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BOC Nº 024. Viernes 23 de Febrero de 1996 - 256

I. DISPOSICIONES GENERALES - Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales

256 - DECRETO 24/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Función Inspectora de la Inspección General de Servicios.

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Vigente el Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, que contiene las modificaciones competenciales introducidas por el Decreto 187/1995, de 20 de julio, se hace necesario desarrollar lo establecido en el artículo 13.2.h) del primeramente citado Decreto, que establece que la función inspectora de los servicios administrativos de la Comunidad Autónoma de Canarias se ejecutará en los términos de su Reglamento, y derogar el Decreto 131/1994, de 1 de julio, del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Se trata pues de regular específicamente, de entre las competencias de la Inspección General de Servicios, las actuaciones y el ámbito funcional en lo que atañe al desarrollo de la función inspectora, función que se concreta en auditorías de gestión a realizar por dicho Centro Directivo, a través de controles de legalidad, eficacia y eficiencia, en materia de organización y gestión administrativa, para lo cual se analizará y revisará un conjunto de actividades o funciones de un Servicio con el fin de comprobar el nivel de organización existente, la adecuación de los procedimientos y sistema utilizados, así como el grado de consecución de los objetivos en el área auditada.

Estas actuaciones habrán de materializarse en informes que recojan las medidas que se consideren convenientes para mejorar el funcionamiento del Servicio, previéndose la posibilidad de que el órgano sometido a inspección pueda formular cuantas precisiones o aclaraciones considere oportunas, pudiendo éstas, además, ser incorporadas al informe definitivo que se emita.

Se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar el texto, la experiencia acumulada en los últimos años en el desarrollo de la función inspectora.

Asimismo, se establece la colaboración con instituciones y órganos, tanto de la Administración de la Comunidad Autónoma como de otras Adminis- traciones Públicas, dentro del marco general de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de asistencia recíproca e intercambio de información.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, previa deliberación del Gobierno en su reunión del día 9 de febrero de 1996,

D I S P O N G O:

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1.- Objeto del Reglamento.

El objeto de este Reglamento es regular las actuaciones y el ámbito funcional de la Inspección General de Servicios en los aspectos concretos que atañen al desarrollo de la función inspectora, en el marco de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de los entes, organismos y empresas públicas que de ella dependen.

Artículo 2.- Principio de colaboración.

Las autoridades y el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma, cualquiera que fuese su rango o categoría, ámbito de actuación o naturaleza de su vinculación, prestarán la ayuda y colaboración adecuada a la Inspección General de Servicios en orden a facilitar el mejor desarrollo de sus funciones. Artículo 3.- Autonomía en su actuación.

La Inspección General de Servicios actuará con absoluta independencia y autonomía respecto de las autoridades de las que dependan los servicios, entes, organismos o empresas públicas cuya gestión inspeccione.

Artículo 4.- Actuación administrativa.

Para el correcto cumplimiento de la función inspectora, los Centros Directivos de los diferentes Departamentos del Gobierno de Canarias darán traslado a la Inspección General de Servicios de las circulares, instrucciones, y cuantas órdenes de servicio de índole interna dicten, en el ámbito de su competencia, en orden a regular la actuación administrativa y el funcionamiento de los servicios de ellos dependientes.

Artículo 5.- Carácter reservado de la actuación inspectora.

La actuación inspectora se considerará secreta o reservada hasta que se emita el correspondiente informe por la Inspección General de Servicios, sin perjuicio del deber de secreto de los funcionarios afectos a la inspección.

Artículo 6.- Coordinación con otros órganos.

La Inspección General de Servicios podrá establecer los cauces de colaboración y coordinación adecuados con órganos análogos, pertenecientes a otras Administraciones Públicas, al objeto de lograr una mayor eficacia y mejorar las técnicas y los procedimientos inherentes a la función inspectora.

CAPÍTULO II

PLANES DE INSPECCIÓN

Artículo 7.- Planes de inspección.

La función inspectora se desarrollará por la Inspección General de Servicios mediante Planes de inspección ordinarios y actuaciones extraordinarias, a través de auditorías de gestión e informes.

Artículo 8.- Plan anual de inspección ordinaria.

1. El Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales aprobará en el mes de enero de cada año, a propuesta del Viceconsejero de Administración Pública y previa su elaboración por la Inspección General de Servicios, el Plan anual de inspección ordinaria.

2. Para la confección del Plan serán consultados previamente los Departamentos del Gobierno y será tenida en cuenta, además de las necesidades evidenciadas por la Inspección General de Servicios, la información facilitada por las Secretarías Generales Técnicas en relación con las iniciativas, sugerencias, reclamaciones y quejas presentadas al amparo del Decreto 72/1995, de 7 de abril, sobre el funcionamiento de los servicios de la Administración autonómica.

3. Particularmente, se podrán considerar las quejas contenidas en los informes del Diputado del Común elevados al Parlamento de Canarias y publicados en el Boletín Oficial de la Cámara, cuando el número y la reiteración de dichas quejas sobre un órgano concreto o una determinada función de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así lo aconsejen.

Artículo 9.- Contenido y alcance.

1. El Plan anual establecerá el contenido y el alcance de las actuaciones a realizar en los servicios, entes, organismos y empresas públicas sujetos a la actividad inspectora.

2. El Plan anual de inspección ordinaria se publicará en el Boletín Oficial de Canarias.

Artículo 10.- Programa de actuaciones.

Para el mejor cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan anual, se aprobará por el Inspector General de Servicios un programa comprensivo de las actuaciones encomendadas a los diferentes inspectores de servicios.

Artículo 11.- Actuaciones extraordinarias.

Por acuerdo del Gobierno, a petición de los titulares de los Departamentos o por iniciativa propia, el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales podrá acordar la realización de actuaciones extraordinarias, cuando se pongan de manifiesto hechos o situaciones que aconsejen la realización urgente de aquéllas.

Del acuerdo de realización de la actuación extraordinaria se dará traslado inmediato al titular del Departamento afectado.

CAPÍTULO III

AUDITORÍAS DE GESTIÓN

Artículo 12.- Finalidad.

1. A través de las auditorías de gestión se ejercen los controles de legalidad, eficacia y eficiencia, en materia de organización y gestión administrativa, con el objeto de velar por el correcto funcionamiento de todos los servicios, entes y organismos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como por el cumplimiento de los objetivos que tengan encomendados las empresas públicas.

2. Al término de la auditoría se elaborará el informe correspondiente, que contendrá el diagnóstico de la situación analizada, así como las propuestas oportunas con el fin de corregir las deficiencias observadas.

Artículo 13.- Contenido.

A los efectos expresados en el artículo anterior, y sin perjuicio de las competencias que tienen atribuidas legalmente la Dirección General del Servicio Jurídico y la Intervención General de la Comunidad Autónoma, los controles de las auditorías de gestión se concretan en:

a) Control de legalidad, que tiene por objeto velar por el pleno sometimiento a las disposiciones vigentes de la actuación de los servicios, entes, organismos y empresas públicas y del personal a su servicio.

b) Control de eficacia, que tiene por objeto determinar el grado de funcionamiento de los servicios, entes, organismos y empresas públicas en la consecución de sus objetivos mediante el estudio de la racionalidad de todo su sistema operativo, teniendo en cuenta la carga de trabajo o servicio público a prestar y los medios o recursos materiales y humanos de que se dispone.

c) Control de eficiencia, que tiene por objeto vigilar la utilización, con arreglo a criterios de racionalidad y economía, de los recursos empleados, verificando que su rendimiento es satisfactorio en relación con los objetivos alcanzados.

Artículo 14.- Control de legalidad.

El control de legalidad comprende, entre otras, las siguientes actuaciones:

1. Vigilar el cumplimiento de la normativa vigente, para garantizar que la actuación de los servicios, entes, organismos y empresas públicas y del personal a su servicio se realiza con observancia de las disposiciones por las que se rigen y por las de carácter general.

2. Determinar las disfunciones existentes y proponer las medidas pertinentes para su corrección.

3. Realizar las verificaciones que se estimen oportunas, ya por propia iniciativa, ya a propuesta de los órganos competentes. Artículo 15.- Control de eficacia.

El control de eficacia comprende, entre otras, las siguientes actuaciones:

1. Comprobar el cumplimiento de los programas públicos y el grado de coordinación de los que afecten a diversos órganos.

2. Verificar si los resultados obtenidos se ajustan a los objetivos propuestos.

3. Proponer al órgano competente las modificaciones que se consideren oportunas en la estructura y funcionamiento del correspondiente órgano como consecuencia del control efectuado.

Artículo 16.- Control de eficiencia.

El control de eficiencia comprende, entre otras, las siguientes actuaciones:

1. Analizar la utilidad, el coste y la calidad de los distintos servicios públicos.

2. Proponer, en su caso, a los órganos competentes la iniciación de las actuaciones tendentes a:

a) La simplificación de trámites, procedimientos administrativos y métodos de trabajo.

b) La normalización, racionalización y modernización de la gestión.

c) La creación, modificación o supresión de órganos o puestos de trabajo.

CAPÍTULO IV

DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN INSPECTORA

Artículo 17.- Trámites previos.

1. Con carácter previo a toda actuación inspectora, se comunicará por la Inspección General de Servicios al titular del Departamento del que dependa el servicio, ente, organismo o empresa pública a inspeccionar, la realización de la misma.

2. Dicha comunicación se efectuará con una antelación mínima de tres días y deberá especificar los servicios, entes, organismos o empresas públicas afectados por la misma y, en su caso, las visitas de inspección que se hayan de practicar.

Se excluye de dicha comunicación previa, la actuación inspectora extraordinaria, prevista en el artículo 11 del presente Reglamento. Artículo 18.- Aportación de documentación.

1. Los inspectores de servicios podrán recabar del órgano auditado cuantos antecedentes, documentos, datos, estadísticas o información precisen para el desarrollo de las actuaciones inspectoras encomendadas.

Cuando el volumen o diversidad de la documentación solicitada no permita su puesta inmediata a disposición del inspector actuante, o concurra cualquier otra circunstancia que lo impida, el órgano inspeccionado lo pondrá en conocimiento de la Inspección General de Servicios, que la solicitará por escrito concediendo al efecto un plazo que no podrá ser inferior a diez días ni superior a veinte días.

2. Si en el ejercicio de la función inspectora se obstaculizase la actuación de la Inspección General de Servicios, no se atendieran los requerimientos efectuados, se falsease la información requerida o no se prestase la ayuda y colaboración debidas, los inspectores actuantes formularán propuesta de advertencia por escrito de que tales actitudes pueden constituir una obstrucción a la función inspectora, abriéndose un periodo de audiencia de diez días a fin de que el presunto responsable pueda alegar las causas de justificación oportunas.

El inspector elevará lo así actuado a la decisión del Inspector General de Servicios, que podrá efectuar las advertencias y recordatorios a que hubiere lugar.

Si, pese a ello, continuara la obstrucción, la Inspección General de Servicios lo pondrá en conocimiento del superior jerárquico del órgano causante de aquélla, al objeto de que se exijan las responsabilidades que se deriven de tal actitud.

3. La obstrucción constituirá falta grave conforme a lo dispuesto en el artículo 59.a) de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria.

Artículo 19.- Denuncias de los ciudadanos.

Las denuncias que se formulen por los particulares ante la Inspección General de Servicios, en relación con el funcionamiento de la Administración autonómica o la actuación del personal a su servicio, se trasladarán a las Secretarías Generales Técnicas de los Departamentos competentes para que, en su caso, se proceda a su tramitación, debiéndose comunicar a la Inspección General de Servicios la resolución adoptada.

Artículo 20.- Irregularidades administrativas.

1. Si en el ejercicio de sus funciones, la Inspección General de Servicios tuviera constancia de la existencia de irregularidades administrativas manifiestas, de las que pudieran derivarse perjuicios de difícil o imposible reparación para la Administración autonómica, lo hará constar en acta y dará traslado inmediato de la misma a la Secretaría General Técnica del Departamento al que esté adscrito el órgano inspeccionado a los efectos procedentes.

2. Si el inspector actuante observara que las irregularidades administrativas son de escasa entidad y fácil corrección, lo pondrá en conocimiento del Inspector General de Servicios, quien comunicará al titular del Centro Directivo inspeccionado las deficiencias detectadas y las propuestas oportunas concediéndole al efecto el plazo necesario para su rectificación.

Artículo 21.- Irregularidades económicas o financieras.

Cuando en el curso de la actuación inspectora se pongan de manifiesto hechos que sean constitutivos de irregularidades económicas o financieras, la Inspección General de Servicios levantará acta de los mismos y dará traslado inmediato de ella, tanto a la Secretaría General Técnica del Departamento del que depende el órgano inspeccionado como al órgano competente en materia de fiscalización económica o financiera, al efecto de que procedan legalmente.

Artículo 22.- Informes.

1. Toda actuación de la Inspección General de Servicios culminará con la elaboración de un informe preliminar que contendrá el análisis y diagnóstico de la situación investigada, así como las propuestas de actuación encaminadas a corregir las deficiencias puestas de manifiesto.

2. De dicho informe se dará traslado al titular del Departamento al que esté adscrito el servicio, ente, organismo o empresa pública inspeccionada, para que por éste se manifieste su parecer en un plazo no superior a veinte días. Dicho plazo podrá ser prorrogado por otros diez días, a petición razonada del titular del Departamento correspondiente.

3. Las posibles precisiones o aclaraciones que difieran del informe preliminar, expuestas por escrito y motivadas, podrán ser aceptadas por la Inspección General de Servicios e incorporadas al correspondiente informe o, en caso contrario, unidas al mismo para su constancia.

4. En caso de transcurrir el plazo determinado en el número 2 de este artículo sin plantearse posibles observaciones, el informe preliminar será elevado a definitivo, y remitido al titular del Departamento afectado, con el fin de que se adopten, en su caso, las medidas oportunas en orden a la ejecución de las propuestas de actuación recomendadas.

Artículo 23.- Corrección de anomalías generalizadas.

Por el titular del Departamento competente en materia de inspección se pondrá en conocimiento del Presidente del Gobierno las anomalías detectadas por la Inspección General de Servicios que afecten a la generalidad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, al objeto de que ordene las medidas de actuación que sean procedentes.

CAPÍTULO V

LOS INSPECTORES DE SERVICIOS

Artículo 24.- Facultades.

1. Bajo la dirección del Inspector General de Servicios la función inspectora se realizará por los inspectores de servicios en los términos previstos en el presente Reglamento.

2. A este fin podrán actuar utilizando las siguientes facultades:

a) Efectuar visitas de inspección.

b) Recabar, ante los órganos competentes para evacuarlos, los antecedentes, expedientes, documentos, datos, estadísticas o información que sean precisos para la ejecución de las funciones inspectoras.

c) Levantar las actas y emitir los informes previstos en los artículos 20, 21 y 22 del presente Reglamento.

DISPOSICIONES ADICIONALES Primera.- Provisión de vacantes.

La provisión de puestos de trabajo de inspectores de servicios se realizará de acuerdo con los procedimientos de provisión previstos en la normativa general y con los requisitos establecidos en la correspondiente relación de puestos de trabajo, que incluirá:

a) Pertenecer al Cuerpo Superior de Administradores.

b) Tener una antigüedad mínima de cinco años en dicho Cuerpo.

c) No estar en situación de suspenso, ni haber sido sancionados por resolución firme en virtud de expediente disciplinario o condenado por sentencia penal firme por delito doloso.

Segunda.- Aplicación a entidades de derecho público y sociedades mercantiles.

Las referencias efectuadas a empresas públicas en este Reglamento se entienden realizadas a entidades de derecho público y a sociedades mercantiles cuyo capital sea de la titularidad, en su totalidad, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogado el Decreto 131/1994, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Desarrollo.

Se autoriza al Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales a dictar cuantas disposiciones fueren necesarias para la ejecución y desarrollo de este Decreto.

Segunda.- Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Dado en Agulo, a 9 de febrero de 1996.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Manuel Hermoso Rojas.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES, Antonio Ángel Castro Cordobez.

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