicando y acreditando entre otros, la delimitación cartográfica de la superficie o polígono de actuación, superficie total del suelo y la edificable resultante de conformidad con el planeamiento vigente, los costes de adquisición y urbanización, la programación temporal de la adquisición, urbanización y edificación, el precio de venta del suelo y su repercusión en función de los distintos usos, el de las viviendas y demás edificaciones, así como el desarrollo de las actuaciones y el financiero de la operación.

b) Documentos acreditativos de la disponibilidad del suelo conforme a los requisitos establecidos en el artículo 53.1 y 2 del Real Decreto 2.190/1995.

c) Compromisos formales y expresos relativos al cumplimiento de las condiciones y requisitos previstos en el citado Real Decreto.

d) En cualquier caso, compromiso del promotor de otorgar los derechos de tanteo y retracto a favor de la Comunidad Autónoma de Canarias o ente público al que aquélla ceda dichos derechos, que tendrán que ser inscritos en el Registro de la Propiedad de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 del Real Decreto 2.190/1995. 2. En el supuesto de actuaciones protegibles de urbanización de suelo, se incluirán además los siguientes datos:

a) Programa de desarrollo de la inversión incluyendo impuestos, gastos generales, licencias y honorarios de proyectos.

b) Valoración del suelo no urbanizado como componente del precio del suelo ya urbanizado. c) Plazo de iniciación y terminación de las obras de urbanización así como el correspondiente a la construcción de las viviendas.

3. Cuando se trate de adquisición onerosa de la titularidad de la propiedad o del derecho de superficie de terrenos para su inmediata urbanización, se hará constar, asimismo, los siguientes datos:

a) Sistema de ejecución del planeamiento.

b) Plazo de iniciación y terminación de las obras de urbanización así como el correspondiente a la construcción de las viviendas.

4. Cuando se trate de adquisición onerosa de suelo para la formación de patrimonio público deberá acreditar los siguientes extremos:

a) Que se trate de suelo clasificado en el planeamiento urbanístico o en las normas subsidiarias, en su caso, como suelo no sujeto a especial protección y susceptibles de reserva para su adquisición con la finalidad de constituir o ampliar el patrimonio público de suelo.

b) Certificación urbanística de los terrenos.

c) Aptitud e idoneidad del suelo para los usos previstos como actuación protegible y una vez incorporados al proceso de urbanización y edificación, compromiso de destinarse a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.

2º) DE LAS CALIFICACIONES.

La Dirección General de Vivienda resolverá la declaración de la actuación protegible de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en el Real Decreto 2.190/1995 y expedirá la correspondiente calificación que le permitirá acceder a la financiación cualificada prevista a tal fin.

Artículo 4.- De los visados de contratos de adquisición de viviendas a precio tasado.

En las actuaciones protegibles de compra o adjudicación en propiedad para uso propio de vivienda a precio tasado, la Dirección General de Vivienda visará el contrato de compraventa tras la constatación del cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 23 y siguientes del Real Decreto 2.190/1995.

El visado deberá recoger los siguientes extremos:

a) Código de identificación del expediente.

b) Fecha de contrato de compraventa. c) Fecha de construcción del inmueble.

d) Precio de venta de la vivienda o precio máximo legal en su caso, y el de garajes y anejos en ambos supuestos.

e) Superficie útil del mismo.

f) Área geográfica en que se ubica la vivienda.

g) Módulo ponderado aplicable.

h) Fase de construcción en que se encuentren, y si dispone o no de cédula de habitabilidad.

Artículo 5.- Registro de promociones de viviendas a precio tasado.

Con la finalidad de posibilitar el seguimiento de las ayudas disponibles a tal fin, se crea un registro de preinscripción de las viviendas a precio tasado de nueva construcción, donde deberá constar, al margen de los datos referentes a cada una de las promociones, la declaración del promotor del propósito de vender las viviendas construidas acogiéndose a dicho sistema de protección, tal como se exige en el artículo 23.1.b) del Real Decreto 2.190/1995.

El trámite del visado correspondiente a estas actuaciones, quedará supeditado al previo cumplimiento de la preinscripción.

Artículo 6.- De los préstamos cualificados.

Los promotores, adquirentes o adjudicatarios, podrán solicitar de las entidades de crédito préstamos cualificados para actuaciones protegibles dentro del marco y las limitaciones establecidas en los convenios suscritos con aquéllas.

La solicitud deberá acompañarse, en su caso, de los documentos que procedan, tales como:

a) Copia de la calificación.

b) Contrato visado por el órgano competente.

c) Resolución de la Dirección General de Vivienda del reconocimiento de la subsidiación solicitada, y del tipo de interés subsidiado aplicable. En la resolución se reflejará expresamente, además de los datos de identificación del expediente y del destinatario, los siguientes extremos en la medida en que sean aplicables a la actuación:

- Nivel de ingresos ponderados de la unidad familiar, en número de veces el Salario Mínimo Interprofesional, que hayan sido acreditados en la forma prevista en el artículo 1 de la presente Orden. - Precio de venta de la vivienda o, en caso de promotores para uso propio, valor de la edificación más valor del suelo, según lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, sin expresión detallada de los mismos.

d) Declaración jurada en la que se manifieste que ningún miembro de la unidad familiar es titular del dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda de protección oficial ni, en cualquier caso, sobre una vivienda libre en la misma localidad en la que se sitúa la vivienda objeto de la actuación protegible, cuando el valor de mercado de dicha vivienda libre exceda del 20% del precio de aquélla.

e) Resolución de la Dirección General de Vivienda reconociendo el derecho a las subvenciones financiadas por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

f) Resolución de la Dirección General de Vivienda de concesión de las ayudas económicas directas otorgadas con cargo a sus presupuestos y las comprometidas según el Convenio suscrito con el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, o cualesquiera otras creadas para este fin.

Artículo 7.- De la tramitación de los expedientes de subsidiación de préstamos cualificados para actuaciones protegibles.

1. La subsidiación del préstamo cualificado se solicitará por los promotores ante la Dirección General de Vivienda, que una vez acreditadas las condiciones requeridas para la obtención de las ayudas económicas directas, resolverá el derecho a la subsidiación interesada dentro de las limitaciones establecidas en el Convenio suscrito con el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente según el artículo 3 del Real Decreto 2.190/1995.

2. La Resolución a que se refiere el número anterior reflejará expresamente los datos de identificación del expediente y del destinatario, así como el nivel de ingresos y precio de venta en los términos establecidos en el artículo anterior.

3. La prórroga de la subsidiación del préstamo se tramitará a instancia de los interesados de conformidad con lo establecido en los números anteriores.

4. En el supuesto excepcional regulado en el artículo 19.2 del Real Decreto 2.190/1995, la Dirección General de Vivienda propondrá al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, la concesión de la ayuda directa equivalente a la subsidiación. Artículo 8.- De las subvenciones.

1º) CONSIDERACIONES GENERALES.

La concesión de las subvenciones se tramitará por la Dirección General de Vivienda abonándose con cargo a los fondos remitidos al efecto por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

Los promotores de las actuaciones protegibles podrán percibir directamente el importe de estas subvenciones siempre que dicho importe haya sido deducido del precio de adquisición de la vivienda.

Asimismo en el documento público o, en su caso, privado de compraventa, deberá constar expresamente dicha deducción, así como la autorización al promotor para percibir el importe de la subvención.

El abono anticipado al promotor de la percepción de estas subvenciones exigirá la constitución de las garantías necesarias mediante la aportación de aval suficiente hasta la calificación definitiva e iniciación de la amortización del préstamo.

2º) ACTUACIONES PROTEGIBLES EN RÉGIMEN GENERAL.

A.- Primer acceso a la propiedad de vivienda de nueva construcción.

Para optar a este tipo de ayudas, además de los requisitos exigidos con carácter general para la obtención de financiación cualificada establecidos en el artículo 8 del Real Decreto 2.190/1995, deberán cumplir los siguientes:

- Que los adquirentes, adjudicatarios y promotores para uso propio acrediten a juicio de la Dirección General de Vivienda no ser o haber sido propietarios de otra vivienda cuyo valor de mercado excediera del 20% del precio de adquisición de aquella para la que se solicita la subvención. A estos efectos se considerará valor de mercado el valor catastral de la vivienda.

- Justificación, en su caso, de la titularidad de una cuenta vivienda, en las condiciones previstas en el artículo 15 del Real Decreto 2.190/1995.

Las solicitudes de subvenciones a adquirentes, adjudicatarios y promotores para uso propio, en el sistema de primer acceso a la propiedad de la vivienda, se formularán ante la Dirección General de Vivienda de conformidad con lo previsto en el artículo 1.2º de esta Orden y simultáneamente a la solicitud de las restantes ayudas directas, resolviéndose lo procedente mediante Resolución en la que se hará constar los siguientes extremos: a) Datos de identificación de la promoción y del beneficiario de la subvención.

b) Cuantía de la subvención.

c) Entidad de crédito que habiendo suscrito convenio con el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, haya concedido préstamo cualificado.

d) Ingresos ponderados de la unidad familiar.

e) Precio de la vivienda que figure en el contrato de compraventa o adjudicación, dentro de los límites admitidos por el Real Decreto 2.190/1995. Si el solicitante es promotor para uso propio, consignará el valor de la edificación y del suelo, según conste en la escritura de declaración de obra nueva o en el contrato de adjudicación según el artículo 15 del Real Decreto 2.190/1995.

f) Superficie útil de la vivienda, que no excederá de 70 m2 según el artículo 6 del Real Decreto 2.190/1995.

B.- Viviendas en alquiler.

Las solicitudes de subvención a promotores de viviendas en alquiler, tendrán la misma tramitación señalada en el número anterior, recogiendo la resolución aprobatoria, además de los extremos ya expresados, los siguientes:

a) Fecha de la Calificación Definitiva.

b) Porcentaje de la subvención concedida en relación con el precio máximo de venta de las viviendas.

c) Precio máximo al que hubiera podido venderse la vivienda en el momento de su calificación definitiva.

3º) ACTUACIONES PROTEGIBLES EN RÉGIMEN ESPECIAL.

Las solicitudes de subvenciones a adquirentes, adjudicatarios y promotores para uso propio y a promotores de vivienda para alquiler, tendrán la misma tramitación que en caso de Régimen General, con los límites en cuanto a ingresos ponderados y con los porcentajes de subvención establecidos en el artículo 20 del Real Decreto 2.190/1995.

Asimismo, se exigirán las garantías propias para el supuesto de percepción anticipada de las subvenciones a favor del promotor de viviendas destinadas a venta, con el fin de asegurar su devolución en caso de incumplimiento. 4º) ACTUACIONES PROTEGIBLES DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS A PRECIO TASADO.

Las solicitudes de subvención a adquirentes o adjudicatarios a precio tasado de viviendas en primer acceso, tendrán la misma tramitación que en el caso de subvenciones para el primer acceso en Régimen General, consignándose en la Resolución aprobatoria los mismos datos, incluidos los de valoración que sirvieron de base para el reconocimiento del derecho al préstamo cualificado según el artículo 24 y siguientes del Real Decreto 2.190/1995.

5º) ACTUACIONES PROTEGIBLES DE REHABILITACIÓN.

Las solicitudes de subvenciones para la rehabilitación de edificios o viviendas, al margen de la documentación general aludida en el artículo 1.2º de esta Orden, habrán de venir acompañadas de la siguiente documentación:

a) Carácter de la promoción, tipo de rehabilitación, especificando si es de edificio o de viviendas y si se trata de rehabilitación estructural, funcional, de habitabilidad o de otro tipo.

b) Coste real de las obras de rehabilitación que sirvió de base para la calificación protegible de la actuación, incluido en su caso, el precio de adquisición del inmueble.

c) Antigüedad del edificio expresada en número de años.

d) Opción de la financiación cualificada o de la subvención alternativa.

e) Ingresos ponderados del promotor y, en el caso de viviendas alquiladas, número de arrendatarios que no excedan de 3,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional.

f) En la adquisición e inmediata rehabilitación de viviendas, dentro del sistema de primer acceso a la vivienda en propiedad, se especificará la superficie útil de la misma, el nivel de ingresos ponderados del adquirente, la acreditación de no haber sido propietario de otra vivienda cuyo valor de mercado excediera del 20 por 100 del precio de adquisición de la que se financia y, justificación, en su caso, de la titularidad de una cuenta-vivienda, en las condiciones establecidas en el artículo 15.a) del Real Decreto 2.190/1995, indicando entidad de crédito, antigüedad y cuantía del depósito.

Artículo 9.- Subvenciones a adquirentes en primera transmisión de viviendas de promoción pública. Los beneficiarios de las subvenciones personales y especiales previstas en la Disposición Adicional Séptima del Real Decreto 2.190/1995, por un importe coincidente con el tipo impositivo del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), iniciarán su tramitación ante la Dirección General de Vivienda, y se resolverán y abonarán con cargo a los fondos procedentes del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

Artículo 10.- Requisitos adicionales de carácter general para la obtención de ayudas estatales directas.

La concesión de ayudas estatales directas establecidas en el Real Decreto 2.190/1995 estarán condicionadas a la justificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social por parte de los solicitantes, de conformidad con la normativa vigente de aplicación al respecto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Las solicitudes formuladas para autoconstrucción y rehabilitación en áreas rurales, así como las resoluciones que se dicten con relación a las mismas, se regularán por su normativa específica según el artículo 1.3 del Real Decreto 2.190/1995.

Segunda.- El abono de las ayudas que se concedan con cargo a los fondos del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, estará condicionado a la recepción por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias de los recursos económicos correspondientes.

Las ayudas económicas directas, reconocidas o que lo sean con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, serán las que se determinen en la normativa autonómica de actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo, y su abono quedará asimismo sometido a las disponibilidades presupuestarias.

Tercera.- De conformidad con lo dispuesto en los Convenios suscritos entre el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y las entidades de crédito, estas últimas deberán notificar a la Dirección General de Vivienda, la formalización, disposición y subrogación de préstamos, con o sin subsidiación, concedidos al amparo de los citados Convenios. Asimismo, la Dirección General de Vivienda podrá recabar cuanta información considere oportuna de las entidades de crédito a los efectos de control y seguimiento de los programas de financiación. Cuarta.- Hasta tanto no se proceda por el Gobierno a la fijación del coeficiente ponderador V, a que se refiere el artículo 10 y la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2.190/1995, su valor será igual a la unidad.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Los promotores de las actuaciones calificadas provisionalmente o visadas, que deseen acogerse a lo establecido en las disposiciones transitorias primera y segunda del Real Decreto 2.190/1995 deberán solicitar su adaptación al nuevo sistema de financiación en el plazo máximo de 1 mes contado a partir de la publicación de esta Orden, presentando en las dependencias de la Dirección General de Vivienda el original de la Calificación Provisional, o Resoluciones de Visado para las viviendas adquiridas a precio tasado, para ser diligenciadas.

Segunda.- Las solicitudes de calificaciones de actuación protegible en materia de vivienda y suelo, formuladas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, al amparo del Real Decreto 1.932/1991, de 20 de diciembre y Real Decreto 1.668/1991, de 15 de noviembre, que no hubieran sido resueltas en esa fecha, se calificarán o visarán de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 2.190/1995 de conformidad con lo previsto en el artículo 1.6 del mismo.

Tercera.- Las subvenciones a la vivienda y suelo que se reconozcan a actuaciones protegibles acogidas al Plan 1992-1995, según lo previsto en la disposición transitoria primera del Real Decreto 2.190/1995, se regirán asimismo por su propia normativa.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A la entrada en vigor de la presente disposición, queda derogada la Orden de 16 de julio de 1992 por la que se regula el procedimiento para la tramitación de las medidas de financiación de las actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo para el Plan 1992-1995, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al mismo.

DISPOSICIONES FINALES

1.- Se autoriza al Director General de Vivienda para dictar las resoluciones, instrucciones y circulares precisas para el desarrollo, aplicación y ejecución de la presente Orden. 2.- Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, si bien sus efectos se aplicarán desde el 1 de enero de 1996.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de abril de 1996. EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y AGUAS, Luis Suárez Trenor.

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