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BOC Nº 009. Viernes 19 de Enero de 1996 - 94

I. DISPOSICIONES GENERALES - Consejería de Economía y Hacienda

94 - ORDEN de 11 de enero de 1996, por la que se aprueba el modelo de aval o fianza solidario para garantizar la suspensión del acto administrativo recurrido en reposición o en vía económico-administrativa.

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Tanto el artículo 11 del Real Decreto 2.244/1979, de 7 de septiembre, por el que se reglamenta el recurso de reposición previo al económico-administrativo, como el artículo 81 del Real Decreto 1.999/1981, de 20 de agosto, por que se aprueba el Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas, establecen que la ejecución del acto administrativo impugnado se suspenderá si, en el momento de interponer el recurso o la reclamación, se garantiza el ingreso de las deudas tributarias recurridas. Asimismo, en los citados preceptos se regula, entre otros extremos, lo concerniente al importe y el alcance temporal de las garantías.

En congruencia con lo anterior y teniendo en cuenta que el aval prestado por entidades de crédito constituia, entre todas las legalmente admisibles, la modalidad de garantía utilizada con mayor frecuencia, ya la entonces Consejería de Hacienda -atendiendo tanto a criterios de eficacia y eficiencia en el actuar administrativo, como a exigencias del servicio a los ciudadanos derivadas del principio de seguridad jurídica- aprobó, mediante Orden de 5 de abril de 1991, un modelo oficial de aval bancario al que deberían adaptarse, necesariamente, todos aquellos que se aportaran por quienes solicitan la suspensión de los actos administrativos recurridos en reposición o en vía económico-administrativa.

Sin embargo, la nueva redacción del mencionado artículo 11, dada por el Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento General de Recaudación, del Real Decreto por el que se reglamenta el recurso de reposición previo al económico-administrativo y del Real Decreto por el que se desarrollan determinadas Directivas comunitarias sobre asistencia mutua en materia de recaudación y la nueva redacción del artículo 22 del Real Decreto-Legislativo 2.795/1980, de 12 de diciembre, por el que se articula la Ley 39/1980, de 5 de julio, de Bases del Procedimiento Económico-Administrativo, introducida por la Disposición Adicional Única, número tres, de la Ley 25/1995, de 20 de julio, de modificación parcial de la Ley General Tributaria, suponen una alteración significativa por lo que atañe a las garantías a aportar para proceder a la suspensión de los actos recurridos y, sobre todo, respecto a las distintas instancias a la que pueda extenderse la garantía.

Las razones de cohesión que se aducían para la aprobación de la Orden de 5 de abril de 1991, continúan en plena vigencia. Sin embargo, las nuevas formulaciones legales y reglamentarias habidas, como se ha hecho constar anteriormente, hacen necesario modificar los modelos de garantía. A estos efectos, se unifica en un solo formato el modelo de garantía, con independencia de que la suspensión se solicite en el momento de presentación del recurso de reposición o de la reclamación económico-administrativa y con independencia de la amplitud de instancias de resolución que se pretenda.

Visto lo dispuesto en el artículo 17, número 2, letra b), del Decreto 338/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía y Hacienda,

D I S P O N G O:

Artículo único.- Aprobar el modelo de aval o fianza solidario, a prestar por las entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca, para garantizar la suspensión del procedimiento de ejecución del acto administrativo tributario impugnado en reposición o en vía económico-administrativa, en relación con los tributos propios y los tributos derivados del Régimen Económico Fiscal de Canarias, que figura como anexo a la presente Orden.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se autoriza a la Dirección General de Tributos a dictar cuantas Resoluciones sean necesarias para el desarrollo de la presente Orden.

Segunda.- A la entrada en vigor de la presente Orden queda derogada la Orden de 5 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo de aval o fianza bancario en garantía de la deuda tributaria recurrida en reposición o vía económico-administrativa ante los Órganos competentes (B.O.C. nº 52, de 24.4.91).

Tercera.- La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de enero de 1996.

EL CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, José Carlos Francisco Díaz.

A N E X O

La entidad ..........................................................., con N.I.F. ...................................... y representada por D. ........................................................................, con N.I.F. ....................... y D. ............................... .........................., con N.I.F. ..................., con poderes suficientes para obligarse en este acto, según resulta del bastanteo efectuado por la Dirección General del Servicio Jurídico de fechas ................... y ..................., números .......... y .............., constituye el presente aval o fianza de carácter solidario e irrevocable a favor de ......................................., con N.I.F. ..................., ante la Comunidad Autónoma de Canarias (Consejería de Economía y Hacienda), para garantizar la suspensión de la ejecución del siguiente acto administrativo: Concepto tributario: ............................................ Nº de liquidación o autoliquidación: .................. Importe: ...............................................................

El aval solidario que se presta se entiende constituido con arreglo a las condiciones siguientes:

1) El presente aval o fianza alcanzará a cubrir el importe de la deuda tributaria impugnada y de los intereses de demora que genere la suspensión del acto recurrido.

2) Este punto 2 tendrá una redacción alternativa según las diferentes circunstancias que se mencionan a continuación:

a) Si se solicita la suspensión limitando sus efectos al recurso de reposición:

2) El presente aval o fianza cubrirá el importe de la deuda tributaria impugnada y de los intereses de demora que se generen durante la sustanciación del recurso de reposición.

b) Si se solicita la suspensión limitando sus efectos a la reclamación económico-administrativa:

2) El presente aval o fianza cubrirá el importe de la deuda tributaria impugnada y de los intereses de demora que se generen durante la sustanciación de la reclamación económico-administrativa.

c) Si se solicita la suspensión ampliando sus efectos tanto al recurso de reposición como, en su caso, a la ulterior reclamación económico-administrativa:

2) El presente aval o fianza cubrirá el importe de la deuda tributaria impugnada y de los intereses de demora que se generen durante la sustanciación del recurso de reposición y, en su caso, de la ulterior reclamación económico-administrativa.

d) Si se solicita la suspensión ampliando sus efectos tanto al recurso de reposición como, en su caso, a la ulterior reclamación económico-administrativa y a la vía contencioso-administrativa:

2) El presente aval o fianza cubrirá el importe de la deuda tributaria impugnada y de los intereses de demora que se generen durante la sustanciación del recurso de reposición y, en su caso, de la reclamación económico-administrativa y ulterior recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio de la decisión que adopte el órgano judicial en la pieza de suspensión.

e) Si se solicita la suspensión ampliando sus efectos tanto a la reclamación económico-administrativa como, en su caso, al ulterior recurso contencioso-administrativo: 2) El presente aval o fianza cubrirá el importe de la deuda tributaria impugnada y de los intereses de demora que se generen durante la sustanciación de la reclamación económico-administrativa y, en su caso, del ulterior recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio de la decisión que adopte el órgano judicial en la pieza de suspensión.

3) El presente aval o fianza estará vigente hasta tanto la Consejería de Economía y Hacienda autorice su cancelación.

4) La entidad avalista, que renuncia expresamente a cualquier beneficio y, en especial, al de orden, división y previa excusión de bienes, se obliga solidariamente a pagar a la Tesorería de la Consejería de Economía y Hacienda, dentro de las veinticuatro horas siguientes al requerimiento que a este fin se le haga, en defecto de pago del deudor principal.

..............................., a ....... de ........................... de 199 ...... .

(Nombre de la entidad, sellos y firmas).

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