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Visto el expediente de inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Canarias, del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Canarias, con domicilio social en la calle Horacio Nelson, 17, 2ª planta, Santa Cruz de Tenerife.
Resultando que con fecha 25 de febrero de 1992, fue presentada por D. Carlos A. Colomer Rodríguez y D. Francisco Rodríguez Lozano, en calidad de Presidente y Secretario del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Canarias, solicitud de inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Canarias, acordada en Junta de Gobierno de fecha 20 de febrero de 1992.
Resultando que el Colegio de referencia fue constituido en su día en virtud de la Orden de 13 de diciembre de 1954 del Ministerio de Gobernación.
Resultando que a la solicitud de inscripción se acompañan los estatutos adaptados del Colegio, como se establece en la Disposición Transitoria de la Ley 10/1990, de 23 de mayo, de Colegios Profesionales. Considerando que es competente el titular de la Dirección General de Justicia e Interior para disponer la inscripción en su caso, de los Colegios Profesionales de Canarias, como determina el artículo 35 del Decreto 277/1990, de 27 de diciembre.
Vista la Ley 10/1990, de 23 de mayo, y el Decreto 277/1990, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colegios Profesionales de Canarias y demás normativa de común y general aplicación,
R E S U E L V O:
Inscribir en el Registro de Colegios Profesionales de Canarias, el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Canarias, bajo el número 36. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso ordinario ante la Ilma. Sra. Viceconsejera para las Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes desde la notificación de la presente, como determina el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de mayo de 1995.- El Director General de Justicia e Interior, Francisco José Manrique de Lara y Llarena.
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