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BOC Nº 101. Miércoles 2 de Agosto de 1995 - 1574

I. DISPOSICIONES GENERALES - C.Trabajo y Función Pública

1574 - DECRETO 186/1995, de 30 de junio, por el que se regulan de forma específica los medios de justificación de las subvenciones concedidas por el Instituto Canario de Formación y Empleo para la realización de acciones de Formación Profesional Ocupacional.

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El Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, regula con carácter general los medios de justificación del empleo de los fondos recibidos en concepto de subvención, estableciéndose la certificación como un medio de justificación excepcional, sólo referida a las que realicen los órganos competentes de los entes administrativos y empresas públicas de la Administración autonómica y Entidades Locales Canarias, por la propia naturaleza de éstos y por los controles públicos a los que se ven sometidos. El resto de beneficiarios, a no ser que se les exija la realización de una auditoría cuando se trate de una subvención por importe superior a quince millones (15.000.000) de pesetas, vendrán obligados a justificar documentalmente la utilización de los fondos públicos por los medios adecuados a la naturaleza de dichos fondos.

En el Decreto 198/1994, de 30 de septiembre, por el que se regulan las acciones de Formación Profesional Ocupacional en la Comunidad Autónoma de Canarias, se contemplan una serie de subvenciones a los centros colaboradores de Formación Profesional Ocupacional homologados, dirigidas a financiar el coste de la impartición de los cursos, estableciéndose reglamentariamente las bases para la concesión de dichas subvenciones.

Así, mediante orden departamental, se ha venido exigiendo como medios de justificación para los gastos de personal la aportación de los recibos oficiales de salarios y boletines de cotización a la Seguridad Social, y para el resto de gastos las facturas y recibos originales.

Esta forma de justificación, por la complejidad y laboriosidad que tiene su comprobación, produce una burocratización excesiva que propicia una pérdida de eficacia en la gestión de la Formación Profesional Ocupacional.

Ante esta situación se hace de todo punto necesario el establecimiento de unos medios de justificación para este tipo de acciones que, sin que supongan una pérdida en el control y fiscalización del destino dado a los fondos públicos, agilice los procedimientos administrativos y permita la aplicación de los recursos humanos y materiales de la Administración a la consecución de los objetivos previstos con verdaderos criterios de eficacia y eficiencia.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Trabajo y Función Pública en funciones y previa deliberación del Gobierno en funciones en su reunión del día 30 de junio de 1995,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Las subvenciones concedidas por el Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM) para la realización de acciones de Formación Profesional Ocupacional, se justificarán por los beneficiarios de las mismas mediante certificación expedida por el titular o responsable de la entidad, acreditativa de haberse realizado la actividad para la que fueron concedidas, ajustándose para ello a los modelos que figuran como anexos al presente Decreto, en función de la modalidad de acción formativa subvencionada.

Artículo 2.- Las certificaciones presentadas por los beneficiarios, con la conformidad del Instituto Canario de Formación y Empleo, serán remitidas a la Intervención General, que podrá inspeccionar o auditar la aplicación de los fondos públicos recibidos.

Artículo 3.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones vendrán obligadas a guardar y custodiar los documentos originales acreditativos del gasto, durante al menos cinco años, contados a partir de la fecha en que se produzca por parte del Instituto Canario de Formación y Empleo el último pago de la subvención concedida. Artículo 4.- Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a someterse, desde su otorgamiento y hasta la finalización del periodo señalado en el artículo anterior, a las actuaciones de comprobación que, en relación con las subvenciones concedidas, se practiquen por el Instituto Canario de Formación y Empleo, la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias, el Tribunal de Cuentas y los organismos competentes de la Unión Europea y Administración Central, así como a facilitar toda la información que les sea requerida por los mismos.

Artículo 5.- Deberán llevar, asimismo, los registros contables a que vengan obligados de modo que permitan identificar de forma diferenciada las partidas o gastos concretos en que se han materializado las subvenciones concedidas, así como los demás ingresos propios o afectos a la actividad subvencionada, incluyendo las ayudas y subvenciones concedidas con el mismo objeto y que, por diferencia, permita obtener un estado de rendición de cuentas de las cantidades o fondos públicos percibidos en concepto de subvención.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

El presente Decreto será de aplicación a los procedimientos en curso y a las subvenciones ya otorgadas, que se encuentren pendientes de justificación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En todo lo no previsto en el presente Decreto y, especialmente, en lo referido a reintegro y sanciones e infracciones, se estará a lo dispuesto en el Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 19, de 13.2.95).

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de junio de 1995.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, en funciones, Manuel Hermoso Rojas.

EL CONSEJERO DE TRABAJO Y FUNCIÓN PÚBLICA, en funciones, Francisco José Rodríguez-Batllori Sánchez.

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