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BOC Nº 103. Lunes 22 de Agosto de 1994 - 1361

III. OTRAS RESOLUCIONES - C.Agricultura y Alimentación

1361 - ORDEN de 8 de agosto de 1994, de aprobación del modelo de título de concesión administrativa de parcelas de la finca “Llanos de Juan Grande”.

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El Decreto Territorial 91/1994, de 27 de mayo, por el que se regula la parcelación y distribución de la finca “Llanos de Juan Grande” en explotaciones agrarias para su concesión administrativa y posterior adjudicación en propiedad, dispone en su artº. 12 la entrega a los agricultores concesionarios de un documento justificativo de su derecho, el cual deberá contener los extremos previstos en dicho artículo.

Dado que el citado artº. 12 no establece un modelo de documento justificativo de la concesión, parece necesario hacer uso de la habilitación contenida en la Disposición Final Primera del mencionado Decreto Territorial 91/1994, para fijar el modelo de título de concesión administrativa.

En su virtud, y en uso de las atribuciones legalmente conferidas,

D I S P O N G O:

Artículo único.- Aprobar el modelo de título de concesión administrativa acreditativo de la adjudicación de parcelas, con tal carácter, de la finca “Llanos de Juan Grande”, que figura en el anexo a la presente Orden.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de agosto de 1994.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN, Antonio Ángel Castro Cordobez. A N E X O

De acuerdo con el Decreto nº 91 de fecha 27 de mayo de 1994 del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 69, de 6.6.94), la Orden de 8 de junio de 1994, por la que se regula la adjudicación para su cultivo en régimen de concesión administrativa de las tierras de la finca Llanos de Juan Grande y su posterior adjudicación en propiedad, sita en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), y la Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias de fecha 4 de agosto de 1994 (B.O.C. nº 102, de 19.8.94), por la que se resuelve la convocatoria pública de adjudicación de dichas tierras, le ha sido adjudicada a título de concesión administrativa a D. ....................................................................................., con domicilio en ................................................................................................................................, N.I.F. nº ........................., las tierras definidas por la parcela número ........................, del plano general anexo, que se describe así:

DESCRIPCIÓN: finca rústica de labor dedicada al cultivo de especies hortícolas, al sitio de Llanos de Juan Grande, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) que linda:

Norte con Sur con Este con Oeste con

Tiene una extensión superficial total de ........................ áreas y ...................... centiáreas.

Dicha parcela tiene asignada una cuota de participación sobre el conjunto de infraestructuras de la finca y elementos comunes de ................................................................................................................................................................................ .

La presente concesión administrativa estará sujeta a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- El concesionario está obligado a permanecer asociado a la cooperativa de la que forme parte, aportando a la misma las tierras objeto de la presente concesión administrativa.

Segunda.- El plazo de la concesión administrativa será de ocho años contados a partir de la fecha de formalización de la misma. No obstante y a solicitud del concesionario, la Consejería de Agricultura y Alimentación podrá ampliar o reducir este plazo, sin que en ningún caso pueda ser inferior a cuatro años ni exceder de quince.

Si existieran causas que lo justifiquen, podrá ser renovada la concesión administrativa a favor del mismo concesionario, en las condiciones establecidas en el artº. 34.1.c) de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.

Tercera.- El concesionario se obliga a respetar las normas que para la explotación fije, para cada campaña y según la política agraria del momento, la Consejería de Agricultura y Alimentación, relativas fundamentalmente al tipo de cultivo que se considere más conveniente y a la intensidad agrícola que haya de alcanzar la explotación.

Cuarta.- Serán por cuenta del concesionario todos los gastos inherentes a la explotación, entre los que se incluyen expresamente los del agua.

Quinta.- El concesionario deberá igualmente tolerar la ejecución de las obras necesarias para la transformación y mejora que se determinen en los planes de la zona que afecten al inmueble o las que hayan sido planificadas previa autorización de la Consejería de Agricultura y Alimentación, no teniendo derecho a indemnización alguna por los daños y perjuicios causados por dichas obras de transformación de la finca.

Sexta.- Se prohíbe expresamente la realización de cualquier tipo de obra e infraestructura en la superficie objeto de la concesión sin la correspondiente autorización de la Consejería de Agricultura y Alimentación.

Séptima.- El concesionario será el responsable de la conservación del conjunto de infraestructuras realizadas en la finca y de los elementos comunes que la integran, según la participación que sobre dichos elementos comunes tenga asignada en función de la superficie objeto de la concesión.

Octava.- El concesionario se obliga a respetar cuantas normas sean dictadas en su caso por la Consejería de Agricultura y Alimentación para el uso del embalse y el resto de elementos de uso común.

Novena.- Todos los beneficiarios de la concesión deberán constituir una Comunidad de Regantes, bien como personas físicas a título individual o bien a través de la entidad cooperativa a la que estén asociados. Dicha constitución deberá llevarse a cabo en un plazo que no podrá exceder de doce meses a partir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la Orden por la que se adjudique la concesión administrativa. Dicha comunidad será la encargada de la adquisición, uso, gestión y distribución del agua, según lo dispuesto en sus estatutos, los cuales, con objeto de salvaguardar, entre otros aspectos, la equidad entre los distintos concesionarios, serán conformados por la Consejería de Agricultura y Alimentación con carácter previo a su aprobación definitiva por el Consejo Insular. El régimen, constitución, desarrollo y funcionamiento interno de dicha Comunidad de Regantes se ajustarán a lo dispuesto en la Ley Territorial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Décima.- El concesionario se obliga a cultivar directa y personalmente las tierras, salvo las excepciones previstas en el artº. 14.1.i) del Decreto 91/1994, de 27 de mayo.

Undécima.- El concesionario se obliga a cumplir con las directrices dictadas por la cooperativa con respecto al uso, manejo de la tierra, cultivo a implantar e intensidad agrícola que haya de alcanzar cada explotación.

Duodécima.- El concesionario se obliga a entregar para su comercialización a la entidad cooperativa a la que esté asociado según la cláusula primera, los frutos percibidos a cambio de la contraprestación que previa y mutuamente hayan pactado para cada campaña agrícola.

Decimotercera.- El concesionario deberá permitir las operaciones que conlleven la conservación del conjunto de mejoras realizadas.

Decimocuarta.- El valor de la parcela, tal como se detalla en el Proyecto de Parcelación y Valoración elaborado por la Consejería de Agricultura y Alimentación y aprobado por el Consejero, resultará de la suma de los siguientes conceptos:

a) Precio de compra de la finca adquirida por la Consejería de Agricultura y Alimentación mediante escritura de compraventa de fecha 30 de diciembre de 1988, incrementado en un cinco por ciento en concepto de gastos de tramitación y parcelamiento y capitalizando dicho valor al interés del cuatro por ciento hasta el 31 de mayo de 1994. b) Valor del conjunto de inversiones realizadas por la Consejería de Agricultura y Alimentación en dicha finca, referentes a infraestructuras hidráulicas, infraestructuras viarias y otras mejoras de la finca. Del importe de cada una de dichas inversiones se descontará un cuarenta por ciento en concepto de subvención.

El resultado de esta operación se multiplicará por el coeficiente de participación que sobre el conjunto de la finca tiene asignada cada parcela.

El plazo de amortización queda fijado en quince años, a un tipo de interés anual del cuatro por ciento.

Decimoquinta.- El concesionario se obliga a abonar la cantidad de ................................................. pesetas por año, en concepto de amortización, durante quince años, comprendidos entre 1995 a 2009, ambos inclusive. El periodo de pago estará comprendido entre los días 15 de mayo a 15 de julio de cada año.

Decimosexta.- La concesión administrativa caducará, previo expediente administrativo y audiencia del interesado, por el incumplimiento de alguna de las obligaciones reseñadas en el Decreto 91/1994, de 27 de mayo, del Gobierno de Canarias, que regula la presente concesión administrativa, y especialmente por causar baja, voluntaria, forzosa o por sanción, en la cooperativa de la que forme parte el concesionario, salvo que el derecho de concesión sea objeto de transmisión o permuta en los casos previstos en el Decreto 91/1994, de 27 de mayo. Igualmente podrá caducar por las causas establecidas en el artº. 33 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.

La firmeza del expediente administrativo sobre la caducidad de la concesión producirá los efectos previstos en el artº. 33.3 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.

No obstante, el incumplimiento por parte de alguno de los concesionarios de alguna o algunas de las obligaciones contraídas en el contrato de concesión, no determinará la caducidad automática de la concesión. Incursa la concesión en caducidad, se constituirá en una situación de pendencia, ante la cual, la Administración tendrá la facultad de decidir la caducidad, con la consiguiente extinción del vínculo, o disponer su rehabilitación por considerar que su subsistencia total o parcial es más conveniente al interés público.

Decimoséptima.- Incurso el concesionario en cualquier causa de caducidad y una vez la declaración de la misma haya causado estado en vía administrativa, el expediente correspondiente se regirá de acuerdo con lo establecido en el artº. 33.3 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, con lo cual la Consejería de Agricultura y Alimentación, previa la liquidación correspondiente, devolverá al concesionario únicamente lo que hubiera pagado a cuenta del precio, así como las mejoras útiles realizadas por el mismo en la finca, de acuerdo con los planes de obras o con autorización de la Consejería, siempre que aquellas subsistan y se justifique su importe, determinado éste según su valor de mercado en el momento de la liquidación. De este importe se deducirán las cantidades correspondientes a los desperfectos que en su caso se hubieran ocasionado en la finca, calculados según su valor de mercado, teniendo en todo caso en cuenta lo dispuesto en el artº. 457 del Código Civil.

En cualquier caso la Consejería podrá exigir al concesionario la reparación del daño que en su caso se hubiere podido causar.

Decimoctava.- En caso de caducidad de la concesión administrativa, la Consejería de Agricultura y Alimentación recuperará la titularidad del derecho de explotación sobre las parcelas afectadas. No obstante, se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:

a) En caso de caducidad de la concesión administrativa, el cónyuge e hijos del concesionario mayores de dieciocho años podrán pedir que se les transfiera la concesión, siempre que hubieran trabajado habitualmente en la explotación, cumplan las obligaciones que tenía asumidas su antecesor y tengan la cualidad de socios de la cooperativa agrícola a la que estuviera asociado el concesionario cuyo derecho se haya declarado caducado o adquieran tal condición en el plazo de tres meses desde la fecha de firmeza del expediente de caducidad.

b) Subsidiariamente y ante la falta de terceros legitimados para solicitar dicha transferencia, ésta podrá ser objeto de solicitud, ante la Consejería de Agricultura y Alimentación, por el agricultor suplente de la lista de reserva correspondiente a la cooperativa a la que estaba asociado el agricultor concesionario que causa baja.

c) En último término y ante la falta de terceros legitimados de acuerdo con los apartados a) y b) precedentes, podrá solicitar la transferencia de la concesión aquella cooperativa a la que estuviera asociado el agricultor concesionario cuyo derecho se haya declarado caducado.

En los supuestos contemplados en el apartado anterior, el nuevo concesionario deberá abonar a la Consejería de Agricultura y Alimentación las cantidades reintegradas al concesionario cuyo derecho hubiera caducado.

Decimonovena.- En caso de expropiación y/o pérdida por causa de fuerza mayor de parte o partes de la parcela, la Consejería de Agricultura y Alimentación devolverá al concesionario las cantidades que proporcionalmente correspondan a la superficie afectada, descontando una quinceava parte del importe de las infraestructuras afectadas por cada año transcurrido desde el inicio de la concesión hasta el momento en que se produce la extinción de la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de expropiación forzosa.

Vigésima.- Queda prohibida la permuta de las parcelas entre los concesionarios. No obstante, y a través del órgano rector de la cooperativa correspondiente, el concesionario podrá obtener una autorización expresa de la Consejería de Agricultura y Alimentación para realizar dicha operación.

Vigesimoprimera.- Queda prohibida expresamente la transmisión de la concesión por cualquier título, a cualquier tipo de entidad, con o sin personalidad jurídica, o persona física, sin autorización de la Consejería de Agricultura y Alimentación, salvo en las condiciones y casos previstos en el artº. 18.2 del Decreto 91/1994, de 27 de mayo, del Gobierno de Canarias.

Vigesimosegunda.- En caso de renuncia al derecho de concesión, ésta deberá ser expresa y realizarse ante la Consejería de Agricultura y Alimentación de forma fehaciente y conllevará la recuperación de la titularidad del derecho de explotación sobre la parcela afectada a favor de dicha Consejería.

No obstante, en caso de renuncia, el derecho de concesión podrá ser objeto de transferencia, previa solicitud ante dicha Consejería, a favor de aquellos terceros, y en idéntico orden de prelación, a los que se hace referencia en los apartados 2.1.a), c) y d) del artº. 18 del Decreto 91/1994, de 27 de mayo.

Vigesimotercera.- Se prohíbe expresamente la acumulación en la persona de un mismo concesionario, de más de un derecho de concesión, sobre dos o más parcelas, en los términos definidos en el artº. 18.4 del Decreto 91/1994, de 27 de mayo.

Vigesimocuarta.- La concesión no podrá ser objeto de embargo. Los frutos en cuanto excedan de la cuota que deba ser abonada a la Consejería, podrán ser embargados con sujeción a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Vigesimoquinta.- Todas las cuestiones que puedan surgir entre la Consejería de Agricultura y Alimentación y los concesionarios como consecuencia de la presente concesión, tendrán carácter administrativo.

Las Palmas de Gran Canaria, a ..... de ................ ...................... de 1994.

EL DIRECTOR GENERAL DE EL CONCESIONARIO, ESTRUCTURAS AGRARIAS,

Fdo.: D. Carlos Ascanio Cullen. Fdo.: D. ...........................

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