Gobierno de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

Boletín Oficial de Canarias

Estás en:

BOC Nº 134. Miércoles 20 de Octubre de 1993 - 2168

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Industria y Comercio

2168 - RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1993, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de esta Consejería, resolviendo recurso de alzada interpuesto por D. Cristóbal Alvarado Perera.

Descargar en formato pdf

Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. Cristóbal Alvarado Perera la Orden de 3 de junio de 1993 (libro 01, folio 365) que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía recaída en el expediente nº 35/147/93.

2.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de septiembre de 1993.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.

A N E X O

Orden de 3 de junio de 1993, por la que se resuelve recurso de alzada interpuesto por D. Cristóbal Alvarado Perera, frente a la Resolución de la Dirección Territorial de Industria y Energía en Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 26 de noviembre de 1992, sobre facturaciones de EMALSA.

Visto el recurso de alzada formalizado por D. Cristóbal Alvarado Perera, frente a la Resolución de la Dirección Territorial de Industria y Energía de Las Palmas de Gran Canaria de fecha 26 de noviembre de 1992, sobre facturaciones del abonado de EMALSA nº 14.05.05.152.02 y teniendo en cuenta los siguientes Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 8 de mayo de 1992, se interpone por D. Cristóbal Alvarado Perera, con domicilio en la calle San Juan de Dios, 2, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, reclamación ante la Dirección Territorial de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo en Las Palmas de Gran Canaria, por a su juicio, excesivas facturaciones de EMALSA.

Segundo.- Al objeto de determinar de forma fehaciente el funcionamiento correcto o no del contador del abonado, por parte de los Servicios Territoriales de la Consejería, se procedió con fecha 23 de noviembre de 1992 a levantar la oportuna Acta de Verificación del contador, con el resultado de funcionar con un error de -2%, dentro de los límites legalmente admisibles (error permitido en domicilio +/- 5% y en laboratorio +/- 3%). Tercero.- A la vista de lo anterior, el Jefe del Servicio de Seguridad Industrial de la Dirección Territorial de Industria y Energía de Las Palmas dictó Resolución en el sentido de considerar correctas las tres últimas facturaciones de EMALSA.

Cuarto.- Contra la citada Resolución se interpone por la parte recurrente recurso de alzada alegando, en resumen, que no está de acuerdo con las facturaciones giradas por EMALSA ya que en la vivienda no hay pérdida de agua ni existen bidones de agua en la azotea.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Los argumentos esgrimidos por la parte recurrente en nada alteran los fundamentos de la Resolución de la Dirección Territorial adoptada con base a lo dispuesto en el artº. 46 del Decreto de 12 de marzo de 1954, por el que se aprueba el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía Eléctrica aplicable también a los suministros de agua, según se dispuso en la Orden de 15 de marzo de 1963 (B.O.E. nº 72, de 25), precepto que continúa vigente tras la modificación parcial del citado Reglamento contenido en el Real Decreto 1.725/1984, de 18 de julio (B.O.E. nº 230, de 24 de septiembre).

VISTOS

Los Reales Decretos núms. 2.578/1982 y 2.091/1984, de 24 de julio y 26 de septiembre, denominados respectivamente de transferencia de competencias, funciones y servicios de la Administración del Estado a la entonces Junta de Canarias en materia de industria y energía y de valoración definitiva, ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados y adaptación de los transferidos en fase preautonómica a la Comunidad Autónoma Canaria en materia de industria, energía y minas (B.O.E. núms. 248, de 16 de octubre de 1982 y 278, de 20 de noviembre de 1984), así como el artº. 8.5 y artº. 19.1 del Decreto 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo (B.O.C. nº 134, de 11.10.91), y el posterior 62/1993, de 13 de abril, de Reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,

ACUERDA

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Cristóbal Alvarado Perera contra Acuerdo de la Dirección Territorial de Industria y Energía de 26 de noviembre de 1992 sobre facturaciones de EMALSA, manteniendo el mismo en todos sus términos.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio, José Vicente León Fernández.

© Gobierno de Canarias