BOC Nº 148. Lunes 22 de Noviembre de 1993 - 2473

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2473 - ANUNCIO de 29 de octubre de 1993, de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, relativo a incoación de expediente administrativo de cancelación de inscripción de empresa operadora de máquinas recreativas y de azar a la denominada Delfino Hernández Rivero.

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Se hace saber a la empresa operadora Delfino Hernández Rivero, que se halla en ignorado paradero, que con fecha 24 de junio de 1993, por esta Viceconsejería para las Administraciones Públicas se ha procedido a incoar expediente administrativo de cancelación de empresa operadora a Delfino Hernández Rivero, inscrita en el Registro de Empresas Operadoras de esta Comunidad bajo el número 426 regional, en base a lo siguiente:

- Por Orden de 28 de agosto de 1991, del Ministerio de Economía y Hacienda, se procedió a la disolución de oficio de la entidad Unión Peninsular de Seguros, S.A., dejando sin efecto, a partir del día 16 de septiembre de 1991, la Dirección General del Tesoro de la Consejería de Economía y Hacienda, los avales presentados por terceros ante esta Administración.

- Al haber constituido esa empresa con la Compañía de referencia las fianzas obligatorias que respondieran del ejercicio de su actividad y haber quedado las mismas sin efecto, se notificó la obligación de constituir nuevas fianzas, sin que dicho extremo se haya cumplimentado.

Dado que existe por parte de esa empresa operadora un incumplimiento al artículo 35 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Servicio de Asuntos Generales y Gestión del Juego de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas ha iniciado expediente administrativo de cancelación de inscripción de empresa operadora, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Por todo ello, de conformidad con el artículo 75.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958, a fin de que pueda alegar cuanto considere en su defensa, se le concede un plazo de diez días, a partir de dicha publicación.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de octubre de 1993.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González-Moro.