Gobierno de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

Boletín Oficial de Canarias

Estás en:

BOC Nº 028. Lunes 7 de Marzo de 1994 - 287

I. DISPOSICIONES GENERALES - C.Obras Públicas, Vivienda y Aguas

287 - ORDEN de 31 de enero de 1994, por la que se modifica la Orden de 4 de marzo de 1991, que fija las cuantías de los precios públicos que se han de percibir por los Servicios de Laboratorio prestados por esta Consejería (B.O.C. nº 33, de 13.3.91).

Descargar en formato pdf

La Ley Territorial 5/1990, de 22 de febrero, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, define qué debe entenderse por precios públicos, encomendando al Gobierno la determinación de los bienes, servicios y actividades cuya prestación da lugar a su percepción. Dicho extremo ha sido cumplimentado por medio del Decreto 13/1991, de 29 de enero, en el que se establecen las prestaciones que han de ser retribuidas mediante precios públicos por funcionamiento de los servicios propios de este Departamento.

La Orden de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, de 4 de marzo de 1991, fijó, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 145.2.a) de la Ley Territorial 5/1990, de 22 de febrero, las cuantías de los precios públicos a percibir por los Servicios de Laboratorio prestados por la Consejería. Sin embargo, la entrada en vigor de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, desarrollado por el Real Decreto 1.473/1992, de 4 de diciembre, motivó una alteración en la cuantía de los indicados precios públicos y, consiguientemente, un desfase en su equilibrio económico, al verse sujetas al Impuesto General Indirecto Canario todas las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizados por las distintas Consejerías o sus Organismos Autónomos, cuya contraprestación sea de naturaleza no tributaria. La reforma que se introduce mediante la presente Orden, al margen de tratar cuestiones de índole procedimental a la hora de efectuar los cobros, constituye una modificación impuesta por la normativa reguladora del Impuesto General Indirecto Canario, y no tiene otro objetivo más que el de incrementar los precios públicos vigentes en el 4%, que representa el tipo general del aludido impuesto, al objeto de restablecer la paridad entre servicios prestados y contraprestación económica, de conformidad con lo previsto en la Orden de 4 de marzo de 1991. Ello determina asimismo que no sea preciso la redacción de la memoria económico-financiera exigida con carácter general para toda propuesta de fijación o modificación de precios públicos por la Ley de Tasas y Precios Públicos de Canarias.

Al mismo tiempo, se introducen formularios normalizados con la finalidad de agilizar la tramitación de las solicitudes de ensayos y trabajos, y la materialización del correspondiente ingreso.

Por todo ello, y de acuerdo con el informe de la Consejería de Economía y Hacienda,

D I S P O N G O:

Artículo 1º.- En el apartado 1 de las Normas Generales del anexo de la Orden de 4 de marzo de 1991, se introduce un apartado c), del siguiente tenor literal: “c) El precio público obtenido según los anteriores apartados, se incrementará con el tipo general (4%) del Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.) según Ley 20/1991, de 7 de junio.”

Artículo 2º.- Se añaden, asimismo, un apartado décimo y un apartado undécimo en las Normas Generales del aludido anexo, cuyo texto es el siguiente: 10 “Una vez realizados los trabajos y ensayos solicitados según el apartado 4, se emitirá la correspondiente factura que será notificada al peticionario y deberá ser abonada para poder retirar el Informe de Resultados.

Sin embargo, en los ensayos y trabajos de Control de Calidad de materias y unidades de obra, así como en los reflejados en el apartado 5, la factura se realizará mensualmente y los Informes de Resultados se irán emitiendo cuando se produzcan y entregados al peticionario.

La indicada factura se ajustará a lo previsto en el Real Decreto 2.402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula el deber de expedir y entregar facturas que incumbe a los empresarios y profesionales.

El abono de la factura se efectuará en cualquier Banco o Caja de Ahorros que tenga la calificación de Entidad Colaboradora.” 11 “Las deudas por precios públicos se exigirán mediante el procedimiento administrativo de apremio cuando hayan transcurrido seis meses desde la fecha de la factura sin haberse podido conseguir su cobro (artº. 147 de la Ley 5/1990, de 22 de febrero).”

Artículo 3º.- Se aprueban los documentos de solicitud de ensayos y trabajos, así como el documento de ingreso contenido en el anexo a esta Orden.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de enero de 1994.

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y AGUAS, Diego Torres Mateos.

© Gobierno de Canarias