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BOC Nº 134. Miércoles 20 de Octubre de 1993 - 2167

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Industria y Comercio

2167 - RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1993, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de esta Consejería, resolviendo recurso de alzada interpuesto por Dña. Elena Alonso Martín.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a Dña. Elena Alonso Martín la Orden de 11 de junio de 1993 (libro 01, folio 404) que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo recaída en el expediente nº 38/57/91.

2.- Remitir al Ayuntamiento de Arona la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de septiembre de 1993.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.

A N E X O

Visto el recurso de alzada interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Consumo por Dña. Elena Alonso Martín, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 29 de septiembre de 1992, recaída en el expediente nº 38/57/91 y que determinó la imposición de una sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas, y

RESULTANDO

Primero: que según inspección practicada por inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo el día 30 de octubre de 1990, en la venta al menor de ropa de niños Jennifer, sita en el Centro Comercial Parque Santiago, II, local 65, en la Playa de Las Américas, del término municipal de Arona, y mediante acta nº 18.102 instruida al efecto se pudo comprobar que tenía dispuestos para su venta al público en escaparate exterior unos 20 artículos en prendas de niño, careciendo en un 90% de los mismos del preceptivo marcado de precios de venta al público de forma visible.

Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con los artículos 133 al 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo se formuló Pliego de Cargos en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 1º y 3º del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios de venta al público de artículos al por menor.

Tercero: que la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 135.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con una sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas.

Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 16 de octubre de 1992, exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente:

a) Que el propio inspector actuante reconoce en su informe que sí existía el marcado de precio si bien manifiesta que no constaba de forma visible y ello es motivado por causas ajenas a esta empresa toda vez que al estar en el exterior la mercancía, los clientes no la dejan en el mismo estado primitivo que estaba colocada.

b) Igualmente se opone a la graduación de la falta en su cuantía por cuanto si la sanción está calificada como leve sería 15.000 pesetas y no de 40.000 pesetas debiendo valorar lo expuesto anteriormente.

Quinto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes

CONSIDERANDOS

Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Industria y Comercio.

Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 1º y 3º del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios de venta al público de artículos al por menor.

Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 20.1.k) del Decreto Territorial 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, en relación con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permite modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la Resolución recurrida, por cuanto:

A) La recurrente, como propietaria-titular, es la encargada de velar por el cumplimiento de la normativa aplicable a cada uno de los productos que comercializa, tal y como señala el artº. 27.1.a) de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios al declarar la responsabilidad del vendedor en relación a los productos que comercializa en cuanto al “origen, identidad e idoneidad de los mismos”; se comprueba pues la comisión de una infracción leve como tal sancionada ante el incumplimiento de los preceptos indicados en el Considerando segundo. B) Tal y como se indicó en el Considerando tercero, la determinación de la cuantía de la sanción impuesta por la Dirección General de Comercio y Consumo habilitada al efecto por el artº. 20.1.k) del Decreto Territorial 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de esta Consejería, se efectúa amparada en el artº. 36.1 de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios 26/1984, de 19 de julio, que permite fijar una cuantía de hasta 500.000 pesetas, en las infracciones calificadas como leves, dentro de cuyo margen debe actuar la discrecionalidad administrativa, en este caso de la Dirección General de Comercio y Consumo, atendiendo a las cuestiones propias de la infracción cometida, criterio avalado por algunas sentencias del Tribunal Constitucional, entre otras la de 17 de diciembre de 1990.

Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al Titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.

Sexto: que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores. VISTOS

Además de los preceptos legales citados, el artículo 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales, 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, y el posterior 62/1993, de 13 de abril, de Reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias; así como la Ley de Procedimiento Administrativo y demás disposiciones de general o particular aplicación.

El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,

ACUERDA

Desestimar, en todos sus términos, el recurso de alzada interpuesto por Dña. Elena Alonso Martín, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 29 de septiembre de 1992, recaída en el expediente nº 38/57/91, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio, José Vicente León Fernández.

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