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BOC Nº 134. Miércoles 20 de Octubre de 1993 - 2170

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Pesca y Transportes

2170 - RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 1993, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de la extinta Consejería de Turismo y Transportes, resolutoria del recurso de alzada interpuesto por D. Ronald Mc Reynolds.

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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Orden Departamental en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Ronald Mc Reynolds la Orden de 14 de julio de 1992 (Libro nº 1, folio 176, nº 343), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 91/92 (expediente nº GC-1087-0-91), interpuesto contra la Resolución de la extinta Dirección General de Transportes, de fecha 27 de enero de 1992.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Mogán la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de octubre de 1993.- El Secretario General Técnico, p.d., el Jefe del Servicio de Régimen Jurídico (Resolución de 11.5.93; B.O.C. nº 64, de 17.5.93), Antonio J. Alfonso Quirós. A N E X O

Orden por la que se resuelve el recurso de alzada promovido por D. Ronald Mc Reynolds contra la Resolución del Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes de fecha 27 de enero de 1992.

Visto el presente recurso promovido por D. Ronald Mc Reynolds contra la Resolución del Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes de fecha 27 de enero de 1992, recaída en el expediente sancionador de referencia, y

RESULTANDO

Primero: que el día 1 de julio de 1991 por la Policía Local de Mogán, se formuló denuncia contra el vehículo GC-7871-N, del que es titular D. Ronald Mc Reynolds, por realizar un transporte de 4 viajeros desde el complejo denominado Portonovo, con el fin de trasladarlos al aeropuerto, teniendo conocimiento que el mismo cobra 3.800 pesetas por servicio.

Segundo: que el 31 de julio de 1991 se solicitó informe a la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas sobre determinados datos precisos para la identificación definitiva del titular del vehículo y para la calificación de la presunta infracción.

Tercero: que el día 15 de noviembre de 1991 se notificó al interesado la incoación del correspondiente expediente sancionador, dándosele traslado de los cargos que se le imputaban con propuesta de sanción.

Cuarto: que por el expedientado no se presentó escrito de descargos.

Quinto: que por el Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes, con fecha 27 de enero de 1992 se dictó Resolución que vino a sancionar a D. Ronald Mc Reynolds con multa de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas y precintado por un plazo de 3 meses del vehículo matrícula GC-7871-N, por infracción a los artículos 90 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, 109 del Reglamento aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, de acuerdo con los artículos 140.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, 197.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre y en base al 143.1 de la norma legal citada, siendo notificada dicha Resolución el 4 de febrero de 1992.

Sexto: que por D. Ronald Mc Reynolds ha sido interpuesto recurso de alzada en súplica de que sea anulada la sanción impuesta, alegando, en síntesis, que al tener nacionalidad inglesa, no conociendo suficientemente el castellano, y las normas administrativas del Estado Español, por ello no ha tenido conocimiento de la notificación de incoación de expediente sancionador y Pliego de Cargos, a través de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 151, de 15 de noviembre de 1991, siendo el vehículo GC-7871-N destinado a uso particular, careciendo por ello de tarjeta de transportes, siendo los viajeros transportados familiares suyos, que volvían a su país de origen (Irlanda).

CONSIDERANDO

Primero: que el Consejero de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso, según lo establecido en el artº. 122 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias, en el artículo 29.1.e) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96, de 1 de agosto) y por el Decreto 56/1992, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 64, de 18 de mayo).

Segundo: que el presente recurso observa los requisitos de índole adjetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como capacidad, legitimación suficiente e interposición en plazo.

Tercero: que resulta probado que D. Ronaldo Mc Reynolds realizó un transporte público discrecional de viajeros, con su vehículo matrícula GC-7871-N como consta en la denuncia formulada por la Policía Municipal de Mogán, servicio que viene haciendo de forma reiterada, teniéndose conocimiento de su prestación mediante retribución económica (3.800 ptas.), hecho que hace fe, salvo prueba en contrario, de conformidad con el artículo 22 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre. Respecto a las alegaciones del recurrente, referente al desconocimiento de la lengua y normas administrativas del Estado Español, el Código Civil, en su artículo 6.1 dispone que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Cuarto: que habiéndose observado en la Resolución del Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes, de fecha 27 de enero de 1992, error material en la transcripción figurando los artículos 140.c) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, y 198.c) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, debiendo figurar en su lugar el 140.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, y 197.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, lo cual se deduce clara e inequívocamente del precepto infringido (artículos 90 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, y 109 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre), no afectando todo ello a la calificación del hecho ni dando lugar a indefensión del denunciado, se procede de conformidad con el artículo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo a rectificar el error producido.

Quinto: que la presente Orden no ha sido dictaminada por la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artículo 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias. Visto el informe del Servicio de Inspección y Sanciones.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

D I S P O N G O:

Desestimar en todos sus términos el recurso de alzada promovido por D. Ronald Mc Reynolds y confirmar la Resolución del Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes de fecha 27 de enero de 1992, recaída en el expediente GC-1087-0-91 y que determinó la imposición de multa en la cuantía de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas y precintado durante 3 meses del vehículo GC-7871-N, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente.- El Consejero de Turismo y Transportes, Miguel Zerolo Aguilar.

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